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Julio 2011
Recupera
44
h
La nueva
responsabilidad
penal de las personas
jurídicas
servicio de los anteriores o bajo su autoridad (empleados),
cuando no hubiese existido el debido control.
3.- Se espera de ella que colabore, no sólo en la prevención
de los hechos delictivos que pudieran cometerse
en su seno, sino también que, cuando el delito ya se ha
producido, implante medidas correctoras eficaces que
eviten su repetición; hasta el punto de que se valora esto
último como circunstancia atenuante.
4.- Se considera también como atenuante que aporte
al proceso pruebas que contribuyan a reforzar su propia
culpabilidad.
5.- Por último, la responsabilidad de la persona jurídica
no excluye la personal de los autores directos de
los hechos, si estos pueden ser identificados y se prueba
su participación.
Sanciones
Aunque sólo podrá condenarse a una persona jurídica
en aquellos delitos en los que expresamente se
prevea tal posibilidad, el catálogo de delitos que llevan
aparejados una posible pena para la entidad colectiva
es exhaustivo e incluye casi todos aquellos ilícitos en
los que habitualmente participan personas jurídicas:
estafa, fraude fiscal o a la Seguridad Social, cohecho,
descubrimiento y revelación de secretos, delitos contra la
propiedad intelectual o industrial, alzamiento de bienes,
delitos contra el medio ambiente y la ordenación del
territorio, blanqueo de capitales, el novedoso cohecho
entre particulares, etc.
Naturalmente, las sanciones penales a las personas
jurídicas han de prescindir de la prisión -pena de
referencia en toda la historia del derecho penal para
las personas físicas-. Es la pena de multa, por cuotas
-los ya habituales días multa, entre 30 € a 5.000 € de
cuota/día- o proporcional al beneficio obtenido o al
perjuicio causado, la que el Código penal prevé como
común y habitual si bien, en los supuestos más graves,
el juez podrá acordar la disolución, la suspensión de
actividades, la clausura de locales y establecimientos,
la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas
públicas, para contratar con el sector público y para
gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad
Social, la intervención judicial de la persona jurídica o
la prohibición de realizar aquellas actividades en cuyo
ejercicio se hubiera cometido, favorecido o encubierto
el delito. A estas penas habrá que añadir, lógicamente,
la indemnización de los daños ocasionados por el delito.
Para evitar que su efectividad pueda quedar burlada
mediante operaciones societarias o dispositivos de fraude,
se prevé que la responsabilidad penal será transmisible
en los casos de transformación, fusión y absorción y
también en los de disolución encubierta; entendiendo por
ésta la creación de entidades que continúen la actividad
de la condenada y asuman o aprovechen de todos o la
mayor parte de los clientes, proveedores y empleados.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas será
independiente de la responsabilidad en la que puedan
incurrir sus administradores, directivos o empleados
y no será necesaria la condena o imputación de tales
personas físicas si no pudiera ser individualizada la
responsabilidad, no fueran halladas o si concurriera
en ellas alguna eximente que determinara su falta de
responsabilidad penal.
Como vemos, la reforma del Código Penal, introduciendo
la responsabilidad criminal de la empresa por
medio de la inclusión del nuevo artículo 31 bis Cp, no
es baladí, y se abre a partir de ahora un nueva etapa >>