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Julio 2011
Recupera
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“Se prevé
que la responsabilidad
penal será
transmisible
en los casos
de transformación,
fusión y
absorción
y también
en los de
disolución
encubierta.”
h
www.macsl.net
La nueva
responsabilidad
penal de las personas
jurídicas
colaboradores o empleados que hubieran podido cometer
el delito y un evidente conflicto de interés entre la
defensa de las personas jurídicas y las de las personas
físicas a ellas vinculadas.
Las sociedades y restantes personas jurídicas podrán
ser objeto de auténticas penas en dos supuestos, que
se corresponden con los denominados modelos de la
imputación y de la culpabilidad de la organización.
En primer lugar, cuando los delitos sean cometidos en
nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su
provecho, por sus representantes legales o administradores
de hecho o de derecho. Y, en segundo lugar, la
organización colectiva será responsable directa cuando
sus empleados o subordinados hayan cometido un delito
y los responsables empresariales no hayan ejercido sobre
ellos el debido control.
En lo que se refiere al concepto de debido control,
la reciente Circular 1/2011 de la Fiscalía General del
Estado, del pasado primero de junio, confirma que al
órgano gestor o de administración de las empresas le
corresponde una obligación de control y vigilancia sobre
sus subordinados y critica duramente la opinión, cada
vez más generalizada, de que la mera formalización de
unos estándares de actuación es suficiente per se para
eludir la responsabilidad penal de las corporaciones.
En este sentido, la Circular señala que “lo importante
no es la adquisición de un código de autorregulación”,
sino la acreditación de que “los gestores o los órganos
de gobierno de la persona jurídica han ejercido por sí
o por delegación en otras personas todas las medidas
exigibles para la prevención, detección y reacción ante
posibles delitos”. Así las cosas, se hace necesario que las
personas jurídicas implementen sistemas de Corporate
Compliance que consigan prevenir, detener y reaccionar
frente a los posibles delitos de forma efectiva, en cuyo
caso no responderán penalmente, o se les verá atenuada
la pena, en caso de imputación de un delito.
Para ello, dichos sistemas para la prevención de posibles
responsabilidades penales -sobre los que no existe nada
regulado, a diferencia de lo que ocurre en segmentos
como el de seguridad en el trabajo y sector financiero,
fundamentalmente- entiendo deberán desarrollarse en
tres fases diferenciadas: una primera fase de evaluación
de riesgos (análisis de la actividad; evaluación de posibles
conductas, de sus administradores, directivos o empleados;
análisis de eventuales responsabilidades por contratación
o subcontratación con terceros); una segunda fase de
elaboración de reglamentos de prevención (Protocolos
de actuación, competencias de los directivos, conductas
de riesgo y conductas prohibidas; obligatoriedad de
consulta previa a toma de decisiones, así como normas
de control interno); y una tercera fase, fundamental,
de actuaciones de seguimiento y control del programa
así como de formación continuada (auditoría externa;
información en caso de incidencia; obligatoriedad de
documentar consultas, informes e incidencias).
Las empresas que no adopten estas medidas ni implementen
estos Programas de Cumplimiento, debidamente
asesorados, podrán verse seriamente comprometidas en
caso de imputación penal contra ellas.
Las claves del nuevo sistema pueden resumirse en
las siguientes:
1.-La persona jurídica responderá penalmente en
todo caso si los hechos han sido cometidos por sus
representantes legales, administradores o personas con
capacidad de obligarla (administradores de hecho).
2.- Responderá también cuando los hechos hayan
sido cometidos por las personas que se encuentren al