E - Hogar de Cristo

HACIA DONDE VAMOS
VIDA PLENA VIDA PLENA
Políticas de Vivienda Social
Uno de los problemas fundamentales que
enfrenta Guayaquil, es que el 50% de la población,
aproximadamente 1.166.883 habitantes, carece
de red de alcantarillado, detonándose diversos
problemas de salud pública, de degradación
del medio ambiente e incluso de empeoramiento
de las pocas infraestructuras existentes, así
como una afectación a las vías de acceso que
existen por la construcción de las respectivas
canalizaciones.
Adicional a esto queda pendiente la
reubicación de las 3.630 familias que fueron
censadas dentro de las 9.232 hectáreas del
Área Reservada de Seguridad decretada como
tal el pasado 28 de Diciembre de 2010.
Cabe mencionar el esfuerzo de HdC en seguir
las líneas del Contrato Social por la Vivienda,
empeño que sigue adelante como premisa del
desarrollo habitacional y social de los sectores
que tratamos y como búsqueda del ejercicio del
derecho a la Vivienda, a la Ciudad y al Hábitat. Es
de esta manera como se trabaja para proveer de
unas 12.000 viviendas anuales a nivel nacional,
con el fin de reducir el déficit habitacional de
aproximadamente un millón de viviendas que se
requieren en el territorio del Ecuador.
No obstante, la misión de HdC no se limita a la
vivienda, sino que además de otros programas
apoya la organización barrial como eje de acción
local, el trabajo comunitario y la promoción del
espacio natural, defendiendo las áreas verdes y
el cuidado por el medio tal y como se refleja en
el Contrato Social por la Vivienda. Priorizamos
así la posibilidad del diálogo, la concertación y
el trabajo conjunto para enfrentar el problema
de la vivienda.
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Debemos rescatar los mecanismos de
intervención para una Vida Plena respetando
las tres dimensiones o premisas siguientes:
una dimensión ética para trabajar de acuerdo
a los derechos humanos; una dimensión
procesal, que facilite el diálogo entre actores
sociales y políticos para traducir y transformar
los acuerdos alcanzados en instrumentos
normativos y así plasmarlos en políticas
públicas; y una dimensión social, con acciones
concretas en aquellas áreas donde la población
se encuentra más desprotegida y por ende con
mayor vulnerabilidad. Es al interior de éstas
tres dimensiones donde pretendemos actuar
y trabajar como aporte para la Vida Plena,
fomentando el trabajo simultáneo y evitando el
trabajo unilateral.
De igual manera, es importante ampliar la
cobertura de la red de aguas aptas para el
consumo así como para aguas residuales,
buscando la construcción del sistema de
alcantarillado inexistente en la totalidad de
la zona, así como el manejo adecuado y
eliminación de residuos. Así mismo, se trata
de seguir avanzando por el cumplimiento y
monitoreo de las normas de calidad ambiental,
actualmente con muy poca o nula presencia
en la zona. Ligado a ello cabe implementar
mecanismos de evaluación de impacto social y
ambiental, lo cual puede hacerse a partir de la
misma administración o sirviéndonos de nexos
entre organizaciones y administraciones con
gran presencia en la zona y que trabajan por un
desarrollo justo e integral.
Inclusión de la perspectiva de género
“Feminización de la pobreza”
quiere decir que las mujeres no
acceden en iguales condiciones
que los hombres a los recursos
materiales y tampoco participan
de los espacios de toma de
decisiones, lo que las expone
a estar en mayor riesgo de
pobreza y exclusión. Los estudios
realizados en Monte Sinaí dejaron
claramente establecido que existe
mayor desempleo femenino que
masculino y además resultan
sorprendentes los bajos
ingresos y situación de pobreza
que viven las mujeres casadas
o convivientes. Combatir esta
desigualdad en beneficio del
desarrollo no sólo de la mujer
pobre - sino de toda la sociedad
– es condición necesaria para
avanzar en materia de derechos y
justicia social.
Desde este enfoque, se hace
relevante avanzar y exigir equidad
en las remuneraciones recibidas por
hombres y mujeres, pues la desigualdad
y discriminación experimentada por los
grupos más desfavorecidos acrecienta
la inequidad de género. De otra parte,
la violencia de género en el país es un problema
recurrente entre la población, lo que ha conducido
a la creación de una serie de políticas y aparatos
institucionales de protección de la población
femenina, como las Comisarías de la Mujer
y la Familia, gracias a un decreto que el
año 2007 dio inició al “Plan Nacional
de erradicación de la violencia de
género”.
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