LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PRISIONES

OBJETIVO
Al decidir qué hacer con una persona acusada de cometer un delito, la autoridad
judicial puede optar, si está facultada para ello, por permitir que permanezca en la
comunidad sin restricciones o puede imponer algunas restricciones a la libertad de
circulación u ordenar su ingreso en prisión. Cuando se trate de una persona condenada
por cometer un delito, la autoridad judicial puede imponer distintas penas que el
condenado puede cumplir mientras permanece en la comunidad o bien ordenar su
ingreso en prisión.
Los instrumentos internacionales insisten en que la detención o el encarcelamiento sólo
deben imponerse cuando no haya más alternativas. En todos los demás casos se recomiendan
las medidas no privativas de la libertad. En algunos países, la misma autoridad
es responsable de las prisiones y de la atención y supervisión de los infractores condenados
a penas no privativas de la libertad. También puede suceder que una persona que
haya cumplido parte de su pena en prisión tenga autorización para cumplir el resto bajo
alguna modalidad de libertad condicional en la comunidad. El objetivo de la presente
sección es describir el tratamiento que debe darse a esas personas.
PRINCIPIOS ESENCIALES
Debe recomendarse y alentarse el uso de medidas no privativas de la libertad.
Las medidas no privativas de la libertad se aplicarán sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición.
Siempre que sea posible se considerará la posibilidad de ocuparse de los delincuentes
en la comunidad sin recurrir a los tribunales.
Las medidas no privativas de la libertad se utilizarán de acuerdo con el principio de
mínima intervención.
Se considerarán cuanto antes las posibilidades de poner en libertad al recluso de un
establecimiento y asignarlo a un programa no privativo de la libertad.
Se crearán mecanismos apropiados para facilitar el establecimiento de vínculos
entre los servicios encargados de las medidas no privativas de la libertad, otras
ramas del sistema de justicia penal, y los organismos de desarrollo y bienestar social,
tanto gubernamentales como no gubernamentales, en sectores como la salud, la vivienda,
la educación, el trabajo y los medios de comunicación.
El sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de medidas no privativas de
la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia, con
el fin de evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión.
En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último
recurso y las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se aplicarán lo antes
posible.
(Continúa en la página 188.)
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