Leer - Revista Pensamiento Penal

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c. 26.555, 27.262 y 27.347. “Chaban, Omar Emir y otros s/procesamiento”. I. 1/105 -Sala V 

Poder Judicial de la Nación 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional 

///nos Aires, 27 de septiembre de 2005.- 

Autos, vistos y considerando: 

Motivan la intervención de esta sala los recursos de apelación 

interpuestos, contra el auto de fs. 1/130 (13.513/13.641 y 12.098/12.162) de 

la causa 26.555 de esta Alzada: por el Dr. Albino José Stefanolo, fs.137/154 

(14.187/14.204 y 12.542/12.550), defensor de Raúl Alcides Villarreal, en 

relación a los puntos I y V, por los que se decretó el procesamiento con 

prisión preventiva del mencionado por considerarlo coautor del delito de 

homicidio simple, ciento noventa y tres hechos, que concursan entre sí en 

forma ideal, y se dispuso el embargo de sus bienes hasta alcanzar la suma de 

$57.600.000; por los Drs. Adrián Maloney y Mariano Silvestroni, fs. 

155/176 (14.218/14.239 y 12.559/12.569), defensores de Diego Marcelo 

Argañaraz, en cuanto a los puntos II y V, por los que se dispuso el 

procesamiento sin prisión preventiva del mencionado por estimárselo autor 

del delito de homicidio culposo y el embargo de sus bienes hasta cubrir la 

suma de $20.000.000; por las Dras. Silvana Miriam Collard y Graciela 

Bernal, fs. 177/192 (14.291/14.307 y 12.603/12.611), defensoras de Lorenzo 

Fredy Bussi, con respecto al punto III, por el que se dictó el procesamiento 

sin prisión preventiva del nombrado en orden al delito de homicidio culposo 

en calidad de autor; contra el auto de fs.2/282 (22.694/22.975 y 

18.675/18.815) de la causa 27.262 de esta Alzada: por el Dr. Elías Ricardo 

Arditi, fs. 375/380 (23.855/23.860 y 19.426/19.428), defensor de Gabriel 

Sevald, en relación a los puntos XXV y XXVI, por los que se dictó su 

procesamiento por considerárselo coautor del delito de cohecho pasivo y se 

dispuso la traba de embargo sobre sus bienes por la suma de $500.000; por 

los Dres. Raúl Oscar Bednarz y Marcelo Julián Orlando, fs. 385/393 

(23.866/23.874 y 19.432/19.436), defensores de Oscar Ramón Sosa y 

Cristian Angel Villegas, con respecto a los puntos XXVII, XXVIII, XXIX y 

XXX, por los que se dictó el procesamiento de ambos por el delito de 

incumplimiento de los deberes de funcionario público y se dispuso el 

embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de $100.000; por el Dr. Pedro 

Antonio DÁttoli, fs. 394/405 (23.875/23.886 y 19.437/19.442), defensor de 

1

Omar Emir Chaban, en cuanto a los puntos XVI, XVII y XVIII, por los 

que: se modificó la calificación legal escogida en el decisorio de 

fs.7361/7474 (en el que se decretó el procesamiento del nombrado con 

prisión preventiva por el delito de homicidio simple cometido en forma 

reiterada en ciento noventa y dos oportunidades en concurso real), debiendo 

concurrir las muertes entre sí, incluyendo la que fue motivo de tratamiento 

en este nuevo pronunciamiento, en forma ideal; se amplió su procesamiento 

con prisión preventiva por considerarlo coautor del delito de cohecho activo 

y autor de homicidio simple, que concurren en forma material entre sí y con 

el ilícito atribuido en el auto de fs.7361/7474; y se amplió el embargo de sus 

bienes en $800.000; por el Dr. Hugo F. Germaná, fs. 406/408 (23.887/23.889 

y 19.443/19.444), defensor de Miguel Angel Belay, en relación a los puntos 

XXIII y XXIV, por los que se dictó el procesamiento de éste como coautor 

del delito de cohecho pasivo y se dispuso la traba de embargo sobre sus 

bienes hasta cubrir la suma de $500.000; por el Dr. Albino José Stefanolo, 

fs.409/414 (23.891/23.896 y 19.446/19.448), defensor de Raúl Alcides 

Villarreal, respecto de los puntos XIX y XX, por los que se dispuso el 

procesamiento del nombrado por considerarlo coautor del delito de cohecho 

activo en concurso material con el ilícito atribuido en el decisorio de 

fs.12.098/162 y se ordenó la ampliación de su embargo en la suma de 

$500.000; por los Dres. Armando José Murature y Armando Francisco 

Murature, fs. 325/337 (23.580/23.592 y 19.245/19.251), defensores de 

Carlos Rubén Díaz, en relación a los puntos XXI y XXII, por los que se 

dispuso el procesamiento de este último como coautor del delito de cohecho 

pasivo y se dispuso la traba de embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma 

de $500.000; contra el auto de fs.1bis/55 (26.777/26.831 y 21.332/21.359) de 

la causa 27.347 de esta Alzada: por el Dr. Mariano H. Sivestroni, fs.57/66 

(27.239/27.248 y 21.626/21.630), defensor de Patricio Rogelio Santos 

Fontanet, Juan Alberto Carbone, Daniel Horacio Cardell, Maximiliano 

Djerfy, Christian Eleazar Torrejón, Elio Rodrigo Delgado y Eduardo 

Arturo Vázquez en relación a los puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII y XIV, por los cuales se decretó el procesamiento de los 

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nombrados como coautores del delito de homicidio culposo agravado y se 

dispuso la traba de embargo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta 

cubrir la suma de $10.000.000.- 

En su oportunidad, la querella representada por los Dres. José Ignacio 

Iglesias y Beatriz M. E. Campos, mejoró fundamentos en las audiencias 

fijadas al efecto. 

Cabe aclarar que pese a que las resoluciones fueron dictadas en 

diferentes momentos se ha decidido abordarlas de manera conjunta a fin de 

evitar tanto una reiteración innecesaria de argumentos que son comunes a las 

tres como las posibles inconsecuencias que podría acarrear el tratamiento 

por separado de cuestiones tan directamente vinculadas entre sí. 

Asimismo, a los efectos de la sistematización del análisis de los 

diferentes agravios se ha decidido tratar las distintas cuestiones agrupándolas 

por ejes temáticos y no por el orden de las resoluciones apeladas. Por esta 

razón, en primer lugar se tratará todo lo relativo a la organización del recital 

del 30 de diciembre de 2004, lo que amerita el tratamiento de los agravios 

presentados por las defensas de los imputados Chaban, Villarreal, Argañaraz, 

Bussi, Fontantet, Carbone, Djerfy, Vazquez, Torrejón, Cardell y Delgado 

(capítulo I). 

En segundo lugar, por estar íntimamente vinculado con el primer 

tema, se tratarán los agravios presentados por las respectivas defensas contra 

la resolución por la que se procesó a los imputados Chaban, Villarreal, 

Sevald, Belay y Díaz por el delito cohecho, y de Sosa y Villegas por el 

delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (capítulo II). 

Luego de ello, se tratarán las apelaciones efectuadas respecto de los 

embargos dispuestos en la instancia anterior (capítulo III).- 

Finalmente, hemos de señalar que se ha decidido dejar para un 

momento posterior el tratamiento de las apelaciones efectuadas por los 

defeosores de aquellos imputados que se desempeñaba~ en el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires a fin de n retardar innecesariamente la definición 

de la situación procesal de los acusados que son resueltas por el presente. 

Ello así, teniendo en cuenta que si bien las imputaciones que se hacen a los 

3

funcionarios de la Ciudad reconocen el mismo origen que las que se han de 

resolver en la presente resolución, su tratamiento puede y conviene que sea 

escindido. Esto porque los distintos cursos de investigación que se han 

presentado a este respecto, necesariamente provocarían retraso y 

perjudicarían el rápido avance del trámite procesal en relación a las 

cuestiones aquí tratadas y que, luego de esta resolución, ya se encontrarían 

en condiciones de iniciar los pasos correspondientes para la clausura de la 

instrucción y posterior remisión a la otra etapa, estando, a su vez, a lo 

dispuesto en el art. 207 del C.P.P.N. 

4 

Capítulo I- La organización del recital del 30 de diciembre de 2004 y sus 

consecuencias. 

1) Los hechos que se tuvieron por probados en primera instancia y 

los cuestionamientos de la defensa a las imputaciones. 

Los jueces de instrucción entendieron que el hecho ocurrido el 30 de 

diciembre de 2004 en el local denominado República Cromañón se produjo 

de la siguiente manera: “En determinado momento, y a poco que comenzara 

a tocar el grupo Ćallejeros´ a la hora señalada, uno o algunos de los 

asistentes habrían encendido elementos de pirotecnia cuyas chispas habrían 

alcanzado aquellos materiales combustibles, más precisamente los que se 

hallaban en el techo del local, provocándose de esa manera un incendio. Al 

percatarse los asistentes de esa circunstancia y teniendo en cuenta el espeso 

y tóxico humo que resultaba del mismo, comenzaron a pugnar por salir del 

local, evacuación que se vio seriamente retardada a raíz de que la única 

puerta de emergencia se encontraba inhabilitada, como así también a raíz 

de que de las seis puertas de doble hoja por las que se accedía al local (por 

Bartolomé Mitre 3066 y 3070) no todas habrían estado abiertas, todo lo 

cual impidió una correcta y veloz evacuación. 

Tras ello, a las 22.57 hs., se hizo presente en el lugar la primer 

dotación de bomberos que observaron que las personas que se encontraban 

del otro lado de la puerta de emergencia trataban de abrir la misma, que 

tiene dos hojas, dejándose constancia que merced a su pronta intervención 

se logró abrir, por la fuerza el portón de emergencia del local, por donde

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lograron salir varias personas por sus propios medios, a la vez que otras 

fueron evacuadas por personal policial, de bomberos y/o particulares. 

Otros de los asistentes lograron salir por aquellas puertas, que como 

antes se refirió, habrían ingresado, y algunos otros lo hicieron a través del 

hotel contiguo, al que habrían accedido por intermedio de una puerta que se 

encontraba en el primer piso del local bailable y que habría sido violentada 

a tal fin. El restante sitio por el que habrían logrado salir algunas personas 

resultó una puerta de pequeñas dimensiones que se hallaba junto al 

escenario y que conducía tanto a los camarines como al garage del hotel 

lindero. 

Así, gran cantidad de personas que no lograron salir del recinto, sea 

porque se encontraba la puerta de emergencia cerrada y la restante era de 

pequeñas dimensiones o por el tumulto producido a raíz de esa situación 

particular de las puertas, fallecieron en su interior, como otras tantas que, 

pese haber salido del recinto por sus medios y/o con asistencia, fallecieron 

posteriormente. 

Muchas personas habrían fallecido como consecuencia de la 

inhalación de humo y los gases tóxicos resultantes del siniestro, y otras 

causas que faltan precisar como así un número considerable de ellas 

también se encuentran heridas por diversas lesiones.” 

Concretamente, a raíz del hecho descripto precedentemente se 

produjeron los fallecimientos de: Alejandra Yasmin Abosaleh, Ezequiel 

Adolfo Agüero, Fernando Aguirre, Juan Pablo Alegre Bacich, Gastón 

Eduardo Amaya, Lara Agustina Anton, Paula Natalia Anton, Milena 

Aramburu, Martín Arias Juillerat, Mariela Arnaldo, Maximiliano 

Arnaldo, José Avalos, Sergio Daniel Avendaño, María Victoria Azaar, 

Selva Soledad Barata, Gisella Barbalace, Carol Sigrid Becker, Gustavo 

Belascuain, María Laura Bello, Eduardo Rubén Belzunce, Mariano Benítez, 

Lautaro Blanco, Sebastián Ángel Bonomini, Leandro Naun Bordón, 

Solange Milagros Bordón, Gabriela Borras, Romina Branzini 

Mangiarotti, Erica Broggi, Zaida Buitrón, María Angélica Cabreli, Gloria 

Marina Cabrera, Silvia Gabriela Cabrera, Matías Calderón, Roberto 

5

Daniel Calderón, Abel José Cantale, María Soledad Canziani, Romina 

Rocío Castro Fuentes, Julián Cayón, Leonardo Chaparro, Nicolás 

Alejandro Colnaghi, Martín Javier Confino, Eduardo Conte, Ignacio 

Esteban Cordero, Ricardo Cordero, Juan Carlos Cortez Bolla, Paola 

Crivelli, Leonardo Cruz, Sebastián Ricardo Cwierz, Macarena Cwierz, 

Mayra DÁgata, Mariana Elizabeth De Olivera, Liliana Cármen De Rose, 

Guido Nicolás Del Canto, Marisa Mabel Díaz de Longo, Florencia Soledad 

Díaz, Florencia Laura Diez, Osvaldo José Djerfy, Liliana Noemí Escalante, 

Sergio Antonio Escobar, Denís Aurelio Espinola Monjes, Pedro Espinosa, 

Sebastián Farreras, Juan Ignacio Fermoselle, Sebastián Alejandro 

Fernández Helbih, Diego Aníbal Fernández, Laura Jimena Fernández, 

Nayla Soledad Fernández, Franco Matías Ferreyra, Florencia Soledad 

Flores, Nicolás Flores, Noemí Analía Flores, Romina Yanila Flores, 

Eduardo Cristian Frías, Pablo Sebastián Fucci, Oscar Andrés Funes, 

Mercedes Gamarra, José Luis Gambaccini, Gastón Guillermo García, 

Matías Alejandro García, Lucas Matías Gavilán, Claudia Giofre, Carla 

Alejandra Giovannini, Jorge Emiliano Giralt, Analía Marcela Gómez, 

Pablo Emanuel Gómez, Patricia González Cedres, Edwin Carlos González 

Torrico, Abel Rodolfo González, Federico Nahuel González, Fretes Alicia 

González, Yamila Guevara, Lucas Guzmán, Roberto Ibañez, Pedro Tomás 

Iglesias, Marta Teresa Jara, Sebastián Juárez, Pablo Gregorio Katz, 

Adriana Inés La Via, Matías Labella, Marcelo Lamenza, Noelia Silvina 

Lanas, Juan Ignacio Lanata Dieguez, Carlos Landoni, Yonatan Lasota, 

Luisana Aylen Ledesma, Julio Leiva, Paola Linares, Erica Lizarraga, 

Pedro A. López, Esteban Rodrigo Lucas, Maximiliano Luparello, Diego 

Reinaldo Maggio, Ariel Malenosvsky, Jorge Mansilla, Gustavo Javier 

Marchiano, Federico Mastrangelo, Elisa Valeria Mazurco, Mario Daniel 

Mazzeo, Fernando Medina, Mariano Medina, Estefanía Mendibe, Evaristo 

Ignacio Mendieta, Leandro Migliaro, Federico Pablo Molteni, Sofía 

Victoria Morales, Guido Musante, Nicolás Nieva, Cecilia Irene Noboa, 

Daiana Noboa, Mauro Orreo, Debora Yael Ortiz, Ana Laura Oviedo, 

Walter Pata, Dilva Paz, María Celeste Peón, Jorge Manuel Pereyra Silva, 

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Nelson Pereyra Silva, María Del Monserrat Pérez González, Lucas Gabriel 

Pérez, Lucia Propatto, Carolina Ragonese, Griselda Ramirez, Silvina 

Noemí Ranieri, Julián Razemgart, Cristian Alejandro Renna, Emiliano 

Marcelo Rodríguez Righi, Eduardo Rodríguez, Hernán Leonel Rodríguez, 

Fernanda Rojas, Luis Cristian Rojas, Marianela Rojas, Cecilia Lorena 

Roumieux, Osvaldo Ruiz Cannemann, Sergio Javier Ruiz, Agustina 

Ruzyckys, Silvia Emilce Sanabria Rivadeneira, Rosa Beatriz Sandoval, 

Luis Alberto Santana, Jaquelin Karina Santillan, Valeria Viviana Santillan, 

Alicia Santonocito, María Belén Santonocito, Leandro Schpak, Sofía 

Mariana Segovia Ríos, Nicolás Adrián Sillak, Alejandra Marina Silva, 

Mariana Sirota, Walter Abel Maximiliano Solís, Pablo Mariano Soraire, 

Romina Stempler, Marcelo Alejandro Taborda, Roberto Fabián Tolosa, 

Pablo Leonardo Torba, Jonathan Iván Torres, Mario Abel Torres, Mario 

Ramón Torres, Alejandra María Trujillo, María Sol Urcullo, Verónica 

Laura Valsangiacomo, Mariano Leonel Valsangiacomo, Facundo Vazquez, 

Javier Andrés Vera, Cristian Mariano Viegas Méndez, Viviana Natalia 

Villalba, María Lidia Vitale, Barbara Daniela Yanni, Darío Sebastián 

Yanni, Walter Eduardo Zacarías, Pablo Adrián Zalazar, Hugo Alejandro 

Zamudio, Osvaldo Oldemar Zapata, José Luis Zarate y Gustavo Zerpa. 

Asimismo, se produjeron lesiones físicas y psíquicas a un número aún 

no determinado de personas que estaban en el lugar al momento del hecho. 

Sentado ello, pasaremos a detallar cuáles fueron las acciones y/u 

omisiones que los magistrados de primera instancia le atribuyeron a cada 

uno de los imputados que aquí nos ocupan y, luego, los planteos formulados 

por las respectivas defensas. 

1.a. Imputado Omar Emir Chaban 

Se le reprocha en el auto de procesamiento apelado que en su calidad 

de organizador de eventos musicales y explotador comercial y responsable 

del local denominado República Cromañón, organizó el recital de rock del 

grupo Callejeros del 30 de diciembre de 2004, provocando, con acciones y/u 

omisiones, la muerte de 193 personas y diversas lesiones a varios centenares 

más. 

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Puntualmente, se le atribuyó: 

1) “[H]aber permitido que ingresasen al predio alrededor de 3.000 

personas cuando, en realidad estaba habilitado y tenía capacidad para 

1.031 personas, como así también haber dispuesto un lugar específico 

(supuestamente el baño de damas) para la permanencia de menores de edad 

a modo de guardería.” 

2) “[H]aber omitido, en su calidad de organizador del espectáculo, 

adoptar las medidas de prevención necesarias para contar con una 

adecuada dotación de personal de seguridad que garantizase la integridad 

de las personas y los bienes que concurrieron esa noche al lugar.” 

3) “[N]o haber, en esa misma calidad de organizador, dispuesto lo 

necesario para establecer un cacheo eficiente y minucioso en la entrada del 

local para impedir que los asistentes, conocidos y distinguidos en el 

ambiente por la habitual utilización de pirotecnia, ingresaran con elementos 

de esas características, teniendo en cuenta que se trataba de un lugar 

cerrado, en el que se reunirían muchas personas, teniendo en cuenta que 

había ocurrido anteriormente un incendio de similares características, y 

que, en sus techos y estructuras presentaba materiales altamente 

combustibles que no se ajustaban a las normas reglamentarias para el caso 

de incendios.” 

4) “[H]aber organizado un espectáculo de esas características, aún a 

sabiendas que la única puerta/salida de emergencia del local, ubicada en 

Bme. Mitre 3038/50 que debía estar en condiciones de abrirse desde el 

interior del mismo -accionando la barra antipánico que tenía colocada- se 

hallaba sellada con un candado y alambre, no habiendo dispuesto lo 

necesario para que ella se encontrase habilitada durante la permanencia del 

público en el lugar por si se sucedía un siniestro y pudiera ser utilizada para 

que el público saliera del lugar y de esta forma salvaran sus vidas, teniendo 

además en cuenta que sabía que en el lugar había más personas que las 

permitidas por la habilitación municipal.” 

5) “[N]o haber dispuesto lo necesario, en su calidad de organizador 

del evento y responsable de los bienes y vidas que se encontraban en el

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lugar para, una vez desatado el incendio, organizar un egreso ordenado de 

las personas que permitiese una evacuación más eficiente y pronta del 

local.” 

6) “[N]o haber dispuesto lo necesario, en la calidad antes apuntada, 

para que, una vez comenzado el siniestro, se abriese la única puerta/salida 

de emergencia con que contaba el lugar.” 

7) “[H]aber organizado el espectáculo de marras aún a sabiendas que 

el certificado anti-incendio expedido por la Superintendencia de Bomberos 

de la PFA se encontraba vencido y que, en consecuencia, ningún organismo 

especializado garantizaba la seguridad del lugar y sus asistentes en lo 

relativo a ese tipo de siniestros.” 

8) “[H]aber llevado adelante el mencionado espectáculo aún a 

sabiendas de que la mayoría de los matafuegos existentes en el predio se 

hallaban despresurizados y/o vencidos.” 

Contra esta imputación, la defensa sostuvo básicamente que: i) la 

calificación legal del hecho que se le atribuye a Chaban no es la correcta, ya 

que la máxima imputación que le podría llegar a corresponder en esta 

instancia a su defendido sería, al igual que en el caso del resto de los 

imputados, una a título de imprudencia; ii) cuestionó que se le reprochara el 

hecho de que la puerta alternativa estuviera cerrada y con alambre cuando 

esa puerta ni siquiera tendría que haber existido, iii) se agravió por la 

responsabilidad que se le adjudicó en relación al vencimiento del certificado 

de incendios de la Superintendencia de Bomberos ya que ese era un tema 

que le correspondía a “Lagarto S.A”; iv) cuestionó que se le reprochara la 

existencia de la media sombra y de la espuma de poliuretano porque la 

media sombra ya estaba en el local cuando llegó Chaban y, sobre la espuma 

de poliuretano, señaló que no era previsible que ese material generara 

cianuro de hidrógeno al entrar en combustión, agregando, con relación a esto 

último, que ni siquiera existen normas en nuestro país que obliguen a 

incorporar óxido de cobre en la elaboración de este material para neutralizar 

el cianuro de hidrógeno. 

9

10 

Posteriormente, de una alegada carencia normativa que regulara 

específicamente la realización de recitales en microestadios, derivó distintos 

cuestionamientos que a continuación se detallan: v) señaló que se le 

reprochó que hubieran ingresado al menos 2811 personas cuando el local 

estaba habilitado para 1031 pero, sostuvo la defensa, tal capacidad es la 

prevista para un local bailable clase “C” y su defendido organizó un recital 

en el cual, a falta de normativa específica, pueden ingresar la cantidad de 

personas necesarias hasta colmar la capacidad del local; vi) asimismo, 

sostuvo que si era necesario solicitar un permiso para que el lugar funcionara 

como microestadio para un recital, esa responsabilidad le correspondía al 

titular de la habilitación y no a su defendido, ya que el lugar estaba 

habilitado con anterioridad y ya se habían llevado a cabo recitales en ese 

local, con esa habilitación; vii) también refirió que si no existía una norma 

que estableciera cuál era la capacidad máxima de personas para un recital en 

un microestadio, mal podría pagarse una determinada cantidad de dinero a 

los funcionarios policiales de acuerdo a determinada cantidad de personas 

que excediesen la capacidad. Finalmente, viii) con respecto a la imputación 

de haber permitido el ingreso de pirotecnia, carecería de sustento su reproche 

a Chaban ya que la seguridad en esa oportunidad estuvo a cargo de la banda 

“Callejeros”. 

1.b. Imputado Raúl Alcides Villarreal. 

Se le reprocha en el auto de procesamiento que como hombre de 

confianza de Chaban, y en su condición de autoridad del local, habría tenido 

específicamente a su cargo la seguridad del recinto y habría provocado, con 

las mismas acciones y/u omisiones que se le atribuyen a ese imputado, la 

muerte de las 193 personas indicadas precedentemente, y diversas lesiones a 

varios centenares más que a la fecha no se determinaron con precisión. 

En relación a Villarreal, el juez de instrucción tuvo por probado que 

era la mano derecha de Omar Chaban, su persona de confianza, y por ello se 

manejaba con un alto grado de independencia para la adopción de decisiones 

en lo que respecta al funcionamiento de “Cromañón”. Según el juez, 

Villarreal: “sin encargarse de nada en particular, estaba al tanto de todo y

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tenía injerencia en cualquiera de los aspectos del negocio, pero no era un 

empleado más. Era un activo organizador y partícipe, y por ende 

responsable, de muchas de las decisiones vinculadas al desarrollo de la 

actividad en `República Cromañón´“. 

Según el a quo “si estaban dadas todas esas condiciones, si el riesgo 

se hacía evidente a sus ojos, su conducta ilícita finca, justamente, en haber 

desoído esas advertencias y haber hecho el aporte que le correspondía para 

que el espectáculo se llevase adelante de todos modos” 

Luego de señalar los deberes que correspondían a Villarreal y su 

respectiva violación, el magistrado consideró que la conducta llevada a cabo 

por el nombrado debía calificarse como homicidio simple (ciento noventa y 

tres hechos en concurso ideal) y debería responder por ella en carácter de 

coautor. 

Aclaró que Villarreal, en virtud del papel que desempeñaba en el giro 

del negocio, tenía conocimiento de los riesgos que generaba el 

funcionamiento del local en esas condiciones, “[s]abía todo cuanto ocurría 

en el comercio y por ello también supo de la ćlausura´ de la puerta de 

emergencia y de lo que ello implicaba, ya que debió ser muy consciente del 

riesgo existente y ante él fue absolutamente indiferente. Debió preveer un 

resultado que ya había sido hasta anunciado por CHABAN”. 

Contra el procesamiento la defensa de Villarreal sostuvo que: i) se le 

atribuyen a aquél funciones que no se corresponden con el rol de empleado. 

Señaló que se dijo que fue una de las personas que participó activamente del 

trágico espectáculo con conocimiento del exceso de público, del estado de la 

puerta de emergencia, del ingreso de pirotecnia, de las deficiencias de 

control, de los incendios anteriores y de la posibilidad de un episodio con 

consecuencias trágicas; siendo tales afirmaciones, una interpretación 

incongruente e infundada para quien sólo trabajaba en el lugar y lejos estaba 

de poder tomar las decisiones referentes a entradas (cantidad, 

comercialización, etc.); seguridad; qué grupo soporte actuaría, etc.; ii) aclaró 

que su defendido no se ocupaba de tomar decisiones para concretar los 

eventos; en el de “Callejeros” específicamente, sólo se limitó a estar en el 

11

área externa con la gente de seguridad del grupo pero desconociendo si hubo 

deficiencias de control; no tenía dominio ni posibilidad de definir la cantidad 

de público que iba a ingresar. La colaboración que brindaba Villarreal en 

diversas áreas lo hacía participar en algo organizado previamente, no por él, 

razón por la cual su colaboración en nada incidía en ese espectáculo que 

continuaría con las pautas que tanto músicos, manager y el dueño del local 

habían predeterminado. 

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Tampoco tenía control sobre las cuestiones edilicias; no manejaba las 

llaves ni las cuestiones relativas al mantenimiento del local. Al igual que en 

el caso de los músicos, creía que el lugar era seguro y que Chaban había 

contratado un sistema de acustización ignífugo. No manejaba las cuestiones 

de habilitación de Cromañón y, por lo tanto, no tenía conocimiento respecto 

a la cantidad de público que podía ingresar al lugar. En cuanto a los 

incendios anteriores, fueron controlados por personal del lugar y los 

organizadores de esos eventos tomaron las decisiones que les parecieron 

prudentes, controlando los sucesos. 

iii) También remarcó que dado que la seguridad estaba a cargo del 

grupo Callejeros, las deficiencias de control que permitieron el ingreso de 

pirotecnia no podían serle imputadas. 

1.c. Imputado Diego Marcelo Argañaraz 

Se le reprocha, en su calidad de manager del grupo musical 

“Callejeros” y co-organizador con Omar Emir Chaban del recital llevado a 

cabo el 30 de diciembre de 2004 a partir de las 22.50 horas en el local 

denominado “República Cromañón”, el haber provocado con acciones y/u 

omisiones la muerte de las 193 personas indicadas, y diversas lesiones a 

varios centenares más que a la fecha no se determinaron con precisión. 

Conforme se desprende del auto de procesamiento, las acciones y 

omisiones que en concreto se le imputan a Argañaraz son: 



1.031 personas, como así también haber dispuesto un lugar específico

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2) “[H]aber omitido adoptar las medidas de prevención necesarias 

para contar con una adecuada dotación de personal de seguridad que 

garantizase la integridad de las personas y los bienes que concurrieron esa 

noche al lugar.” 

3) “[N]o haber dispuesto lo necesario para establecer un cacheo 

eficiente y minucioso en la entrada del local para impedir que los asistentes, 

conocidos y distinguidos en el ambiente por la habitual utilización de 

pirotecnia, ingresaran con elementos de esas características, teniendo en 

cuenta que se trataba de un lugar cerrado, en el que se reunirían muchas 

personas, teniendo en cuenta que había ocurrido anteriormente un incendio 

de similares características, como así también que, en sus techos y 

estructuras, presentaba materiales altamente combustibles que no se 

ajustaban a las normas reglamentarias para el caso de incendios.” 




interior del mismo -accionando la barra antipánico que tenýa colocada- se 

hallaba sellada con un caodado y alambre, no habiendo dispuesto |o 



que el público saliera del lugar y de esta forma salvaran sus vidas, teniendo 



5) “[N]o haber dispuesto lo necesario, en su calidad de responsables 

de los bienes y vidas que se encontraban en el lugar para, una vez desatado 

el incendio, organizar un egreso ordenado de las personas que permitiese 

una evacuación más eficiente y pronta del local.” 

6) “[N]o haber dispuesto lo necesario para que, una vez comenzado el 

siniestro, se abriese la única puerta/salida de emergencia con que contaba 

el lugar.” 

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14 

Según lo manifestado por el juez: “Argañaraz, al igual que los demás 

imputados, aún previendo que todas esas circunstancias podrían 

desencadenar en un suceso como el finalmente acontecido, prefirieron 

seguir adelante con el espectáculo y llevarlo a cabo, sin importarle aquellas 

circunstancias apuntadas y los previsibles resultados que a partir de ellas 

resultaban esperables; máxime cuando ese mismo día Chaban había 

advertido a los presentes acerca del peligro que generaba la pirotecnia y 

que, en caso de producirse un incendio, no alcanzarían a salir todos de 

allí, como así también que ya había ocurrido un incendio por el uso de 

pirotecnia días antes del recital”. 

Asimismo, el Sr. Juez de grado tuvo por acreditado que: Diego 

Marcelo Argañaraz era el manager del grupo “Callejeros”; en ese carácter 

contrató con Chaban; vendió entradas en un número cercano a 3500, 

excediendo el autorizado por la habilitación del local; contrató y supervisó el 

personal denominado de control que hizo un cacheo deficiente; si bien se 

preocupó por las formas de ingreso no fue así con las de egreso, es decir, con 

una forma de evacuación en una emergencia; sabía de la existencia de 

incendios anteriores; superados por la situación y pese a los dichos del 

organizador en cuanto a la probabilidad de incendios no tomó mayores 

recaudos; sabía que el público que asiste a los recitales del grupo 

acostumbraba utilizar pirotecnia y era consciente de los probables efectos 

que (en recintos cerrados) su utilización puede causar. 

Por su parte, en lo que respecta a las funciones que desarrollaba 

específicamente como manager del grupo “Callejeros”, el juez sostuvo que: 

a) era quien representaba a la banda para arreglar las fechas de los recitales, 

para acordar las condiciones del show, para organizar la venta de entradas; b) 

fue quien contrató al grupo de empleados que se ocupaba del control de 

ingreso de concurrentes al recital. 

En base a los extremos que tuvo por acreditados, el a quo arribó a la 

conclusión de que “el encartado actuó en forma imprudente y negligente, lo 

cual facilitó la producción del siniestro que terminó con la vida de 193 

personas y produjo centenares de heridos. (...) Si de acuerdo a la función

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que le fue encomendada, Argañaraz hubiera actuado diligentemente y en 

forma responsable, tomando los recaudos correspondientes, el incendio no 

se hubiera producido y, por ende, tampoco las muertes y lesiones”. 

Contra el auto de procesamiento de Argañaraz, la defensa sostuvo: i) 

que hubo una valoración arbitraria de la prueba; ii) que “Callejeros” no 

incentivaba el uso de bengalas; iii) que “Callejeros” -al igual que todos los 

músicos que tocaban en el lugar- confiaban en sus condiciones de seguridad 

y en el cumplimiento por parte de su dueño de todas las condiciones legales; 

iv) que creían que el techo era ignífugo y no tenían competencia sobre el 

cuidado de las condiciones de seguridad de las instalaciones. Sostuvo 

también la defensa que: v) falta fundamentación para atribuirle deberes 

jurídicos a Argañaraz, en razón de que el auto apelado no explica por qué 

Argañaraz estaba en posición de garante respecto de los focos de peligro que 

desencadenaron el resultado; vi) al decir de la defensa, “Cromañón” era un 

lugar techado donde tocaban exclusivamente bandas de rock, por ende: en 

todos los recitales se utilizaban bengalas. Argañaraz no debía evitar que 

Callejeros tocara en “Cromañón” porque tocar allí era una conducta 

permitida desde que se supone un lugar habilitado; no existe ninguna ley 

que obligue al manager de una banda a verificar los recaudos de seguridad de 

los locales sujetos a control, verificación y supervisión a cargo de los 

funcionarios públicos de dos jurisdicciones diferentes; vii) la realización de 

un cacheo era responsabilidad del dueño del lugar que fue quien 

efectivamente lo organizó; viii) no existe un examen pericial dirigido a 

establecer, con independencia de la contingente habilitación, la cantidad de 

personas que podían ingresar al lugar para mantenerlo en las condiciones de 

seguridad que posibilitaran una total evacuación en caso de emergencia. Por 

ello, desde el punto de vista objetivo causal la imputación es jurídicamente 

insostenible. Más allá de eso, Argañaraz creía que Cromañón era un local 

con capacidad para 4000 personas; no sabía cuál era la habilitación 

gubernamental en ese sentido, pero tampoco era su función averiguarlo. 

15

16 

1.d. Imputado Fredy Lorenzo Bussi 

Se le reprocha, en su calidad de jefe de seguridad del grupo 

“Callejeros” a cargo del control de las vías de ingreso y egreso del local, el 

haber provocado, con las siguientes acciones y/u omisiones la muerte de las 

193 personas detalladas al inicio del presente, y diversas lesiones a varios 

centenares más que a la fecha no se determinaron con precisión: 



1.031 personas, como así también haber dispuesto un lugar específico 



2) “[H]aber omitido adoptar las medidas de prevención necesarias 

para contar con una adecuada dotación de personal de seguridad que 

garantizase la integridad de las personas y los bienes que concurrieron esa 

noche al lugar.” 

3) “[N]o haber dispuesto lo necesario para establecer un cacheo 

eficiente y minucioso en la entrada del local para impedir que los asistentes, 

conocidos y distinguidos en el ambiente por la habitual utilización de 

pirotecnia, ingresaran con elementos de esas características, teniendo en 

cuenta que se trataba de un lugar cerrado, en el que se reunirían muchas 

personas, teniendo en cuenta que había ocurrido anteriormente un incendio 

de similares características, como así también que, en sus techos y 

estructuras, presentaba materiales altamente combustibles que no se 

ajustaban a las normas reglamentarias para el caso de incendios.” 




interior del mismo -accionando la barra antipánico que tenía colocada- se 

hallaba sellada con un candado y alambre, no habiendo dispuesto lo 



que el público saliera del lugar y de esta forma salvaran sus vidas, teniendo

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5) “[N]o haber dispuesto lo necesario, en su calidad de responsables 

de los bienes y vidas que se encontraban en el lugar para, una vez desatado 

el incendio, organizar un egreso ordenado de las personas que permitiese 

una evacuación más eficiente y pronta del local.” 

6) “[N]o haber dispuesto lo necesario para que, una vez comenzado el 

siniestro, se abriese la única puerta/salida de emergencia con que contaba 

el lugar.” 

7) “[H]aber llevado adelante el mencionado espectáculo aún a 

sabiendas que la mayoría de los matafuegos existentes en el predio se 

hallaban despresurizados y/o vencidos.” 

Según lo manifestado por el a quo, Bussi, al igual que los demás 

imputados: “aún previendo que todas esas circunstancias podrían 

desencadenar en un suceso como el finalmente acontecido, prefirieron 

seguir adelante con el espectáculo y llevarlo a cab , sin importarle aquellas 

circunstancias apuntadas y los previsibles resultados que a partir de ellas 

resultaban esperables; máxime cuando ese mismo día Chaban había 

adwertido a los presentes acerca del peligro que generaba la pirotecnia y 

que, en caso de producirse un incendio, no alcanzarían a salir todos de allí, 

como así también que ya había ocurrido un incendio por el uso de 

pirotecnia días antes del recital”. 

Sostuvo el a quo que Bussi, en su calidad de integrante del grupo de 

control: tenía autoridad sobre el grupo que estaba a cargo de la actividad de 

control; su tarea era incautar elementos de pirotecnia de los asistentes al 

show; sabía que los asistentes a este tipo de eventos utilizaban pirotecnia. 

A criterio del magistrado, la conducta de Bussi debe ser considerada 

como homicidio culposo pues, los elementos señalados demuestran un 

cuadro de negligencia concreta del encargado del grupo de control que, 

además, influyó directamente en la producción de las muertes. Claramente 

incumplió su rol. 

17

18 

Contra el procesamiento de Bussi, la defensa del nombrado sostuvo 

que el magistrado efectuó una errónea y gravosa interpretación de la prueba 

desde que no se encuentra siquiera mínimamente probada la participación de 

Bussi en el hecho que se le imputa. Puntualmente, criticó las pruebas 

seleccionadas por el a quo, su valoración y significación jurídica, el rol que 

se le asignó y la violación al deber de cuidado, y la imposición de un 

embargo sobre sus bienes. 

1.e. Imputados Fontanet, Carbone, Djerfy, Vazquez, Torrejón, 

Cardell y Delgado. 

Se les imputada a los nombrados en su respectivo auto de 

procesamiento, haber llevado a cabo el recital del grupo “Callejeros” del cual 

forman parte, el 30 de diciembre del 2004 a partir de las 22.50 horas en el 

local denominado “República de Cromañon” sito en Bart lomé Mitre 

3060/3066/3070 de esta ciudad, en condiciones sumamente riesgosas que 

provocaron la muerte de 193 personas que surgen de los listados remitidos 

por la morgue judicial y diversas lesiones a varios centenares más que aún 

no están determinados con precisión. Que el recital se llevó a cabo en las 

siguientes condiciones: “1) se pusieron a la venta alrededor de 3.500 

entradas cuando, en realidad, el local en donde se llevaría a cabo - 

República Cromañon- estaba habilitado y tenía capacidad para 1.031 

personas; 2) no se adoptaron las medidas de prevención necesarias para 

contar con una adecuada dotación de personal de seguridad que garantizase 

la integridad de las personas y los bienes que concurrieron esa noche al 

lugar; 3) no se dispuso lo necesario para establecer un cacheo eficiente y 

minucioso en la entrada del local para impedir que los asistentes, conocidos 

y distinguidos e el ambiente por la habitual utilización de pirotecnia, 

ingresaran con elementos de esas características, teniendo en cuenta que se 

trataba de un lugar cerrado, en el que se reunirían muchas personas y que 

anteriormente habían ocurrido incendios de similares características; 4) se 

permitió que la puerta que estaba ubicada a la izquierda del escenario (visto 

de frente), que tenía un cartel lumínico ´salida´ y contaba con una barra 

antipánico, estuviera sellada con un candado y alambre durante el recital;

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5) se promovió e incentivó el uso de pirotecnia por parte del público, para lo 

cual los controles de acceso -que estaban a cargo del grupo- permitían 

disimuladamente su ingreso.” 

Siguió señalando el magistrado que así y, aún cuando todas esas 

circunstancias podrían desencadenar en un suceso como el finalmente 

acontecido, prefirieron seguir adelante con el espectáculo, máxime cuando 

Chaban había advertido instantes antes acerca del peligro que generaba la 

pirotecnia y que en caso de producirse un incendio no podrían salir todos de 

allí. 

Contra la resolución, el Dr. Mariano H. Silvestroni, defensor de Santos 

Fontanet, Carbone, Cardell, Djerfy, Torrejón, Delgado y Vazquez, presentó 

recurso de apelación, planteando los siguientes cuestionamientos: i) que 

ninguna prueba permite corroborar los hechos que se le atribuyen a los 

integrantes de “Callejeros” ya que el magistrado cita, para ello, sus propios 

razonamientos o simples rumores o utiliza prueba que reflejaría una 

situación anterior al momento de los hechos; ii) que la obligación de evitar el 

ingreso y uso de pirotecnia resulta ser una obligación jurídica inexistente 

porque “Callejeros” tenía derecho de tocar aún a pesar de que su público 

encendiera bengalas en sus shows y no estaba obligado jurídicamente a 

dirigir un mensaje que evitara que se utilice pirotecnia; iii) que los 

integrantes de la banda musical no eran co-organizadores; iv) que para 

vincular al grupo con la inutilización de la salida alternativa, el juez se limita 

a afirmar que ellos, por haber estado allí en otras oportunidades, debieron 

haber visto el candado, sin valorar ninguna prueba que así lo demuestre; v) 

que vincula al grupo con el cacheo deficiente pasando por alto aquella 

prueba que demuestra que el personal de control era contratado por Chaban; 

vi) que ellos no tenían la obligación de chequear las condiciones de 

seguridad del lugar, ni de verificar la normativa determinante de la 

habilitación, ni de asegurarse que Chaban hubiese optado por la forma 

jurídica adecuada para que el lugar pudiese albergar a 4.000 personas; vii) 

que se pasó por alto el principio de confianza ya que, en realidad, los 

integrantes de Callejeros tenían derecho a confiar en el dueño del lugar y en 

19

los funcionarios públicos que debían controlarlo; ix) que el auto recurrido no 

describe la conducta que se le atribuye a cada uno de los integrantes de la 

banda para luego establecer la relación de ello con la presunta violación del 

deber de cuidado, limitándose sólo a afirmar que las decisiones se tomaban 

en conjunto y que por ello deben responder todos; x) que el procesamiento 

analiza inadecuadamente la imputación objetiva del resultado y de la misma 

manera afirma la previsibilidad del resultado; xi) que el embargo decretado 

es manifiestamente improcedente y desproporcionado porque no se 

encuentra debidamente fundado y no pueden ser jurídicamente responsables 

por el compromiso patrimonial que se les pretende asignar. 

20 

Sentado lo expuesto, se pasará a continuación al análisis de los 

principales ejes temáticos en torno a los cuales giran los agravios reseñados. 

2) La organización del recital y las responsabilidades penales que 

de ella se derivan. La posición de garante. 

Más allá de las consideraciones que luego se harán acerca de las 

particulares imputaciones que se hicieran en los procesamientos, el punto de 

partida de éstos es que los imputados habrían causado la muerte de 193 

personas y lesiones a un número aún no determinado de concurrentes, no por 

haber generado el incendio ellos mismos, sino por haber realizado una 

conducta equivalente a ello, cual es la organización del recital del 30 de 

diciembre de 2004 sin haber tomado las medidas de seguridad 

correspondientes para evitar que se produjera ese incendio y la consecuentes 

muertes y lesiones. 

De esta manera, la primera pregunta que cabría efectuarse para 

abordar el análisis del caso sería: ¿cuál es la razón por la que los imputados 

estaban obligados a impedir el incendio? 

Para responder a este interrogante deben considerarse los presupuestos 

necesarios para que exista una posición de garante en el omitente. Si bien 

tradicionalmente se ha sostenido que dicha posición está generada por la ley, 

el contrato y la conducta precedente (injerencia), hoy se discute que la ley y 

el contrato puedan generar responsabilidad penal, y existe un amplio 

consenso en que dicha responsabilidad sí puede ser generada por dos grandes

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grupos de casos, que son aquéllos en donde existe la asunción de una función 

de protección y aquellos en los que hay un deber de vigilancia de fuentes de 

peligro. El primer caso se da, por ejemplo, con relación a los padres respecto 

de sus hijos o a los médicos respecto de sus pacientes; y el segundo grupo de 

casos, se fundamenta en la idea de que la creación de peligros trae en sí la 

obligación de prevenir sus consecuencias dañosas 1 . 

En palabras de Jakobs, el fundamento de la existencia de una 

obligación de evitar una configuración de la propia organización que exceda 

del riesgo permitido es el siguiente: todo titular de un círculo de 

organización es garante de la evitación de un contacto social que exceda del 

riesgo permitido. “A cada uno compete, en virtud de su status general, esto 

es, como sinalagma de su derecho de organización, garantizar que en el 

contacto con una organización ajena la propia tenga una configuración que 

se mantenga dentro del riesgo permitido. (...) Qué significa este deber de 

aseguramiento en el caso concreto es algo que depende del respectivo 

estado de la organización. Si ese estado es inocuo, el aseguramiento se 

produce sencillamente por el hecho de no modificarlo en un sentido nocivo, 

es decir, por la omisión de una conducta arriesgada. Si ese estado es, por el 

contrario, peligroso, el aseguramiento se produce por una reorganización 

activa, esto es, por medio de una acción" 2 . 

Ahora bien, un punto a aclarar es el vinculado a las características 

que debe tener la conducta precedente para generar una obligación de 

responder por las posibles afectaciones a bienes jurídicos que de ella se 

puedan desprender, hallándose posturas que van desde la mera adecuación de 

la conducta precedente hasta el requisito de la antijuridicidad, pasando por 

una serie de casos intermedios en los que la conducta resulta ser más que 

causalmente adecuada pero menos que antijurídica. Roxin sostiene al 

respecto que: "la condición decisiva para la fundamentación de una posición 

de garante es la posibilidad de imputación objetiva del comportamiento 

1 Cfr. Roxin, Claus; “Injerencia e Imputación Objetiva”, en Nuevas formulaciones en las ciencias penales - 

Homenaje a Claus Roxin-, Lerner- La Lectura, Córdoba, 2001. 

2 Jakobs, Günther; “La competencia por organización en el delito omisivo -Consideraciones sobre la 

superficialidad de la distinción entre comisión y omisión-”, en Estudios de Derecho Penal, UAM - Civitas, 

Madrid, 1997, págs. 349/50. 

21

precedente causante del peligro. Pues sólo aquél a quien se puede imputar 

conforme a parámetros jurídicos el peligro creado tiene la responsabilidad 

de ello, y, llegado el caso, debe prevenir la transformación de la puesta en 

peligro en una lesión diferente o en otra más grave. Al respecto, deben 

tenerse en cuenta todas las circunstancias que también, en todo caso, son 

determinantes para la imputación objetiva (...)[:] 1. No hay posición de 

garante si el comportamiento precedente no ha creado un riesgo 

jurídicamente relevante para la víctima (…)2. No hay posición de garante si 

el comportamiento precedente se mantiene dentro del riesgo permitido (…) 

3. No hay posición de garante si falta una relación de fin de protección entre 

el comportamiento precedente y el resultado inminente". 3 

22 

Más allá de estos principios generales, en el caso que nos ocupa, 

puede entenderse que también el Código Contravencional de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, promulgado con fecha 25 de octubre de 2004, 

en su artículo 96, genera una posición de garante en los organizadores de un 

espectáculo público al establecer la responsabilidad de los organizadores por 

"omitir los recaudos de organización o seguridad imprescindibles para el 

buen desarrollo del espectáculo deportivo o artístico masivo". 

A su vez, en el capítulo II del Título IV de dicho ordenamiento legal, 

dedicado a la protección de la seguridad y la tranquilidad públicas, se 

establecen recaudos para la organización de espectáculos artísticos que 

tienen que ver con: forma de ingreso del público al espectáculo (art. 90); 

permitir el ingreso de público en exceso (art. 92); producir avalanchas o 

aglomeraciones (art. 100); suministro de bebidas alcohólicas (art. 104); 

ingreso de artefactos pirotécnicos (art. 106); guardar artefactos pirotécnicos 

(art. 107); obstrucción de salida o desconcentración (art. 110). 

De esta forma, si la posición de garante depende de una conducta 

previa que implique la creación de un riesgo relevante derivado de una 

organización defectuosa y de una ley que atribuye exclusiva responsabilidad 

a los organizadores de espectáculos de concurrencia masiva sobre cuestiones 

como las descriptas, referidas a la protección de la salud y la integridad física 

3 Roxin, Claus, op. cit., págs. 144/50

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de los concurrentes, previo a cualquier análisis habrá que determinar quién 

desempeña el rol de organizador en el contacto social que nos ocupa, que no 

es otro que el recital del grupo "Callejeros" llevado a cabo el 30 de 

diciembre de 2004 en el local bailable conocido como "República 

Cromañón", y quién o quiénes han creado un riesgo jurídicamente relevante 

que obligue a impedir un resultado típico que derive directamente de él. 

quiénes. 

2.a. La organización de los recitales de Callejeros en Cromañón: 

Las pruebas incorporadas a la causa permiten sostener, con el grado de 

certeza propio de esta etapa procesal, que la organización de los recitales de 

los días 28, 29 y 30 de diciembre del grupo “Callejeros” en “República 

Cromañón” estuvo a cargo tanto del imputado Omar Chaban -explotador del 

local- como de los integrantes del grupo musical. 

En efecto, al prestar declaración testimonial, Aldana Julia Aprea (fs. 

9367/72), encargada de prensa de la banda, manifestó que: “[e]n cuanto al 

manejo y administración de la banda refiere que todos los integrantes 

decidían por igual. (...) Argañaraz era ´la cara visible´ del grupo. Si alguien 

los quería contratar para un show, hablaban con Diego, quien además 

estaba a cargo de todo el manejo y movimiento de la banda, como ser 

pagarle a quien declara. (...) si bien Diego era la ćara del grupo´, cualquier 

decisión respecto de algún punto en particular, éste la debía consultar con 

la banda, él no decidía de manera arbitraria. Si había que hacer alguna 

nota o llamaba gente de algún medio, la compareciente le consultaba a 

Diego y éste le decía que tenía que preguntarle a la banda si se hacía o no, 

luego de lo cual aquél le contestaba por sí o por no. (...) [P]or lo que le 

decía Diego, las decisiones que se adoptaban eran discutidas por todos los 

integrantes de la banda y así se arribaba a una conclusión final. Que en 

estas decisiones participaban seis integrantes de “CALLEJEROS”, el 

manager Diego y Daniel Cardell.” 

Esta forma de manejarse, en cuanto a la toma de decisiones, no fue 

desmentida por ninguno de los integrantes del grupo musical en sus 

respectivas declaraciones indagatorias, razón por la cual, en lo que sigue de 

23

la resolución no se hará ninguna distinción entre los integrantes del grupo en 

cuanto a la responsabilidad individual por la toma de decisiones relevantes. 

24 

Asimismo, indicó Aprea que Callejeros no solía llevar bandas soporte 

a sus shows, “salvo algunas excepciones como los shows de ´REPÚBLICA 

CROMAÑÓN´ que fueron invitadas por la misma banda de ĆALLEJEROS´. 

Que no sabe cómo se instrumentaron esas invitaciones ni tampoco quien las 

dispuso, presumiendo que fue ĆALLEJEROS´”. 

En igual sentido, al prestar declaración indagatoria, tanto Chaban 

como Argañaraz coincidieron en que la banda quería tocar en “República 

Cromañón” para fin de año, tal como lo habían hecho el año anterior en 

“Cemento”. Para ello, Diego Argañaraz, la “cara visible del grupo”, se 

comunicó con Chaban quien aceptó la propuesta. 

Así fue que se acordaron las fechas en las que se realizarían los 

recitales, los horarios en los que se llevarían a cabo, el precio de las entradas, 

quién se encargaría de la publicidad, de la seguridad o control, de las luces, 

del sonido, etc. 

Todo lo señalado forma parte de la organización de un recital, donde 

cada parte acordó con la otra cuáles serían sus aportes. No intervino para este 

evento una productora que se encargara de la organización del espectáculo y 

en quien se podría deslindar o compartir la responsabilidad en ese sentido. 

En ese aspecto, resultan ilustrativos los contratos incorporados a la 

causa, que fueron celebrados para los recitales que se llevaron a cabo en 

“Corazón de María” y “Excursionistas”, que demuestran cómo cuando 

intervenía una productora era ésta la que se encargaba de alquilar el lugar y 

firmar el correspondiente contrato con su propietario, contratar al personal de 

seguridad, el sonido y las luces, pagar impuestos, contratar personal policial 

y bomberos, asistencia médica, vender las entradas, etc. En definitiva, 

cuando interviene, es la productora la que realiza todos los trámites y 

contrataciones necesarios para que el show se lleve a cabo. Éstos son los 

casos en los que verdaderamente lo único que le corresponde a la banda es ir 

a tocar en el lugar y momento en que se lo piden. Así lo confirma el 

testimonio de Alberto Fabián Lillo, que fue el encargado de producir los

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recitales que el grupo realizó en la ciudad de Córdoba y en Gálvez, pcia. de 

Santa Fe (fs. 12.814/16). 

Pero en los recitales de “Callejeros” que se llevaron a cabo los días 28, 

29 y 30 de diciembre de 2004 en el local “República Cromañón”, no 

intervino una productora ni tampoco una persona determinada que se 

encargara de organizar el evento. Consecuentemente, las tareas de 

organización se habrían dividido entre el explotador del local y los 

integrantes de la banda. 

Ello así porque, fue la banda musical “Callejeros” la que eligió tocar 

en un lugar como “República Cromañón” y lo hizo, justamente, a sabiendas 

de las características de ese lugar. Entre esas características existe 

coincidencia entre los integrantes de la banda acerca de que “República 

Cromañón” era un buen lugar para brindar recitales, por su amplitud, por la 

vista que se tenía desde el escenario, por las amplias entradas, etc. También 

influyó para su elección la relación de los músicos con Omar Chaban, quien 

los venía apoyando, desde sus comienzos, habiendo efectuado anteriores 

presentaciones en “Cemento”, que es otro lugar también administrado por 

Chaban, donde muchos grupos de rock nacional se iniciaron, especialmente 

en los ´80. En este sentido, y para aproximarnos a su trayectoria y 

trascendencia en la cultura del rock nacional, vale reproducir los dichos de 

Gustavo Napoli -“Chizzo”-, cantante y guitarrista de “La Renga”, cuando en 

una entrevista expresó que “Cemento fue como un templo para el rock 

argentino, la historia del rock pasó por ahí.” 4 . 

Sin embargo, también se encuentra entre las características del lugar 

tanto la posibilidad de manejar la seguridad -lo que no ocurría en lugares 

como “Obras Sanitarias”, el “Luna Park” o “El Teatro”-, como la falta de 

controles por parte de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, de integrantes de la Justicia Contravencional y/o de la Policía Federal 

Argentina, al contrario de lo que ocurría en lugares como “Excursionistas” u 

“Obras Sanitarias”, en los que se labraron actuaciones contravencionales por 

4 Página 12, Suplemento “NO”, 25 de agosto de 2005, Año 12, n° 714, pág. 4. 

25

diversas infracciones vinculadas a defectos de organización, y que muy 

particularmente hacían al uso de pirotecnia por parte del público. 

26 

Los integrantes de la banda decidieron también la fecha y hora en que 

se realizaría el recital; la cantidad de entradas que se pondrían a la venta; 

quién se haría cargo de la seguridad y la cantidad de personas que 

desarrollaría esa tarea; el alcance que debía tener el cacheo que se efectuara 

al público y sus excepciones, así como la actitud a adoptar con la gente que 

ingresaba con pirotecnia o la prendía adentro; se encargaba del sonido y la 

iluminación; de la escenografía; de elegir la banda soporte; de controlar la 

recaudación obtenida por la venta de entradas y de ponerlas a la venta; de 

imprimir las entradas, de publicitar el show; etc. 

Por su parte, Omar Emir Chaban tuvo como actuación más relevante 

la de aportar el lugar en el que se llevaría a cabo el recital y todo lo que ello 

implicaba. Debió hacerse cargo de todo lo que era la puesta en marcha del 

predio, determinando cuándo se abrían las puertas, la forma en que ingresaría 

el público, etc. También era responsable de las condiciones de seguridad del 

lugar, entre las que se encuentra el estado en que se encontraban las vías de 

salida, los matafuegos, las condiciones legales para el funcionamiento de 

“República Cromañón”; la seguridad interna; la organización de las barras; 

de los baños; etc. Compartía con la banda la decisión acerca de la cantidad 

de entradas que se pondrían a la venta y el costo que tendrían; se encargaba 

de remover todo tipo de obstáculos para el funcionamiento del lugar -entre 

los que se hallaba el control policial-, compartía las ganancias del recital con 

la banda, dividiéndolas en un 70% para la primera y el 30 restante para él. 

Este esquema de organización responde, por otra parte, a la forma 

habitual que Chaban tenía de manejarse con otras bandas. Así, Marcelo 

Francisco Caputo, manager de “Almafuerte”, a fs. 15.230/31 (fs. 13.335), 

señaló que arreglaba personalmente con Chaban las fechas en que el grupo 

tocaba, en tanto lo relacionado a la iluminación, el sonido y la seguridad, se 

encontraba a cargo de la banda. En el mismo sentido declararon Carlos 

Fernando Tórtola, manager de “Tren Loco” a fs. 15.232/34 (fs. 13.336/37). 

En igual sentido se manifestaron Andrés Pedro Vignolo, representante

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artístico, que llevó grupos como “Los Tipitos”, “Violadores”, “Ataque 77”, 

“Memphis”, “King Diamont”, “999”, etc. a fs. 15.241/15.243 (fs. 

13.341/42); Sergio Alberto Moreno, productor y manager de “Los Brujos”, 

representante de “Cadena Perpetua” a fs. 15.361/63 (fs. 13.442/43); 

Fernando Héctor Ramon Gonzalez Dego, manager de “Las Manos de 

Fillippi” a fs. 15.364/65 (fs. 13.444) y Ernesto Alejandro Taranto, productor 

discográfico y de espectáculos a fs. 15.366/67 (fs. 13.445). 

En lo que hace al reparto de las ganancias, la modalidad era que una 

vez que se descontaran los gastos que demandaba la organización, 

correponderían el 70% para el grupo y el 30% para Chaban, lo cual es 

relatado en los testimonios de Eduardo Exequiel Sempe, fs. 12.542/45 

(11.455/56) -manager del grupo “La Covacha”-, de Mauricio Lescano, fs. 

12546/49 (11.457/58) -integrante del grupo “La 25”- y de Christian Daniel 

Nicolini, fs. 12703/05 (11.541/42) -manager de “Jóvenes Pordioseros”-. 

En síntesis, fueron Chaban y los integrantes de la banda musical 

“Callejeros” quienes tuvieron el poder de decisión sobre cuestiones de 

relevancia en todo lo atinente a la concreción y desarrollo del show que se 

llevó a cabo en “República Cromañón” el 30 de diciembre pasado. 

Con respecto a los aportes que realizó Villarreal, existen numerosos 

testimonios que dan cuenta de que era la persona de confianza de Omar 

Chaban, su “mano derecha” tanto en “Cemento” como en “República 

Cromañón”, y al momento de indicar cuál era concretamente su función se 

destacó que era quien: a) “daba puerta”, es decir, ordenaba que se comenzara 

con el ingreso del público al lugar; b) ordenaba o daba instrucciones de 

cómo debían hacerse las filas de ingreso; c) indicaba cuáles serían las vías de 

ingreso; d) se reunía con Chaban y las bandas al finalizar el show para 

“hacer las cuentas”, o cuando no estaba Chaban, era quien se encargaba de 

controlar y repartir las ganancias; e) permitía el ingreso de determinadas 

personas vinculadas al ambiente musical. 

Según lo manifestado por Mauricio Lescano, Villarreal “sería el 

encargado de todo después de CHABAN. Sería un encargado general, tenía 

la voz de mando, estaba en las boleterías y en los arreglos después que 

27

terminaba el show”, y, “[d]espués del show se juntaban con CHABAN y con 

él, y si no estaba CHABAN estaba sólo VILLARREAL. Ahí se sacaban los 

gastos y se dividía el dinero para cada uno. Si no estaba CHABAN, él 

tomaba decisiones, como por ejemplo daba entrada de prensa a la gente de 

prensa y no recuerda qué otras”. Puntualmente, en cuanto a permitir el 

ingreso de determinadas personas, agregó que: “cuando iba a ver a otra 

banda observaba que él era el que daba la orden para que entres. Él anda 

por ahí. A veces lo hacíamos llamar porque estábamos invitados y él, o 

CHABAN, nos hacían pasar gratis.” 

28 

No obstante, tanto Sempe como Lescano y Nicolini, manifestaron que 

cuando tuvieron que “arreglar” las fechas para que las bandas tocaran 

hablaban directamente con Chaban. 

Por su parte, Villarreal aclaró que: “[r]elaciones públicas es la 

persona que contacta las bandas y los artistas, yo hablaba con ellos 

proponiéndole hacer shows en Cemento y/o Cromañón. Si me daban el okey, 

hablaba con Chaban y éste arreglaba directamente con los grupos, aunque 

en algunas negociaciones yo estaba presente. Esto generalmente lo 

arreglaba en forma telefónica, nunca se firmaron contratos, todo se 

arreglaba de palabra, tanto las fechas, como los gastos y los porcentajes. En 

otras contadas ocasiones, estando yo presente, los días de las reuniones, se 

trataban esos temas. Yo recibía mucha de la gente que venía al local, pero el 

que cerraba todo era Omar”. 

Asimismo, dijo que: “[y]o no manejaba la agenda de fechas de 

Cemento o Cromañón, por lo que cuando había una oferta tenía que 

preguntarle a Omar. A veces éste me decía que armase algo para una fecha 

determinada. Omar era el que tenía la centralización de todo. Omar decidía 

si las bandas tocaban en Cemento o Cromañón dependiendo de la cantidad 

de gente que metía”. 

En lo que respecta a las reuniones de los días martes, expresó que: 

“nos juntábamos ahí y atendía a alguna gente, que después los pasaba para 

Omar, porque mi trabajo es muy social. Allí Omar cerraba las fechas para 

los shows de los dos locales. En algunas de estas yo participaba por la

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confianza. En concreto escuchaba el arregmo que hacía Chaban con la 

banda y a veces me daba un grado de opinión, pero las tratativas las hacía 

Chaban con la banda. Yo estaba a veces, no siempre. Además aprovechaba 

para hablar con los manager o productores de las bandas para conseguirles 

un lugar en el interior para tocar, en mi carácter de productor 

independiente.” 

Ahora bien, más allá del reconocimiento realizado por Villarreal y lo 

declarado por los testigos mencionados, en cuanto a que en determinadas 

ocasiones funcionaba como nexo entre Chaban y las bandas, en el caso 

concreto de los recitales que nos ocupan, estas tratativas quedaron 

exclusivamente en cabeza de Chaban y Argañaraz, y ninguna participación le 

cupo en ellas a Villarreal, porque la relación fue directa entre aquéllos. 

Se puede sostener de esta forma que, en lo que hace a la organización 

del recital, si bien no habría intervenido en su concreción, queda aún por 

determinar cuál habría sido su actuación como jefe de seguridad; es decir: en 

el desarrollo del recital. 

Al momento de prestar declaración testimonial, Alfredo Mario Díaz, 

fs. 4812/20 (5588/96), empleado de Cromañón dijo que Villarreal: “(…) era 

como si fuese el coordinador general del local, porque muchas veces hasta 

que él no llegase no se abría la puerta para que ingresara el público. 

Además entregaba las entradas a las bandas para que vendiesen en la 

boletería, se reunía con las bandas para hablar de la organización de los 

recitales, salía a la calle y coordinaba si la gente hacía bien la fila, muchas 

veces daba órdenes al personal de seguridad, entre otras cosas.” 

Por otra parte, explicó que su actividad, mientras se llevaban a cabo 

los recitales, era: “(…) estar en el lugar y realizaba todo tipo de tareas, 

como ayudar al personal de seguridad, ocuparse de que estuvieran 

prendidos los extractores del aire, controlar que no pintaran las paredes, 

meterse en el medio del público para sacarle los elementos de pirotecnia, 

etc. (...) Que respecto a la pirotecnia que fue secuestrada en la oficina del 

local, consiste en la incautada por el dicente al público el día anterior al 

29

hecho, cuando también tocó Ćallejeros´. El día del episodio trágico no 

secuestró ninguna, porque estuvo en la puerta que da a la calle”. 

30 

En un momento de su declaración, cuando relata cómo se produjo el 

egreso y socorro de la gente que se encontraba en el interior del local dijo 

que: “(…) del personal de seguridad de Ćallejeros´ sólo vio a algunos 

ayudando, incluso vio al encargado al que llaman ´Lolo´, con muletas, en el 

hall alentando a la gente para que saliera. Aclaró que a éste lo conoce 

desde antes y la función que desempeñaba era la misma que cualquier 

encargado de seguridad”. 

Otro empleado del lugar, Juan Carlos Bordón, fs. 4823/27 (5599/5603) 

indicó que: “(…) casi siempre, la seguridad en la zona de ingreso -cacheos- 

dependía de la banda, si el grupo no llevaba seguridad la contrataba Omar 

para el caso concreto. Cromañón no tenía empleados de seguridad 

permanentes. Que cuando la banda no llevaba su propia seguridad y Omar 

debía contratar gente al efecto, lo hacía según recomendación de la propia 

banda. Esto es, escogía al grupo que se encargaría de la seguridad, de 

acuerdo a lo que la banda concreta le solicitaba”. 

Héctor Damián Albornoz, fs. 3850/56 (4189/92), con relación a los 

recitales de “La 25” y “Callejeros” que se realizaron en diciembre, señaló 

que: “(…) en todos estos recitales CHABAN pedía que se controle a la gente 

y que traten de impedir que entren con pirotecnia. Respecto a la seguridad 

de los eventos de “CALLEJEROS” dice que la mayoría era seguridad del 

grupo. El jueves hubo 25 hombres y 3 mujeres de “CALLEJEROS”, a 

quienes sólo conocía de vista. También había 4 hombres de CHABAN, 

quienes no estaban en la entrada, sino que cuidaban los baños y la pista. La 

función de ellos era controlar de que no tiren pirotecnia, que no ocurran 

peleas en los baños y de que no molesten en las barras. Que era un control 

general, es decir, dar ´vueltas´ por el local para que no pase nada.” 

Hernán Gustavo Albornoz, fs. 3858/63 (4197/99), agregó que en los 

recitales de Cromañón la seguridad estaba a cargo de la banda. Asimismo, 

señaló que cuando la seguridad quedaba a cargo del local el que se encargaba 

de coordinarla era Mario Díaz. Particularmente, indicó que él era quien

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llamaba a los que cumplirían ese tipo de funciones y luego los organizaba 

dentro del local. Por otra parte, manifestó que Villarreal: “(…) trabaja desde 

hace años con Chaban y generalmente se encuentra en las boleterías.” 

Luciano Gonzalo Otarola, fs. 3864/70 (4200/02), también expresó que 

el encargado de la seguridad del lugar era Mario Díaz. 

Ana María Sandoval, fs. 3871/77 (4204/07), manifestó que en el 

recital del 26 de diciembre, trabajó realizando control de cacheo a las 

mujeres recibiendo indicaciones de Mario Díaz. Con relación a Villarreal, 

declaró que su función “era vender entradas, y podía ser que organizara 

algún que otro aspecto del show pero ello no lo puede asegurar. Que el 

sujeto no tenía una función específica y, podía ser, que se colocara en la 

puerta a observar como ocurrían, por ejemplo, los ingresos; si veía que 

fallaba en algo, podía dar alguna indicación para solucionar el problema y 

debía cumplirse. Ello era accidental, no era que él dijera qué hacer a la 

gente de seguridad. Que según cree, quien estaba más al tanto de ello era 

Mario Díaz”. 

Agregó que: “(…) por encima de todos como organizador del lugar y 

dando órdenes al resto sin recibirlas de nadie se ubicaba Omar Chaban, 

debajo de éste, su hermano Yamil que daba órdenes a Raúl que era una 

especie de mano derecha de esos dos hermanos. Inmediatamente debajo de 

Raúl ubicaría a Mario Díaz, quien seguía las órdenes de este último y de 

todo el resto que mencionó.” 

Siguiendo con su testimonio, señaló que Chaban “no contaba con 

empleados fijos para la cuestión de seguridad, que el único que tenía algún 

conocimiento en el tema era Mario Díaz porque en Ćemento´ había 

actuado en esa cuestión. En realidad, no tenía ningún empleado fijo por lo 

que sabe, dado que todos estaban en negro pero, sin perjuicio de ello, 

ninguno, salvo Mario estaba vinculado al tema de la seguridad 

exclusivamente.” 

De lo expuesto precedentemente, puede concluirse que cuando la 

seguridad estaba a cargo de Cromañón, quien actuaba como “jefe” de 

seguridad era Mario Díaz y no Raúl Villarreal. Ahora, cuando las bandas 

31

llevaban su propia seguridad, Mario Díaz se desentendía de esa función 

salvo en lo que respecta al cuidado de algunos sectores del interior del local. 

32 

El papel de Villarreal en ambos casos sería, básicamente, determinar 

por qué puertas se ingresaba, dónde y cómo se efectuaban las filas de ingreso 

y, en algunos casos, hacer algún tipo de observación y/o indicación en 

relación con la forma en que se efectuaba la labor del personal de seguridad. 

Pero esto último, también lo podían hacer, y de hecho así habría sucedido en 

los recitales de “Callejeros”, Chaban y la gente de la banda. 

¿Quién se encargó de la seguridad la noche del 30 de diciembre? La 

banda “Callejeros”. En consecuencia, corresponde analizar esa cuestión y, 

por tanto, la actuación de Lorenzo Fredy Bussi. 

Según refirió el nombrado en su declaración indagatoria, a él lo 

llamaba el manager de la banda, le decía cuántas personas necesitaba y él 

iniciaba la cadena de convocatorias al efecto de proveer la seguridad. 

Pero aclaró que cuando trabajaba en Cromañón estaba bajo las órdenes 

de Villarreal. Sin embargo, al momento de indicar cuáles eran las directivas 

que le habría dado el nombrado, dijo que: “(…) Raúl nos indicaba, en 

primer medida hacia el lugar que debía formarse la fila. (...) Los accesos 

para el ingreso del público los determinaba Raúl. Los dos primeros días 

(28/29 de diciembre) el público entraba todo por las dos entradas violetas. 

El 30 fue distinto, los varones entraron por una puerta con persiana y las 

personas que tenían que sacar entradas y mujeres lo hacían por la grande 

que está a la izquierda de aquella. Nosotros éramos 25 y Raúl nos pidió 

cinco personas más para el día 30 de diciembre pasado”. 

Asimismo, si bien señaló que Cromañón tenía personal de seguridad 

que estaba bajo las órdenes de Villarreal, también dijo que se trataba de dos 

personas que estaban en las barras, los de los baños y Mario Díaz. Precisó 

que: “(…) hasta que Raúl no llega no, ´pasa nada´, es decir, no se 

habilitaban las puertas de ingreso ni se venden entradas. Cuando llegó Raúl 

ellos ya habían ubicado a la gente acorde a lo ya hablado los otros días.” 

Agregó que: “Raúl nos ćagó a pedos´ porque ya en la primer banda 

había gente en el salón con bengalas encendidas.”

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También manifestó que las indicaciones para que no se efectuara el 

cacheo a determinadas personas las daba Villarreal. Sin embargo, ello no se 

encontraría respaldo con lo manifestado por diversos testigos que dijeron que 

Villarreal no estaba a cargo de la seguridad. 

En ese sentido se expresó Marcelo Frasncisco Caputo, fs. 15.230/31 

(13.335), manager de “Almafuerte”, quien sostuvo que Villarreal siempre 

estuvo con él en la boletería vendiendo entradas y que la función de jefe de 

seguridad le era asignada por el testigo a “Chiquito” o a “Pochola”. Agregó, 

asimismo, que Villarreal nunca realizó un cacheo o control, y que su única 

función era “hacer números”. 

Por su parte, a fs. 15.232/34 (13.336/37), declaró Carlos Fernando 

Tórtola, manager de “Tren Loco”, quien, al ser preguntado sobre cuál era la 

actividad de Villarreal, sostuvo que en los shows a porcentaje vende tickets y 

luego liquida la caja. Precisó también que no era el encargado de seguridad y 

que la banda arreglaba ese aspecto con una persona del ambiente a quien le 

decían “Chiquito”. 

En idéntico sentido se expresó Andrés Pedro Vignolo, fs. 15.241/43 

(13.341/42), quien se desempeña como representante artístico y, en tal 

calidad, organizó aproximadamente unos 250 eventos junto a Chaban en el 

local “Cemento”. Al respecto, sostuvo que a Villarreal lo conocía como 

aquella persona que vendía los tickets en “Cemento” y que la seguridad 

siempre la llevaba el declarante y, generalmente, contrataba a “Chiquito”. 

Agregó que Villarreal, en sus recitales, se dedicaba a abrir las boleterías con 

las personas que él ponía y estaba encargado de la venta de entradas. 

Finalmente, dijo que durante los 17 años en que organizó recitales en 

“Cemento” nunca vio a Villarreal encargarse del tema de la seguridad. 

En cuanto al modo en que se efectuaba el cacheo del público, Bussi 

explicó que “consistía en revisar los breteles de los corpiños, los cintos, las 

zapatillas, bolsos, bolsillos ´todo, todo´ para evita que pasen bengalas, tres 

tiros o candelas. Omar Chaban y la banda les pidió que intensifiquen el 

control. El 29 le dijeron que tenían que actuar igual, que así había menos 

bengalas.” (el resaltado nos pertenece). 

33

34 

Ahora bien, de lo expuesto se desprendería que las órdenes que 

recibiría el personal de seguridad, o particularmente Lorenzo Bussi, podían 

provenir tanto de Chaban como de la banda pero, aún cuando fuera cierto 

que determinadas órdenes relevantes en cuanto a la cantidad de personal de 

seguridad requerido o la intensidad del cacheo las hubiera transmitido 

Villarreal a la gente de control, éstas no eran decisiones exclusivas del 

nombrado como para poder sostener que formaban parte de su función. 

Asimismo, la forma o la intensidad con que se realizaba el cacheo 

tampoco habría sido determinada por Bussi, quien habría recibido 

indicaciones en relación a ello y, a lo sumo, las habría hecho conocer al resto 

del personal a cargo del control del ingreso del público. Él no decidiría si 

alguien podía pasar sin que se le realizara el cacheo o si éste debía ser más o 

menos estricto. Se le daban indicaciones generales o particulares y actuaba 

en consecuencia. 

Ello no obsta a que, ante la imposibilidad de hacer el cacheo de 

manera personal, alguno de los integrantes del grupo de control coordinado 

por Bussi haya tomado decisiones tales como no hacer el cacheo a una u otra 

persona; mas ello escaparía a su responsabilidad, e implicaría, de 

determinarse, la ampliación del espectro de responsabilidades, pero de 

momento no hay constancias de ello. 

De lo expuesto hasta ahora, y tal como se lo adelantó al comienzo de 

este punto, puede sostenerse que fueron co-organizadores del recital los 

imputados Omar Emir Chaban y los integrantes de la banda musical 

“Callejeros”: Diego Marcelo Argañaraz, Patricio Rogelio Santos Fontanet, 

Juan Alberto Carbone, Daniel Horacio Cardell, Maximiliano Djerfy, 

Christian Eleazar Torrejón, Elio Rodrigo Delgado y Eduardo Arturo 

Vazquez. Por esta razón, solamente de ellos se puede decir, conforme las 

definiciones que se hicieran en la introducción de este apartado, que 

tienen una posición de garante respecto a la evitación de resultados 

lesivos para los concurrentes al recital. 

Siendo ello así, le asistiría razón, en principio, a las defensas de los 

imputados Bussi y Villarreal cuando sostienen que no existe para ellos una

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posición de garante que justifique la imputación del homicidio al primero, a 

título de culpa y al segundo a título de dolo. Ello es así porque para que 

puedan ser autores de un delito bajo la modalidad de comisión por omisión, 

debe existir una obligación de resguardar a un determinado bien jurídico de 

posibles daños, la cual puede emanar de una ley, un contrato, una comunidad 

de vida o una actuación precedente que ponga al bien jurídico en una 

situación de peligro tal que genere la obligación legal de sacarlo de ella. 

Dicha posición no la tendrían los nombrados no solamente por faltarle 

la condición de organizadores, sino, principalmente, por no haber hecho un 

aporte autónomo de importancia tal para la creación de riesgos para los 

bienes jurídicos protegidos que en sí misma amerite una garantía por 

injerencia. 

Con respecto a Villarreal, si bien pudo haber participado de las 

distintas reuniones para organizar el recital, o pudo haber tomado alguna 

decisión en ese sentido, no se encuentra probado que esas decisiones hayan 

sido relevantes para la configuración del hecho tal como se la conoce. Lejos 

de ello, las decisiones que el nombrado habría tomado, tendrían que ver, de 

acuerdo a lo que surge de la prueba recolectada hasta ahora en el sumario, 

con la puesta en marcha del recital -momento de ingreso del público, forma 

de ingreso, distribución de funciones del personal, etc.- y también, aunque 

ello merecerá un análisis aparte, con los arreglos económicos con el personal 

policial de la comisaría 7ma. para que no labrara actuaciones 

contravencionales ante infracciones que aparecerían como evidentes ante los 

ojos de esos funcionarios. 

En virtud de ello, no puede imputarse -tal como lo hizo el a quo- una 

responsabilidad solamente por el conocimiento que pudo haber tenido el 

nombrado sobre los factores que componen el “síndrome de riesgo”. Dicho 

conocimiento no sería, en principio, distinto al que tenían otros empleados 

del lugar que no fueron responsabilizados por la tragedia; y ello no significa 

que haya que implicarlos, sino, por el contrario, que el conocimiento de los 

factores de riesgo no alcanza en sí mismo, como tampoco alcanza que, pese a 

35

ese conocimiento, se haya efectuado un aporte causal que no fuera relevante 

a la hora de analizar la configuración del riesgo creado en el caso. 

36 

Para poder imputar las acciones efectuadas con ese conocimiento 

debería existir previamente una razón objetiva que determine la 

responsabilidad del imputado por la creación de un peligro relevante para los 

bienes jurídicos afectados; o en caso de que esos peligros no fueran creados 

directamente por el autor, debe existir una razón para obligarlo a evitar 

resultados lesivos para el bien jurídico protegido. Sin esas razones, el 

conocimiento del peligro no puede ser fuente de reproche penal si se produce 

un resultado a causa de ese riesgo, de la misma manera que no podría serlo 

en el caso de quien, sin relación alguna con el cuidado de una playa, sabe 

que el mar está peligroso y no le avisa a alguien que pretende bañarse y que 

finalmente termina ahogándose. Un posible reproche moral no 

necesariamente coincide con un reproche legal. 

Por esta razón, parece más moral que jurídico el reproche de haber 

“avalado” la actuación de Chaban; “no haber hecho nada” para modificar la 

situación de la salida de emergencia; “no haber hecho nada para facilitar el 

egreso de los concurrentes”; no haber hecho lo necesario para que no 

ingresara pirotecnia pese a tener amplia capacidad de acción, etc. La fuente 

de obligación no puede ser, como lo sostiene el a quo que Villarreal tenía 

más posibilidades que otros de ser escuchado por Chaban y de influir sobre 

él; ese criterio llevaría a responsabilizar a cualquier persona que conociera 

las condiciones de seguridad de “República Cromañón” y pudiera tener un 

vínculo de amistad con Chaban. Si ese es el criterio, corresponde preguntarse 

por qué no se imputó también a cualquiera de sus allegados con 

conocimientos sobre el tema y posibilidades de ser oídos por aquél; sucede 

que, de haberlo hecho, se advertiría una clara extensión de la responsabilidad 

penal a sucesos ajenos a su incumbencia. 

Los argumentos esgrimidos llevan a concluir la inexistencia de una 

posición de garante por parte de Villarreal y, en consecuencia, a negar una 

responsabilidad del nombrado a título de autor, tal como lo sostiene el a quo.

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Más clara todavía es la falta de posición de garante por parte de Bussi 

quien, en primer lugar, nada habría tenido que ver con la organización del 

recital. Bussi habría sido llamado por los organizadores para coordinar las 

tareas de control del ingreso del público, pero no habría tenido el poder de 

decidir sobre cuestiones de relevancia para el caso como lo eran las 

condiciones en que se haría el cacheo, el alcance de éste y las excepciones. 

En definitiva, no habría tenido una verdadera posibilidad de dominar este 

factor de riesgo, en virtud de que, por definición, un cacheo que esté 

sometido a excepciones tales como las que se hacían sobre los invitados o 

sobre los mismos integrantes de la banda, o condicionado a cuestiones de 

tiempo para empezar el espectáculo, está condenado, prácticamente, al 

fracaso. 

Por su parte, tampoco fue él el encargado de llevar adelante el cacheo 

de manera personal, razón por la cual, no se le pueden reprochar las falencias 

en el control que se puedan detectar del personal por él coordinado, si ellas 

aparecen como decisiones autónomas. 

Mucho menos, por supuesto, pueden reprochárseles las cuestiones 

vinculadas a factores sobre los que no tenía ningún tipo de incidencia, tales 

como la cantidad de gente que podía entrar al lugar, sus condiciones de 

seguridad, el estado de las puertas de emergencia, etc, cuestiones sobre las 

que, a diferencia de lo ocurre en el caso de Villarreal, ni siquiera puede 

decirse que exista un conocimiento acabado de Bussi que pudiera llevar a 

reprocharle penalmente algún tipo de responsabilidad. 

Hasta aquí han sido desarrollados principalmente los argumentos por 

los que en algunos de los imputados existiría una posición de garante 

derivada de su condición de organizadores del evento que llevó a la muerte 

de 193 personas. 

En lo que sigue se detallarán los riesgos más relevantes para la 

generación del resultado, siendo que quienes resultan autores de su creación 

también deben responder por la evitación de consecuencias en virtud de una 

posición de garante por injerencia. 

37

38 

2.b. Los factores que llevaron a la creación de un riesgo 

jurídicamente relevante. 

Para poder afirmar que se ha creado un riesgo jurídicamente relevante 

con la organización que nos ocupa, corresponde en primer término delimitar 

los contornos de lo que hubiera sido una actividad realizada bajo un riesgo 

permitido. 

En el caso concreto, la realización de una actividad dentro de esos 

límites hubiera sido sin lugar a dudas el uso del lugar de acuerdo a los 

términos de la habilitación: capacidad máxima de 1031 personas, salidas 

habilitadas, actividad bailable y no recitales, lo que además implicaba, entre 

otras cosas, no utilizar pirotecnia como manifestación de apoyo a las 

canciones de la banda. 

Esta organización estaría dentro del riesgo permitido porque, si bien es 

cierto que en sí misma la realización de un baile con gran cantidad de 

personas, en un lugar cerrado, con material inflamable recubriendo las 

paredes y con gran cantidad de equipos de música y luces podría generar 

mayores riesgos que otro tipo de actividades, esos riesgos se encontrarían 

contemplados en las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente 

para habilitar los locales de baile clase “C” (Ordenanza 24.347, Código de 

Edificación y ordenanza 50.250). 

Con respecto a la cantidad de gente que puede ingresar al lugar, cabe 

aclarar que luego de la producción del hecho que nos ocupa, se dictó el 

decreto 2-GCBA/05 que establece que la cantidad máxima que puede entrar 

a un local de baile clase “C” es la menor que resulte de aplicar la normativa 

vigente respecto del número de ocupantes por superficie de piso neta, de los 

medios de salida y de las instalaciones complementarias. Por su parte, ya el 

decreto 1-GCBA/05, había establecido que en los locales de baile de clase 

“C” no se podrá exceder un factor de ocupación superior a dos personas por 

metro cuadrado de superficie destinada a los concurrentes, es decir, que 

duplicó la cantidad de gente que puede entrar a este tipo de locales, siempre 

y cuando permitan esa cantidad los metros de salida, para evacuar el lugar.

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Es decir que, luego de esta modificación, solamente podrá aumentarse 

la cantidad de personas que ingresen al lugar hasta el máximo que permita el 

artículo 4.7.4.1 del Código de Edificación que determina que el ancho de las 

puertas de salida debe ser de 0,90 metros para las primeras 50 personas y 

0.15 metros adicionales por cada 50 personas de exceso o fracción; razón por 

la cual si bien los límites de la habilitación al momento del hecho eran 

claves, la modificación efectuada con posterioridad a él no abonaría de modo 

alguno la postura de la defensa del imputado Omar Chaban en cuanto a la 

cantidad de gente que realmente podría entrar. 

Ahora bien, según la pericia efectuada por la Superintendencia de 

Bomberos de la Policía Federal Argentina, el lugar poseía un total de 12,70 

metros de salida habilitados (contando la puerta alternativa de emergencia, 

que posee un ancho de 4,90 metros), siendo que para un total de 2000 

personas (61 menos de las que podrían entrar como máximo conforme la 

nueva normativa), son necesarios 14 metros de salida. 

De ello se desprende que aún se mantendría dentro del riesgo 

permitido, a lo sumo, y de acuerdo a la nueva normativa, la realización de 

una actividad con un máximo cercano a las 1800 personas, con todas las 

salidas libres de obstáculos y con los mecanismos de prevención y extinción 

de incendios en perfecto funcionamiento. 

Cabe consignar aquí que no hay ninguna razón consistente para 

afirmar que cuando la actividad que se realiza no es la bailable, sino un 

recital, la cantidad de gente que puede entrar sea mayor. Lejos de ello, el 

decreto 2/GCBA/05 por el que se reguló específicamente este aspecto, no 

efectúa ninguna distinción entre la cantidad de gente que puede entrar para 

una u otra actividad. 

Sin embargo, como se verá a partir de ahora, lejos estuvo la 

organización del recital del 30 de diciembre de mantenerse dentro de estos 

límites. 

2.b.i. La excesiva cantidad de personas que ingresaron. 

El recital llevado a cabo el 30 de diciembre de 2004, tuvo como 

mínimo 2811 personas -aunque las entradas puestas a la venta habrían sido 

39

aproximadamente 3500 y habría habido gran cantidad de invitados-, con lo 

que, aún bajo la hipótesis de mínima, fue superado con creces el máximo de 

personas que podían entrar según los términos de la habilitación, quedando 

para una etapa posterior del proceso la determinación exacta de la cantidad 

de personas que ingresaron. 

40 

Ahora bien, el máximo de personas no está establecido de manera 

caprichosa por la normativa que rige el caso. Por el contrario, ese límite -si 

bien puede variar con el tiempo en función de nuevas valoraciones del 

legislador- tiene en miras, fundamentalmente, la relación que existe entre la 

cantidad de gente y las medidas de seguridad que se le exigen al lugar tanto 

para evitar accidentes como para que, en caso de que éstos ocurran, se 

puedan reducir al máximo los posibles daños que de éstos se deriven. 

A ello indudablemente apuntan las fórmulas que establecen una 

relación entre metros de salida y cantidad de gente; o entre metros y sistemas 

de detección y extinción de incendios; o requisitos de ventilación e 

instalación eléctrica; luces de emergencia; etc. 

Como prueba de la cantidad de gente que concurrió la noche del hecho 

al lugar, pueden mencionarse, por un lado, aquellas declaraciones de los 

asistentes al recital que afirmaron que escucharon cuando Chaban refirió “No 

tiren bengalas ni tres tiros porque el techo es de material inflamable, son 

seis mil personas y no se venden más entradas porque si se provoca un 

incendio no van a salir. Son muchos, tienen que festejar, no quiero una 

masacre como la de Paraguay...”; como Gustavo Facundo Orazi a fs. 

397/404 (fs. 518/21), Estella Maris Visconti a fs. 513/14 (fs. 723), Sergio 

Bogochwal a fs. 892/96 (fs. 1521/23), Ricardo David Vazquez a fs. 1056/59 

(fs. 1642/3), Diego Ariel Monges Torres a fs. 1252/54 (fs. 1781/82), María 

Soledad Gomez Casalicio a fs. 2058/59 (fs. 2565), Adrián Matías Ramirez a 

fs. 3057/64 (fs. 3510/13), Lucas Ezequiel Pereyra a fs. 3105/11 (fs. 

3544/47), Diego Alberto Roldan a fs. 3115/18 (fs. 3551/52), Marcelo Daniel 

Hervida a fs. 3537/40 (fs. 3935/36), Héctor Damián Albornoz a fs. 3850/56 

(fs. 4189/92), Hernán Gustavo Albornoz a fs. 3858/63 (fs. 4197/99), Gustavo

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Martín Pascual a fs. 4786/89 (fs. 5562), María Belén Varela Galvan a fs. 

14.108/110 (fs. 12.486), María de los Angeles Mata a fs. 17.065/67 etc. 

Por su parte, Luis Eduardo Tabera a fs. 147/51 (fs. 126/28) indicó que 

el 30 de diciembre fue con unos amigos al local y que al ingresar constató 

que había muchas personas y que estaba superpoblado, porque no se podía 

mover, declarando en igual sentido Gustavo Facundo Orazi a fs. 397/404 (fs. 

518/21), Juan Ignacio Paz a fs. 475/76 (fs.665), María Sol Aguilera a fs. 

480/481 (fs.669), Julia Pamela Fernández a fs. 483/85 (fs. 672/73), Gastón 

Maximiliano Basualdo a fs. 1045/47 (fs. 1633/34), Nadia Sandoval a fs. 

1379/85 (fs. 1982), Hernán Gustavo Albornoz a fs. 3858/63 (fs. 4197/99), 

etc. 

Juan Domingo Ledesma a fs. 246/51 (fs. 237/39), empleado de 

seguridad en República de Cromañon, señaló, entre otras cosas, que había en 

el lugar como unas seis mil personas y que el local no tenía capacidad para 

toda la gente que se encontraba en ese momento. 

Cabe destacar que de los propios dichos del imputado Omar Chaban a 

la prensa y de la cobertura periodística que se hiciera de diversos shows 

efectuados en el predio; como así también de la consideración que tenían de 

éste los integrantes de la Comisaría 7ma., había una creencia de que la gente 

que podía ingresar oscilaba entre las 4000 y 5000 personas -como punto de 

referencia puede tomarse en este sentido que cuando se presentó el cantante 

Rodrigo en lo que antes era “El Reventón” ingresaron cerca de cinco mil 

personas, lo que, en principio, parece ser la cifra máxima manejada-. 

Corresponde también aquí mencionar las declaraciones de los 

empleados de los locales “Locuras” quienes detallan la cantidad de entradas 

que vendieron para el recital del día de los hechos, indicando: Martín 

Alejandro Hasmat a fs. 5546/5550 (fs. 6432/4) del local sito en Cabildo 2606 

que tenía para la venta 500 entradas y que sólo vendieron 300, devolviendo 

200, Ezequiel Martín Orlandi a fs. 5551/5554 (fs. 6435/6) manifestó que en 

el local de “Flores” se vendieron unas 700 entradas, a la vez que había unas 

50 para invitados, en el local de “Once” se vendieron “1.200 y algo”, 

mientras que en el local de “Morón” se vendieron unas 500, aclarando que 

41

fue también contratado para vender entradas en la boletería de la puerta en 

donde vendieron las 347 que no pudieron ser comercializadas 

anticipadamente, lo que sumaría un total de 3.097 entradas vendidas. 

42 

Asimismo, Daniel Vicente Giménez, a fs. 2643/47 (fs. 2159/67), 

empleado de SADAIC, precisó que esa noche estuvo en el lugar y 

contabilizó unas 2.811 personas. 

En consecuencia, si bien no resulta posible determinar hasta ahora la 

cantidad exacta de personas que ingresaron al lugar el día de los hechos, los 

elementos de prueba que obran en el sumario, pero tomando como concreto 

lo informado por el empleado de SADAIC, alcanzan para afirmar que como 

mínimo ingresaron a “República Cromañón” la noche del 30 de diciembre de 

2004 unas 2811 personas. 

Cualquiera sea el caso, lo cierto es que prácticamente se triplicó la 

cantidad de gente que podía ingresar conforme la normativa vigente al 

momento del hecho, y se duplicó de acuerdo a las modificaciones efectuadas 

por los decretos dictados con posterioridad a él. 

Esta circunstancia, tal como se expresó al comienzo de este punto, 

elevó el riesgo para la vida y la integridad física de las personas que 

concurrieron al recital, que vieron dificultada o impedida su salida cuando 

comenzó el siniestro, debiendo en este punto remitirnos a la posterior 

descripción de los efectos concretos que este incremento tuvo cuando se 

haga referencia en esta resolución a la concreción del incremento del riesgo 

en el resultado. 

2.b.ii. El cambio del objeto de la habilitación. 

Desde que comenzó a ser gerenciado como “República Cromañón”, el 

local del barrio de Once fue utilizado para llevar a cabo recitales de bandas 

de rock. Sin embargo, el lugar estaba habilitado como local de baile clase 

"C", motivo por el cual las normas de seguridad exigidas para su habilitación 

estaban pensadas para minimizar los riesgos que se desprendían del tipo de 

actividad para la que estaba autorizado y no otros mayores o distintos a él, 

como era un recital.

USO OFICIAL 




Correccional 

Siendo ello así, la desnaturalización del objeto de la habilitación, 

constituida por haber utilizado un lugar habilitado para que la gente bailara 

y/o viera espectáculos de variedades como un lugar para hacer recitales, 

implicó una considerable elevación del riesgo para los concurrentes al 

evento. 

En efecto, el local donde funcionaba "República Cromañón" está 

habilitado, de acuerdo a la Ordenanza 24.347, como local de baile clase "C". 

En estos locales: a) Se ejecuta música y/o canto hasta las 4 horas; b) se 

ofrecen bailes públicos; c) se expenden bebidas; d) se sirven o no comidas; 

e) se realizan o no números de variedades con o sin transformación. Se 

permite el ingreso de menores entre 15 y 18 años de edad solamente los 

sábados, domingos y feriados entre las 16 y 22 horas. Fuera de ese horario, 

entre las 23:00 y las 06:00 horas, solamente se permite el ingreso de menores 

de 18 años acompañados por sus padres. Por último, en los locales bailables 

clase "C" se permite la venta de bebidas alcohólicas. 

La diferencia con los locales de baile clase "A" y clase "B" consiste en 

que, en los primeros, existen empleadas contratadas para alternar o bailar con 

los concurrentes y se permite el ingreso de público femenino, con la 

condición de que estén acompañadas por hombres; el local esté habilitado, a 

su vez, para realizar números de transformistas y cuente con los servicios 

sanitarios correspondientes para el público femenino. 

Los locales clase "B" se caracterizan por no permitir el ingreso de 

mujeres que no vayan acompañadas por hombres. 

Con respecto a los locales clase "C", nada dice la ordenanza acerca de 

la posibilidad de realizar recitales en vivo; aunque la ambigüedad que genera 

la expresión "ejecutar" música y/o canto, podría dar lugar a alguna duda. 

También lo generaría el hecho de que en estos locales puedan ejecutarse 

espectáculos de variedades. 

Sin embargo, esas dudas quedan saldadas por distintas razones. En 

primer lugar, porque el espectáculo de variedades debe ser un complemento 

del baile, que sería el objeto principal; todo lo contrario a lo que ocurría en 

este caso, en el que la actividad era directamente el recital y no había baile 

43

simplemente porque no quedaba espacio para ello, ni era esa la finalidad que 

generaba las actividades que realizaban. 

44 

En segundo lugar, porque la concepción que se tiene sobre este tipo 

de espectáculos dista mucho del contenido de los recitales como los que 

llevan a cabo las bandas de rock, en virtud de que están pensados como 

entretenimientos, generalmente de corta duración, que o bien hacen que la 

gente baile (como, por ejemplo, las orquestas de tango) o sirven para variar 

durante unos instantes el tipo de actividad que se lleva a cabo durante el 

resto de la noche (presentación de cómicos, transformistas, etc.) 

En tercer lugar, y esto es lo más importante, porque la normativa 

específica que existe para la organización de recitales como los que se daban 

en “República Cromañón”, contempla una serie de medidas de seguridad que 

no se le exigen a los locales de baile clase "C", siendo incoherente una 

interpretación tal del alcance "espectáculo de variedades" que le permita al 

dueño de un comercio de esta clase eximirse de las exigencias que otros 

tienen para hacer recitales, si ellas no están contempladas en la normativa 

para habilitarlos y tampoco se exige en ella medidas de seguridad que 

permitan reemplazar a las requeridas para quienes pretendan organizar un 

recital en vivo. 

Si un lugar que no está habilitado específicamente para ello -como 

sucedía con “República Cromañón”- pretendiera llevar a cabo un recital 

como el que motivó el hecho que nos ocupa, debe obtener, en primer lugar, 

lo que se conoce como una “compatibilidad de uso y permiso especial 

previo”, que es otorgada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 

partir de una solicitud que el interesado debe presentar con treinta días de 

anticipación a la realización del evento. 

En esa presentación, que tiene el carácter de declaración jurada, debe 

especificarse el tipo de evento, la fecha y el horario programado; un croquis 

de las instalaciones a habilitar; el detalle del operativo preventivo de 

seguridad y de asistencia médica; copia de la póliza de seguro contratada; 

una certificación firmada por el responsable de las instalaciones eléctricas,

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Correccional 

convenio celebrado entre el organizador del espectáculo y la Policía Federal 

Argentina por custodia adicional a efectos de garantizar la seguridad. 

A efectos de obtener, y que se otorgue, la autorización, se inicia un 

expediente en el cual se piden informes del lugar, se verifican extremos tales 

como la ubicación del escenario, de las salidas, de las butacas si las hay, etc. 

A su vez, el día del show, inspectores del área Contralor de Espectáculos 

concurren a hacer un nuevo control y permanecen allí durante el transcurso 

del evento, al que también deben concurrir fiscales contravencionales. 

En consecuencia, al momento del hecho, "República Cromañón" 

estaba habilitado como un local de baile clase "C" y por tanto, su 

funcionamiento estaba sometido a las normas que regían este tipo de locales. 

El hecho de que se le haya dado otro destino, sin cambiar los términos de la 

habilitación para adaptarlos a él, no implica la inexistencia de normas que 

rijan la actividad que efectivamente se llevaba a cabo en el local, sino que 

implica, lisa y llanamente, la violación de las normas que la regían. 

Esa violación habría significado también la de formas de control 

especiales para los recitales en vivo, tendientes a evitar riesgos para la vida e 

integridad física de los concurrentes que, en caso de haber existido, 

probablemente hubieran impedido el resultado. También resultarán 

ilustrativas en este punto las referencias que luego se harán a la hora de 

analizar la manera en que este riesgo se realizó en el resultado, como así 

también las que se desprenderán de los fundamentos para la imputación de 

diversas conductas típicas a los integrantes de la Comisaría 7ma. que 

omitieron llevar a cabo controles a los que se hallaban obligados para evitar 

la desnaturalización del objeto de la habilitación. 

Finalmente, cabe consignar en este punto que la desnaturalización del 

objeto de la habilitación fue llevada a cabo por el imputado Omar Chaban 

sin perjuicio de su eventual falta de responsabilidad, tal como lo sostienen la 

defensa, en cuanto a las irregularidades que presenta en sí mismo el trámite 

de habilitación que se realiza con anterioridad a que él comience con la 

explotación del lugar. Empero, con respecto a este último punto, quedan 

todavía por dilucidar los motivos por los que hallándose el imputado 

45

obligado a efectuar, dentro de los sesenta días, los trámites para cambiar la 

titularidad de la explotación -conforme se establece en el Capítulo 2, punto 3 

del Código de Habilitaciones y Verificaciones-, que pasó de manos de 

“Lagarto SA” a las suyas, nunca lo hizo y, lejos de ello, decidió “alquilarle” 

ésta a los hermanos Daniel y Eduardo Ripa a cambio de una suma mensual 

de dinero (ver al respecto las declaraciones de Juan Carlos Bordón, fs. 

4823/27 -5599/603- y Alfredo Mario Díaz, fs. 4812/20 -5588/96- y el escrito 

presentado por Rafael Levy, fs. 941/47 -1569/72-, donde expresa que: “Así 

fue como en ese encuentro le informé que si su intención era la explotación 

del lugar como local bailable debía gestionar una nueva habilitación 

municipal, o bien llegar a un acuerdo con los responsables de ´Lagarto 

S.A.´”). 

46 

En ese sentido, las probanzas obrantes en el expediente no permiten 

hasta ahora acreditar una razón coherente y verosímil por la que Omar 

Chaban le deba algo a los Ripa; ni siquiera se podría argumentar la 

existencia de una deuda por el pago del fondo de comercio, ya que, según las 

constancias de la mediación llevada a cabo entre Rafael Levy en su 

condición de dueño del comercio y Daniel Ripa, como deudor del nombrado 

por la falta de pago de alquileres, los bienes que componían ese fondo 

pasaron a pertenecer al primero (ver acta de mediación en la que participaron 

Ana Celia Rothfeld por Nueva Zarelux S.A. y Raúl Oscar Lorenzo por 

Lagarto S.A., fs. 1544/46). 

En consecuencia, deberá ventilarse oportunamente en el juicio oral 

cuál era la relación entre los hermanos Ripa y el imputado Chaban, o cuál era 

el motivo por el que a Chaban le convenía más pagarle una suma mensual a 

los Ripa que hacer el trámite de cambio de titularidad dentro de los treinta 

días, tal como estaba obligado por la normativa vigente. 

2.b.iii. El uso de pirotecnia en el interior del local y la actitud 

adoptada por la banda musical al respecto. El cacheo deficiente. 

El cambio de destino que implicó la realización de recitales de rock, 

trajo consigo factores que, por las características del público seguidor de las 

bandas -propias de la cultura del rock-, incrementaron de manera

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determinante el riesgo que podía soportar el lugar en los términos de la 

habilitación. 

Según una nota de Eduardo Fabregat, publicada en el diario Página 12 

del 8 de febrero de este año, el uso de bengalas viene desde el año 1999. En 

ella, se hace referencia a un recital del grupo “Los Piojos” en el estadio de 

Atlanta, donde el cantante habría dicho “Che, aflojen con las bengalas, que 

casi le pegan a Dani [el baterista]”, pero el recital continuó y 

esporádicamente, también las bengalas. Dice la nota “los trapos y las 

bengalas ya habían aparecido en las citas multitudinarias de los Redondos, 

y las canciones de Los Piojos siempre resultaron más interesantes que las 

banderas colgadas en la tribuna. Lo curioso es que ni siquiera esa bengala, 

que puso en peligro a uno de los verdaderos protagonistas de la fiesta, sirvió 

como llamado de atención. De ese fin de década para acá, la intervención 

del público se multiplicó, ganó cada vez más relevancia, pasó a ser un 

ingrediente ńecesario´, aun cuando ya no se tratara de un espacio abierto 

sino de lugares donde el mínimo sentido común indica que el fuego no es 

buena compañía: si la hinchada no agitaba, no era rock (...) Frente a una 

sociedad que los expulsaba de mil maneras, los pibes encontraron un 

refugio en la música y lo que la música les decía, pero llevaron la 

identificación a un extremo de pasión tan irracional como la que produce la 

violencia crónica en las canchas.” (fs. 23.167/68 -18.936/37-). 

Si ya cuando funcionaba en el lugar el local bailable “El Reventón”, 

hubo un incremento del riesgo permitido por la sola realización de recitales 

en un lugar habilitado para otra actividad, con el cambio de público que 

generó, el pasar de la bailanta al rock, se agregó un factor determinante para 

el resultado, cual es el uso de bengalas por parte de los seguidores de las 

bandas para acompañar el espectáculo dado por éstas. 

Y a tal punto era importante el "espectáculo paralelo" que daba el 

público, que había una suerte de competencia para determinar cuál era la 

banda de rock “más bengalera”, e incluso, había una competencia interna 

entre los diferentes grupos de seguidores de la banda “Callejeros”, entre los 

que se encuentran los conocidos como "El fondo no fisura" y "La familia 

47

piojosa" para ver cuál se hacía notar más, entre otras cosas, por el uso de 

bengalas y la cercanía al escenario que lograban con el "pogo" (esa forma de 

de “baile” o de participación en la que el público que interviene salta 

golpeándose unos con otros). 

48 

En tal sentido, según se expresa en la nota señalada anteriormente, 

“(...) en los shows del grupo de El Palomar [“Los Piojos”] se forjó la 

Familia Piojosa, un grupo de fieles que empezó a ´seguir a todas partes´ a 

las bandas del palo, recolectando dinero para el traslado en colectivos, la 

confección de banderas y la compra de pirotecnia. Un problema de dinero, 

precisamente, provocó encontronazos con otro grupo habitué de los shows 

de Callejeros, El fondo no fisura (...) tras contar que én Obras la Familia 

Piojosa pudo entrar con todas sus banderas y bengalas, pero El Fondo tuvo 

que dejar afuera la mayor parte de su arsenal´”. 

Tanto era así, y tan conocido era esto por todos los que formaban parte 

del ambiente, que a fin de reducir los riesgos generados por el uso de la 

pirotecnia en los recitales de rock, muchos de los locales que organizaban 

este tipo de recitales, o que alquilaban sus instalaciones para hacerlos, 

exigían medidas de seguridad estrictas a efectos de garantizar el ingreso de la 

menor cantidad de pirotecnia posible o de evitar su uso por parte del público 

(cfr. declaración de Juan Carlos Blander de fs. 25.384/86 -20.388/89-) 

Asimismo, el ingreso de pirotecnia implica, en sí, una contravención 

tipificada por el artículo 61 del Código Contravencional de la Ciudad de 

Buenos Aires. El motivo por el que dicho uso se encuentra tipificado por la 

norma mencionada, es perfectamente expuesto por la fiscal contravencional 

Genoveva Cardinali, en las actuaciones labradas con motivo del uso de 

pirotecnia en el recital del grupo "Callejeros" en el estadio Obras Sanitarias 

el 30 de julio de 2004, que llevan el número 41515/04, de la Fiscalía 

Contravencional nro.8, en las que se investigó la responsabilidad de los 

organizadores del espectáculo en el ingreso de ese material. Dice la fiscal: 

"(…) no se han arbitrado los medios necesarios para evitar el ingreso de 

material pirotécnico que luego ha sido utilizado durante el desarrollo de los 

eventos, con la consiguiente puesta en peligro para la salud de los

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espectadores, como así también para la seguridad pública. Adviértase que el 

estadio que nos ocupa es un lugar cerrado y totalmente techado, 

circunstancia que potencia aún más el peligro proveniente del material 

pirotécnico; tal es el caso, por ejemplo, del denominado 'tres tiros', cuyo 

dispositivo de funcionamiento hace que aquel que lo utiliza apunte con él 

hacia arriba, intentando lograr que los tres disparos que provoca se 

suspendan en el aire, para luego detonar explosivamente antes de caer al 

piso. Ahora bien, su utilización en un predio como el de Obras Sanitarias 

hace que se dispare hacia el techo, impactando y rebotando en el mismo, 

cayendo instantánea y abruptamente nuevamente al piso en cuyo trayecto 

descendente finalmente detonan explosivamente las tres cargas de pólvora, 

puesto que no llega a producir la explosión en el corto instante que está 

suspendido en el aire. Entiéndase que dicho elemento ha sido creado para 

apuntar hacia arriba, en lugares totalmente abiertos, teniendo como 

objetivo que la explosión de sus tres cargas se produzca a cielo abierto y a 

mucha distancia del suelo, caso contrario (como ocurre en Obras) se 

transforman en verdaderas armas a disparo, que milagrosamente a la fecha 

no han producido consecuencias de gravedad. En este sentido lo propio 

ocurre con la utilización de las bengalas lumínicas, las cuales por su gran 

poder de encendido y la duración de la llama de fuego que irradian, 

implican un peligro cierto e inminente para los espectadores, abonado ello a 

que en la mayoría de los recitales desarrollados en Obras la asistencia 

masiva del público se da en el sector frontal al escenario, donde la gente se 

encuentra de pie, bailando, saltando o simplemente escuchando, pero todos 

a muy poca distancia unos de otros, ya que la disputa que se produce entre 

los espectadores de ese sector radica en lograr estar lo más cerca posible 

del escenario, generando con ello aglomeraciones multitudinarias, en las 

cuales la utilización de una bengala lumínica multiplica el riesgo de 

provocar quemaduras y/o cualquier otra lesión de gravedad en los demás 

espectadores". 

En los recitales llevados a cabo por la banda musical en el estadio de 

Obras los días 30 y 31 de julio de 2004, a pesar del intenso cacheo realizado 

49

por parte del personal de seguridad, se prendieron más de 100 bengalas. Por 

esta razón, según surge del expediente nº 15.822 de la Fiscalía 

Contravencional nº 8 los inspectores del Área Contralor de Espectáculos 

del G.C.B.A. sugirieron que se intensificaran los controles a las mujeres, 

a los invitados y a los discapacitados, teniendo la segunda presentación el 

mismo inconveniente. Finalmente y, teniendo en cuenta que en esa 

oportunidad se constató que detrás del vallado gente allegada a la banda 

consumía cerveza pasando botellas hacia el público –estando prohibido el 

ingreso y la venta de bebidas alcohólicas-, los inspectores señalaron que 

presumían que la mayoría de los elementos pirotécnicos no pasaban por 

los controles sino que eran suministrados por allegados o por terceros 

relacionados con el espectáculo que no eran controlados. Es decir: 

allegados a la banda Callejeros. 

50 

Resulta importante señalar a los efectos de contextualizar las 

observaciones de los inspectores, la declaración prestada por Juan Carlos 

Blander a fs. 25.384/86 (fs. 20.388/89). El testigo señaló que, como 

encargado de “El Hangar”, arregló de palabra con el manager de la banda 

Diego Argañaraz, que a principios del 2004 se llevara a cabo allí un recital 

del grupo “Callejeros”. Oportunamente, Argañaraz le dijo que las bengalas 

eran parte del público y que la banda no iba a aceptar que no se lleven, en 

caso contrario no iba a tocar. Por ese motivo, le aclaró que el público no 

podía ingresar con pirotecnia y que la gente de seguridad se las iba a 

secuestrar y que si no aceptaban dichas condiciones no había inconvenientes 

en suspender el show y devolver el importe de las entradas. Precisó que 

finalmente el recital se llevó a cabo y se secuestraron cerca de cuarenta 

bengalas, habiéndose prendido durante el recital sólo dos. 

En ese mismo sentido, en la entrevista realizada por el periodista Juan 

Di Natale el 28 de julio del 2004 a los integrantes de la banda Fontanet y 

Vazquez, junto a quienes estaba el manager Argañaraz, mientras los dos 

primeros hablaban con el periodista sobre el uso de bengalas y lo estrictos 

que se pondrían en Obras Sanitarias al respecto, pidiéndole al público que no 

llevara pirotecnia para evitar problemas con los encargados de controlar el

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desarrollo del espectáculo, y aclarando permanentemente con comentarios 

del periodista que podría incluso multarse a la banda por el uso de pirotecnia, 

Fontanet permanentemente señaló que iban a Obras porque el público lo 

pidió y no porque ellos lo hayan elegido. Riéndose dijo: “(…) que no pueden 

prender más de 150 bengalas por tema”, tras lo cual aclaró que la 

prohibición de las bengalas no era contra ellos ni contra su show. Vázquez, 

por su parte, manifestó que guardaran las bengalas para un estadio abierto, 

también riéndose. Finalmente, Argañaraz precisó que en Obras no 

manejaban la seguridad y que cuando ellos sí lo hacen tratan de que 

ingresen las bengalas. Textualmente dijo: “cuando nosotros tocamos 

tratamos de que puedan pasar las bengalas, pero esta vez no menajoms la 

seguridad y se complica el tema de pasarlas”. 

En su primer declaración indagatoria, Villarreal manifestó que: “(…) 

Diego me decía que si no hay bengalas no es show de Callejeros (…) la 

banda había gastado 6.000 pesos en pirotecnia para Excursionistas (…)”. 

Esta postura de la banda musical al respecto, se encuentra reflejada 

también en: a) la entrevista publicada en la revista “Si se calla el cantor” 

realizada a Santos Fontanet cuando refiere: “La organización del lugar (en 

referencia a Obras) es distinta a la nuestra. Nosotros queremos que la gente 

se divierta y no echamos a trompadas a un pibe porque prende una bengala 

como hacen ahí”. Después agregó que: “Existe una necesidad de tocar en 

un lugar abierto para que no haya problemas con las bengalas porque ya 

nos estamos empezando a intoxicar con toda la humareda...” 

También la entrevista realizada el 30 de diciembre del 2004 por el 

periodista Juan Di Natale, que iba a ser emitida al aire al día siguiente de la 

realización del recital que terminó en la tragedia que nos ocupa, por lo que 

se simuló que el recital ya había ocurrido. En el reportaje, el baterista 

Vázquez refirió, al ser preguntado sobre el tema de las bengalas, que hubo 

muchísimas y que eran “la frutilla de la torta” (sic). 

Ahora bien, entre las medidas de seguridad que generalmente los 

organizadores adoptan para evitar el ingreso de pirotecnia, está la de llevar a 

cabo un minucioso cacheo de los asistentes a efectos de detectar el material 

51

que pudieran llevar consigo e incautarlo, razón por la cual, la forma en que 

ese cacheo se hace resulta un factor decisivo para dominar, dentro de lo 

posible, un factor de riesgo de esta importancia. 

52 

El cacheo del 30 de diciembre, si bien pudo haber sido más intenso 

que en otras ocasiones, no impidió el ingreso de pirotecnia por parte de un 

sector del público que, o bien directamente no fue revisado por el personal 

de control o si fue revisado, lo fue en menor medida que los demás. 

Si bien es cierto que difícilmente pueda haber un cacheo que impida 

totalmente el ingreso de pirotecnia, porque para ello debería prácticamente 

desnudarse a cada concurrente y revisarse la totalidad de sus pertenencias - 

además de controlar a los organizadores del evento, las instalaciones y a los 

protagonistas para que no se dé lugar a comentarios como los que en el 

expediente contravencional hicieron los inspectores-, también es cierto que 

no es de ninguna forma lo mismo llevar a cabo ese cacheo que, directamente, 

no hacerlo. 

No puede negarse que a mayor cantidad de pirotecnia que ingrese al 

lugar mayores posibilidades existen de que se produzcan accidentes. Siendo 

ello así, más allá de que haya sido una sola la candela que dio en el techo y 

no corresponda analizar los efectos de la acumulación de pirotecnia, el 

facilitar el ingreso de ese tipo de material aumenta de manera relevante el 

riesgo para los bienes jurídicos protegidos. 

Más allá de ello, está probado que la noche del hecho, parte de los 

asistentes al recital no fueron cacheados, y sobre todo, parte de los invitados 

de la banda. Corresponde referir al respecto que, según la prueba incorporada 

en autos, el cacheo tuvo tres modalidades distintas en relación a los 

asistentes al lugar. 

Un primer grupo formado por la mayoría de la gente que fueron 

cacheados en la entrada, previo ser divididos en hombres y mujeres, a los 

cuales se los palpó, se les revisó el contenido de lo que portaban, ya sea 

mochilas, riñoneras, etc. y se les hizo sacar incluso las zapatillas; entre otros, 

ellos fueron: Sebastián Alberto Sandoval a fs. 856/57 (fs. 1272/73), Paula 

Sanchez a fs. 2069/70 (fs. 2577), Juan Daniel Bazan a fs. 212/14 (fs.

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208/09), Daniel Viggiano a fs. 473/74 (fs. 654), Julia Pamela Fernandez a fs. 

483/85 (fs. 672/73), Andrea Lopez a fs. 2803/08 (fs. 3283/85), Graciela 

Acuña a fs. 2911/12 (fs. 3359), Amelia Ramella a fs. 2897/902 (fs. 3349/51), 

Carla Gabriela Preiti a fs. 3448/50 (fs. 3865/66), María Belén Varela Galvan 

a fs. 14.108/10 (fs. 12.486), Daniel Christian Perez a fs. 14.118/20 (fs. 

12.493), Dolores Mercedes Silva a fs. 15.194/97 (fs. 13.314/16), Sonia 

Elizabeth Cancinos a fs. 16.199/202 (fs. 14.049/50), etc. 

Un segundo grupo integrado por las personas que figuraban en las 

listas de invitados, que en su gran mayoría no fueron cacheadas de ninguna 

manera; entre ellos: Iván Emmanuel Leiva a fs. 3764/72 (fs. 4124/28), Laura 

Andrea Barrios a fs. 4455/56 (fs. 4844), Laura Mirta Fernández a fs. 

14.752/55 (fs. 13.011/13), Paola Vanesa Nieto a fs. 14.757/60 (fs. 

13.015/17), etc. 

Un tercer grupo de personas que llegó al recital muy sobre la hora de 

su inicio que provocó que, ante la avalancha de gente que intentaba ingresar 

y la ansiedad que demostraban, alguien diera la orden de que se prescindiera 

del cacheo y sólo se cortaran entradas, declarando al respecto Marcos 

Maximiliano Alvarez a fs. 16.798/804 (fs. 14.439/43), Mauro Federico 

Veloso a fs. 16.822/23 (fs. 14.459), etc. 

Ahora bien, de lo expuesto hasta ahora se desprende que, en el mejor 

de los casos, la pirotecnia ingresó al local “República Cromañón” el día de 

los hechos por la realización de un cacheo defectuoso. 

En cuanto al uso de la pirotecnia la noche de los hechos pueden citarse 

gran cantidad de declaraciones. Así, Darío Andrés Farinella a fs. 14/15 (fs. 

6) dio cuenta de que, apenas comenzado el primer tema de la banda, el 

público comenzó a tirar bengalas, una de las cuales provocó que el techo se 

prendiese fuego, a consecuencia de los cual se produjo un humo negro y 

espeso, a la par que comenzó a caer una “lluvia de fuego”. En igual sentido 

declaró, Juan Daniel Bazan a fs. 212/14 (fs. 208/09), Luis Eduardo Tabera a 

fs. 147/51 (fs. 126/28), Juan Domingo Ledesma a fs. 246/51 (fs. 237/39), 

Maria Victoria Arana a fs.455/57 (fs. 585/89), Sergio Fernando Piñeiro a fs. 

2060/61 (fs. 2566) iluminador de “Callejeros”, 

53

54 

Leandro Adrián González, a fs. 5616/18 (fs. 4840/45), expresó que 

cuando la banda comenzó a tocar, la gente empezó a usar pirotecnia y vio 

una candela (no pudiendo dar cuenta de quién la sostenía), de la que salían 

chispas que iban golpeando en la media sombra y rebotaban. Pocos instantes 

después, luego de distraerse circunstancialmente, vio que en ese mismo 

sector de la media sombra se había prendido fuego y caía una “lluvia de 

plástico prendido”. En igual sentido declaró Gerardo Ezequiel Carrizo a fs. 

2857/60 (fs. 3321/22). 

Las referencias, entre otros, de Cristian Ariel Navarro a fs. 145/46 

(fs.120), Luis Eduardo Tabera a fs. 147/51 (fs. 126/28), María Florencia 

Briones Panizza a fs. 185/86 (fs.176), Cristian Juan Domingo Ledesma a fs. 

246/51 (fs.237/39), Gustavo Facundo Orazi a fs. 397/404 (fs.518/21), María 

Sol Aguilera a fs. 480/81 (fs.669), Sergio Bogochwal a fs. 892/96 

(fs.1521/23), Eibón Nicolás Da Rosa Mederos a fs. 1456/58 (fs.2028/29), 

Fabián Ariel Carranza a fs. 1487/89 (fs.2049/50), Carlos Ezequiel Romero a 

fs.3314/15 (fs. 2848/50), Lucas Ezequiel Pereyra a fs.3544/47 (fs. 3105/11), 

Alfredo José Balderramo a fs.4145/47 (fs. 3795/99), María Laura González a 

fs.4158/59 (fs. 3813/16), Hernán Gustavo Albornoz a fs.4197/99 (fs. 

3858/63), Héctor Damián Albornoz a fs.4189/92 (fs. 3850/56), Luciano 

Otarola a fs.4200/02 (fs. 3864/70), Ana María Sandoval a fs. 4202/04 (fs. 

3871/77), Gascón Amor a fs.4970/73 (fs. 4540/46), confirman que 

efectivamente desde el inicio del espectáculo el público encendió bengalas y 

tres tiros. 

Las manifestaciones de Gerardo Ezequiel Carrizo a fs. 3321/22 (fs. 

2857/60), Victoria Elena García a fs.3393/96 (fs. 2955/61), Lucas Ezequiel 

Pereyra a fs.3544/47 (fs. 3105/11), Diego Alberto Roldán a fs.3551/52 (fs. 

3115/18), Samanta Estefanía Mohnen a fs.3558/61 (fs. 3124/30), Marcelo 

Daniel Hervida a fs.3935/36 (fs. 3537/40) y Alfredo José Balderrama a 

fs.4145/79 (fs. 3795/99), dieron cuenta de que el propio 30 de diciembre, con 

antelación a que Chaban hablara al público, cuando se encontraban haciendo 

fila para entrar o presenciando el show de “Ojos Locos”, se arrojaron

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Correccional 

bengalas de humo, se prendieron fuegos de artificio y bombas de estruendo 

en forma constante. 

La prohibición establecida en el Código Contravencional a la que se 

hizo referencia en los primeros párrafos de este apartado, evidentemente no 

halla sustento en un capricho del legislador, sino en la directa relación que 

tiene el uso de material pirotécnico, sobre todo en lugares cerrados, con la 

posibilidad de causar daños a la salud e integridad física de los asistentes al 

espectáculo. 

A su vez, todo ello sería conocido por los integrantes de la banda 

musical, que en reiteradas oportunidades -sobre todo antes del recital 

brindado en “Obras Sanitarias” el 30 de julio de 2004- debieron pedirle al 

público que no llevara pirotecnia a ese recital porque podrían aplicarles 

multas o sancionarlos. También en el video-tape que da cuenta de ese recital 

se puede ver al cantante Fontanet pidiéndole al público que deje de prender 

pirotecnia porque los representantes de la justicia contravencional que había 

allí lo habían intimado para que así lo hiciera (lo que también surge del 

expediente contravencional referido previamente). 

Con lo expuesto queda demostrado, con el grado de certeza que esta 

etapa requiere, que, por un lado, en los recitales brindados por el grupo 

“Callejeros” se usaba gran cantidad de pirotecnia pese a que ello estuviera 

prohibido por el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, y, por otro, que los integrantes de la banda consentían ese uso y 

facilitaban el ingreso de ese material cuando intervenían en la organización 

del espectáculo. 

Convengamos de momento con la defensa de los integrantes de la 

banda en que, aún con las características específicas del ambiente de rock, 

organizar un recital constituye un riesgo permitido. 

Incluso más, se podría sostener que organizar un recital a sabiendas de 

que el público indefectiblemente llevará y tratará de usar pirotecnia, podría 

ser todavía un supuesto de riesgo permitido, pero para ello sería necesario 

que se supiera que la realización de un cacheo dominable por el organizador, 

aseguraría que ese material no ingrese al predio donde se realizará el evento. 

55

56 

Ahora, si se flexibilizan los controles para evitar ese ingreso haciendo 

distinciones en la forma de cachear según la calidad del asistente, o se deja 

de cachear ante la cercanía del horario de inicio del show, o no se pone la 

cantidad de personas necesarias para hacerlo, no se puede sostener que haya 

una forma de asegurar que el contacto social se mantenga dentro de los 

límites del riesgo permitido, motivo por el cual, se ingresa en el ámbito de lo 

jurídicamente relevante. 

Finalmente, si se sabe que el público va a llevar pirotecnia y la va a 

utilizar, y que es imposible, como lo plantea la defensa, hacer un cacheo 

efectivo a punto tal que evite totalmente su ingreso, entonces, para mantener 

la organización dentro de los límites del riesgo permitido, se deberá buscar la 

manera en que, pese al uso de ese material, se puedan reducir al máximo 

posible los riesgos que de él se deriven. Entre esos riesgos, indudablemente 

está el de incendio, y una clara manera de evitarlo era realizando el recital en 

un lugar abierto, tal como el propio Patricio Santos Fontanet lo manifestó en 

la entrevista que brindó a la revista “Si se calla el cantor”. 

Con respecto al argumeoto conforme el cual no me es exigible a la 

banda musical hacerse cargo de las cuestiones de seguridad del local donde 

realizará el recital, o de controlar aquellos aspectos que deben ser verificados 

por los funcionarios policiales competentes para ello, es dable observar que 

dicha manifestación sería correcta siempre y cuando, verdaderamente, 

existan razones para confiar en que aquél otro con quien se comparte el 

contacto social hará las cosas de la manera que es esperable. 

Sin embargo cuando es visible que ello no será así, y que no puede 

esperarse una conducta razonable del tercero, decae el principio de 

confianza. Así, si una persona conduce un vehículo y advierte que a 

contramano viene otro conductor visiblemente borracho, no podrá 

argumentar, para deslindar la responsabilidad sobre un eventual choque, que 

no frenó porque pensó que el otro iba a hacerlo. 

En consecuencia, por un lado, el hecho de que los policías o el propio 

Chaban no cumplan con su deber no le quita ni le pone nada a las 

características que presenta, en cuanto a generación de riesgos para terceros,

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Correccional 

alentar el uso indebido de pirotecnia; y en segundo lugar, justamente porque 

una vez sabido -como lo sabían los integrantes de “Callejeros” y el imputado 

Omar Chaban- que el uso de pirotecnia es una conducta indebida, y sabido 

que hay funcionarios que debiendo impedirlo no lo hacen, desaparece el 

principio de confianza, porque desaparecen las razones para confiar en que 

quien tiene que cumplir con su deber lo hará. 

Esta cuestión es central para la imputación, porque más allá del 

conocimiento pleno de las condiciones de habilitación, en particular en 

cuanto a la salida de emergencia y la cantidad de público que podía alojar el 

local, es un dato concreto y objetivo que “Cromañón” era un lugar cerrado, 

donde mínimas previsiones referidas a la experiencia general, indican 

claramente que el uso de pirotecnia, ya peligrosa y prohibida a cielo abierto, 

aumenta considerablemente, el riesgo permitido en un lugar cerrado. 

Si no se optó por un lugar abierto, consciente de los peligros 

implicados, se debieron haber extremado los cuidados para que no ingresara 

pirotecnia a un lugar como “República Cromañón” que ya se había 

incendiado otras veces a causa del uso de candelas. Por esta razón es 

reprochable la realización de un cacheo deficiente, no resultando obstáculo 

para ese reproche que nunca se pueda evitar totalmente el ingreso de 

pirotecnia, porque sostener ello sería lo mismo que decir, por ejemplo, que el 

Estado no tiene que preocuparse por la seguridad porque igualmente habrá 

delitos. 

En este marco queda por consignar que no necesariamente se le reprocha a la 

banda musical su posición frente al uso de pirotecnia por parte del público, 

sino que lo que se le reprocha es que esa posición llevó a que se adoptaran 

medidas de seguridad no efectivas para evitar tanto el ingreso del material 

como su posterior uso por parte de sus seguidores. Aquí vuelven las palabras 

de Argañaraz, antes reproducidas, volcadas en un programa de radio de 

importante audiencia afín: “cuando nosotros tocamos tratamos de que 

puedan pasar las bengalas, pero esta vez no menajoms la seguridad y se 

complica el tema de pasarlas”. 

57

58 

2.b.iv. Las condiciones de las vías de salida y de los medios de 

extinción y prevención de incendios. 

En el peritaje efectuado por la Superintendencia de Bomberos de la 

Policía Federal Argentina (ver Legajo de Bomberos) con respecto a los 

medios de salida, se describe que existen dos, por un lado, en el lateral 

derecho (visto desde afuera hacia adentro) hay seis puertas de doble hoja de 

ancho útil de 1,30 metros cada una que abren hacia afuera sin barral 

antipánico y con dos pasadores de cierre, comunicando todas ellas a un hall 

en el que se distinguen dos sectores divididos por la boletería. El primer 

sector es un pasillo de 2,82 metros de ancho que sale a la calle (y que 

termina en una puerta de emergencia que, a su vez, posee adelante una 

persiana de metal con una puerta pequeña como las de los comercios, que es 

la que da directamente a la calle). El otro sector del primer medio de salida 

es un pasillo de 6,50 metros que se ensancha en 8,90 metros y sale a la calle. 

El segundo medio de salida (lateral izquierdo visto desde afuera hacia 

adentro) lo constituye un portón de doble hoja con barral antipánico con un 

ancho total de 4,90 metros, con sentido de apertura hacia la evacuación, el 

cual comunica con el ingreso al garage, encontrándose sectorizado de este 

último con un portón de seguridad contra incendio y cortina de agua 

conocido como "puerta alternativa de emergencia". 

A partir de esta descripción de los medios de salida y las medidas 

útiles que poseen, los bomberos efectuaron un cálculo que permite 

determinar la relación entre metros de salida y personas que podían entrar al 

local según la habilitación. Este cálculo se toma de lo normado en el capítulo 

4.7 del Código de Edificación. 

Según ese informe, conforme la normativa que rige el caso, para la 

cantidad de 1031 personas el local debía tener 9,21 metros de salida, siendo 

el ancho acumulado con todas las salidas de 12,70 metros (este cálculo se 

obtiene de multiplicar 1,30 x 6 más los 4,90 metros de la puerta alternativa). 

El cálculo efectuado es el siguiente: 

*para 2000 personas eran necesarios 14 metros de salida. 

*para 2500 personas eran necesarios 15 metros de salida.

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Correccional 



Con las medidas indicadas por el Cuerpo de Bomberos, nunca se 

podría haber habilitado el local sin contar con la salida alternativa de 

emergencia, dado que la multiplicación de 1,30 x 6 da un total de 7,80. Para 

llegar a los 9,21 le hacían falta 1,41 metros que, sí o sí, debían computarse 

con esa salida. 

En el peritaje efectuado por la Superintendencia de Bomberos se hizo 

un cálculo del tiempo de evacuación de los concurrentes sobre la base de 12 

metros útiles de salida, que arrojó el siguiente resultado: 

*Para 2000 personas harían falta 2,31 minutos. 

*Para 3000 personas harían falta 3,28 minutos. 

*Para 4000 personas se necesitarían 4,24 minutos. 

Ahora bien, la defensa del imputado Omar Chaban pretende relativizar 

la importancia de que estuviera cerrada, con un candado, la puerta alternativa 

de emergencia, en virtud de que habrían existido irregularidades en la 

habilitación del local, conforme las cuales se permitió que se mantuviera esta 

puerta, que jamás debió haber estado porque comunicaba al local de baile 

con el garage del hotel. 

Como ya se vio, el local que nos ocupa está habilitado como un local 

de baile clase “C”. El artículo 10.2.20 de la Ordenanza 24.347 establece que 

para los locales de este tipo regirán los artículos 10.2.3 inciso c, que 

determina que "tendrán medio de salida propio e independiente a la vía 

pública", e inciso d, que establece que "no contarán con comunicación de 

ninguna naturaleza con otros locales". 

La única excepción establecida a estas reglas, se da para el caso en que 

el local de baile funcione como anexo o complemento a hoteles. De acuerdo 

a lo que surge del trámite de habilitación (expediente nro. 42.855/97 del 

G.C.B.A.), al comienzo se intentó habilitar al local bailable como anexo al 

hotel, pero ello no pudo ser llevado a cabo porque los inspectores verificaron 

en el lugar que los diferentes locales no se relacionaban funcionalmente entre 

59

sí, sino que funcionaban de manera independiente, salvo algunas 

excepciones (casa de servicio de lunch y hotel). 

60 

Una vez rechazado el intento de habilitar el complejo como tal, no 

debería haber ningún tipo de comunicación entre los diferentes locales que 

componen el complejo y el local bailable. 

Por este motivo, existieron diversas clausuras del local en concreto y 

del complejo en sí; clausuras estas que fueron levantadas de forma poco 

clara de acuerdo a las constancias del expediente y la normativa vigente, ya 

que la puerta alternativa nunca se eliminó y el lugar se habilitó con ella pese 

a la irregularidad que implicaba. Ya podemos adelantar que todos los 

pormenores de la habilitación serán analizados en otra ocasión, en su 

relevancia para el caso, pero es necesario señalar algunas cuestiones. 

Más allá de los motivos por los que la puerta no debió haber existido 

por la comunicación de las distintas partes del complejo, la habilitación se 

hizo con esa puerta, a la que se refiere la "plancheta de habilitación" -que no 

es otra cosa que una síntesis de sus términos que obra en la primera hoja del 

libro de inspecciones que debe presentar el explotador del local cuando es 

solicitado por un inspector del GCBA- en los siguientes términos: "Déjase 

expresa constancia que de conformidad con la aprobación efectuada por la 

división seguridad contra incendio de la Dirección General de Fiscalización 

de Obras y Catastro y la Superintendencia de Bomberos el local posee una 

salida alternativa que se activa solamente en caso de producirse un siniestro 

permitiendo la evacuación del público concurrente por un corredor que 

sirve en casos normales para la entrada y salida de vehículos 

considerándose cumplimentado el artículo 10.2.3 inc. d) del Código de 

Habilitaciones y verificaciones dado que por sus características el sistema 

de seguridad alternativo reduce los riesgos en forma cualitativa del público 

concurrente no considerándose de esta forma una comunicación permanente 

con las otras actividades del complejo". 

La “plancheta de habilitación” que recepta párrafos de la disposición 

06060/DGRyC/97 firmada por Jorge E. Gatucci y Enrique Reinaldo López, 

del 1° de agosto de 1997.

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Correccional 

Una explicación de la necesidad de contar con la puerta alternativa 

pese a los problemas que ella generaba, se puede encontrar en la declaración 

brindada a fs. 20.426/29 (17052/53) por Jorge Luis Pérez, director adjunto de 

la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Pérez manifestó que, de acuerdo a la normativa 

vigente, República Cromañón no podía tener comunicación alguna con otros 

locales dentro del complejo. Precisó que si bien se hallaba prevista la 

posibilidad de que los comercios de esa índole funcionaran como actividad 

complementaria o anexa a otros rubros, éste no era el caso porque el local 

bailable era una actividad principal. Agregó que al momento de la inspección 

previa por parte del GCBA, necesariamente, la puerta ubicada junto al 

escenario debió estar cerrada, ya que de lo contrario no podría haber sido 

habilitado. 

En cuanto a las vías de salida expuso que, a su entender, la que tenía 

comunicación directa con la calle Mitre, no podría tratarse de la puerta de 

emergencia, puesto que no comunicaba directamente con el salón de baile 

sino con su hall de acceso. En cambio sí podía ser una salida de emergencia 

la salida alternativa, en tanto tenía contacto directo con el local de baile. No 

obstante ello, indicó que no podía ser considerada como medio de escape 

habida cuenta que no era exclusiva del comercio en cuestión, sino que era 

compartida con otros establecimientos. 

Esta explicación no es descabellada, máxime si se tiene en cuenta que 

en el contrato de locación efectuado antes de la habilitación entre National 

Uranums y Lagarto SA, firmado el 2 de febrero de 1997, nada se decía 

acerca de un permiso de uso del sector de garaje que está delante de la puerta 

alternativa de emergencia. Sin embargo, en el contrato de locación efectuado 

entre Nueva Zarelux SA y Lagarto SA el 30 de abril de 1998, hay una 

cláusula especial (23°), por la cual el locador autoriza al locatario a utilizar, 

como salida de emergencia, la entrada sita en Bartolomé Mitre 3044/50 que 

forma parte del mismo edificio de propiedad del locador. 

Ahora bien, más allá de los motivos por los cuales se autorizó el lugar 

con esa puerta, lo cierto es que estaba habilitado con ella, y su presencia era 

61

tan importante que mereció una referencia expresa en la referida plancheta, 

debiendo enfatizarse que en este documento se mencionan sólo las 

características más relevantes de la habilitación, en la que se hace expresa 

referencia a esta puerta para la eventualidad de un siniestro. 

62 

Asimismo, en la tramitación del certificado exigido por la ordenanza 

50.250, la Superintendencia de Bomberos dictó un acto administrativo en el 

que aprobó las condiciones del local y notificó al entonces explotador de que 

las puertas de acceso y egreso para evacuación, deben permanecer durante la 

actividad del local expeditas, es decir, en condiciones de ser franqueadas y 

libres de todo obstáculo. 

De lo expuesto se deduce que si bien pudieron haber existido varias 

irregularidades en el trámite de habilitación del local bailable clase “C”, que 

en 1997 era conocido como "El Reventón", su habilitación se hizo 

considerando la existencia de la puerta alternativa de emergencia, en forma 

expresa, y como tal, debía estar abierta y expedita durante el momento del 

desarrollo del espectáculo. 

Resumiendo: existe una importante contradicción en las condiciones 

en que fue habilitado el local; por un lado, conforme la comunicación de 

locales dentro del complejo, la puerta alternativa de emergencia no podía 

existir; pero a los efectos de habilitar el local bailable como requisito en 

punto a la seguridad del lugar para permitir el egreso del público en caso de 

siniestros, ella era necesaria, fundándose la habilitación, precisamente, en su 

existencia como surge de la “plancheta”. 

Si a criterio de Chaban esa puerta no debió haber existido, o no 

cumplía ninguna función, existían mecanismos establecidos por el propio 

Código de Edificaciones en su artículo 4.7.1.7, que permitían, en caso de 

corresponder modificar los términos de la habilitación. Resulta evidente que 

esas modificaciones, cuando se trata de cuestiones tan relevantes para la 

seguridad de los concurrentes a los espectáculos que se brindaron, no pueden 

ser efectuadas a su conveniencia por quien explota el local. 

Los peritajes realizados por la Superintendencia de Bomberos 

demuestran que esa puerta mejoraba enormemente las posibilidades de

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Correccional 

evacuar el lugar en menor tiempo ante casos de siniestro, razón por la cual, a 

los efectos de la evaluación de la creación de un riesgo prohibido al 

clausurarla, en nada influyen las posibles irregularidades de la habilitación. 

Igualmente, no se puede dejar de recordar que todo este análisis podría 

tener alguna relevancia solamente en caso de que al recital del 30 de 

diciembre de 2004 hubieran concurrido 1031 personas, y se hubiera 

efectuado un baile y no un recital, porque solamente en ese caso, y siempre 

que el lugar pudiera haber sido habilitado igualmente sin contar con la puerta 

de emergencia, se estaría ante un problema relevante a los efectos de la 

imputación, cual es el que se plantea cuando no es exigible al autor mantener 

un aporte que si bien mejora la situación del bien jurídico no le es exigible. 

Por lo demás, resulta ilógico haber violado prácticamente todos los 

términos de la habilitación y, a su vez, pretender valerse de ella para 

justificar esas mismas violaciones. 

Se encuentra probado, con la entidad correspondiente para esta altura 

del proceso, que durante el desarrollo del recital la mayoría de las puertas 

estaban cerradas y ni siquiera fueron abiertas cuando se advirtió el inicio del 

foco ígneo. 

Así tenemos, la declaración prestada por Julio César Fretes a fs. 25/27 

y 9369/65 (12/3 y 9047/48), empleado del restaurante “Brasa” ubicado en 

Bartolomé Mitre 3063, quien se acercó al lugar cuando se percató que de allí 

salía humo y vio, a través del playón, cuando unos jóvenes intentaban abrir 

la puerta de emergencia que, cuando 30 minutos después fue finalmente 

abierta, pudo observar que se hallaba trabada con candado y alambres. 

Coincidiendo con ésta última circunstancia, es decir, “que la puerta de 

emergencia estaba cerrada con alambre y candados”, entre otros, Gabriel 

Alejandro García a fs. 8/9 (fs. 3), Maximiliano Ramón Chaparro, conserje 

del hotel lindero del local a fs. 233/34 (fs. 220), Sargento Miguel Navarro a 

fs. 534/39 y 7623/27 (fs. 741/43 y 7817), Jorge Fabián Leggio a fs. 582/88 

(fs. 836/39), Darío Salgado, ayudante de Superintendencia de Bomberos a fs. 

628 y 666/67 (fs. 871 y 901), Cabo Luis Areco a fs. 719/20 (fs. 940) quien 

señaló, además, que dicha puerta tenía un cartel verde que rezaba “Salida”, 

63

Cabo 1ro. José Ojeda a fs. 723/24 (fs. 942), Cabo Juan Gaggiotti a fs. 725/26 

(fs. 943), Sargento Ricardo Hermann a fs. 729/30 (fs. 945), Cabo David 

Coronel a fs. 734/35 (fs. 948), Agente Cristián Acosta a fs. 736/37 (fs. 949), 

Ricardo David Vazquez a fs. 1056/59 (fs. 1.642) persona ésta que concurrió 

al lugar como empleado del sonidista Jorge Leggio antes mencionado en 

unas nueve oportunidades y no pudo ingresar los equipos por dicha puerta 

cuando a principios de marzo del 2004 sí lo había podido hacer, agregando 

que pudo ver cómo el día del hecho los muchachos trataban de abrirla sin 

resultado. 

64 

María Sol Demergassi a fs. 828/29 (fs. 1069/70), Sebastián Alberto 

Sandoval a fs. 858/57 (fs. 1272/73), Lucas Mariano Rios a fs. 2311/12 (fs. 

2938/39), Laura Andrea Barrios a fs. 3132/33 (fs. 3563), Alfredo José 

Balderramo a fs. 3795/99 (fs. 4145), María Laura González a fs. 3813/16 (fs. 

4158/59), y Nicolás y Enzo Pappolla a fs. 3567/68 y 3569/70 (fs. 3956 y 

3957), respectivamente, expresaron que la puerta alternativa de emergencia 

estaba cerrada el día del hecho. 

Por su parte, Héctor y Hernán Albornoz -fs. 3850/56 (4189/92) y 

3858/63 (4197/99), respectivamente-, manifestaron que la puerta en cuestión 

siempre estuvo atada con alambres y con candado. 

Mención aparte merece la declaración prestada por Alfredo Mario 

Diaz a fs. 4812/4820 (fs. 5588/5603), empleado de Chaban que hacía las 

veces de casero del local, quien señaló que la puerta en cuestión siempre 

estuvo cerrada, incluso el día del hecho. Que Chaban la había hecho 

“acuatizar” para evitar inconvenientes por el sonido con la gente del hotel 

lindero, cerrándola en forma definitiva con un candado que sujetaba la 

palanca antipánico para que no se pudiera accionar. Agregó que también 

ataron esa palanca con alambre y agregaron alambre en la parte superior. 

Asimismo son numerosos los relatos de aquellas personas que, pese a 

no haber estado en el recital del 30 de diciembre del 2004, advirtieron que la 

puerta alternativa de emergencia se encontraba anulada y no cumplía con su 

función por estar trabada con alambres y candado, a saber: Juan Carlos 

Olmos a fs. 59/61 (fs. 40/41), empleado de ventas del hotel lindero de Rafael

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Correccional 

Levy quien le había alquilado el local a Omar Chaban, pudo observar, en las 

oportunidades en que fue al lugar, que la puerta alternativa de emergencia se 

encontraba cerrada con un candado. Sergio Gustavo Romero, a fs. 1317/18 

(fs. 1830), quien trabajó para García Aibenbaum en el proyecto 

“Rockmañon”, explicó que le constaba que Chaban había decidido y 

dispuesto “cerrar” la salida de emergencia con candado y alambre. 

En relación a las seis puertas por las cuales entró el público, ubicadas 

luego de las boleterías y antes del ingreso al lugar en donde se llevó a cabo el 

recital, muchos fueron contestes en referir que todas, excepto dos, estaban 

cerradas. Al respecto ver declaración de Gustavo Facundo Orazi a fs. 

397/404 (fs. 518/21), del Inspector Mariano Lopez a fs. 662/64 (fs. 898/99), 

integrante del Cuartel IV de la Superintendencia de Bomberos de la Policía 

Federal, del Cabo 1ro. José Marcelo Diaz a fs. 668/70 (fs. 902/03), el Cabo 

1ro. Hugo Argañaraz a fs. 681/83 (fs. 909/10), del Cabo 1ro. Hernán 

Fracuelli a fs. 686/88 (fs. 915/16), del Agente Cristal Biscaini a fs. 689/90 

(fs. 917), del Sargento Arnaldo Paez a fs. 710/11 (fs. 934), de Daniel Vicente 

Giménez a fs. 2643/47 (fs. 2159/67) -empleado de SADAIC-, de Facundo 

Fernando Tolosa a fs. 2828/34 (fs. 3300/03), de Victoria Elena García a fs. 

2955/61 (fs. 3393/96), declaración de Hernán Gustavo Albornoz a fs. 

3858/63 (fs. 4197/99), empleado de Cromañon, etc. 

Asimismo, la puerta metálica ubicada sobre la línea municipal, 

también habría estado cerrada teniendo sólo habilitada una puerta más 

pequeña empotrada en ella, lo cual fue acreditado con el testimonio, entre 

otros, de Gustavo Facundo Orazi a fs. 397/404 (fs. 518/21). 

Por otro lado, corresponde aquí mencionar la “reseña preliminar” 

realizada por la División Siniestros de la Superintendencia Federal de 

Bomberos de la P.F.A., obrante a fs. 1/8 del legajo respectivo que corre por 

cuerda, que da cuenta que al momento del evento la puerta alternativa o de 

emergencia ubicada sobre el lateral derecho y que daba a la entrada vehicular 

del hotel de pasajeros lindero, se encontraba cerrada (ver fotografía de fs. 6 

del mismo legajo). Asimismo señala que las puertas dispuestas hacia el 

lateral izquierdo (seis puertas metálicas de hoja doble), también se 

65

encontraban cerradas, presentando todas ellas cerrojos conformados por 

pasadores metálicos dispuestos en la cara interna, con secuelas de haber sido 

forzados. 

66 

El peritaje mencionado da cuenta que la salida alternativa o de 

emergencia estaba compuesta por un amplio portón de dos hojas y de 

conformación metálica. Que una de ellas, situada en el lateral izquierdo, 

posee una barra de apertura del tipo “antipánico” donde “en uno de sus 

extremos se halló un candado que impedía su accionamiento total, y en 

consecuencia anulaba su apertura” (lo que pudimos constatar personalmente 

al concurrir al lugar el 4 de mayo ppdo.). Que éste tipo de puertas sólo 

pueden ser abiertas desde el interior y no desde el exterior, toda vez que 

dicho lado no posee sistema alguno que permita su apertura. Finalmente, 

concluyó que al momento del siniestro se encontraba cerrado. Además no 

podía abrirse por estar colocado el candado que impedía bajar el barral 

liberando la hoja correspondiente. Esta, a su vez, mantiene la otra hoja 

cerrada, por lo tanto, el portón antipánico que permitía la salida de 

emergencia se encontraba bloqueado, pudiendo abrirse posteriormente a lo 

sucedido mediante herramientas adecuadas y no por el simple esfuerzo de las 

personas al tratar de salir del local, como hubiera sido de esperar al tratarse 

de la salida de emergencia alternativa conforme la “plancheta de 

habilitación”. 

Además del estado de las salidas, los matafuegos no estaban en 

condiciones de ser utilizados para su función específica. Se halla verificado 

por el estudio de la División Siniestros de la Superintendencia de Bomberos 

sobre el particular (fs. 72/73 del Legajo respectivo), que los 15 extintores 

manuales, distribuidos en dos niveles del salón y en el sector externo y 

aledaño a la puerta de emergencia (sobre el ingreso al garage), se 

encontraban -diez de ellos- despresurizados, cinco cargados, sólo tres tenían 

precinto plástico y dos habían vencido en octubre de 2004; todos ellos 

carecían de la tarjeta municipal de control de carga. 

De hecho, Sergio Fernando Piñeiro, fs. 2060/61 (2566/67), iluminador 

de “Callejeros”, Iván Emmanuel Leiva, fs. 3764/72 (4124/28) y María Laura

USO OFICIAL 




Correccional 

González, fs. 3813/16 (4158/59), coincidieron en afirmar que cuando se los 

quiso utilizar la noche del 30, no funcionaron. 

Con un cuadro como el descripto hasta ahora en lo que se refiere a las 

condiciones de seguridad y los riesgos creados con la organización del 

recital cobra particular relevancia, entre tantas otras cosas, el material con 

que se encontraba revestido el techo para evitar que el sonido generado en el 

interior del local de baile pasara a las propiedades linderas. 

El integrante del cuerpo de Bomberos Corbellini, fs. 1319/30 

(1864/69), manifestó que no habría al momento del hecho ninguna 

normativa que impidiera el uso de espuma de poliuretano para revestir 

techos y paredes, salvo que ese material, definido como altamente 

inflamable, se encontrara cerca de instalaciones eléctricas o recubriendo 

puertas de salida. Tal impedimento no existía según el testigo porque, entre 

los riesgos que puede evitar una correcta instalación del sistema de 

prevención y extinción de incendios establecido por la ordenanza 50.250 y 

exigido para la habilitación de los locales de baile clase “C”, está el que 

puede desprenderse de las características de ese tipo de material y los efectos 

de un eventual contacto con el calor de una llama o chispas. 

En ese sentido, las demostraciones que se efectuaron en el informe 

pericial llevado a cabo por la Superintendencia de Bomberos pusieron en 

evidencia que si hubiera habido una cantidad de gente como la que permitía 

la habilitación, y se hubiera llevado a cabo una actividad del tipo de la 

autorizada por ese acto, probablemente se hubieran evitado los riesgos 

generados por una expansión de las llamas. 

Sin embargo, el riesgo que generó el uso de pirotecnia, más el 

generado por la incorporación de la media sombra como elemento decorativo 

y la guata como elemento que estaba por encima de la espuma de 

poliuretano, implicó un alejamiento del riesgo permitido de tal magnitud que 

lo transformó en un riesgo intolerable. 

El peritaje llevado a cabo por el INTI da cuenta que el material 

extraído en el lugar y que estaba colocado en el techo del sector en donde se 

produjo el incendio resultó ser espuma de poliuretano “guata” y fibra 

67

sintética denominada “media sombra”. Que esta última es un material 

combustible de baja propagación cuya muestra gotea ardiendo y se consume 

por completo, generando gran cantidad de humo. Mientras que la guata, que 

también es material combustible de muy baja propagación de llama, se 

encendió y consumió por completo al alejarse la fuente de radiación. 

68 

Corresponde también mencionar en este punto, que al cuadro expuesto 

debe agregarse, que el cartel reglamentario de “Salida” que tenía la puerta 

anulada permaneció activo la noche del hecho. 

A través de la versión de los nombrados Balderramo, González, Carlos 

Alberto Dojorti -fs. 14.113/15 (12.489/91)-, Daniel Cristian Perez -fs. 

14.118/20 (12.493)-, y Paola Vanesa Nieto -fs. 14.757/60 (13.015/17)-, 

Cristian Hugo Acosta -fs. 21.930/32 (18.098/99), se conoció que ese día la 

puerta señalada tenía encendido el cartel luminoso que decía “Salida” (ver 

fotografía del diario “Clarín” del 21 de junio del 2005, página 27, y CD 

reservado en Secretaría), lo que hizo que, tal como se verá en el próximo 

punto, la gente que estaba más cerca de esa abertura se dirigiera directamente 

a ella, como una trampa mortal, porque las salidas idóneas en ese momento 

para retirarse del lugar eran otras. 

Volviendo sobre el argumento de la defensa de Chaban, acerca del 

carácter relativo, o no necesario, de la puerta alternativa de emergencia, se 

debe decir que si ésta debía estar anulada -que como ya vimos no era así- 

debió necesariamente apagarse la luz del cartel que indicaba una salida, 

porque ante la eventualidad de un siniestro los concurrentes podían 

confundirla con una vía de escape, lo que pareciera haber ocurrido, dada la 

cantidad de cuerpos rescatados sobre ese sector del local. 

3) La realización del riesgo en el resultado. 

Aun cuando pueda afirmarse que la conducta del autor ha creado un 

riesgo jurídicamente relevante no cubierto por el riesgo permitido, puede 

fracasar la imputación al tipo objetivo si el riesgo creado por la acción del 

autor no es el que finalmente se realiza en el resultado típico. 

Así, se sostiene que faltará la realización del riesgo no permitido si el 

peligro creado por la acción del autor sólo produce el resultado por una

USO OFICIAL 




Correccional 

conexión casual con él, si el resultado no es la realización del riesgo no 

permitido, si la realización del riesgo no permitido no está cubierta por el fin 

de protección de la norma de cuidado limitadora del riesgo permitido o, si la 

conducta alternativa conforme a derecho no hubiera evitado con seguridad la 

producción del resultado. 

Corresponde entonces ahora analizar si los riesgos creados con la 

organización del recital en las condiciones ya conocidas se han concretado 

en el resultado. 

Se encuentra probado en autos que el 30 de diciembre de 2004, 

aproximadamente a las 22.50 horas, instantes después que comenzara el 

show del grupo “Callejeros” en el local denominado “República Cromañón”, 

una persona no identificada encendió un elemento pirotécnico que 

desprendía unas bolas de fuego que, al impactar contra la media sombra que 

se encontraba recubriendo parte del techo del local, ocasionaron que se 

prendiera fuego y este se trasladara a la espuma de poliuretano y a la guata 

que se encontraban más arriba, generando una gran cantidad de humo. 

Ante esta situación, el público que se encontraba en el lugar comenzó 

a pugnar desesperadamente por salir, pero esa salida se vio dificultada 

porque la cantidad de personas que se encontraban allí era excesivamente 

superior a la permitida y, tanto la puerta alternativa de emergencia, como 

varias de las que comunicaban el hall de entrada con el salón, e incluso el 

portón principal de ingreso al local, se encontraban cerradas cuando todo 

comenzó. Mientras tanto, las personas inhalaban los gases tóxicos que se 

desprendían de la combustión sufriendo sus efectos, entre los que se destacan 

el agotamiento físico y el desvanecimiento. 

Todos estos factores, confluyeron en la producción del resultado que 

ahora nos toca considerar, y en ese análisis, no pueden ser tomados cada uno 

de ellos como autónomos ya que se enlazaron entre sí de tal forma que 

convirtieron al lugar, como ya dijimos, en una “trampa mortal”. 

En efecto, conforme se detalla en el informe confeccionado por la 

División Ensayos y Análisis Pericial (ver Legajo de la Superintendencia de 

69

Bomberos), las muestras de material secuestrado del techo del local (material 

sintético de color negro conocido como “media sombra”, material sintético 

esponjoso y absorbente similar a la espuma de poliuretano, y el último 

material sintético de color blanco similar a la guata) fueron sometidas a la 

acción de la llama de un mechero a fin de comprobar su reacción. 

70 

Con dichos ensayos se determinó, entre otras cosas, que al contacto 

con la llama los materiales toman fuego y comienzan a generar humo. Al 

finalizar el informe, y a raíz del resultado arrojado por cada prueba, se 

concluyó que la totalidad de los materiales “podrían ser clasificadas como 

materiales ´MUY COMBUSTIBLES´, según se establece en el CAPITULO 

18 ´PROTECCION CONTRA INCENDIOS´, del decreto 351/79, 

Reglamentario de la LEY Nº 19.587 de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO. Estos materiales expuestos al aire pueden ser encendidos y 

continúan ardiendo una vez retirada la fuente de ignición.”. 

Sólo dos de las ocho muestras sometidas a prueba se pueden “calificar 

(...) como ´POCO COMBUSTIBLES´, toda vez que estos materiales se 

encienden al ser sometidos a altas temperaturas, pero cuya combustión cesa 

invariablemente al ser apartada la fuente de calor.” Sin embargo, se aclara 

que esas muestras se hallaban húmedas al ser sometidas a las pruebas. 

Asimismo, de las pruebas realizadas por el Laboratorio Químico sobre 

las muestras de materiales similares a la guata y a la espuma de poliuretano 

tomados del techo del local, surge que los materiales analizados no poseen 

tratamiento ignífugo ya que al contacto con la llama arden y se mantiene 

la llama hasta su total destrucción. Si tuvieran algún tipo de tratamiento 

ignífugo, tardaría como mínimo 12 segundos 

Posteriormente, en el peritaje realizado por el INTI se consignó que, 

de acuerdo a los estudios realizados por ese organismo sobre las muestras de 

poliuretano, la concentración de HCN (ácido cianhídrico) en el local vacío 

sería de 180 ppm (partes por millón de partes de aire), pero calculando que la 

gente ocupaba una quinta parte del volumen total del lugar, la 

concentración de HCN ascendería a 225 ppm.

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Correccional 

Según las consideraciones efectuadas por los profesionales, estos 

valores “están entre los indicados en la bibliografía como peligrosos, y 

como letales para ratas de laboratorio (150-220 ppm) en el estudio del 

NIST” (National Institute of Standars and Technology de EE.UU.). 

Por otra parte, señalaron que, en una concentración de HCN de entre 

120 a 150 ppm, resulta peligrosa la exposición entre los 30 minutos y 1 hora. 

Explicaron, además, que el HCN “es letal para los seres vivos ya que inhibe 

el uso de oxígeno por las células vivas de los tejidos corporales”. 

En cuanto al tiempo que tardó en generarse el HCN, se expresó que “si 

no hubiera estado colocada la media sombra, y la bengala o fuego de 

artificio hubiera impactado en el centro de un cuadrado de espuma de 

poliuretano de 177 m2 de área de superficie, éste hubiera tardado 

aproximadamente 13 minutos en incendiarse. Como en el local estaba 

colocada la media sombra, ésta se incendió y propagó el fuego en múltiples 

focos a la espuma de poliuretano. Por ello, el tiempo real de propagación 

del fuego afectando la espuma de poliuretano podría haber sido 

considerablemente menor que el calculado.” 

Finalmente, indicaron que no se detectó la presencia de óxido de 

cobre, elemento que además de funcionar como retardante de llama, 

favorece la formación de óxidos de nitrógeno que disminuyen la 

producción de HCN, así como su descomposición posterior a nitrógeno, 

dióxido de carbono y vapor de agua. 

En lo que respecta al CO (monóxido de carbono), se indicó que una 

concentración superior a 4000 ppm en el aire, resulta fatal en una 

exposición de menos de una hora. De acuerdo a los estudios realizados, se 

determinó que en el local -con un quinto de su volumen ocupado-, se generó 

una concentración de CO de 4350 ppm. Cabe aclarar que esa 

concentración se calculó sólo con el monóxido de carbono desprendido por 

la espuma de poliuretano, es decir, no se tuvo en cuenta el CO generado 

por el incendio de la media sombra y de la guata. 

En este sentido, también corresponde destacar que en la mayoría de las 

autopsias realizadas a las víctimas fatales, se determinó que la causa de la 

71

muerte había sido la intoxicación con monóxido de carbono. Y en efecto, si 

se observan los exámenes de laboratorio se verifica que en la mayoría de los 

casos los valores oscilan entre el veinte y el treinta y cinco por ciento de 

monóxido de carbono en sangre (ver pruebas de laboratorio de Mariela 

Arnaldo, Roberto Ibañez, Mariano Benítez, José Luis Gambaccini, Esteban 

Rodrigo Lucas, Federico Mastrangello, Maximiliano Luparello, Martín Arias 

Juillerat, Sebastián Bonomini y Lucas Pérez, entre muchos otros) 

72 

Entonces, hasta ahora se puede afirmar que el techo del local se 

encontraba recubierto con material muy combustible que al entrar en 

contacto con el fuego desprendido por el uso, prohibido y altamente 

peligroso en lugares cerrados, de un elemento pirotécnico, se incendió 

emanando gran cantidad de gases tóxicos (monóxido de carbono y ácido 

cianhídrico). El fuego se propagó en menos de 13 minutos. Al producirse el 

incendio de estos materiales, y dada la superficie del local y la cantidad de 

gente que se encontraba allí, se generó una concentración de gases tóxicos 

que resultaban fatales para el ser humano en una exposición menor a una 

hora. 

Ahora bien, como ya se dijo, existieron otros factores que 

convergieron en la producción del resultado dado que aumentaron el tiempo 

de exposición a los gases tóxicos que debieron soportar las personas que se 

encontraban en el lugar. 

En este sentido cobran especial relevancia las consideraciones finales 

del informe técnico efectuado por la División Siniestros de la 

Superintendencia Federal de Bomberos (fs. 172/6 del legajo 

´Superintendencia de Bomberos´), donde se destacó que “el agente 

productor del siniestro en estudio se relaciona con la transmisión del 

potencial térmic de elementos pirotécnicos que tomaron contacto con los 

materiales revestivos del plano cobertor entre los que se hallaban el tendido 

de media sombra, espuma de poliuretano y la ´guata´, iniciándose de esta 

forma un evento ígneo que culminó con los resultados conocidos.”

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Correccional 

Al combustionar el material que se encontraba revistiendo la parte 

contrafrontal del salón (media sombra, espuma de poliuretano y guata) se 

generó “inteoso humo y gases de combustión, que fue invadiendo los 

espacios, que se diferenciaban en niveles, los que una vez saturados (...) en 

sus planos elevados, se trasladaron hacia los niveles inferiores del recinto 

convergiendo en una atmósfera nociva para la salud.” 

Esta “saturación del recinto con gases de combustión, propició que 

quienes se hallaban en el interior del local hayan sufrido las consecuencias 

propias de la gestación de un proceso combustivo que al no ser prontamente 

controlado, derivó por parte del público en el intento de desalojar 

intempestivamente el local, el cual se hallaba superado ampliamente en su 

capacidad permitida para su uso, encontrándose con que el lugar más apto 

para la evacuación se hallaba obstruido; destacándose el hecho de que la 

salida [alternativa] de emergencia se hallaba cerrada mediante la 

disposición de un candado en el sistema de accionamiento de apertura 

(barral antipánico), al igual que un pasador en la parte superior de una de 

las hojas de la puerta.” 

“Sumado a esto, se presentó otra circunstancia, cuatro de las seis 

puertas dispuestas en la entrada-salida principal, se hallaban trabadas con 

pasadores, ocasionando esto una reducción en los anchos de salida”. 

En efecto, puede afirmarse que si la puerta alternativa de emergencia 

hubiera estado en condiciones de ser utilizada cuando todo comenzó, la 

evacuación de la gente hubiera sido más rápida y, por tanto, menor el tiempo 

de exposición a los gases. 

Recuérdese que según el peritaje realizado por la Superintendencia de 

Bomberos, con la totalidad de las salidas en condiciones de ser utilizadas 

inmediatamente, la evacuación del lugar, en condiciones óptimas, se hubiera 

producido en 2,31 minutos para 2000 personas, 3,28 minutos para 3000 

personas y 4,24 minutos para 4000 personas. Es decir, que, en cualquier 

caso, la salida se hubiera logrado en menos de cinco minutos y, por lo tanto, 

73

los gases tóxicos probablemente no hubieran llegado a causar sus efectos 

mortales. 

74 

Asimismo, puede señalarse que la ubicación de la puerta alternativa de 

emergencia implicaba, sobre todo, y en caso de estar en condiciones de ser 

utilizada, una disminución del riesgo que corría el público que se encontraba 

en la zona más próxima al sector del escenario, dado que ya no tendría que 

recorrer el local de una punta a la otra para poder salir de allí. Esto cobra 

mayor relevancia, si se tiene en cuenta que los gases emanados por los 

materiales que entraron en combustión generaban dificultades en la visión, 

cansancio, mareo, etc; que el lugar se encontraba en una total oscuridad; que 

la gente se desesperaba por salir y en esa desesperación chocaban entre sí, 

caían al suelo y quienes iban detrás tropezaban y caían sobre ellos; todo lo 

cual hacía más dificultoso poder acceder a aquellas salidas normales que 

fueron las que más prontamente pudieron ser utilizadas. 

No puede soslayarse tampoco que, además de lo informado por la 

Superintendencia de Bomberos, existen numerosos testimonios que indican 

que la mayoría del resto de las puertas de ingreso y egreso del lugar también 

se hallaban cerradas al momento de iniciarse el incendio. 

Según lo manifestado por Claudio Edgardo Curcuy, fs. 77/80 (51/53), 

mientras se encontraba haciendo el cacheo del público en la entrada de la 

puerta de emergencia, habiendo comenzado ya a tocar la banda “Callejeros”, 

escuchó gritos en el interior del local y vio que la gente comenzó a salir 

apresurada y al mirar hacia el interior del lugar observó un denso humo. En 

razón de ello se dirigió hacia la entrada principal que estaba cerrada y junto 

con otras personas “comenzaron a empujar insistentemente hacia adentro 

dado que por el sistema de bisagras solo abren hacia adentro, hasta que en 

un momento dado fue tanta la presión ejercida que esta sede y logran abrir 

la misma notando [que] las personas salían como podían pisoteando a los 

cuerpos de los jóvenes supuestamente desmayados o muertos, notando que 

había gran cantidad de personas amontonadas” (también en este sentido se 

expresó Nadia Sandoval, fs. 1379/85 -1982-).

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Correccional 

Por su parte, Gustavo Facundo Orazi, fs. 397/404 (518/23), dijo que 

cuando la gente se percató de lo que estaba sucediendo y comenzó a intentar 

salir del lugar “se agolparon muchas personas que quedaron apoyadas en 

las puertas [las que separan el hall del salón], siendo que inmediatamente se 

abren, y estas personas tropiezan y caen al suelo, empujadas por la 

multitud. Asimismo observa que el portón que da a la calle, posterior a la 

galería, también estaba cerrado. En ese momento, pasa el guardarropas y se 

topa con cuerpos caídos que obstruían la salida izquierda antes 

mencionada, quedando parado, siendo que hasta la altura de su pecho había 

cuerpos apilados, uno encima del otro. En ese momento observa que una 

persiana metálica que da a la calle, que poseía una puerta de ingreso de las 

típicas de comercio, estaba cerrada, y con la puerta pequeña solamente 

abierta, y al instante comenzaba a ser abierta. Allí queda atrapado por el 

grueso de la gente que lo empujaba desde atrás”. 

María Victoria Arana, fs. 455/7 (588/89) expresó que llegó a 

Cromañón aproximadamente a las 22.30, “entrando por la puerta que 

ingresaban las mujeres con entradas y los que se encontraban en la lista de 

invitados, siendo dicha puerta un portón de chapa de color violeta de unos 5 

metros aproximadamente con otra puerta más chica por donde ingresaban, 

encontrándose dicha entrada a unos 5 metros de la puerta principal. Que 

cuando se encontraban esperando para ingresar la declarante escucha a dos 

personas del sexo masculino quienes vestían remeras negras con dibujos en 

el centro, (...) y que uno de ellos le decía al otro que tenían que abrir el 

portón, refiriéndole el otro que no porque si no se iban a meter los que no 

tenían entrada.” 

Carina Soledad Blanco, fs. 468/70 (986/87), manifestó que “mientras 

la banda continuaba tocando, pudo observar c[ó]mo esta media sombra 

comenzaba derretirse y caer sobre las personas allí presentes. Que en ese 

preciso momento se cortó la electricidad, divisando como comenzaba a 

entrar en pánico todas las personas allí presentes, las cuales intentaban 

dirigirse hacia las puertas de salida al hall, observando que las mismas se 

encontraban cerradas desde afuera. En ese momento ya casi era imposible 

75

espirar, comenzando a ahogarse y desvanecerse, pudiendo sentir una 

corriente de aire, y notando la apertura de la puerta que se encontraba 

frente a ella y su novio, la cual da a un hall, divisando que las personas que 

se encontraban delante de ellos cayeron al suelo.” (el resaltado nos 

pertenece). 

76 

Por otra parte, resulta sumamente relevante la cantidad de gente que 

había en el lugar. Ello así, toda vez que si en el lugar hubiera habido menos 

gente, la posibilidad de acceder a los medios necesarios (incluso los más 

precarios) para poder apagar el fuego ni bien se inició hubiera sido mayor y, 

por lo tanto, la generación y concentración de gases tóxicos en el lugar 

hubiera sido menor. Pero, aún en el caso en que no se pudiera apagar el 

fuego, y aún con la puerta alternativa inutilizada, a menor cantidad de 

personas menor sería el tiempo necesario para la evacuación y, también, por 

lo tanto, el tiempo de exposición a los gases tóxicos. 

Con relación a este punto cabe citar el testimonio de Juan Facundo 

Diana, fs. 1435/41 (2015/18), quien señaló que el 1º de mayo de 2004 había 

concurrido a otro recital que se había realizado en Cromañón y, “en esa 

oportunidad, mientras estaba tocando el grupo ´Sexto Sentido´ ocurrió un 

hecho similar al que aquí se investiga. Dice que con el mismo artefacto que 

fue utilizado esta vez, se prendió fuego la media sombra, pero como había 

muchísima menos gente, pudieron ingresar para apagar el fuego”. 

Asimismo, dijo que en esa oportunidad el fuego se apagó con una manguera 

(en el mismo sentido, entre otros, Jorge Fernando Prieto Enrich, fs. 4844/54 

-5633/38- y María Candelaria Saggin, fs. 4859/63 -5643/45-). 

Aquí se introduce un nuevo factor, según consta en el peritaje de la 

Superintendencia de Bomberos, la mayoría de los matafuegos existentes en 

el lugar no se encontraban en condiciones de ser utilizados. 

En este sentido, Sergio Fernando Piñeiro, fs. 2060/2061 (2566/67), 

quien se encontraba a cargo de la iluminación del recital, expresó que el 

fuego se propagó rápidamente, “cayendo la media sombra encendida como 

lluvia sobre la gente y luego los colchones. Que seguidamente y casi al

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Correccional 

mismo tiempo el fuego despedía un humo negro, con el que era imposible ya 

respirar. Que en un primer momento el dicente opta por querer retirarse 

para luego no hacerlo, tomando un matafuego que allí se hallaba, a fin de 

poder combatir el fuego, determinando que este no funcionaba. Que se sacó 

la remera con el que empezó a apagar el fuego que había alrededor de la 

consola y sus alrededores. Que mientras hacía ello observaba como la gente 

en un estado de desesperación intentaba salir, dirigiéndose hacia la puerta. 

Que terminado lo que estaba haciendo intentó dirigirse hacia la puerta y al 

ver que no podía salir, ya que todo era un caos, intentó dirigirse hacia la 

otra salida, por donde salen los músicos y al ir en camino se cortó la luz, 

por lo que regresó nuevamente hacia la puerta principal, donde permaneció 

unos instantes para luego caer al suelo, no pudiendo ya respirar”. 

De suma importancia también resulta tener en cuenta el efecto 

inmediato que la inhalación de los gases tóxicos producidos por la 

combustión genera en el ser humano. Para ello, resulta ilustrativo el artículo 

de un consultor sobre riesgos de toxicidad en incendios, Gordon E. Hartzell, 

que se encuentra agregado al legajo de la Superintendencia de Bomberos. 

Según señala ese autor en cuanto a los efectos inmediatos de los 

productos de la combustión, entre los más importantes “se encuentran los 

efectos del calor, visión limitada por la opacidad del humo o la irritación de 

los ojos, narcosis debida a la inhalación de asfixiantes e irritación de las 

vías respiratorias. Estos efectos, a menudo simultáneos en un incendio, 

originan incapacidad física, pérdida de coordinación motriz, visión 

reducida, desorientación, falta de juicio y pánico. El consiguiente retraso 

o imposibilidad de escapar, provoca lesiones o muertes debidas a la 

inhalación de gases tóxicos y a las quemaduras sufridas.” (el resaltado nos 

pertenece). 

Asimismo, explica que los efectos aumentan a medida que aumenta el 

tiempo de exposición a los productos de la combustión y al grado de 

concentración de humo o gases tóxicos. 

Luego de indicar que los gases más comunes que se producen en un 

incendio son el monóxido de carbono (CO) y el cianuro de hidrógeno 

77

(HCN), explica que los gases asfixiantes, entre otras cosas, producen 

narcosis, esto es, “afectan al sistema nervioso central, provocando la 

pérdida del conocimiento y finalmente la muerte. La gravedad de los efectos 

depende (...) de la concentración y tiempo de exposición”. (el resalta nos 

pertenece). 

78 

También señala que, la irritación de los ojos es un efecto inmediato 

que sólo depende de la concentración y a veces se subestima el perjuicio que 

supone para escapar. 

Los efectos apuntados precedentemente se condicen con los relatados 

en diversos testimonios de los concurrentes al recital. En efecto, María 

Gabriela Bussolotti, fs. 1232/38 (1767/70), manifestó que “por ser el humo 

muy fuerte, el humo la paralizaba no podía respirar. Que por eso se quedó 

apoyada contra la pared porque no se podía mover”. 

Otro de ellos, en este caso Federico Antón Diana Tedeschi, fs. 

1405/09 (1997/99), expresó que se encontraba muy cerca del escenario 

cuando comenzó el incendio y “cuando la gente que estaba sobre las vallas 

comenzó a abrirse para buscar las salidas comenzó a toser, caminó hacia el 

fuego y vio que toda la gente se amontonaba en la salida, regresó sobre sus 

pasos y vio que los músicos se estaban sacando los instrumentos y se iban, 

saltó las vallas y en ese momento una chica lo tomó del brazo y le pidió 

ayuda. Que logró pasar a la chica para el lado donde se encontraba él, es 

decir del otro lado de las vallas y le dijo que se tapara la boca con la 

remera porque no se podía respirar. Que en ese momento se cortó la luz y 

como no encontraba una salida se acostó en el piso rendido, luego 

reacciona cuando una persona (...) lo está sacando a la calle”. 

Por su parte, Leandro Adrián González, fs. 4840/45 (5616/18), 

expresó que “observ[ó] que en el sector de la media sombra donde habían 

estado rebotando las chispas se había prendido fuego y caía como ´lluvia de 

plástico prendido´(sic). Ahí atinó a bajar, se sacó la remera para 

colocársela sobre la boca, porque se estaba generando mucho humo, pero 

en ese momento se le vino encima toda la gente que lo llevó a introducirse 

en el fondo del baño de las mujeres, sin que el dicente pudiera siquiera

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apoyar los pies sobre el piso. Allí abrió la canilla como pudo, para mojar la 

remera, pero no salía agua. Entonces intentó salir del baño pero era 

imposible, porque estaba lleno y la gente que estaba afuera quería entrar. 

Por eso se arrodilló, se tapó la cara con una remera y se quedó sin moverse 

por unos minutos, mientras iba sintiendo que las personas que lo rodeaban 

de a poco se caían al piso, desvaneciéndose. (...) Aclaró que además de que 

estaba todo oscuro no podía abrir los ojos porque el humo lo quemaba. 

Mientras iba caminando muy despacio se le quedó trabado el pie entre la 

gente y perdió a Patricia que lo soltó. Quiso agarrarla devuelta pero no la 

encontraba, al tiempo que el deponente le costaba cada vez más respirar.” 

Darío Marcelo Echevarría, fs.4985/88 (5728/29) manifestó que “la 

gente comenzó a desesperarse, y correr hacia la salida -lado de la calle por 

donde entraron-, habiéndose cortado la luz, es decir que todo estaba a 

oscuras con el denso humo irrespirable. Que al ver en penumbras que la 

masa corría hacia el lateral derecho del escenario, el dicente también lo 

hizo, sintiendo un fuerte mareo que le hizo perder fuerzas hasta 

desvanecerse, no recordando más nada, sólo que se despertó en la calle 

cuando le mojaron la cabeza.” 

Continuando con el desarrollo del tema, y relacionado con los 

testimonios mencionados, explica Hartzell respecto del monóxido de 

carbono, que, si bien no es el gas más tóxico entre aquellos que suelen 

generarse en un incendio, sí es el que se presenta en mayor cantidad y, por lo 

tanto, el que genera mayor riesgo para la persona ya que reduce el transporte 

de oxígeno. Asimismo, destaca que los efectos negativos de la inhalación de 

CO aumentan en niños, personas bajo los efectos del alcohol, drogas o 

medicamentos, enfermos cardíacos y ancianos. 

Según se expresa en el texto, “[c]ualquier exposición en la que el 

producto de la concentración (ppm) por el tiempo (minutos) exceda un valor 

de 35.000 ppm resulta peligrosa. Por tanto, una exposición de 10 minutos a 

una concentración de 3.500 ppm de CO sería peligrosa y posiblemente 

incapacitaría a mucha gente. Esta regla debe aplicarse con precaución a 

79

altas concentraciones, puesto que, a medida que éstas aumentan, las dosis 

toleradas son menores.” (el resaltado nos pertenece). 

80 

En relación con el cianuro de hidrógeno refiere que “[e]l cianuro de 

hidrógeno (HCN) se produce por la combustión de materiales que contienen 

nitrógeno 5 .(...) [E]s un producto tóxico que actúa rápidamente. Es 

aproximadamente 20 veces más tóxico que monóxido de carbono. (...) A 

medida que aumenta la concentración, disminuye el valor de la dosis 

tolerada.(...) [S]uele aceptarse que las concentraciones de cianuro en la 

sangre superiores a 1 microgramo por mililitro son indicativas de posibles 

efectos tóxicos importantes originados por cianhídrico. Niveles superiores a 

3,0 microgramos por mililitro son, en general mortales.” 

Para finalizar, traeremos el testimonio de Juan Manuel Ledesma, fs. 

246/51 (237/39), empleado de seguridad de Cromañón que el día del hecho 

se encontraba cumpliendo sus funciones en una de las escaleras del local y 

realizó un claro relato de cómo se fueron sucediendo los hechos. En ese 

sentido, manifestó que “vio como un muchacho joven tiró una bengala de 

luces de colores hacia arriba. Son bolas de luces, como fuego de colores. 

Una de estas bolas de fuego de colores quedó enganchada en la tela 

mediasombra que adorna el techo para que no se vea la lana de vidrio que 

está colocada para amortiguar el ruido. En un instante agarró la lana de 

vidrio como si fuese nafta, pues se prendió todo de golpe. Ahí la gente se 

alborotó y comenzaron a correr, algunos a tirarse desde arriba, donde esta 

la bandeja, a unos diez (10) metros de altura y caían sobre el escenario o 

sobre la misma gente que estaba sobre la pista. Todos comenzaron a 

desesperarse por salir hacia la puerta. (...) Como todo estaba oscuro y había 

un humo tremendo, la gente empezó a desesperarse.” 

Como consecuencia de lo expuesto se puede afirmar hasta el 

momento, con el grado de certeza que requiere esta resolución, que, unido a 

la cantidad de público asistente que superaba holgadamente las condiciones 

de habilitación, el hecho de que la puerta alternativa de emergencias 

estuviera clausurada -sin perjuicio del cartel lumínico que hacía presumir lo 

5 Algunos de los materiales que contienen nitrógeno son la lana, la seda, el nylon y el poliuretano.

USO OFICIAL 




Correccional 

contrario-, como así también, el hecho de que las puertas de salida se 

hallaran trabadas, perjudicó la salida de la gente que había en el interior del 

local. Esto generó un mayor tiempo de exposición a los gases tóxicos 

producidos por la combustión de los materiales que recubrían el techo del 

lugar ante la acción del fuego producido por el uso de un elemento 

pirotécnico. Dicha exposición, a su vez, provocó que gran cantidad de gente 

se desmayara y quedara tirada en el suelo, lo que además de impedirle salir 

por sus propios medios del lugar, ocasionó que, ante la falta de luz, se 

obstaculizara la salida de quienes no se hallaban desmayados. Todo lo 

señalado produjo un riesgo para la vida y la salud de los concurrentes que, 

tal como surge de los informes periciales y testimonios citados, se vio 

realizado en el resultado. 

Un desarrollo aparte merece el riesgo creado por la desnaturalización 

de la habilitación que le fuera otorgada en su momento al local donde 

funcionaba Cromañón. 

Más allá de las irregularidades que giran en torno a esa habilitación 

para un local de baile clase “C”, lo cierto es que el lugar no funcionaba como 

un local de baile sino como un lugar destinado a realizar recitales a los que 

concurrían gran cantidad de personas y, siendo así, debía cumplir, como ya 

fuera mencionado, con una serie importante de requisitos destinados a 

permitir el correcto funcionamiento del espectáculo. 

“República Cromañón” fue concebido desde el inicio del proyecto 

comercial como un microestadio para recitales de bandas de rock (así se 

referían al lugar los policías de la Seccional 7ma. y el propio Chaban en 

reportajes periodísticos), sin embargo, no se cumplía con los requisitos que 

este tipo de eventos demandan para garantizar la seguridad del público que a 

ellos concurre, como ya se indicó. 

En efecto, tal como se vio a la hora de analizar la creación de este 

riesgo, si el lugar hubiera estado efectivamente habilitado como un 

microestadio, para realizar los recitales hubiera requerido contar con 

autorización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, personal médico, 

personal de seguridad, personal de bomberos y personal policial, en cada uno 

81

de los recitales que se realizaran. Asimismo, antes de iniciarse cada 

espectáculo, los funcionarios del GCBA controlarían que el lugar se hallara 

en condiciones para que las personas pudieran ingresar, y, junto con la 

justicia contravencional, controlarían que el espectáculo se desarrollara en 

forma correcta. 

82 

Según se desprende de las copias del expediente nro. 15.822 de la 

Fiscalía Contravencional nro. 8, los representantes del Área de Control de 

Espectáculos de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo del GCBA llegaban al 

lugar antes de que comenzara el espectáculo y verificaban las condiciones de 

seguridad, higiene y funcionamiento. Durante el show recorrían el interior y 

exterior del lugar y controlaban los medios de ingreso y egreso. 

Pero nada de ello ocurrió aquí, dado que no se solicitó la autorización 

correspondiente para realizar el espectáculo al GCBA; no se contó con el 

personal del Área de Control de Espectáculos que podría haber impedido que 

los recitales se llevaran a cabo al constatar que la puerta alternativa de 

emergencia se encontraba cerrada con candado y alambre y la mayoría de los 

matafuegos no estaban en condiciones de ser. 

Asimismo, se obvió contar con la presencia de personal de bomberos 

en el lugar que podría haber apagado el fuego de manera inmediata 

disminuyendo la generación de tantos gases tóxicos. 

Por otra parte, se evitó la presencia de personal médico que podría 

haber socorrido prontamente a algunos de los asistentes, logrando, cuanto 

menos, mejorar su situación de peligro ante la inhalación de los gases 

tóxicos generados por el incendio. 

De ello se desprende que, no sólo se crearon innumerables riesgos sino 

que además, no se tomó ninguna de las medidas que podrían haber, si no 

evitado totalmente, al menos haberlos disminuido. 

4) El conocimiento que tenían los imputados sobre el riesgo. 

4.a. La representación del imputado Omar Chaban 

Está probado, con el grado de certeza que esta etapa requiere, que 

Chaban sabía que a causa del uso de pirotecnia se habían producido dos 

incendios anteriores en el local “República Cromañon”.

USO OFICIAL 




Correccional 

Las declaraciones coincidentes de un sinnúmero de testigos, entre 

empleados del propio imputado y asistentes a los diferentes recitales, 

permiten tener por acreditadas tres situaciones de incendio anteriores, una de 

ellas ocurrida el 1° de mayo y las dos subsiguientes durante el recital del 25 

de diciembre del 2004. En estas dos fechas, Chaban estuvo presente, 

habiendo intervenido en una de ellas en forma activa para contribuir a la 

extinción que, ocurrida, permitió que el show prosiguiera. 

La conducta del nombrado el 25 y 29 de diciembre, en orden a las 

advertencias que en forma personal hizo sobre el uso de pirotecnia y sus 

peligros; el exhaustivo cacheo de que hablan los concurrentes a los recitales 

de los días 28 y 29 de diciembre, y los términos bajo los cuales, el 30 de 

diciembre, se dirigió al público en dos ocasiones, a lo que se sumó la ulterior 

recomendación de Fontanet en el mismo sentido, no dejarían lugar a dudas 

sobre la existencia de una efectiva percepción del nombrado sobre el peligro 

de incendio latente en la situación. 

Varios testigos declararon coincidentemente que, cuando el 25 de 

diciembre se generaron los incendios, el propio Chaban dijo “(...) esto tiene 

que ser una fiesta, no una masacre, que no pase lo que pasó en Paraguay, 

por la característica del techo si tiran pirotecnia se va a incendiar y tantas 

personas no pueden salir en pocos minutos por las salidas” (Gustavo 

Facundo Orazi, fs. 397/404-518/521; Fabián Ariel Carranza, fs. 1487/89- 

2049/50); “(...) no sean criminales, nos vamos a morir todos, criminales 

hijos de puta, que no pase lo que pasó en Paraguay, este no es un país 

bananero. No sean rockeros pelotudos (...)” (Sergio Bogochwal, fs. 892/896- 

1521/23). El 29 siguiente, realizado un control riguroso, fue el propio 

Chaban quien manifestó: “(...) parece que ustedes no entienden, si metemos 

gente de seguridad copada que no los moleste, uds. meten pirotecnia, parece 

que hay que ponerles patovicas para que se comporten, como los que hay en 

El Teatro (haciendo referencia a otro local bailable del mismo estilo)”, 

expresó Orazi. 

En relación al 30 de diciembre, Jorge Fabián Leggio, fs. 582/88 

(836/39), operador de sonido de la banda “Callejeros -al igual que un 

83

importante número de testigos- dio cuenta de que ese día, ante el uso de 

pirotecnia durante la actuación de la banda de soporte, Chaban le dijo a los 

concurrentes: “No seamos una república bananera como Paraguay, la 

verdad que ayer se portaron muy bien y antes de ayer, por culpa de las 

bengalas, no se pudo ver bien el show”. “Córtenla de tirar estas cosas, ya 

ayer hubo problemas, se van a morir todos incendiados, no sean tarados, el 

lugar no tiene ventilación, hay criaturas, el humo de las bengalas es tóxico, 

van a morir todos” (Carlos Fernando Allende, fs. 1398/400 -1992/93); “Que 

empiece a tocar la banda, ya eran suficientes personas y no se van a vender 

más entradas. No quiero que prendan bengalas, no sean boludos, no quiero 

lastimados, si pasa una tragedia nosotros no nos hacemos cargo (...)” (Juan 

Daniel Bazán, fs. 212/24 -208/09); ”No tiren bengalas ni tres tiros porque el 

techo es de material inflamable, son seis mil personas y no se venden más 

entradas, porque si se provoca un incendio, no van a salir. Son muchos, 

tienen que festejar, no quiero una masacre como la del Paraguay...” (María 

Soledad Gómez Casalicio, fs. 2058/59 -2565). 

84 

En forma inmediata puso música y fue entonces que vio a una persona 

apuntar hacia el escenario con una candela encendida, frente a lo cual 

Chaban lo increpó en los siguientes términos: “Hijo de puta, pelotudo de 

mierda, pendejo, no ves que nos vamos a morir todos, que querés, matarnos” 

(Leggio). “Sos un pendejo pelotudo, un rockero puto, que los débiles no le 

ganen a los fuertes, hoy acá hay 6000 personas, no se vendieron más 

entradas por temas de seguridad, el día que tocó la 25 y en mayo tuvimos 

que evacuar el lugar por un problema similar, no arruinen la fiesta de rock” 

(Sergio Bogochwal). Orazi y otros refirieron que, por su parte, Fontanet dijo 

a continuación: “Lo que dice Omar es que no jodan más con la pirotecnia 

porque puede pasar algo muy grave y podemos morir todos, es muy serio, 

está claro...” 

Nicolás Saleh, Fernando Javier Frenkel, fs. 3536/37 (3095/99), y 

Guillermo Armago, fs. 235/37 (225/26), dieron cuenta además de que, 

iniciado el incendio del techo, el mismo locutor -Chaban- sentenció: “(…) yo 

les avisé que esto podía pasar, ahora jódanse.”

USO OFICIAL 




Correccional 

Por su parte, los resultados de uno de los anteriores incendios estaban 

a su vista. Así, la División Siniestros de la Superintendencia de Bomberos 

dictaminó -luego de corroborarse que el suceso del 30 no produjo 

detrimentos severos en el edificio, porque la perdurabilidad ígnea no fue 

suficiente para provocar esas secuelas ni siquiera en el propio sector del 

fuego- que existía una oquedad del material con signos evidentes de 

combustionamiento, entre los ductos de aireación, determinándose que ese 

particular indicio “(...) sugiere a nuestro entender técnico que podría ser la 

resultante de un suceso anterior al siniestro (...)”, calificándose el hallazgo 

como proveniente de un proceso independiente (fs. 162/63 del Legajo 

respectivo), cuestión que no resulta menor en el análisis que se formula. 

Asimismo, no existirían dudas sobre el conocimiento efectivo que 

Chaban tenía sobre el estado de los matafuegos. 

En primer término, porque el nombrado estuvo al frente del local en 

las dos ocasiones anteriores en que se verificaron sendos incendios, el 1° de 

mayo (en que tocaron “Sexto Sentido” y “Jóvenes Pordioseros”) y el 25 de 

diciembre (en que tocó “La 25”), constándole, por tanto, que su uso fue 

infructuoso y debieron ser apagados por otros medios. 

Héctor Damián Albornoz, fs. 3850/56 (4189/92), relacionado con 

Chaban y su hermano, para quienes trabajó alternativamente como empleado 

de seguridad o “barman” desde 1991, dio cuenta de que el 1° de mayo se 

prendió fuego la media sobra y fue él quien la apagó con la manguera, pese a 

que ésta se hallaba sin enroscar y con pinchaduras. También estuvo presente 

en los incendios del 25 de diciembre; ocasión en la que también fue en busca 

de la manguera, no hallándola en la boca, porque estaba guardada en un 

cuartito debajo del escenario. Al serle alcanzada por Raúl Bordón, notó que 

no había mariposa, por lo que debió accionarla con una pinza, hasta 

finalmente ponerla en funcionamiento. Mientras ocurrió esto, Chaban llenó 

dos vasos a los que les cabían casi un litro de cerveza y se los fue pasando al 

público de mano en mano, hasta que alguien lo pudo apagar. También la 

gente se valió de las banderas para ayudar a la extinción 

85

86 

Por su parte, Luciano Gonzalo Otarola (fs. 3864/3870-4200/4202), 

quien trabajó en República Cromañón durante el término de cinco meses, dio 

cuenta de que el mencionado 25 de diciembre, producido el principio de 

incendio en la media sombra ubicada en el techo en el sector contrario al 

escenario, subió velozmente la escalera, se colgó de la baranda del primer 

piso mientras pedía un matafuego e intentó accionarlo, pero no pudo ya que 

no andaba o estaba vacío. Igual situación se produjo con los dos o tres 

sucesivos que le alcanzaron a continuación. Luego de ello fue hasta la barra 

y pidió agua y con vasos que pasaron de mano en mano, y la colaboración de 

la gente que arrojaba las banderas hacia la media sombra, se logró la 

extinción del foco ígneo. Para terminar de apagar las pequeñas “gotas de 

fuego” que caían, se usó la manguera, lo que se dificultó porque muchos la 

pisaban; cuando ya se estaba apagando, Chaban se la sacó y les dijo que no 

tenían que usarla y él mismo, con un matafuego, terminó de apagar los 

restos. 

En lo que se refiere a la situación de la puerta “alternativa de 

emergencia” y de las demás puertas de ingreso/egreso al lugar, tampoco 

queda ninguna duda acerca del conocimiento del imputado. 

Existe un dato puntual sobre el particular que revela el conocimiento 

que tenía Chaban sobre “(...) la necesidad y obligación de que las puertas 

deben encontrarse totalmente abiertas y los medios de salida del local 

expeditos durante las horas en que se desarrollo de la actividad del mismo 

para una rápida evacuación en caso de producirse un siniestro(...)” en los 

locales de baile clase “C”, cual es la notificación personal que en tales 

términos se le hizo el 5 de agosto de 2004, con motivo de la entrega de una 

copia actualizada del certificado contra incendios del otro local de su, 

“Cemento”. 

Dada su larga experiencia en la actividad, puede afirmarse que 

conocía los parámetros bajo los cuales la División Prevención de la 

Superintendencia Federal de Bomberos aprobaba los sistemas de seguridad 

contra incendios -factor de ocupación en relación a la superficie útil del local 

en función de su uso y, subsiguiente cálculo del ancho mínimo de las salidas,

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Correccional 

para permitir el egreso del número de personas determinado en la ecuación 

anterior-, de lo cual cabe colegir al menos que no le era desconocida la 

relación proporcional directa público/metros de vías de egreso 

indispensables, como así también que todas las puertas que hubieran 

resultado habilitadas se debían encontrar, concretamente durante el lapso de 

uso específico del lugar, en condiciones de ser fácilmente abiertas para una 

eventual emergencia. 

La inhabilidad de la puerta alternativa de emergencia al efecto de su 

inmediata apertura, el día preciso de la tragedia, fue un punto central de su 

representación negativa en términos de evacuación del público, en razón de 

que fue él personalmente quien dispuso su cierre, para que no entrara gente 

por ahí, según algunos, y para evitar la salida del ruido hacia el hotel, según 

otros. 

A ello se agregó que no todas las puertas doble hoja (“cine”), que en 

número de seis existían en el frente del lugar, estaban abiertas al 

desencadenarse el siniestro, habida cuenta de que los especialistas de 

Bomberos determinaron que poseían secuelas de haber sido forzadas. 

Sobre el particular, Jorge Fabián Leggio, indicó que en el 

estacionamiento del hotel había un portón grande (salida de emergencia) 

cerrado y que la gente del otro lado intentaba abrirlo para poder salir, lo que 

recién ocurrió cuando llegaron los bomberos, para lo cual debieron 

violentarlo. Recordó que, en un evento meses antes, Chaban le dijo a uno de 

sus empleados que esa puerta estaba rota y que no se podía abrir. 

Ricardo David Vázquez, fs.1056/66 (1642/43), empleado de Leggio, 

indicó que la primera vez que concurrió a República Cromañón fue para 

“pasar” música en marzo de 2004; en esa oportunidad logró ingresar con el 

camión para descargar los equipos de sonido hasta el interior del local 

bailable, llegando hasta el escenario. Entró el vehículo por el portón metálico 

correspondiente al estacionamiento del hotel lindero, callejón que a escasos 

metros desembocaba directamente en la salida de emergencia del local 

bailable. Junto con los demás empleados abrieron la salida alternativa de 

emergencia y entraron sin problema alguno. Cuando tuvieron que retirar los 

87

equipos efectuaron similar maniobra, pero luego supo por comentarios de 

“gente del ambiente” de que esa puerta no se podía utilizar más. 

88 

En junio o julio de 2004 volvió al local con “Callejeros”, ocasión en la 

que “Mario”, un empleado de Chaban le dijo: “la otra vez la quisimos abrir 

y casi se cae, así que la tuvimos que soldar y, además, molesta a la gente del 

hotel”, agregando que “esa puerta no se puede abrir más.” De tal modo que 

debieron descargar los equipos en la vereda y entrarlos a mano por la puerta 

donde se encontraban las boletería. Llegado Chaban a eso de las 14:00, les 

dijo que no hicieran ruido durante la descarga para no molestar a la gente del 

hotel y, al preguntarle por la puerta de emergencia, les confirmó: “No, esa 

puerta no se puede usar más, así que olvídense” y se retiró sin mayores 

explicaciones. 

En las seis o siete veces en que concurrió al lugar en ese lapso, 

siempre la vio cerrada y en la primera de ellas la observó asegurada con 

alambre. El 30 de diciembre, iniciada la tragedia, logró salir por la puerta del 

camarín en dirección al estacionamiento y desde allí se dirigió por fuera del 

local a la puerta de emergencia -cerrada y con alambres- donde se 

encontraban unos muchachos que trataban de abrirla. En esa circunstancia 

vio a Chaban irse, sin prestarles ayuda alguna para ello. 

Por su parte, Salvatore Albano, fs.1503/08 (2060/62), consultado por 

Chaban para el acondicionamiento acústico del local, dijo que al visitarlo en 

febrero y marzo del 2004 pidió abrir la puerta de emergencia y que tardaron 

más de veinte minutos en traer la llave del candado que tenía colocado, lo 

cual hizo una persona que estaba en el predio limpiando o arreglando algo. 

También sabía Omar Chaban que pese a que la puerta estaba cerrada 

se mantuvo el cartel luminoso de salida, ya que ello era obvio para quien 

permanecía en el lugar muchas horas y con diversas condiciones de luz. 

Por su parte, tampoco podía desconocer la posibilidad de que pese a la 

realización de un cacheo al público ingresante, el material pirotécnico era 

entrado de igual manera. 

La representación de Chaban sobre el riesgo que ello implicaba y su 

decisión de asumirlo se encuentra probada por los incendios anteriores en

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espectáculos realizados en ese lugar y bajo su propia organización; los 

términos de su arenga frente al uso de pirotecnia durante la actuación de la 

banda de soporte y la fuerte imprecación hacia quien, en forma inmediata a 

su solicitud de limitarse en tal sentido, encendió una candela de tres tiros 

ante lo que se reprochó no haberse valido de “patovicas” para controlar la 

seguridad, pese a que eran más efectivos que la “gente copada” por la que 

habían optado ese día para las revisaciones. 

No enerva el alcance de la representación que nos ocupa el eventual 

conocimiento de que en ningún caso podía obtenerse una efectividad 

completa en la exclusión de pirotecnia -pues en el estadio “Obras” no lo 

habían logrado en la presentación de “Callejeros”, pese a los controles 

estrictos-, porque sólo bajo la premisa: menor cantidad de elementos de esas 

características/menor riesgo para el público, se explica que no obstante ello 

se prosiguiera con la revisación de los concurrentes que, en algún día previo 

-el 29, conforme a los testigos-, fue mucho más efectiva que el propio 30, en 

el que los controles estuvieron más flexibilizados. 

La representación del imputado en cuanto al uso de pirotecnia por 

parte del público se halla probada por los siguientes extremos: 

Su trayectoria y dilatada experiencia previa en la organización y 

desarrollo de shows de grupos de rock, en los que la tónica habitual desde 

fines de los ´90 era el uso de pirotecnia, habiendo intervenido personalmente 

en algún caso para apagar el incendio generado por tal razón. En tal sentido 

son de resaltar las manifestaciones de Héctor Damián Albornoz, 

alternativamente empleado de seguridad o barman del lugar, quien, al igual 

que otros empleados, aseveró: “(...) que la mayoría de las bandas que 

tocaron en el lugar eran de rock y que, en ese ambiente, se suele utilizar 

pirotecnia en los recitales. Que en casi todos los recitales que se realizaron 

en República Cromañón en los ocho meses que funcionó se encendían 

fuegos artificiales, aunque sea una bengala o petardo...”. En referencia al 

recital del 25 de diciembre, durante el recital de “La 25”, este testigo dio 

cuenta de que: “En un momento, el propio Chaban agarró la manguera para 

apagar el fuego, lo cual ocurrió (...)”. 

89

90 

Su propia experiencia con el grupo “Callejeros”, quienes tocaron en 

dicho local en seis ocasiones, los días 10 de abril, 28 y 29 de mayo y 28, 29 

y 30 de diciembre de 2004, oportunidades todas en que se usaron bengalas y 

otros elementos del pirotecnia, tal como también lo ratifican sus propios 

empleados y quienes trabajaron en el lugar ese día: Luciano Gonzalo 

Otarola; Sergio Fernando Piñeiro -iluminador-; Fabián Ariel Carranza -de 

Sadaic-, entre otros; “(...) siempre antes de comenzar el recital Omar 

Chaban tomaba el micrófono y pedía al público que no utilizasen pirotecnia, 

les decía que era peligroso y se podían lastimar. Esto lo decía en tono alto y 

gritando un poco, ante lo cual la gente lo silbaba y lo insultaba (...)”, 

explicó Albornoz. 

Tampoco desconocía Chaban la relación entre número de personas 

para las que el local estaba habilitado y la cantidad de gente que había el día 

30 de diciembre de 2004. 

La prueba rendida en autos ha demostrado que el lugar se hallaba 

habilitado como local de baile clase “C” y con capacidad para recibir un 

máximo de 1031 personas, tal como resulta expresamente de la plancheta de 

habilitación que encabeza el Libro respectivo. 

En párrafos anteriores, ya se ha hecho referencia a que Chaban 

gestionó por sí mismo la habilitación de “Cemento” y, por tanto, al 

acompañar los planos al inicio del trámite los debió haber suscripto. En los 

planos de habilitación obra en primer lugar, y de forma destacada, la 

ecuación en base a la cual se calcula la ocupación posible por metro 

cuadrado en relación a la superficie total del lugar y la superficie de salidas 

necesaria para realizar una evacuación adecuada en caso de siniestro. 

Evidentemente, tanto esa circunstancia puntual cuanto la amplia 

experiencia del nombrado en la explotación de locales -Café Einstein, Die 

Schulle, La Flor y, en especial, los dedicados según sus intenciones 

específicamente a recitales, Cemento y República Cromañón- dan sustento a 

la afirmación de que conocía perfectamente los parámetros de cálculo en 

base a los cuales un lugar podía funcionar en forma segura para los asistentes 

y que, consecuentemente, tuvo representación cierta de que la vulneración de

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esos límites, especialmente en la forma extrema en que se realizó bajo su 

anuencia -en el mejor de los casos triplicando el número permitido-, 

impediría de hecho la salida rápida y sin problemas de los concurrentes. 

Sus propias palabras, ya referenciadas en párrafos anteriores, revelan 

sin duda alguna que así fue, especialmente cuando resaltó la cantidad de 

gente presente en ese momento como uno de los elementos del aumento del 

riesgo en el interior de Cromañón frente al uso de pirotecnia. 

De hecho, lo había vivido en forma personal en el incendio del 1° de 

mayo del 2004, pues como lo han señalado varios, entre ellos Héctor Damián 

Albornoz y María Candelaria Saggin, fs. 4859/63 (5643/45), cuando se 

prendió fuego parte de la media sombra se la pudo apagar con la manguera, 

habiendo favorecido esa acción el hecho de que “(...) esa noche no había 

mucha gente -menos de dos mil personas-, por lo que la mayoría salió a 

tomar un poco de aire, se quedó en la barra y se colocó una toalla en la 

boca por la gran cantidad de humo que se había originado y que luego de 

unos minutos, cuando el humo menguó, la gente volvió a ingresar y el recital 

continuó (...)”. 

También puede sostenerse que Chaban sabía que el techo estaba 

revestido por material sumamente inflamable, a lo que se le sumó la “media 

sombra”, que frente a la acción de la pirotecnia, facilitó la combustión. 

En este sentido, es claro que a través de la relación que trabó con el 

mencionado Salvatore Albano tomó conocimiento, ya en febrero/marzo del 

2004, que el sistema de ventilación en “U” que estaba sobre el escenario y la 

pista de baile estaba recubierto por guata pintada de negro (un material 

inflamable), contrariamente a lo que suponían aquellos con los que se 

entrevistó, entre ellos el propio Chaban, que pensaban que se trataba de lana 

de vidrio ignífuga. En esa misma circunstancia, dijo haber recomendado al 

imputado la colocación de puertas a los costados del escenario para poder 

evacuar más rápido el lugar, ya que podrían salir directamente al 

estacionamiento del hotel, frente a lo cual Chaban le respondió que se 

limitara a lo que se le encomendó, relacionado con el tema acústico por el 

que había sido consultado. 

91

92 

También el propio Albano señaló que la media sombra que decoraba 

el techo para ese momento no era ignífuga sino que, por el contrario, se 

trataba de un plástico inflamable de alto poder conductor de fuego. 

Nuevamente en este caso cabe señalar que la experiencia de los 

incendios de los días 1° de mayo y 25 de diciembre de 2004, estando 

presente Chaban, ocasiones en que la media sombra entró en combustión en 

la parte delantera, desde la columna de la mitad del techo hacia el escenario 

y en el sector contrario al escenario, junto con los paneles de espuma (de 

acústica) pegados al techo, no hizo más que confirmarle aquello de lo que 

había sido impuesto meses antes en cuanto a que el material del techo era 

fumígero y que la media sombra, de fibra sintética, tenía una capacidad ínsita 

de prenderse y de propagar rápidamente el fuego. 

Bajo tales datos y experiencia precedente, Chaban enfrentó la 

organización del recital del 30 de diciembre en un ámbito colmado en exceso 

de personas, en un contexto artístico donde la pirotecnia era el distintivo 

esencial y con las puertas de egreso inhábiles al efecto -por anulación en un 

caso y por cierre con pasadores en el otro-. 

4.b. La representación de los imputados Diego Marcelo 

Argañaraz, Patricio Santos Fontanet, Juan Alberto Carbone, Eduardo 

Arturo Vazquez, Maximiliano Djerfy, Christian Eleazar Torrejón, 

Daniel Horacio Cardell y Elio Rodrigo Delgado. 

Con respecto al conocimiento de las condiciones de la puerta 

alternativa de emergencia, corresponde afirmar que si bien no existe la 

misma certeza acerca de ese conocimiento que puede haber respecto del 

imputado Omar Chaban, tampoco hay motivos para descartar de plano el 

conocimiento sobre la inutilidad de esa puerta a los efectos de una 

evacuación en caso de producirse un siniestro. 

En primer lugar porque, es muy difícil no advertir desde el escenario 

que dicha puerta estaba cerrada, ya que si se concurre al lugar, tal como tuvo 

oportunidad de hacerlo este Tribunal en la inspección ocular oportunamente 

llevada a cabo, y el observador se ubica arriba del escenario, lugar en el que

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Correccional 

necesariamente estuvieron los integrantes de la banda musical, no se puede 

dejar de ver la puerta. 

Así, teniendo en cuenta que el grupo “Callejeros” no era la primera 

vez que tocaba en “República de Cromañon” -hubo conciertos el 10 de abril, 

el 28 y 29 de mayo del 2004 y el 28 y 29 de diciembre del mismo año-, que 

incluso para éstos últimos se alojaron en el hotel lindero, que realizaron 

varios ensayos en el lugar durante el día, puede presumirse que pudieron ver 

desde el escenario que la puerta alternativa de emergencia se encontraba no 

sólo cerrada sino también “asegurada” con candado y alambres. 

En orden al control deficiente que el personal de seguridad contratado 

por “Callejeros” realizó durante el ingreso de los asistentes al lugar, 

corresponde referir que se ha advertido, tal como oportunamente se expuso, 

que esa noche hubo tres modalidades adoptadas respecto de la manera en que 

se controlaba al público. 

Así, y como vimos de la numerosa prueba incorporada, tenemos el 

cacheo realizado a aquellas personas que ingresaban a la hora señalada como 

anterior al inicio del recital y que eran divididas en filas por sexo; algunos de 

los que figuraban en las listas de invitados a los cuales ningún tipo de 

revisación se les hizo; y, finalmente, los que se presentaron en un horario tal 

que cuando vieron demorado su ingreso comenzaron a empujar provocando 

ello que “alguien” diera la orden de que se prescindiera del cacheo y sólo se 

“cortaran” las entradas. 

Ello demuestra que el control para evitar el ingreso de pirotecnia fue 

deficiente, lo que se debió, entre otras cosas, a que el mismo grupo habría 

flexibilizado los controles, en parte, por la actitud que tenían respecto al 

ingreso de ese material por parte del público. Y no obsta a ello que durante el 

transcurso de los recitales de los días 28, 29 y 30 de diciembre de 2004 el 

cantante Fontanet haya pedido al público que deje de prender bengalas 

porque no podía respirar; dicha petición era una constante -entre otros, Paula 

Gisela Pérez, a fs. 12.784/84bis (11.591)- y también se produjo en recitales, 

como el que se hizo en Obras Sanitarias. 

93

94 

Esta anterior afirmación se puede realizar luego del análisis que se ha 

hecho de la gran cantidad de material gráfico, visual y de audio incorporado 

en autos, que dan cuenta de la actitud adoptada por la banda en cuanto al uso 

de pirotecnia y al que se ha hecho particular referencia a la hora de analizar 

este punto en el apartado 2.b. de esta resolución. 

Al respecto y, para mencionar algunos ejemplos, entre muchos otros, 

podemos transcribir un apartado de la entrevista que a Santos Fontanet se le 

hizo en la revista “Si se calla el cantor” cuando manifestó: “La organización 

de lugar [en referencia a Obras] es distinta a la nuestra. Nosotros queremos 

que la gente se divierta y no echamos a trompadas a un pibe porque prende 

una bengala como hacen ahí”. Luego señaló que: “Existe una necesidad de 

tocar en un lugar abierto para que no haya problemas con las bengalas 

porque ya nos estamos empezando a intoxicar con toda la humareda (…)” y, 

por otro lado, la entrevista grabada -ya citada- que el periodista Juan Di 

Natale le realizó a uno de los integrantes del grupo el 30 de diciembre del 

2004, que iba a ser emitida al día siguiente por lo que se simuló que el recital 

ya había ocurrido, cuando el baterista Vázquez hizo mención a la cantidad de 

gente que fue a verlos (4.000 personas) y al ser preguntado sobre el tema de 

las bengalas dijo que había habido muchísimas y que eran “la frutilla de la 

torta” (sic). 

Los integrantes de la banda, sin perjuicio de que advertían algunos de 

los riesgos que implicaba el uso de pirotecnia en un lugar cerrado, nada 

hicieron para intensificar el cacheo sin distinción de personas, al tiempo que 

aprobaban e incluso estimulaban con sus manifestaciones, y para no ir en 

contra de su público, su uso. 

Lejos de hacer algo para evitar el ingreso de pirotecnia, o para brindar 

un recital en el que no se utilizara ese material pese a la representación que 

efectivamente tenían acerca de su prohibición y del perjuicio que su uso 

podría causarle al público y a ellos mismos, buscaron puntualmente un lugar 

en el que pudieran manejar la seguridad para evitar conflictos con el público 

a raíz del ingreso de ese material. Pretendían la posibilidad de no molestar al

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Correccional 

público con un personal de seguridad estricto al respecto, como lo era en 

lugares tales como “El Teatro” u “Obras Sanitarias”. 

Pero además, ellos sabían que también podrían tener consecuencias 

judiciales y económicas por el uso de pirotecnia por parte del público y con 

el ingreso de ella que debía ser impedido por los imputados en su condición 

de organizadores. Y lo sabían, porque ya habían sido intimados en el recital 

de Obras Sanitarias del 30 de julio de 2004 por la Justicia Contravencional, 

lo que obligó al músico Fontanet a pedirle al público que dejara de prender 

bengalas, tras lo cual dejó entrever su posición al respecto y la posibilidad de 

cambiar eso cuando estuvieran en otro sitio. 

Indudablemente, ese tipo de problemas no los tenían en “República 

Cromañón”, donde no concurría ningún inspector, ningún fiscal y ningún 

policía, que los molestara con muchas de las cuestiones que debieron cuidar 

en otros recitales. 

Sin embargo, pese a la representación que los integrantes del grupo 

musical tendrían de la inexistencia de funcionarios que controlaran, no se 

puede acreditar que supieran fehacientemente cuál era el destino para el que 

estaba habilitado el lugar; qué significaba que estuviera habilitado como 

“local de baile” y no como “microestadio”, o cuáles eran los trámites que 

debían hacerse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para 

regularizar la situación y permitir que esos espectáculos se brindaran. 

Más dudoso resulta sostener el desconocimiento por parte de la banda 

del pago de sobornos a los integrantes de la Comisaría 7ma., ya que la 

prueba obrante en el sumario demuestra que las ganancias se repartían entre 

la banda y Chaban una vez descontados todos los gastos, entre los cuales 

también se encontraba el pago a la policía. Empero, no puede descartarse que 

los imputados asignaran dicho pago al concepto de “policía adicional” que 

era un rubro que generalmente se pagaba en la organización de los recitales, 

al menos en los que se realizaban en los microestadios. 

En relación a la gran cantidad de gente que el grupo permitió que 

asistiera y cómo ello incidió en los hechos, hemos de referir que, se 

encuentra acreditado en autos, que los integrantes de “Callejeros” eran 

95

quienes estaban encargados de la emisión de las entradas para los distintos 

shows y también, en base a las declaraciones prestadas por los encargados de 

los locales de la empresa “Locuras”, que para el 30 de diciembre tenían para 

la venta 3.500 entradas de las cuales debieron devolver 347. 

96 

Asimismo, corresponde sumar a ello la gente que ingresó sin entradas 

por figurar en las listas de invitados y las entradas que se vendieron en las 

boleterías el mismo día del recital. 

Estas circunstancias permiten afirmar que el grupo “Callejeros” tenía 

un acabado conocimiento de la cantidad de gente que iba a ingresar al recital 

del 30 de diciembre del 2004. 

Asimismo, Callejeros brindó a lo largo de su carrera artística una gran 

cantidad de recitales en los más variados lugares y llevó a cabo en 

“República de Cromañón” otros espectáculos, como ya se indicó antes, con 

lo cual pudieron observar el local con distintas cantidades de personas y 

cómo ello incidía en el aire que se respiraba, en la manera en que la gente 

podía moverse, en cómo podían desplazarse para salir cuando finalizaba el 

show, etc. 

El 30 de diciembre, como también se encuentra probado en esta etapa, 

fue el día que más gente hubo, con lo cual puede concluirse que se pudieron 

representar el riesgo que ello implicaría ante una eventual situación que 

conllevaría a la necesidad de evacuar el lugar y, no obstante, nada hicieron 

para evitarlo. 

Sin perjuicio de ello, no se puede afirmar categóricamente que los 

integrantes del grupo musical supieran qué cantidad de personas podían 

entrar en “República Cromañón” de acuerdo a los términos de la habilitación 

municipal; razón por la cual si bien sí se puede afirmar el conocimiento de 

que el lugar estaba sobrepoblado, no se puede hacer lo mismo en lo que 

respecta al apartamiento de los límites de la habilitación. 

Otro tema a tratar resulta ser aquél relacionado con la existencia de 

material inflamable en el local y el conocimiento que tenían de ello los 

integrantes del grupo.

USO OFICIAL 




Correccional 

Se encuentra acreditado a lo largo de distintas declaraciones prestadas 

por concurrentes al recital del 30 de diciembre, y que también estuvieron 

presentes en los recitales en “Cromañon” del 1° de mayo del 2004 y del 25 

de diciembre del mismo año, que se produjeron tres incendios, uno el 1° de 

mayo y dos el 25 de diciembre, en la media sombra que había en el techo. 

Este tipo de acontecimientos -que se produzca un incendio durante un 

recital que provoque la interrupción momentánea del show e incluso, como 

ocurrió en uno de los casos, la salida de la gente al exterior-, son noticias que 

corren en el ambiente y se comentan de “boca en boca” no sólo entre los que 

asiduamente concurren a éste tipo de espectáculos sino también entre los 

grupos musicales. 

También se ha corroborado a través de los testimonios de los que 

fueron a los espectáculos de los días anteriores al suceso, que el mismo 

Chaban, ante la utilización de pirotecnia por parte de algunos, advirtió la 

posibilidad de que se produjera un incendio, comentarios éstos que, 

obviamente, fueron escuchados por los integrantes de Callejeros. 

Asimismo, una de las personas que tomó conocimiento del incendio 

del 1° de mayo fue la agente de prensa del grupo Callejeros, Aldana Aprea, 

lo que hace suponer que se lo comunicó a los integrantes del grupo. 

En definitiva, todas estas circunstancias, a las que corresponde sumar 

lo referido por el mismo cantante del grupo Santos Fontanet en su 

presentación espontánea de fs. 13.186/13.195 (11.885/9) al señalar que se 

enteró del incendio ocurrido cuando tocó “Jóvenes Pordioseros” el 1 de 

mayo del 2004, permiten asegurar que los integrantes del grupo sabían de la 

ocurrencia de incendios anteriores y, por ende, de la existencia en el lugar de 

material no ignífugo. 

Empero, no puede soslayarse que conocer la existencia de incendios 

anteriores no puede ser equiparado en cuanto a la representación y/o 

conocimiento efectivo de sus causas y consecuencias a haber vivido y 

experimentado de manera personal lo que significaron dichos incendios en 

cuanto a dimensión, posibilidades de apagarlos, confianza en que no se 

expandan o no tengan mayores efectos, conocimiento de la existencia de 

97

mecanismos de seguridad contra incendios en condiciones de ser utilizados 

si son necesarios; etc. 

98 

5) La calificación legal. 

5.a. Consideraciones previas. 

Previo ingresar al análisis de esta problemática, resulta importante 

efectuar algunas consideraciones. La distinción entre dolo eventual y culpa 

con representación es uno de los temas más problemáticos del derecho penal 

moderno; y lo es, sobre todo, por la falta de claridad de las fórmulas que 

permiten llevarla adelante y por los problemas que acarrea la utilización de 

aquéllas en los casos concretos. 

Las fórmulas para distinguir si existe dolo eventual o culpa con 

representación están de por sí frecuentemente compuestas por términos 

demasiado abiertos, que a la hora de su aplicación a un caso concreto 

permiten al intérprete darles un rendimiento tal que el mismo caso puede ser 

visto como cometido con o sin dolo. 

Asimismo, la mentada amplitud, lleva más de una vez a una 

manipulación en función de objetivos de política criminal o de incorporación 

de factores que tienen que ver con la discrecionalidad, o arbitrariedad del 

juzgador, muchas veces producto de intenciones vindicativas que dejan de 

lado un análisis adecuado a las categoría e instituciones elaboradas por la 

dogmática penal, en sus diferentes manifestaciones. 

Pese al panorama planteado, la práctica judicial demostró cierto 

consenso a la hora de aplicar esas fórmulas, mas lo hizo sobre la base de 

casos más o menos claros, en los que la forma en que se llevó adelante el 

plan del autor y las características del riesgo generado hacían pensar, no 

que había dolo eventual, sino que era imposible que no lo hubiera 6. 

Esta clase de casos, generalmente son, por ejemplo, del tipo del ladrón 

que dispara para generar una vía de huída, o el de quien le clava a otro un 

cuchillo en el estómago de manera repentina sin reflexionar sobre el alcance 

de su conducta. 

6 Cf. Canestrari, Stefano: “La estructura del dolo eventual y las nuevas fenomenologías del riesgo”, en 

Nueva Doctrina Penal, T. 2003/B, Del Puerto, Buenos Aires.

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Correccional 

Sin embargo, a poco que se empiecen a presentar variantes de esos 

casos, la solución empieza a ser más discutible, y en esa discusión cobran un 

papel fundamental no los hechos en sí, sino el propio contenido de las 

fórmulas utilizadas para afirmar o negar el dolo, que obran como tamiz en la 

interpretación de aquéllos 

Piénsese, por ejemplo, en el caso de quien contagia a su pareja el virus 

HIV y no le avisó antes que estaba infectado. Si alguna doctrina exige que el 

autor acepte la producción del resultado como consecuencia de su actuar, ¿se 

puede pensar que quien ama a su pareja acepte realmente las consecuencias 

de un posible contagio? 

Se podrá sostener que no importa que el autor acepte o no el resultado, 

sino que solamente interesa que se lo represente como muy posible. Pero 

entonces, imaginemos que el autor no le informó de su condición a la pareja 

porque tenía miedo de ser abandonado: ¿pudo ese miedo generar algún 

mecanismo inconsciente que le permita al autor quitar esa representación de 

su mente? Y si ello ocurre, ¿tiene alguna relevancia para el análisis del 

caso?. 

Con situaciones de hecho no tan claras como aquellas sobre las que ha 

existido el mentado consenso de doctrina y jurisprudencia, empiezan a 

abrirse interrogantes que van poniendo en crisis la distinción que nos ocupa, 

y a medida que esos interrogantes afloran, las respuestas comienzan a 

resultar menos aceptables para un interlocutor crítico -y sin ninguna decisión 

valorativa del caso tomada de antemano-. 

Si a este tipo de casos se le suman las problemáticas propias del delito 

de omisión, y en particular, las que derivan de los casos de omisión fundados 

en una posición de garante por organización, el problema empieza a ser cada 

vez más difícil de resolver. 

El caso que nos ocupa es sin dudas, aparte de extremadamente 

complicado desde el punto de vista de la teoría del delito, emblemático en 

cuanto a los paradigmas actualmente vigentes, porque presenta todos los 

ingredientes que nos alejan de los asuntos sobre los que recae el consenso 

referido: se trata de un caso de omisión con posición de garante por 

99

organización; en el que los autores no dominan todos los riesgos que llevan 

al resultado; en el que aparecen varias personas interactuando con distintos 

niveles de responsabilidad; en el que hay un componente de poena naturalis 

para el/los autor/es y, otros vinculados a la competencia de la víctima, 

porque es importante y significativo recordar en todo momento, que ninguno 

de los que pueden ser considerados organizadores del recital fueron los que 

encendieron la pirotecnia que originó en forma directa el foco ígneo, sino 

alguno de los asistentes, es decir, alguna o algunas de las propias víctimas. 

100 

Y además de todo ello, resulta un caso con un contenido emocional 

casi sin precedentes. 

Este panorama, lleva sin dudas a que cualquier decisión que se tome 

con respecto a la adopción de una u otra solución, sea cuestionada por las 

expectativas que se tienen sobre una retórica que exprese la ira y el 

resentimiento públicos en la toma de decisiones en materia penal, que 

constituyen objetivos desacreditados por la ciencia penal contemporánea. La 

función de la justicia penal no es la de expresarse de esa manera a través de 

sus fallos, apelando exclusivamente al carácter simbólico del castigo y al 

endurecimiento de las condiciones procesales en contra del imputado, sino 

de otorgarle al caso en análisis la solución que se considere correcta que, 

iura novit curia mediante, no siempre habrá de ser aquella que las partes 

tienen en expectativa, porque es función de los jueces interpretar y decir el 

derecho en forma imparcial. 7 

Por esta razón, lo que sigue será un análisis de los problemas que la 

subsunción típica de este caso plantea, y de sus posibles soluciones, todo lo 

que finalmente será evaluado a la luz del alcance del recurso de apelación y 

de la etapa instructoria que, es conveniente recordarlo, no resuelve en forma 

definitiva el asunto. 

5.b. La postura de la jueza de primera instancia con respecto al 

imputado Omar Chaban: dolo eventual de homicidio. 

Tal como surge de los elementos de prueba obrantes en esta causa, 

Omar Chaban, en su calidad de explotador comercial y responsable de 

7 En este sentido: Garland, David; La cultura del control -Crimen y orden social en la sociedad

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Correccional 

“República Cromañón”, organizó el recital de la banda “Callejeros” del 30 

de diciembre de 2004 sabiendo: 

- que el local estaba habilitado como de baile clase “C” y no para 

realizar recitales. 

- que el lugar en el cual se llevó a cabo estaba habilitado para 1031 

personas y que esa noche ingresaron, en el mejor de los casos, cerca de 3000; 

al menos 2811, de acuerdo al informe del representante de SADAIC. 

-que más allá de los problemas técnicos para habilitar el predio con la 

denominada “puerta alternativa de emergencia”, Cromañon se habilitó con 

esa puerta que, como tal, debía estar expedita ante la posibilidad de 

producirse una tragedia; lo que era sabido por Chaban quien conocía los 

términos de la “plancheta de habilitación” en la que constaban sus 

características y, particularmente, sus funciones. 

-que el día de los hechos, la puerta estaba cerrada con alambres, un 

candado y un pasador que desnaturalizaron totalmente su función e 

impidieron que fuera abierta por el público, conforme su finalidad. 

-que en caso de emergencia el público acudiría directamente a ella 

para tratar de salir, ya que poseía un cartel luminoso en perfecto 

funcionamiento que la indicaba como salida, y que nada se hizo para 

desactivar esa indicación pese a haberse anulado la puerta ya hacía mucho 

tiempo. 

-que tenía la obligación de supervisar que se mantuvieran sin trabas 

tanto las puertas que comunicaban el salón con el hall, como las que 

comunicaban el hall con la calle; y pese a ello, había pasadores en cuatro de 

los seis pares de las primeras, y los portones que comunicaban la calle con el 

hall estaban cerrados para impedir el ingreso de la gente que quería entrar y 

no podía hacerlo porque se había colmado la capacidad física del lugar. 

-que había una relación directa entre cantidad de gente y salidas 

disponibles a los efectos de evitar las consecuencias de un posible incendio a 

causa del uso de pirotecnia, relación ésta que surge de los mismos planos de 

habilitación de cualquier local bailable Clase “C”, por lo que, multiplicar 

contemporánea-, Trad. Máximo Sozzo, gedisa, Barcelona, 2005, pág. 42 y ss. 

101

casi por tres las personas que entraron, y, a su vez, reducir casi en un tercio 

los metros de salida que debía haber ya para un tercio de esas personas 

(1031), potenciaba enormemente los riesgos de que el público no pudiera 

salir en caso de siniestro. 

102 

-que el techo estaba revestido con material sumamente combustible. 

-que pese al énfasis puesto en la realización de cacheos eficientes era 

prácticamente imposible evitar el ingreso de pirotecnia. 

-que esa pirotecnia era encendida por el público -porque en eso 

radicaba el “show de bengalas” que acompaña a la banda “Callejeros” y a 

cualquier otra de rock-, y por sus características, era muy probable que 

llegara al techo, sobre todo, en los lugares donde éste era más bajo. 

-que a la falta de altura del techo para no ser alcanzado por la 

pirotecnia, se le sumó la presencia decorativa de una tela conocida como 

“media sombra” que facilitaba, aún más, el posible contacto de aquélla con 

el material inflamable. 

-que a causa del uso de pirotecnia se habían producido con 

anterioridad, al menos, dos incendios los días 1° de mayo y 25 de diciembre 

de 2004 (este día se produjeron focos ígneos en dos momentos distintos). 

-que los incendios mencionados se produjeron habiendo mucha 

menos gente en el lugar que la existente el día de los hechos, y que es 

previsible que a mayor cantidad de gente hubiera más posibilidades de 

incendio. Del mismo modo, a menor cantidad de personas menor es la 

dificultad para apagar posibles incendios y mayor la de evitar consecuencias 

ya que la poca cantidad de gente de esos días facilitó considerablemente la 

evacuación del público y el acceso a los medios para apagar el fuego. 

-que los matafuegos no funcionaban, y que por esa razón el incendio 

del 25 de diciembre debió ser apagado con vasos de agua y con el auxilio del 

público presente. 

Ahora bien, conforme se desprende del auto de procesamiento de 

Omar Emir Chaban, obrante a fojas 6329/7158, el nombrado fue considerado 

autor del delito de homicidio, tipificado por el artículo 79 del Código Penal.

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Esta figura, presupone la existencia de dolo, extremo que para los jueces 

Crotto y Lucini concurre en el caso en la modalidad de dolo eventual. 

Según se sostiene en el auto de procesamiento referido, al cual en 

adelante se hará exclusiva alusión, en virtud de que la posterior ampliación 

efectuada por el juez Lucini, exclusivamente en cuanto al tipo penal 

seleccionado, se remite en un todo a él, el imputado causó con dolo eventual 

la muerte de 192 8 personas porque: 

i) se representó como probable el resultado y no obstante ello 

prosiguió en su actitud. 

ii) asintió el resultado sin modificar la situación de riesgo 

previamente creada. 

Sostuvo la jueza que: “en el dolo eventual el autor se representa el 

resultado y lo acepta, mientras que en la culpa con representación lo 

rechaza, confiando en que se podrá evitar. Ahora bien, nada permite 

sostener que O. E. Chaban ‘confiaba’ en que ante la ocurrencia de un 

incendio podría controlarlo y no sucedería lo que aconteció la noche del 30 

de diciembre, aún cuando los días 1 de mayo y 25 de diciembre de 2004 

pudo hacerlo [pero es importante destacar que esos focos ígneos fueron 

sofocados de forma más que precaria, pues -por ejemplo- se efectuó con 

vasos de cerveza]” 

Por su parte, a la hora de referirse a los elementos de prueba que 

respaldan su conclusión, dijo que: “en este caso, sin hesitación, la 

acreditación de este extremo no ofrece mayores inconvenientes en tanto O. 

E. Chaban hizo públicos sus pensamientos en varios eventos acontecidos en 

el comercio que regenteaba. (...) Con ello si sus palabras fueron ‘nos vamos 

a morir todos’ (sic), allí mismo queda en evidencia su dolo -eventual- pues 

demuestra que en el mismo momento de la acción, el autor juzgó que la 

realización del tipo del art. 79 CP (homicidio, dar muerte) no era 

improbable como consecuencia de las condiciones del lugar que el acusado 

había impuesto, ante un siniestro”. 

8 Ampliándose luego el procesamiento por la muerte de una persona más, Facundo Vázquez. 

103

104 

De esta manera, habría dolo eventual de homicidio, según la a quo, 

porque el imputado se representó como probable la realización del tipo penal 

-contó con ella-; pese a esa representación no adoptó ninguna medida para 

neutralizar el riesgo creado; y no había razones serias para que confiara en la 

no producción del siniestro. 

Esta concepción del dolo eventual es la que fuera sostenida, palabras 

más o menos, entre otros, por el autor alemán Hans Welzel, para quien, 

cuando de acuerdo a la representación del autor, una consecuencia 

concomitante está unida sólo de manera posible al fin o a los medios, habrá 

que distinguir si aquél cuenta con que se produzca o si, por el contrario, 

confía en que no acontezca. Si el autor cuenta con que las consecuencias se 

produzcan, tiene que haberlas querido realizar eventualmente al emprender 

la acción, caso en el cual habrá dolo eventual. Si, por el contrario, el autor 

confía en que esos resultados posibles no se produzcan, no los querrá 

realizar, motivo por el cual, solamente cabría plantearse el problema de la 

culpa, al igual que en los casos en los que el autor directamente no ha 

pensado en los resultados 9 . 

Para Welzel, que en esto sigue a H. Mayer, el ‘contar con’ se inicia 

cuando el autor otorga a la realización del resultado más que una simple 

posibilidad y menos que una probabilidad absoluta. Dice Welzel que: “aquel 

que cuenta con que el resultado concomitante se produzca, bien puede 

‘esperar’ pero no ‘confiar’ en que no se produzca. A contrario sensu, la 

precaria confianza en que el resultado concomitante no se realice significa 

por lo general que el autor cuenta con que se realice” 10 . 

Finalmente, el autor agrega algunas definiciones que permiten contar 

con más elementos para hacer la distinción entre el actuar doloso y el 

imprudente: “si el autor considera que la (posible) producción del resultado 

concomitante depende de su propio modo de proceder, no estamos en 

presencia de voluntad de realización (dolo) en cuanto al resultado 

concomitante, cuando el autor actúa en la confianza de que podrá evitar el 

9 Welzel, Hans; Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 12° edición, año 1987, 

pág.100. 

10 Welzel, Hans; op. cit. pág. 100.

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resultado concomitante gracias a su destreza, su presencia de ánimo, su 

cuidado o prudencia, en resumen, en razón del rumbo concreto que imprima 

a su actuar. En cambio, actúa con (eventual) voluntad de realización (dolo) 

si no se atribuye (esto es, a su poder) chance ‘efectiva’ alguna de evitar el 

resultado sino que lo deja al azar” 11 . 

Según Stratenwerth, “faltará el dolo solamente cuando el autor obre 

confiándose ligeramente en que la realización del supuesto de hecho típico - 

reconocido como posible- no tendrá lugar. Si por el contrario, el autor 

considera seriamente la posibilidad de la producción del resultado tendrá 

que decidirse si el intento de realizar el fin de la acción merece desde su 

punto de vista, en caso de que ello sea necesario, el pago de semejante 

precio: si de todos modos él actúa, habrá que responder afirmativamente y, 

en consecuencia, se dará dolo eventual” 12 . 

Para Jescheck “[d]olo eventual significa que el autor considera 

seriamente como posible la realización del tipo legal y se conforma con 

ella (…) Pertenecen al dolo eventual, de un lado, la consciencia de la 

existencia del peligro concreto de que se realice el tipo, y de otro, la 

consideración seria de este peligro por parte del autor. Considerar en serio 

el peligro quiere decir que el autor calcula como relativamente alto el riesgo 

de la realización del tipo (…) A la representación de la seriedad del peligro 

debe añadirse, además, que el autor se conforme con la realización del tipo. 

Se entiende por ello que se decida, para el logro de la meta de la acción que 

se propuso, por asumir la realización del tipo y soportar el estado de 

incertidumbre existente en el momento de la acción” 13 . 

Entre los autores argentinos, Zaffaroni adhiere a esta fórmula cuando 

sostiene que: “habrá dolo eventual cuando, según el plan concreto del agente, 

la realización de un tipo es reconocida como posible, sin que esa conclusión 

sea tomada como referencia para la renuncia al proyecto de acción, dejando 

a salvo, claro está, que esa posibilidad se corresponda con los datos de la 

11 Welzel, Hans: op. Cit. Pág.100. 

12 Stratenwerth, Günter; Derecho Penal parte general, I –el hecho punible-, Edersa, Madrid, 1982, pág. 

111. 

13 Jescheck, Hans-Henrich; Tratado de Derecho Penal, parte general, Comares, Granada, 1993, pág. 269. 

105

ealidad. Se trata de una resolución en la que se acepta seriamente la 

posibilidad de producción del resultado” 14 . 

106 

Según surge del sumario, Chaban explotaba “Cromañon” desde 

comienzos del año 2004, y ya en mayo se produjo un incendio. Luego, en 

diciembre, el día 25 se produjeron dos incendios. Es indiscutible que el 

hecho de que en tan poco tiempo el local haya estado expuesto a este tipo de 

siniestro en dos recitales, y, en uno de ellos dos veces, hizo que el imputado 

se representara, cuanto menos, que el riesgo de incendios en el lugar era muy 

superior al normal. En el esquema de Welzel, la representación de esta 

probabilidad es equiparable a decir que el autor ‘cuenta con que el resultado 

se produzca’ y, aquel que cuenta con ello, puede esperar o desear que el 

resultado no ocurra, pero de ninguna manera puede confiar. 

Para la jueza esa confianza no puede darla el hecho de que los 

incendios anteriores se hayan apagado, y uno de ellos, con vasos de agua y 

cerveza. Una confianza de este tipo sería sumamente precaria, y no se 

trataría de la confianza requerida para descartar el dolo eventual. 

Como vimos, Welzel sostiene que no puede hablarse de la existencia 

de una confianza en evitar cuando el autor deja el resultado librado al azar y 

no tiene una chance efectiva para evitar lo que él mismo no pueda dominar. 

Es importante destacar aquí que la imputación a Chaban no es el haber 

causado el incendio, sino, por omisión impropia, el no haber tomado las 

medidas para que éste no ocurriera. La relevancia de esta aclaración es que, 

en general, en los casos de acción es el propio imputado el que domina los 

riesgos que se desprenden de su plan de acción; mas aquí, el fundamento de 

la imputación es que él sabía que no podía dominar el hecho de que los 

asistentes al recital ingresaran y prendieran elementos pirotécnicos, motivo 

por el cual, debió haber contado con ello a la hora de calcular los costes del 

contacto social afrontado. 

Entonces, en el esquema de la jueza, Chaban no hizo nada para 

neutralizar el riesgo creado para los bienes y las personas con la 

organización del recital en las condiciones en que estaba el local el 30 de 

14 Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro; Derecho Penal parte general, Ediar,

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diciembre de 2004, y no pudo por ello confiar en que no se produjeran 

resultados perjudiciales. 

Hasta aquí las razones que llevaron a la jueza a sostener la calificación 

de homicidio doloso. 

Sin embargo, a poco que se avance en el análisis de las fórmulas que 

hemos visto, rápidamente se podrá observar que las afirmaciones efectuadas 

hasta ahora, que de manera inequívoca permiten a la a quo imputar el hecho 

como cometido con dolo eventual, pueden al menos ser puestas en duda 

desde distintos aspectos. 

El primer motivo por el cual se puede cuestionar la solución dada al 

caso por la jueza es que ésta en su razonamiento trató de igual manera la 

representación de Chaban sobre el incendio y sus posibles consecuencias 

y la representación del nombrado sobre el resultado de muerte de los 

asistentes, porque no se hace cargo de la distinción entre el dolo de peligro - 

que recaería sobre el incendio- y el dolo de lesión -referido al resultado de 

muerte-, que no son lo mismo. 

Dicha distinción no es de manera alguna menor o carente de 

consecuencias, ya que, en caso de ser aplicada al supuesto de hecho que nos 

ocupa, implicaría la posibilidad de subsumirlo en alguna otra figura con 

mejor derecho de ser aplicada. Nos estamos refiriendo concretamente a la 

posibilidad de que el caso sea analizado como un supuesto de estrago doloso 

con resultado de muerte, tipificado por el artículo 186 inc. 1°, 4° y 5° del 

Código Penal, o, incluso, bajo su forma imprudente, descripto en el artículo 

189. 

5.c. La diferencia entre el dolo de lesión y el dolo de peligro. La 

posibilidad de aplicar al caso la figura del estrago seguido de muerte. 

El art. 186 inc 1º reprime la conducta de quien “causare incendio (...) 

si hubiere peligro común para los bienes”, previendo una pena que va de 3 a 

10 años de reclusión o prisión. Por su parte, en el inciso 4º se agrava la pena 

en su máximo a 15 años, en caso de que el peligro fuera de muerte para 

alguna persona, y en el inciso 5º “si el hecho fuere causa inmediata de la 

Buenos Aires, año 2000, pág. 500. 

107

muerte de alguna persona”, las escalas son de 8 a 20 años de reclusión o 

prisión. 

108 

Al respecto, señala Creus que “el incendio sólo se pune como delito 

contra la seguridad común, si es un medio empleado o que haya repercutido 

en la creación de un peligro común.” 15 . En este sentido, explica que el 

incendio típico es aquel que por sí mismo puede expandirse de manera 

incontrolable, aún cuando pueda ser detenido por la intervención de terceras 

personas o por causas de la naturaleza. No obstante, aclara que “[n]o basta 

(...) cualquier expandibilidad del fuego, sino la que se traduce en la 

posibilidad de su extensión a bienes distintos de aquel en el que se originara 

y que sean indeterminados, tenga esa posibilidad origen en la propia 

entidad o calidad del fuego, ya lo tenga en las particulares circunstancias o 

condiciones del bien amenazado.” 16 . 

Según Buompadre, “[e]l incendio se caracteriza, precisamente, por 

ser un fenómeno de potencialidad comunicante, incontrolable o, al menos, 

de difícil contralor. Una cosa es el fuego -cuya individualidad podría 

configurar un daño cuando destruye cosas o bienes-, y otra muy distinta el 

incendio, que siempre requiere, además del fuego, que produzca una 

situación de peligro común para bienes o personas. Existiendo combustión 

propagante y peligro -dice SOLER- existe incendio. No es preciso, por tanto 

que existan llamas: la lenta combustión es también incendio. En su acepción 

jurídico penal, entonces, el incendio debe entenderse como el inicio de la 

combustión del objeto destinado a arder cuando exista peligro de 

propagación.” 17 . 

El peritaje realizado por la División Ensayos y Análisis Pericial de la 

Policía Federal Argentina determinó que el material con el que se encontraba 

revestido el techo del local (material similar a la media-sombra, espuma de 

poliuretano y guata) podía ser considerado como muy combustible. 

Asimismo, se indicó que estos materiales una vez tomado el fuego se 

desprendían en parte y caía en llama, seguían ardiendo aún cuando se 

15 Creus, Carlos; Derecho Penal, Parte Especial, tomo 2, Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 4. 

16 Ibidem, pág. 5. 

17 Buompadre, Jorge E.; Derecho penal -Parte especial-, Tomo 2, Mave, 2004, pág. 290.

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Correccional 

retiraba la llama que comenzó la ignición y la combustión cesaba porque 

eran apagados por fuentes externas o porque se consumía el material. 

Por su parte, los ensayos realizados por el INTI con relación a la 

propagación superficial de llamas en la guata y la espuma de poliuretano 

concluyeron que el primero de estos podía ser considerado como material 

combustible de muy baja propagación de llama y, el segundo, de baja 

propagación. 

Finalmente, del informe del Departamento Técnico Investigativo de la 

División Siniestros de la Policía Federal Argentina surge que “el panorama 

del escenario de los hechos, define un comportamiento ígneo que al iniciarse 

se caracterizó por un considerable potencial térmico, continuidad, 

complejidad, y productos de combustión que incidieron de una forma u otra 

en el entorno del sector de incendio, convergiendo en la precipitación desde 

los planos elevado de restos encendidos que dieron lugar a la detección en 

los niveles inferiores de un manto residual de variada composición”. 

De los croquis realizados por esa dependencia para observar el modo 

en el que se propagó el fuego y el humo, se puede advertir que la expansión 

del foco ígneo se limitó a un área determinada del local (fs. 159/61 del 

Legajo de la Superintendencia de Bomberos). Tal delimitación obedecería a 

la existencia perimetral de pequeñas paredes similares a vigas no recubiertas 

con materiales combustibles que impidieron la continuidad del proceso con 

el sector en el cual se encontraba la media sombra. 

Los resultados arrojados por los peritajes mencionados permitirían 

concluir que se trató de un incendio, en el sentido jurídico penal del término, 

capaz de producir un peligro común. 

Ahora bien, como se expuso anteriormente, el art. 186 del C.P. 

contiene tanto figuras básicas como las agravadas que se exponen a 

continuación. 

En el inciso 4 del art. 186 se trata un supuesto específico de peligro 

con relación al del inciso 1. Soler sostiene que en este caso se requiere “un 

109

peligro real y corrido y no solamente posible.” 18 , es decir, un peligro 

concreto. 

110 

En el caso del inciso 5, por su parte, se requiere que el peligro creado 

por el incendio se haya concretado en el resultado de muerte. En este caso, el 

resultado debe ser una consecuencia directa del riesgo creado por el 

incendio. En este sentido, se explica que “[e]ntre el hecho punible y el 

resultado debe haber existido una relación causal directa, sin interferencias 

de factores extraños, por ejemplo, la acción de la propia víctima o de un 

tercero, que interrumpen el nexo causal. La muerte, en la medida que sea el 

efecto directo del incendio, puede provenir del hecho mismo o de alguna 

consecuencia del desastre, por ejemplo, de un derrumbe, de un caso de 

asfixia por el humo, etcétera.” 19 . 

Como ya se dijo, si se repara en los incisos 4 y 5 del art. 186, se verá 

que se tratan de figuras agravadas, en el primer caso, por la producción de un 

riesgo particular y, en el segundo, por la producción de un resultado 

determinado. Se trata, en ambos casos, de delitos preterintencionales. 

Al momento de explicar los casos de combinación de dolo e 

imprudencia, Jeschek señala que uno de los grupos que pueden ser 

estudiados aquí son los de los delitos calificados por el resultado. Así, señala 

que: “[s]e trata aquí de delitos con un contenido típico de peligrosidad que, 

de materializarse el peligro comprendido en el tipo básico, tienen una 

conminación penal notablemente superior a la del hecho simple” 20 . 

Por su parte, a fin de determinar cuándo el resultado es la realización 

del riesgo típico, Jakobs sostiene que deberá tenerse en cuenta para ello, si el 

resultado es una consecuencia directa o una consecuencia característica del 

riesgo básico 21 . 

En ese sentido, explica que, por lo general, en los supuestos de delitos 

agravados por el resultado se trata de casos en los que “el autor se entromete 

en los bienes de la víctima de la consecuencia cualificante ya mediante el 

delito base (...), errando sobre la medida de la lesión que el riesgo que ha 

18 Soler, Sebastián; Derecho Penal Argentino, Tomo IV, TEA, Buenos Aires, 1956, pág. 534. 

19 Buompadre; op. cit., pág. 293. 

20 Jescheck; op. cit., pág. 519.

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Correccional 

conocido le ocasiona. (...) El fundamento de la agravación reside en la 

circunstancia de que el riesgo a partir del cual se concreta el delito base a 

menudo no es cuantitativamente controlable, es decir, se trata de un peligro 

significativo.” 22 . 

Ahora bien, la muerte por asfixia es una consecuencia absolutamente 

vinculada a la producción de un incendio de determinadas características 

(especialmente en lugares cerrados). No se requiere que el autor tenga que 

conocer la totalidad de las circunstancias concretas que ocasionan la muerte, 

es decir, no debe contar necesariamente con que la muerte se produzca por 

quemaduras o por la asfixia ocasionada por determinado componente 

químico que contienen los objetos existentes en el lugar. 

De las autopsias realizadas a las víctimas fatales se desprende que las 

muertes, en la mayoría de los casos se produjeron por “asfixia por 

inhalación. Intoxicación con monóxido de carbono”, ninguna referencia 

específica se hace al cianuro de hidrógeno. 

Esta conclusión, a su vez, se ve reforzada por el resultado de los 

peritajes realizados por el INTI en relación a los gases desprendidos por la 

combustión. En efecto, del informe de ese organismo surge que una 

concentración superior a 4000 ppm en el aire, resulta fatal en una 

exposición de menos de una hora. Por los estudios realizados, se determinó 

que en el local -con un quinto de su volumen ocupado-, se generó una 

concentración de monóxido de carbono de 4350 ppm. 

Así, si bien la cantidad de monóxido de carbono que desprendió la 

combustión de la espuma de poliuretano era capaz de producir la muerte de 

una persona en menos de una hora, ese límite de tolerancia en realidad es 

menor ya que el cálculo de concentración de monóxido de carbono en el 

local el día del hecho investigado se realizó sin tener en cuenta el monóxido 

de carbono aportado por el incendio de la guata y de la media sombra. 

Es cierto que la generación de cianuro de hidrógeno en un incendio 

puede resultar como algo completamente imprevisible para una persona 

común, lo que no equivale a decir que sea imprevisible o poco frecuente la 

21 Cfr. Jakobs; Derecho Penal..., pág. 399. 

111

presencia de este gas en un incendio. En efecto, de las copias de un artículo 

de Gordon E. Hartzell glosadas al peritaje de la Superintendencia de 

Bomberos se advierte que, junto con el monóxido de carbono, el cianuro de 

hidrógeno es uno de los gases que mas comúnmente se producen en un 

incendio y que su potencial tóxico en relación con el primero es veinte veces 

mayor. 

112 

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, la característica 

principal en el esquema de los delitos preterintencionales es que sólo el 

peligro es realizado con dolo, el resultado, por el contrario, se realiza por 

imprudencia. 

Así las cosas, conviene recordar las herramientas teóricas que brinda 

la teoría de la imputación objetiva en lo relativo a la realización del riesgo en 

el resultado. Un supuesto en el que se excluye la imputación objetiva del 

resultado es aquel en el que el resultado no se presenta como la realización 

del riesgo creado por el autor sino que sólo se vincula a él de manera casual. 

Para ilustrar este caso, Roxin trae el ejemplo de la persona que recibe 

un disparo pero no muere como consecuencia de él sino de un accidente 

sufrido por la ambulancia que lo trasladaba al hospital. En este supuesto, la 

producción del resultado sólo se vincula con el riesgo creado por el autor del 

disparo de manera casual y, por tanto, no le puede ser imputado. Distinto 

sería el caso de que la víctima muriera por una infección producto del 

disparo, ya no importa que esa infección se produzca por una bacteria más o 

menos conocida concretamente por el autor, siendo el déficit de 

conocimiento irrelevanet. El riesgo de muerte por una infección, en este 

caso, se presenta como un peligro completamente adecuado al peligro creado 

por el autor 23 . 

Puede verse entonces, que el riesgo de morir asfixiado en un incendio 

es un riesgo adecuado al peligro creado por el incendio, no se trata de un 

resultado que sólo puede vincularse al peligro de manera casual. Y como ya 

se dijo, la posibilidad de previsión que se requiere en estos casos en relación 

22 Ibídem, págs. 399-400. 

23 Roxin, Claus; Derecho Penal…, págs. 373/4.

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Correccional 

al resultado puede llegar a la de “muerte por asfixia”; no es necesario más 

que eso. 

El art. 189 del C.P. reprime la conducta del que “por imprudencia o 

negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los 

reglamentos u ordenanzas, causare un incendio” y agrava la pena en el caso 

de que “el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna 

persona o causare la muerte de alguna persona”. 

Así las cosas, de lo expuesto con respecto al funcionamiento de las 

figuras descriptas por el artículo 186 del Código Penal, puede sostenerse 

que se trata de tipos de peligro (concreto) y no de lesión, y cuando se 

produce un resultado, éste agrava la figura básica. 

A su vez, en cuando al aspecto subjetivo de los tipos, la doctrina exige 

dolo en cuanto a la producción del peligro, y no así con respecto al resultado 

que, en caso de producirse, puede ser imputado solamente a título de 

imprudencia; circunstancia ésta que lo diferencia del tipo penal escogido por 

la a quo, que considera que tanto el peligro como el resultado concurrirían en 

el caso de manera dolosa. 

Sentado ello, puede sostenerse, en principio, que en lo que respecta al 

tipo objetivo del delito tipificado por el artículo 79 del Código Penal y el del 

artículo 186 inc. 5 de ese cuerpo legal serían prácticamente idénticos, ya que 

describirían la conducta de quien produjera la muerte de una persona, siendo 

el último más específico en cuanto al medio, que debe ser uno que genere un 

peligro común para los bienes y las personas. 

Tal como se expuso al comienzo, Chaban, dada su posición de 

garante, habría creado un peligro para las personas que la noche del 30 de 

diciembre concurrieron al recital de la banda “Callejeros” y, a consecuencia 

de ese peligro, se habría producido la muerte de 193 personas, por lo que 

sería aplicable hasta aquí tanto la figura de homicidio como la de estrago 

(incendio) con peligro para las personas agravado por el resultado de muerte. 

Para determinar qué tipo penal debe aplicarse al caso, queda por 

analizar entonces, en primer término, si el delito de peligro fue llevado a 

cabo de manera intencional o imprudente. Si se llega a la conclusión de que 

113

fue llevado a cabo de manera imprudente, no se aplicará ya ni el artículo 79 

ni el 186, sino el artículo 189 del Código Penal. En cambio, si se sostiene 

que el incendio fue llevado a cabo de manera dolosa, habrá que verificar si 

ello se extiende al resultado de muerte, supuesto afirmado por la jueza, o si 

corresponde que se realice alguna diferenciación en la forma de 

representación que el autor tuvo del incendio y la que tuvo con respecto al 

resultado de muerte fruto de aquél. 

114 

Ya vimos cómo a partir del uso de la fórmula “de la restricción por la 

confianza” la jueza de primera instancia arribó a la, para ella, inequívoca 

conclusión de que el resultado de muerte es doloso: el autor se representó 

como probable la producción del resultado (de muerte) y pese a ello actuó; 

además no existió ningún motivo razonable para creer que el imputado tenía 

alguna razón para confiar en que el resultado de muerte no se produjera, 

único supuesto que excluiría el dolo eventual. 

Sin embargo, como ya se dijo, la amplitud de cada uno de los términos 

que componen la fórmula utilizada por la jueza debería llevar a cualquier 

intérprete crítico -y más allá de la conclusión a la que finalmente se arribe 

con respecto a la existencia o no de dolo eventual-, a buscar respuestas a 

algunos interrogantes que aparecen como determinantes para resolver el caso 

tomando en cuenta todas sus variables. 

En efecto, si volvemos a preguntarnos por el contenido de la fórmula 

escogida por la jueza que exige que el autor “cuente con” que el resultado se 

produzca, es inevitable preguntarse por las consecuencias que para el análisis 

puede tener la consideración de algunas particularidades del caso, tales 

como: a) la propia personalidad del imputado, que por su egocentrismo bien 

podría haber generado un mecanismo inconsciente que le haya hecho creer 

que a él las cosas no pueden salirle mal; b) la habituación al riesgo por parte 

del imputado, que con sus años de experiencia en la organización de recitales 

en idénticas condiciones a las del 30 de diciembre, pudieron hacer 

desaparecer de su mente una seria representación de la posibilidad de que el 

peligro se produzca efectivamente -y ello, incluso, más allá de sus propios 

dichos-; c) la incidencia en el caso del contenido de poena naturalis para el

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Correccional 

autor; d) la circunstancia de que se encontraba dentro del local cuando 

ocurrieron los hechos, que ubica el caso en un supuesto de tentativa de 

suicidio, a estar a la forma en que la imputación global se traslada a su 

persona; y e) los componentes de competencia de la víctima que este caso 

plantea. 

Con respecto a los mecanismos inconscientes que puede generar una 

persona para excluir de su mente la representación de las consecuencias de 

su actuar, Roxin sostiene que este tipo de autores obra imprudentemente, con 

culpa con representación, y no con dolo eventual, porque le falta una 

decisión a favor de la posible lesión de bienes jurídicos 24 . 

También Jakobs sostiene algo similar cuando dice que debe haber un 

juicio serio de que la realización del tipo no es improbable y que este juicio 

puede directamente faltar, o puede reprimirse un juicio ya surgido, a causa 

de la propia actitud del autor, caso en el cual, faltaría el dolo eventual 25 . 

Es dable agregar que para este último autor la imprudencia se 

caracteriza porque en ella no está dilucidada la verdadera aceptabilidad de 

las consecuencias al momento del hecho, a diferencia del dolo eventual, en el 

que si el autor no aceptara las consecuencias no obraría. En la imprudencia 

el autor soporta un riesgo natural que no es común en el dolo: el riesgo de 

que incluso él pueda resultar dañado, u otra persona cuyo daño el autor 

padecería como propio; la imprudencia se caracteriza, por el peligro de una 

poena naturalis 26 . 

Chaban no organizó los recitales desde lejos; él mismo estuvo allí al 

momento de su realización y corrió los mismos riesgos que las otras 

personas presentes; pero además, con su actuar corrieron riesgos sus bienes y 

sus allegados: un análisis de los daños que el hecho produjo y pudo haber 

producido al propio imputado, no permitiría descartar, al menos no 

liminarmente, que Chaban, de habérselas representado, haya generado 

alguno de esos mecanismos inconscientes a los que se refieren Jakobs y 

24 Cf. Sancinetti, Marcelo; op. cit. pág. 190. 

25 Cf. Jakobs, Günther; Derecho penal parte general, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas SA, Madrid, 1995, 

pág. 330. 

26 Ibidem, pág. 313. 

115

Roxin que importarían la exclusión de una verdadera decisión a favor de la 

lesión del bien jurídico. 

116 

Tampoco es dable descartar, a los efectos de analizar la seriedad de la 

representación, que el imputado vivía de la organización de recitales de rock, 

en los que se utilizan bengalas y otros elementos de pirotecnia. Esos 

recitales, a su vez, fueron organizados durante mucho tiempo por él, no 

solamente en “República Cromañón”, sino también en “Cemento”, 

experimentándose para el autor una inexistencia de consecuencias graves que 

pueden poner en crisis la seriedad de la representación del peligro. 

La cultura del rock ya hace tiempo, importó del futbol, como forma de 

celebración, el uso de pirotecnia. Que luego del 30 de diciembre de 2004 

todo el ambiente se encuentre conmovido por lo ocurrido, no puede hacer 

olvidar que esa práctica, por acción u omisión, fue alentada o consentida por 

la casi totalidad de los que forman parte de ese medio. Tanto actores como 

espectadores de esa manifestación trascendente de la cultura nacional que es 

el “rock argentino” convivieron gustosos y vieron con simpatía el uso de 

pirotecnia, como una nota de color, dentro de ese folklore. Luego de lo 

ocurrido, todos realizan un mea culpa por no haber previsto las 

consecuencias que se podían producir y se podrían haber evitado, sumado a 

las condiciones de precariedad y falta de profesionalismo con las que 

muchas bandas actuaron, incentivando actitudes irresponsables de cierta 

parte del público, a punto de generar hasta competencias y rivalidades acerca 

de quiénes eran los que mayor cantidad de pirotecnia usaban en cada 

espectáculo. 

El problema de la influencia de la habituación al riesgo, en el aspecto 

subjetivo de los delitos de resultado, es un tema objeto de análisis en la 

doctrina, siendo Jakobs uno de los que lo abordó más profundamente y 

arribó a la conclusión de que, cuando se da este tipo de habituación, el autor 

genera mecanismos que le permiten aceptar el riesgo, consistentes en la 

eliminación mental de la representación de las eventuales consecuencias que 

se pueden producir. Ello significa que el conocimiento teórico de la 

peligrosidad de la situación puede verse eclipsado por el conocimiento,

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confirmado en la práctica, de la altamente probable ausencia de 

consecuencias del devenir porque la situación se experimenta una y otra vez 

como carente de resultados. Cuando ello ocurre, faltaría la capacidad 

individual que permita realizar una prognosis seria (y positiva) del resultado, 

relevante a los efectos de tomar una decisión 27 . 

Finalmente, corresponde señalar que Chaban no les pidió que se 

abstuvieran de encender pirotecnia a inimputables que no entendían lo que 

hacían, se lo pidió, en líneas generales, a personas que, aunque en muchos 

casos eran menores, eran conscientes, o debían ser conscientes, del peligro 

que corrían y hacían correr a quienes las rodeaban con el uso de pirotecnia, 

máxime, tratándose de un lugar cerrado. 

Siendo ello así, podría sostenerse que, una vez ingresada pirotecnia al 

lugar del hecho, y verificado su uso por parte de Chaban, parece razonable 

llamar al público a reflexionar sobre el riesgo que puede significar para sus 

propias vidas el uso de ese material en un contexto como el que existía al 

momento de la tragedia. En ese sentido, esos dichos que para la jueza son 

una muestra inequívoca de la representación del resultado, y los valora en su 

contra, pueden ser tomados como un intento de evitar el uso de pirotecnia 

por parte de aquellos que tenían en sus manos la posibilidad de crear el más 

relevante de los riesgos. Debemos insistir con esta cuestión: no fueron, hasta 

donde hay constancias en el expediente, ninguno de los organizadores los 

que arrojaron la pirotecnia que dio origen a la tragedia; fueron integrantes 

del público. 

En ese marco, es ilógico ignorar que el llamado a la reflexión puede 

ser visto como un medio idóneo para neutralizar el riesgo de que se trata; 

máxime cuando no había razones para pensar que quienes estaban 

disfrutando de un espectáculo tuvieran intención de exponer sus vidas de la 

manera en que lo vaticinaba en sus dichos Chaban. 

También otros elementos pueden hacer pensar en este contexto en que 

no hubo una verdadera aceptación de las consecuencias de lesión por parte 

del autor. Cabe preguntarse aquí por la relevancia que en su representación 

27 Jakobs, Günther; “El lado subjetivo del hecho de los delitos de resultado en supuestos de habituación al 

117

tuvieron los dos incendios anteriores producidos el 1° de mayo y el 25 de 

diciembre. 

118 

Para la jueza, el hecho de que una vez producidos los incendios se 

hayan apagado no puede generar en el imputado una confianza en que el 

resultado típico (de homicidio doloso) no se produzca, porque la forma 

precaria con que se apagaron impediría tener este tipo de expectativas. 

Ahora bien, podría ser cierto lo sostenido por la jueza en cuanto a que 

esa forma precaria e improvisada no podría implicar, en principio, una 

confianza seria en evitar el resultado; o, al menos, no la podría generar en un 

tercer observador objetivo. 

Sin embargo, se puede sostener que el haber apagado dos incendios 

anteriores echando al fuego agua con una manguera contra incendios o 

echándole vasos de cerveza con agua, pudo haberle generado al imputado un 

mecanismo psíquico que le permitía creer que si bien era cierto el riesgo de 

incendio, éste podría neutralizarse siempre de alguna forma, incluso con 

vasos de cerveza llenos de agua. 

Ya se verá más adelante la forma en que estos factores inciden sobre 

el análisis del caso que efectuará este tribunal, mas no puede avanzarse en 

dicho análisis, sin hacer referencia a otras teorías diferenciadoras entre dolo 

e imprudencia, surgidas a raíz de las críticas que merece la teoría de la 

restricción por la confianza y que también aportan criterios para abordar el 

caso. 

Al respecto sostiene Sancinetti que la fórmula es bien insegura, 

porque ocurre que la presencia de dolo parece definida por la teoría de la 

representación, o bien por la representación de cierta probabilidad de que se 

produzca el resultado. Pero la exclusión de dolo, es decir, la contrapartida de 

su existencia, queda decidida por la confianza interior del autor, en un 

desenlace favorable. Es decir, que el elemento positivo del dolo parece 

residir en la presencia de la representación de una posibilidad no remota 

(‘contar con’, probabilidad), pero el elemento negativo, es decir, su 

riesgo”, en Estudios de Derecho Penal, UAM y Civitas, Madrid, año 1997, pág. 197 y ss.

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exclusión, puede originarse no sólo en un error, sino también en una 

‘confianza’, por más emocional que ésta sea 28 . 

En su obra más reciente, este autor manifiesta también como crítica a 

las teorías que diferencian el aspecto cognitivo y volitivo del dolo, entre las 

que están la teoría de la restricción por la confianza, que: “se dice que el 

autor puede conocer una posibilidad de realizar el tipo, pero confiar en que 

el resultado no se produzca por alguna razón, siendo que, entonces, le 

faltaría al dolo su elemento ‘volitivo’. Sin embargo, esto implica darle al 

dolo el contenido propio de un derecho penal de ánimo. Lo determinante, 

antes bien, es fijar cuál es el riesgo característico del tipo objetivo de un 

delito doloso; si el autor sabe que existe la posibilidad de que se produzca el 

resultado típico, en el contexto de un riesgo característico, no puede 

desgravarse invocando que ‘confió en que el resultado no se produciría’” 29 . 

Sin embargo, tal como se adelantó en la introducción a este punto, la 

crisis de la distinción entre dolo e imprudencia no pasa solamente por las 

dificultades teóricas que las fórmulas pueden generar, sino también por el 

uso que de estas fórmulas se hace en la práctica que, además de resultar a 

veces arbitrario, pone de relieve lo obsoleto de su contenido para responder a 

nuevas fenomenologías de riesgo bien distintas a los casos típicos usados en 

el ámbito académico para diferenciar la comisión dolosa de la imprudente. 

Al respecto resulta ilustrativo el ensayo de Stefano Canestrari 30 

cuando sostiene que la aparición de fenomenologías de peligro conectadas a 

“comportamientos desviados” que se realizan en el contexto de los “riesgos 

de base permitido” -entre los que se encuentran los supuestos de contagio de 

enfermedades transmitidas por vía sexual, y en particular el contagio del 

virus HIV-, y la expansión del reproche penal en la legislación 

complementaria en materia económica a través de la irrupción del dolo 

28 Sancinetti, Marcelo; Teoría del delito y disvalor de acción, Hammurabi, Buenos Aires, 1991, pág. 182/3. 

29 Sancinetti, Marcelo; Casos de derecho penal, parte general - Introducción al derecho penal, iniciación 

al análisis de casos mediante soluciones tipo, T. 1, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, pág. 146. 

30 Canestrari, Stefano; op. cit, pág. 393 y ss. 

119

eventual, llevan a un “progresivo e insidioso ‘alisamiento’ de la distinción 

dogmática entre dolo y culpa” 31 . 

120 

Para el autor, la presencia de este nuevo tipo de problemáticas 

confirma la obsolescencia de algunos criterios distintivos clásicos entre dolo 

eventual y la culpa con previsión. En relación con los contenidos originarios 

de las elaboraciones intelectuales de la probabilidad y la posibilidad, se 

puede afirmar que estas han sido definitivamente abandonadas; también la 

teoría de la voluntad activa de evitar, que dejó de ser considerada -según este 

autor- como criterio autónomo capaz de delimitar el dolo eventual y la culpa 

con previsión del resultado. La fórmula de la ‘aceptación con aprobación en 

sentido jurídico’ no es consistente: su ‘vitalidad’, dice Canestrari, viene 

atribuida solamente a sutiles pero peligrosas confusiones lingüísticas, que 

permiten a la jurisprudencia perseguir determinados objetivos -más o menos 

apreciables- de política criminal. 

Así las cosas, verificadas que fueran las dificultades generadas por 

esta fórmula para diferenciar claramente el dolo eventual de la culpa 

consciente, en la actualidad hay un intento de acudir a otras nuevas basadas 

no tanto en la evaluación del aspecto subjetivo de la conducta, sino en las 

propias características objetivas de ésta. 

Al respecto sostiene Sancinetti, como exponente en nuestro país de 

esta tendencia, que: “la explicación divergente del dolo, es decir, 

contrapuesta a esa [restricción por la confianza], se ciñe a su elemento 

‘cognitivo’; ella presupone que el tipo objetivo del delito doloso y el tipo 

objetivo del delito imprudente básicamente se distinguen en grado de 

concreción del riesgo ex ante. Y así, si se trata de un peligro concreto, hay 

dolo ya en la medida en que el autor se representa el riesgo típico (p. ej., si 

dispara hacia un animal percibiendo que podría también matar a una 

persona que se halla cerca); mientras que, a la inversa, si el riesgo es 

abstracto, no puede haber dolo ya por el marco indeterminado de ese riesgo. 

Hacer depender la imputación por dolo de ‘actitudes subjetivas extras´, es 

31 Sobre la problemática del aspecto subjetivo en los delitos de peligro y, en particular, sobre la distinción 

entre el dolo de peligro y su delimitación frente al dolo eventual y la imprudencia consciente, no puede

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decir, que vayan más allá del conocimiento del riesgo característico, 

conduce a la posibilidad de que dos autores que ‘hicieran lo mismo’ y que 

‘fuesen conscientes de crear el mismo riesgo’… obrará uno sin dolo y otro 

con él según un componente del ánimo: el ‘confiar en’” 32 . 

Sin dudas, será un problema de tan difícil resolución como los que 

presentaban las tesis basadas en el aspecto volitivo, el diferenciar cuándo 

objetivamente se está ante un peligro concreto para el bien jurídico. 

Se entiende por “peligro concreto”, según Jescheck a: “un anormal 

estado antijurídico en el que, para un juicio conforme a la experiencia, ‘la 

producción de daño aparece como probable según las concretas 

circunstancias existentes, y la posibilidad del mismo resulta obvia´” 33 . 

Por su parte, Mir Puig dice que para el delito de peligro concreto, la 

ley requiere “una efectiva situación de peligro (resultado de peligro), 

mientras que en los delitos de peligro abstracto no es preciso que en el caso 

concreto la acción cree un peligro efectivo: solo serían delitos de peligro en 

el sentido de que la razón de su castigo es que normalmente suponen un 

peligro”. Luego el autor efectúa una aclaración que resulta de utilidad para el 

caso: “por mucha peligrosidad ex ante que tenga la conducción en estas 

circunstancias [conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, con alto 

nivel de alcohol en sangre, y un exceso desproporcionado de velocidad], si 

no ha habido ninguna persona que haya estado próxima a la lesión o 

muerte, no existe un delito de peligro concreto, sino de un peligro abstracto 

más elevado” 34 . 

Teresa Rodríguez Montañés sostiene, tras hacer una evaluación crítica 

de las distintas posturas que permiten diferenciar un peligro concreto de uno 

abstracto, que: “...el elemento esencial del peligro es que el bien jurídico se 

encuentra en una situación en la que su lesión no puede ser evitada con 

seguridad a través de los medios normales, en la que se deja la existencia 

del bien jurídico a merced de un curso causal que el sujeto ya no puede 

dejar de leerse la obra de Teresa Rodríguez Montañes, Delitos de peligro, dolo e imprudencia, publicada 

por Rubinzal- Culzoni editores, Buenos Aires, año 2004. 

32 Sancinetti Marcelo; Casos…, pág. 146. 

33 Jescheck, Hans; op. cit. pág. 238. 

34 Mir Puig, Santiago; Derecho penal, parte general, B de f, Montevideo, Buenos Aires, 2004, págs. 233/4. 

121

controlar. Los conceptos claves son (...) el no dominio de la situación por el 

autor y la ‘casualidad’ como factor decisivo: el bien jurídico es puesto en 

una situación de crisis, perturbado en su seguridad, dejando su integridad 

en manos del azar” 35 

122 

En virtud de las definiciones precedentes, es dable sostener que no se 

trataría de un peligro abstracto o remoto aquél al que fueron sometidos los 

bienes y personas la noche del recital. Lejos de ello, en el caso que nos 

ocupa tanto las personas como los bienes estuvieron sometidos a un peligro 

totalmente definido y actual, cual era el de la posibilidad de incendio por el 

uso de bengalas en un lugar cerrado, con un techo recubierto con material 

altamente inflamable en el que era casi seguro que esas bengalas podían 

pegar, con la capacidad máxima superada con creces y con una de las salidas 

de emergencia anuladas. 

Por su parte, si se toma en consideración la definición de peligro 

concreto dada por Montañés, el hecho de que sea previsible que el público 

ingrese con bengalas y de que éstas sean prendidas por quienes las llevan, 

indica que si esa posibilidad no es dominada por el autor, quien no se 

asegura una forma de evitarlo, implica la existencia de una forma de dejar al 

azar la suerte del bien jurídico, extremo que sería relevante para definir el 

tipo de peligro que concurre en el caso. 

Empero, para algunos autores no alcanzaría con dejar librada al azar la 

suerte del bien jurídico, porque ello hablaría de una falta de dominio de la 

situación de peligro por parte del autor, que impediría la imputación de las 

consecuencias a título doloso. 

Ahora bien, es cierto que no es lo mismo decir que el autor sabía 

efectivamente que tal persona, en tal momento, iría a prender una bengala 

del tipo de las que podían pegar en el techo y causar un incendio, que decir 

que el autor sabía que durante el transcurso del recital del día 30 de 

diciembre alguna persona podría prender una bengala del tipo mencionado, o 

que fuera él mismo el que prendiera la bengala. Ahora ¿cuál es el efecto de 

que al autor le falte la concreción o el dominio personal de esos detalles?. 

35 Rodríguez Montañés, Teresa; op. cit. pág. 57.

USO OFICIAL 




Correccional 

Un caso de peligro claramente determinado es, por ejemplo, aquél de 

la persona que le clava un cuchillo en el abdomen a otra sin reflexionar 

mucho sobre las consecuencias de su acción. Aquí no habría nada más que 

aclarar, tenemos el medio, la forma y el objeto de agresión totalmente 

definidos. 

Por el contrario, uno en el que no habría ningún tipo de determinación 

que permita imputar un resultado como derivado de un riesgo concreto, y por 

tanto, a título de dolo es, por ejemplo, el de la ambulancia que debe ir a 

excesiva velocidad para salvar a alguien que había sido previamente herido 

por un tercero mediante un disparo de arma de fuego; la ambulancia sufre un 

accidente y la víctima muere. El accidente solamente interrumpiría la 

imputación objetiva del resultado de muerte por disparo de arma de fuego, 

pero no la de las consecuencias derivadas de una conducción temeraria para 

llegar a tiempo al hospital, que sí serían imputables al autor del disparo como 

resultado previsible de su actuar. Sin embargo, esa imputación sería 

solamente a título de culpa, y no de dolo, porque, tal como lo sostiene 

Sancinetti: “esto sería imposible, aun cuando el autor deseara el curso 

aventurado de una muerte posterior ‘por accidente automovilístico’, porque 

-de nuevo- la concreción de ese riesgo ulterior no es ‘dominable’ para 

el autor, no puede ‘ser perseguida objetivamente’” 36 . 

Hasta aquí los extremos: en el primer caso el autor domina todo y en 

el segundo no domina absolutamente nada -no se sabe a qué velocidad 

manejará exactamente el conductor; si violará algún semáforo en rojo; si 

tomará calles muy transitadas o pasará por delante de una escuela a la hora 

de salida de los alumnos, etc.-. 

Sin embargo, hay muchos casos que están en medio de estos dos 

extremos. Tal es, por ejemplo, el famoso caso “Contengan”, en el que se 

suministró esa droga o talidomida a mujeres embarazadas, que habría 

generado graves deformaciones congénitas en los niños después nacidos de 

esas madres, algunos de los cuales, además, habrían muerto por esa causa. 

36 Sancinetti, Mercelo; “Observaciones sobre al teoría de la imputación objetiva”, en Teoría de la 

imputación objetiva; Cancio Meliá, Manuel; Ferrante, Marcelo; Sancinetti, Marcelo, Universidad Externado 

de Colombia, Colombia, 1998, pág. 125. 

123

Supongamos que no estuviera en discusión la calidad de persona del niño por 

nacer, o que hubiera un tipo penal que describiera específicamente la 

producción de lesiones al no nacido, supóngase también –como lo hace 

Sancinetti- que no se pudiera tener por segura la relación causal entre el 

suministro de la droga y el resultado, pero que sí estuviera clara la plena 

consciencia de los responsables del laboratorio de la posibilidad del riesgo 

por el aumento estadístico considerable de lesiones de esa clase desde que 

apareció la droga. 

124 

Dice el mencionado autor: “acreditado el dolo ¿qué sentido tendría 

supeditar la punición a la demostración causal ‘real’ entre el empleo de la 

droga y las lesiones … Parece claro que la ley penal podría prohibir 

también la realización de un hecho que quizás se pudiera revelar después 

como inofensivo. Es lo que sucede en las aplicaciones experimentales de 

drogas en grandes laboratorios. Si la duda de la posibilidad de los 

perjuicios es fundada, esto es suficiente para el dolo eventual; y, por más 

que la imputación objetiva no pudiera ser acreditada, habría ya, al menos, 

tentativa inidónea de lesiones” 37 . 

En este caso, los dueños del laboratorio que pusieron a la venta la 

droga peligrosa permitieron que mujeres embarazadas la consumieran por 

prescripción de sus médicos. Indudablemente, muchos detalles escapaban a 

los primeros: ante qué casos iba a ser medicada la droga, si las mujeres que 

las consumirían tenían alguna particularidad que las hacía más proclives que 

otras a sus efectos, en qué momento del día la mujer iba a consumirla, cuál 

era el alcance concreto de esos efectos, etc. 

Empero, pese a todo ello, es el propio Sancinetti quien no solamente 

no pone en crisis la imputación dolosa si el autor tuvo consciencia del riesgo 

que para la salud del niño por nacer tenía el consumo de aquélla, sino que 

tampoco la pondría en crisis en caso de no estar acreditada la existencia de 

un nexo causal entre la muerte del niño y el consumo de la droga, si el autor 

se representa el riesgo estadístico y no concreto que genera para el bien 

jurídico; o si se descartara ese nexo causal, porque ante la representación de 

37 Sancinetti, Marcelo; Teoría del delito…, pág. 480.

USO OFICIAL 




Correccional 

un riesgo estadístico, no importaría que finalmente la acción haya sido 

‘inofensiva’. 

La comparación entre la solución dada al caso de la ambulancia y al 

caso “Contengan”, no aporta mucha claridad para determinar cuándo un 

riesgo es o no determinado; es más, de alguna manera podría decirse, 

contrariamente a la solución que a ellos se diera, que en el primero, de 

alguna forma, hay tantas o menos “indeterminaciones” que en el segundo. 

Evidentemente, y más allá de que se esté o no de acuerdo con las 

soluciones dadas a los casos que vimos tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia, esas soluciones denotan que el riesgo puede seguir siendo 

concreto pese a que algunos detalles no puedan conocerse desde un 

comienzo o pese a que la efectiva puesta en peligro del bien dependa de un 

tercero. En ellos, sólo importaría que el resultado se haya producido a modo 

de desenlace normal o previsible de los sucesos conocidos por el autor. 

Así, en el caso de la droga, si se pone a la venta y tiene por objeto su 

consumo por parte de mujeres embarazadas, ninguna sorpresa causa que 

éstas la consuman, y por tanto, pese a que la acción final con la que se va a 

generar el peligro efectivo para el niño por nacer quede en manos de otro, 

ello no quitará la responsabilidad de quien puso las condiciones necesarias 

para que el resultado se produzca. 

En el caso de Chaban y los organizadores del recital del 30 de 

diciembre, si todos saben que, pese a los esfuerzos para evitar el ingreso de 

pirotecnia, es imposible que ella no sea ingresada -y solo podría, en el mejor 

de los casos, disminuirse la cantidad que ingresa-, y a su vez, saben que esa 

pirotecnia necesariamente será encendida porque esa es la esencia del “show 

de bengalas” que acompañó siempre a la banda “Callejeros”, bien podría 

decirse que nada pondría o quitaría al caso el desconocimiento de los 

“detalles” mencionados al comienzo de este análisis: alguno de los 

integrantes del público que entró con bengalas, durante el transcurso del 

recital, y muy probablemente, cuando la banda comenzase a tocar, prendería 

alguna de ellas. 

125

126 

Sentado lo expuesto, queda por analizar solamente la posibilidad de 

que el autor haya errado sobre la valoración de los riesgos, considerando 

remoto un riesgo que es concreto 38 . Este error bien podría producirse por los 

mecanismos inconscientes a los que nos referimos anteriormente, en los que 

el autor quita de su mente las posibles consecuencias dañosas de su actuar. 

Ahora bien, de poder afirmarse la presencia de este tipo de error, su 

aceptación como circunstancia para desgravar al imputado, ya dependerá de 

decisiones que tienen que ver con la aceptación de un error de esa naturaleza 

a los efectos de excluir sin más el dolo por defecto de conocimiento, o de la 

evaluación por parte del juzgador en el caso concreto de la posibilidad que el 

autor tenía de evitarlo. Este no es otro que el tan discutido problema de los 

efectos de la “ceguera ante los hechos”, y de la aceptación, como propone 

Jakobs, de la traslación de las reglas flexibles del error de prohibición al 

error de tipo 39 . 

Finalmente, Canestrari, en representación de la tendencia de la 

doctrina italiana que pretende diferenciarse de la alemana en cuanto a la 

concepción objetiva de la delimitación entre dolo e imprudencia, sostiene 

que la esencia del dolus eventualis no podrá buscarse en la dimensión 

objetiva del peligro sin hacer referencia a la representación y a la voluntad 

del sujeto, porque la valoración del hecho exterior -indispensable para 

diferenciar eficazmente la responsabilidad dolosa indirecta y la imprudente- 

se desarrollará de manera tal que se integre también en el ámbito procesal 

con las investigaciones sobre la participación interior del agente en relación 

con los datos observables. Esto implica que un juicio sobre la naturaleza 

social de un determinado riesgo -con el fin de verificar si este último puede 

configurar la vertiente normativa del dolo eventual- debe asumir como base 

todas -y solamente aquellas- circunstancias conocidas por el sujeto particular 

en el momento de la conducta 40 . 

38 Sancinetti, Marcelo; Teoría del delito… pág. 200. 

39 Jakobs, Günther; “Sobre el tratamiento de los defectos volitivos y de los defectos cognitivos”, en 

Estudios de derecho penal ..., pág. 127 y ss. 

40 Cfr. Canestrari, Stefano; op. cit., pág. 408.

USO OFICIAL 




Correccional 

Una vez expuesto en líneas generales el panorama teórico, 

corresponde expedirse respecto a la existencia o no de dolo de peligro en este 

caso concreto. 

Tal como se dejara sentado desde un comienzo, el imputado Omar 

Chaban se representó cada uno de los factores que componían el síndrome de 

riesgo: sabía que el lugar estaba excedido en la cantidad de gente que podía 

entrar; sabía que las salidas de emergencia no eran suficientes para esa gente; 

sabía que se podían prender bengalas; sabía que podían dar en el techo que 

estaba recubierto con material inflamable; etc. 

Ese conocimiento sobre los factores que componían el mencionado 

síndrome, y que, si se quiere, podría ya llevarlo a la representación de un 

posible incendio con consecuencias para los bienes y personas que hubiera 

en el lugar, se actualizó con la ocurrencia de los incendios del 1° de mayo y 

el 25 de diciembre de 2004. Es decir, Chaban sabía que aquello que en teoría 

podría ser peligroso, lo era también en la práctica, y que más allá de las 

dudas que el caso presenta sobre la creencia del imputado en la condición de 

ignífugo del material que recubría el techo, existieron razones más que 

suficientes para que éste no pudiera confiarse en esa condición del material. 

Entre esas razones pueden citarse los incendios mismos que refutaron en los 

hechos dicha creencia y, antes, los dichos del testigo Salvatore Albano, que 

le había advertido al imputado sobre la necesidad de cambiar el material que 

recubría el techo para mejorar la seguridad. 

Cabe remarcar que las dudas recaían sobre las placas de poliuretano, 

mas ninguna duda quedaba sobre la calidad de altamente combustibles de la 

media sombra y la guata, que cubrían el techo al igual que las placas de 

poliuretano. 

La representación del síndrome de riesgo, más la inexistencia en el 

caso de razones que permitieran al imputado confiar –no desear- que no se 

produjera un incendio, llevan a sostener que el imputado debió contar con la 

producción de un nuevo incendio en caso de repetirse las circunstancias que 

dieron lugar a otros anteriores. 

127

128 

A su vez, el análisis de los factores que componen el síndrome de 

riesgo, pone de manifiesto que se trataba de un riesgo concreto para los 

bienes jurídicos que pudieran hallarse en peligro con la organización de 

recitales de rock en República Cromañón. 

Ya se dijo anteriormente que podría haber factores que generen dudas 

sobre la representación del imputado, empero con respecto a ellos cabe 

manifestar, analizados a la luz de la representación del riesgo, no de las 

lesiones, que: 

-No puede hablarse de una habituación al riesgo que le haga suponer 

al imputado que no habrá consecuencias de ningún tipo con ese riesgo: la 

realidad le demostró que existen consecuencias y que no solamente son 

estadísticas, son reales y cercanas. Piénsese que un caso de referencia para 

analizar cuando la habituación al riesgo puede tener consecuencias sobre la 

representación del resultado, es aquél en el que un conductor de vehículos, 

por ejemplo, frena a una distancia menor de la que debe mantener con el 

coche de adelante, pero como lo hace todos los días sin consecuencias ya 

cree que no las hay, o que, en todo caso, no integrará justamente él la cifra 

estadística. 

Chaban experimentó las consecuencias de la situación de riesgo más 

de una vez; no le eran desconocidas ni lejanas; sabía que si nada cambiaba, 

así como se produjeron una vez podrían repetirse. 

-El llamado a la reflexión del público, que en algunos casos puede ser 

un medio efectivo, fue experimentado en este caso, como en otros, por el 

imputado como un recurso inútil, ya que cada vez que se prendía pirotecnia y 

salía al escenario para increpar y reconvenir al público, éste reaccionaba, a 

veces, hasta prendiendo más. 

-Los incendios anteriores fueron experimentado por el imputado como 

carentes de consecuencias tanto para él como para terceros, motivo por el 

cual tampoco puede partirse de que una representación seria de las 

consecuencias que el incendio pudo haber traído para el imputado lo hubiera 

llevado a modificar su conducta. El ya conocía las consecuencias que los 

incendios traían y pese a ello no hizo ninguna modificación para evitarlos:

USO OFICIAL 




Correccional 

eligió convivir con el riesgo pese a las posibles consecuencias perjudiciales 

que ello pudiera generarle. 

En conclusión, pese a las dudas y debates que el caso puede plantear, 

este tribunal, en base a la prueba obrante en el sumario hasta este momento, 

no encuentra razones para descartar que el imputado haya actuado con dolo 

eventual de incendio. Empero, las conclusiones son otras al tratarse el dolo 

del imputado con respecto al resultado de muerte. 

En efecto, si a fin de afirmar que el imputado obró con dolo eventual 

de incendio se sostuvo que era relevante la experimentación previa dada por 

los dos incendios anteriores, no puede omitirse en la valoración, justamente 

esa experimentación, le demostró al imputado que, pese a que el lugar se 

incendiara, no había ningún perjuicio para las personas que estaban en él. 

Ello así porque, los incendios fueron de una dimensión pequeña que 

permitieron al imputado y sus colaboradores evacuar el lugar y apagar el 

fuego rápidamente, tras lo cual, incluso, se continuó con el espectáculo como 

si nada hubiera pasado. En este sentido, varios testigos han manifestado, a 

propósito de los incendios anteriores, que pensaron que se apagaría 

rápidamente como ya había ocurrido y, en algunos casos que, por ese 

motivo, no era conveniente retirarse del lugar, debido a que, por los 

controles de entradas, después no podrían volver a ingresar. 

Asimismo, el imputado vivenció que, en caso de prenderse fuego el 

techo por acción de las bengalas, las llamas no se expandían de manera tal de 

abarcar rápidamente todo el lugar, sino que se apagaban cuando el material 

combustible se consumía, lo que no tardaba mucho en ocurrir. 

Con respecto al humo que el material que recubría el techo emanaba 

tras su contacto con el fuego, que desprendió tanto el 30 de diciembre como 

en los incendios anteriores, el imputado no pudo experimentar sus 

consecuencias tóxicas para la salud de las personas, dado que la rápida 

evacuación del lugar impidió que los gases surtieran efecto sobre aquéllas. 

En consecuencia, la experiencia vivida con anterioridad por el 

imputado pudo haberle hecho suponer que, de producirse un incendio no 

sería nunca de las dimensiones que tuvo el del “shopping del Paraguay”, al 

129

que Chaban hizo referencia en sus dichos la noche de los hechos. Por los 

mismos motivos, la muerte por quemaduras de los asistentes, a la que 

también hizo referencia, no aparecería como una representación seria, 

equiparable a un ‘contar con’ que ese resultado se produzca; ya que si había 

un incendio, la evacuación podría efectuarse en un tiempo tal, que no llegaría 

nunca a causar ese resultado. 

130 

En ese marco, los dichos de Chaban aparecen más como una 

exageración tendiente a lograr de manera más efectiva la reacción del 

público, generándole una imagen de tragedia para hacerlo poner en esa 

situación, que como un verdadero vaticinio de lo que él creía que iba a 

suceder. Aquí nuevamente: Chaban se encontraba dentro del lugar, ¿su 

intención era suicidarse?, porque al afirmar un nivel subjetivo en un sentido 

lo debemos trasladar en otro, lo que no tiene lógica. 

Aquí es, por otra parte, donde toman relevancia los planteos de la 

defensa vinculados a los efectos del cianuro de hidrógeno y al 

desconocimiento que de éstos tenía tanto Chaban como la mayoría de la 

población, que es de venta libre y que, principio de confianza mediante, al 

ser adquirido para su colocación, y controlado por el organismo respectivo, 

no fue objetado como isonorización. 

El imputado no tuvo entre sus cálculos las dificultades que podrían 

generar para la evacuación del público no las llamas, sino los efectos de los 

gases tóxicos, que fueron debilitando a los asistentes de manera tal que se 

produjeron desmayos que generaron un taponamiento de las salidas por 

amontonamiento de cuerpos, lo que concluyó de la manera en que se 

desencadenaron los hechos. 

No se puede ignorar en ese sentido que el incendio del 30 de 

diciembre fue efectivamente muy parecido a los anteriores, no solamente en 

lo que hace a su origen, sino también en lo que respecta a su desarrollo y 

extinción. La gran diferencia fue, obviamente, la imposibilidad de evacuar el 

lugar de la misma manera en que se lo hizo en las anteriores ocasiones, ya 

que la cantidad de gente y la falta de luz imposibilitó que se produjera de la 

misma manera.

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Correccional 

Dichas circunstancias nunca hubieran producido la muerte de los 

asistentes por quemaduras, lo que daba la razón al imputado en cuanto a su 

representación de los efectos que un eventual incendio podría tener; siendo 

que la forma en que finalmente se produjo el resultado de muerte, si bien 

ingresaba dentro de lo posible, no fue nunca efectivamente prevista por el 

imputado, circunstancia ésta que implica una diferencia sustancial con la 

representación de la entidad del riesgo, que sí fue prevista por éste. 

En consecuencia, analizar las características de los incendios 

anteriores a los fines de afirmar, como lo hizo la jueza, que no existían 

razones para que el imputado tuviera una confianza seria en la no producción 

del incendio, y no analizarlas para evaluar la representación del resultado de 

muerte para alguna persona que el imputado pudo haber tenido, resulta una 

forma arbitraria de tratar la prueba, dividiéndola de manera perjudicial para 

el imputado. 

De lo hasta aquí expuesto tenemos que, Chaban se representó 

efectivamente la posibilidad de que como consecuencia de sus defectos de 

organización, se produjera un incendio que, por las características de las 

circunstancias en que se podría dar, generaría inevitablemente un peligro 

para las personas y los bienes que hubiera en el lugar. Sin embargo, no se 

representó de igual manera la posibilidad de muerte de las personas, las que 

si bien fueron en el caso una consecuencia previsible del incendio, no fueron 

previstas por el imputado por la forma en que éste efectivamente 

experimentó los incendios anteriores que sufrió República Cromañón, y por 

el conocimiento que éste tenía de las derivaciones que podría tener un 

incendio como los que preveía podría haber en el lugar, que no le permitió 

contar con las consecuencias que la emanación de gases tóxicos podría 

generar para la vida de los asistentes, él incluido. 

Es así que, si se sostiene, tal como este tribunal lo entiende, que el 

dolo de peligro y el de lesión no son idénticos, y que si bien el segundo 

puede abarcar al primero, no ocurre lo mismo a la inversa, una vez 

determinado como se lo hizo que el dolo eventual abarca solamente la 

situación de peligro, y no así el resultado, que se produjo -de acuerdo al 

131

desarrollo de las teorías diferenciadoras entre uno y otro supuesto-, con culpa 

con representación, debe descartarse la figura descripta en el artículo 79 del 

Código Penal y aplicarse al caso la del artículo 186 inciso 5°, es decir, la del 

incendio doloso agravado por el resultado de muerte, siendo la especie 

que concurre en el caso la del dolo eventual, en calidad de autor (art. 45, 

C.P.). 

132 

5.d. La situación de los imputados Argañaraz, Fontanet, Djerfy, 

Vazquez, Carbone, Cardell, Torrejón y Delgado. 

Tal como se ha visto, hasta aquí fue considerada solamente la 

situación del imputado Omar Emir Chaban, motivo por el cual queda por 

analizar la del resto de los imputados. 

A la hora de analizar la responsabilidad en la organización del evento, 

ya se vio que los encargados de ella habrían sido Omar Emir Chaban y los 

integrantes de la banda musical “Callejeros”. 

Organizar el recital significó tomar decisiones sobre el lugar; la fecha 

y hora en que se realizaría; la cantidad de entradas que se venderían y la 

cantidad de personas cuyo ingreso se permitiría; el precio de las entradas; la 

elección de los responsables de la seguridad; la determinación de la forma en 

que se realizaría el cacheo al público; la división de las ganancias; los 

encargados de las luces y el sonido; etc. 

Como se ha demostrado hasta el momento a lo largo de esta 

investigación, la organización del recital que nos ocupa conllevó un riesgo 

tal que a raíz de él se produjo un incendio que llevó a la muerte de 193 

personas. Fueron varios los factores que configuraron el riesgo objetivo que 

implicó el desarrollo del recital que terminó en la tragedia, entre los que se 

encuentran, como ya se vio en diversas oportunidades del desarrollo que 

venimos realizando, la cantidad de gente que ingresó al lugar; la cantidad de 

pirotecnia que el público pudo entrar gracias a un cacheo deficiente; el que el 

público pudiera prender pirotecnia; el material inflamable con que se hallaba 

revestido el techo; la falta de matafuegos en condiciones de ser accionados; 

el estado de la puerta alternativa de emergencias y de las vías de salida en 

general; el funcionamiento del lugar como microestadio cuando estaba

USO OFICIAL 




Correccional 

habilitado como local de baile clase “C”; la falta de controles municipales, 

judiciales y policiales; etc. 

Ya hemos visto que tanto Omar Emir Chaban como los integrantes de 

la banda musical poseen una posición especial derivada de su condición de 

co-organizadores que los hacen garantes de la evitación de riesgos para el 

público concurrente que deriven de los defectos de la organización. 

Si bien, tal como luego se verá, existiría alguna duda sobre el 

conocimiento efectivo que los integrantes del grupo musical tenían sobre 

cada uno de estos factores de riesgo, no puede negarse, por un lado, que 

todos estuvieron de acuerdo en la realización del recital que llevó al incendio 

que produjo la muerte de parte del público que concurrió a él; y por el otro, 

que el deceso de esas personas no se produjo por una fatalidad, sino como 

consecuencia de una serie de irregularidades que tornaban predecible el 

resultado de incendio que las provocó en sus efectos. 

Ahora bien, si tanto Chaban como los integrantes del grupo Callejeros 

se hallaban en posición de garante y nada hicieron para evitar el incendio del 

lugar, evitando así el resultado de muerte que se produjo a causa de él, cabe 

determinar ante qué caso de autoría múltiple nos hallamos. 

En general existe consenso sobre la existencia de dos tipos de autoría 

múltiple: la coautoría y la autoría colateral. La coautoría exigiría una 

realización en común mediante un acuerdo que distribuya las funciones de 

quienes toman parte; el segundo supone sólo que cada autor realiza 

paralelamente un mismo hecho sin ningún conocimiento de que exista 

efectivamente otro autor. 

Según el a quo nos hallaríamos ante un supuesto de autoría paralela 

porque: “lo que generaliza la atribución del resultado es el acuerdo criminal 

y si no hay acuerdo debemos considerar por autoría paralela la situación 

concreta de cada uno de los autores en la causación del resultado”. 

Difícilmente pueda decirse que no haya existido en el caso un plan 

previo conforme al cual cada uno de los autores se dividió la tarea para la 

realización del recital que nos ocupa. Lo que ocurre, es que ante un esquema 

en el que se sostiene, como lo hace el a quo, que no todos los autores 

133

obraron dolosamente, presentaría alguna dificultad sostener la existencia de 

una coautoría, que presupone, de acuerdo a la doctrina dominante, el acuerdo 

de todos los partícipes en la realización de un hecho doloso. 

134 

Sin embargo, en el caso parece menos sostenible decir que no hubo 

plan previo ni división de tareas que hacer lo contrario. 

En efecto, el plan previo es en este caso la organización del recital 

que, objetivamente, generó un riesgo tal que produjo la muerte de las 193 

víctimas. En este sentido, resulta hasta contradictorio decir que fueron co- 

organizadores del recital y sostener al mismo tiempo que no hubo plan 

previo, atribuyéndoles responsabilidad sólo a título de imprudencia. 

También resulta difícil sostener que no hubo división de tareas, 

cuando del análisis de la causa surge claramente que Chaban se encargó de 

todo lo relativo al funcionamiento del lugar; la banda se ocupó de todo lo 

atinente al concierto y su seguridad, compartiendo decisiones y tareas. 

Sostener aquí que no hay plan previo, es partir de la base de que sólo 

puede haber este tipo de plan en los delitos dolosos, lo cual no 

necesariamente es así, en virtud de que la distinción entre el dolo y la culpa 

tiene que ver, tal como se dijo, con la representación del autor sobre los 

factores que componen el síndrome de riesgo y no con la configuración 

objetiva del hecho que puede ser planificado con una base común pese a los 

distintos niveles de conocimiento. 

De esta manera, incluso en caso de mantenerse la calificación legal 

dada a los hechos por el a quo, puede sostenerse que existiría al menos una 

base común entre los autores dolosos e imprudentes, cual es la organización 

del recital sabiendo que se permitiría el ingreso de muchas más personas que 

las que admite el lugar; que se iba a prender pirotecnia; que hubo incendios 

anteriores a causa del uso de pirotecnia y que la puerta alternativa de 

emergencia estaba cerrada. 

La organización del recital en estas condiciones alcanzó al a quo para 

imputarle a los integrantes del grupo “Callejeros” la autoría, aunque culposa, 

del homicidio de 193 personas, lo que implicaría que si Omar Chaban 

comparte tanto la calidad de organizador como el conocimiento de esos

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Correccional 

factores de riesgo y, a su vez, existe una división de tareas entre ellos, no 

existirían obstáculos para hablar de un plan común al menos en lo que hace a 

los aspectos conocidos por todos. 

Ahora bien, el requisito de acuerdo común que exige la coautoría es lo 

que permite vincular el aporte que realiza cada autor con el que realizan los 

otros. Sin embargo, y tal como lo expresa Stratenwerth, es problemática la 

cuestión de cómo debe estar configurada esta decisión común al hecho, ya 

que el sólo acuerdo no alcanzaría para sostener la coautoría en virtud de que 

también éste es un requisito establecido para la participación. Por ello, para 

el autor “sólo es de utilidad recurrir a la idea básica de la responsabilidad 

por autoría: comete el hecho quien tiene en sus manos el curso del 

acontecer que cumple el tipo (...). Por ello, la cuestión de si alguien toma 

parte en la decisión común al hecho tiene que ser resuelta, principalmente, 

en vista del rol que él asume (voluntariamente) para la ejecución del 

hecho” 41 . 

Esta idea lleva al concepto de dominio del hecho, que merece una 

aclaración cuando se trata de supuestos de omisión. Según Roxin “el 

omitente no llega a ser autor por el dominio del hecho, sino por el 

quebrantamiento de su deber de evitar el resultado” 42 . 

En esa inteligencia, se puede concluir, conforme lo expuesto hasta 

ahora, que existió un plan previo; que hubo división de tareas y que en 

función de ser los únicos que actuaron con posición de garante, tanto Omar 

Chaban como los integrantes de la banda musical “Callejeros”, resultarían 

coautores del hecho que generó la muerte de 193 personas. 

La pregunta obligada es ¿de qué delito son coautores? Es recién aquí 

donde cobra relevancia el conocimiento que cada uno de los coautores poseía 

del denominado “síndrome de riesgo”. 

Según se determinó a la hora de analizar la conducta del imputado 

Chaban, hemos concluido en que el nombrado es autor del delito de estrago 

doloso seguido de muerte; y ello, por la representación de la posibilidad de 

41 Stratenwerth, Günter; op. cit., pág. 400. 

42 Roxin, Claus; Autoría y dominio del hecho en derecho penal, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1998, pág. 500 

y ss. 

135

que se produzca el incendio que tuvo el final descripto. Si Chaban es autor 

de ese delito, cabe analizar el motivo por el que puede sostenerse el esquema 

de la coautoría si no puede afirmarse, en principio, el mismo nivel de 

representación que los integrantes de la banda musical. 

136 

Este no es un tema novedoso. Tal como establece Stratenwerth: “el 

alcance del acuerdo recíproco es significativo sólo en el sentido de que 

jalona el marco de la responsabilidad por coautoría. Si lo concertado 

consiste en matar en común a un hombre, y uno de los intervinientes actúa a 

ese respecto con la intención, desconocida por el otro, de desvalijar a la 

víctima acto seguido, se cometerá en coautoría sólo el delito de homicidio, 

no el robo. Se habla aquí de un exceso, por el cual tiene que responder como 

autor quien actúa por su propia cuenta ”43 . 

Algo parecido sucede en este caso. Tanto Chaban como los integrantes 

de la banda musical “Callejeros” generaron las condiciones para que se 

produjera un incendio como consecuencia del cual se produjo la muerte de 

193 personas, y lo hicieron, con todos los requisitos de la coautoría. La 

diferencia entre ambos es que, en principio, los imputados Fontanet, 

Argañaraz, Vazquez, Djerfy, Carbone, Cardell, Torrejón y Delgado habrían 

obrado, de acuerdo a lo que se desprende de los elementos de prueba 

obrantes hasta el momento, bajo la influencia de un error en la valoración del 

riesgo que creaban con su conducta, lo que permitió sostener una imputación 

a título de dolo para Chaban y una a título de culpa para los demás. 

Puede sostenerse, con el grado de certeza exigido para esta etapa del 

proceso, que los imputados integrantes del grupo musical conocían 

efectivamente que estaban dejando entrar pirotecnia a un lugar cerrado; que 

el público que los seguía encendía gran cantidad de pirotecnia durante el 

desarrollo de los recitales y que parte de ella podía impactar en el resto de la 

gente o en el techo, que ese techo estaba revestido con un material que, 

ignífugo o no, se había prendido en dos ocasiones anteriores; que era 

probable la producción de un incendio porque ya hubo dos incendios 

anteriores a causa del uso de pirotecnia; que más allá de la cantidad exacta 

43 Stratenwerth, Günter; op. cit. pág. 401.

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de gente que admitía, el lugar estaba colmado de público, a punto tal, que se 

debieron cerrar las puertas y dejar gente afuera; que, según lo manifestado 

por Chaban en el recital del 30 de diciembre y en los dos anteriores del 28 y 

29, no alcanzarían las salidas para la cantidad de gente que había si se 

producía un incendio. 

Sin embargo, el hecho de que carecieran de algunos conocimientos 

específicos que Chaban sí tenía, como los vinculados a los términos de la 

habilitación en cuanto a cantidad de gente y objeto de la explotación 

comercial; estado de las condiciones de seguridad para evitar incendios, 

entre las que se encontraba la existencia de matafuegos listos para ser 

accionados en caso de ser necesario; la condición del material que revestía el 

techo; las cosas que sobre el lugar les pudo haber dicho Chaban para que 

hicieran allí los recitales; el desconocimiento sobre la forma concreta que 

tendría Chaban para apagar incendios si estos se producían; y, 

principalmente, la falta de una experiencia como la que tuvo Chaban con los 

incendios anteriores que le permitió conocer que todo aquello que podría ser 

considerado en teoría como peligroso, también lo era en la práctica, pudieron 

haber llevado a los imputados a una valoración errónea del alcance del riesgo 

creado, donde adquiere relevancia, a su vez, lo sostenido por su defensa en 

punto al principio de confianza, pero no en cuanto al uso de pirotecnia, que 

era estimulado por ellos, y que es fundamental en el origen del resultado. 

Sostiene Mirentxu Corcoy Bidasolo que: “el error, como elemento 

esencial del tipo subjetivo imprudente, puede recaer: 1) sobre la valoración 

del autor acerca de su capacidad para evitar la lesión cuando tiene el 

control del riesgo; 2) sobre el desconocimiento de la efectiva peligrosidad 

de la conducta, en los casos en que no mantiene el control del riesgo, 

siempre que ese desconocimiento tenga un fundamento racional y en todos 

los supuestos de culpa inconsciente ”44 . 

Sin embargo, la propia existencia de un error, del alcance de ese error 

y de la posibilidad de evitarlo son cuestiones que no han encontrado hasta el 

momento en el contenido del sumario elementos de prueba suficientes que 

44 Bidasolo, Mirentxu Corcoy; El delito imprudente, Criterios de imputación del resultado, B de F, 

137

permitan expedirse inequívocamente respecto a ellas y que podrán ser 

dilucidadas a lo largo de un eventual juicio oral. 

138 

Por lo pronto, la imposibilidad de descartar la presencia de un error y 

la limitación que este tribunal posee en virtud del principio de la reformatio 

in peius, llevarán a sostener que los imputados Fontanet, Carbone, Cardell, 

Djerfy, Torrejón, Delgado, Vazquez y Argañaraz obraron bajo la influencia 

de dicho defecto de conocimiento que les habría impedido valorar 

correctamente el alcance del riesgo que creaban, razón por la cual, pese a ser 

coautores junto a Chaban, su conducta debería ser encuadrada en el supuesto 

de hecho descripto por el artículo 189 segundo párrafo del Código Penal del 

cual resultan coautores (art. 45 C.P.). 

Cabe destacar en ese sentido que, si bien es cierto que la aceptación de 

la coautoría en hechos imprudentes resulta un tema sobre el que no existe 

consenso, también lo es que, a diferencia de lo que ocurre en otras 

legislaciones 45 , no habría obstáculos de derecho positivo para sostener esa 

solución que es la que se presenta como más adecuada a la configuración de 

los hechos objeto de análisis. 

5.e. La situación de los imputados Bussi y Villarreal. 

En lo que respecta a estos imputados, ya se sostuvo anteriormente que 

éstos no poseían posición de garante alguna que los obligue a intervenir a los 

efectos de evitar la producción de resultados que afecten los bienes jurídicos 

protegidos que se hallaban en juego en este caso; razón por la cual no pueden 

ser autores de la causación de un estrago seguido de muerte en la modalidad 

de comisión por omisión. 

Con relación a Bussi, no se puede afirmar en el caso la existencia de 

ninguna circunstancia que permita considerarlo penalmente responsable de la 

tragedia; razón por la cual no existen motivos para mantenerlo vinculado al 

proceso. 

En el caso de Villarreal, si bien tampoco existirían elementos que 

lleven a considerarlo autor en virtud de no poseer el nombrado una posición 

Montevideo, Buenos Aires, 2da edición, 2005, pág. 277. 

45 Cfr. al respecto el trabajo de Ricardo Robles Planes: “Participación en el delito e imprudencia”, en 

Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Ad Hoc, Buenos Aires, Año VII, Número II, pág. 385/414.

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de garante que lo obligue a evitar el resultado, sí se encuentra acreditada su 

participación en el pago de sobornos a los integrantes de la comisaría 7ma., 

lo cual significó la remoción de obstáculos para que el recital que llevó a la 

tragedia pudiera llevarse a cabo. En consecuencia, su situación se analizará 

con mayor profundidad en el capítulo que sigue, dedicado exclusivamente al 

abordaje del cohecho. 

5.f. La relación concursal entre la figura de estrago seguido de 

muerte y otras figuras de posible aplicación al caso. 

Para finalizar, y antes de pasar al capítulo siguiente, cabe consignar 

que la circunstancia de subsumir, tal como lo hace en esta oportunidad el 

tribunal, los hechos bajo la figura del estrago seguido de muerte tiene 

relevancia también sobre la forma en que tanto las lesiones cuya 

determinación aún no fue posible, como las ciento noventa y tres muertes 

concurren entre sí y con el incendio. 

En efecto, a la hora de mencionar las características que debía reunir la 

acción susceptible de ser subsumida en el delito de estrago, se dijo que en el 

caso de incendio éste debería ser de tal naturaleza que produzca una 

situación de peligro para bienes indeterminados, distintos de aquéllos 

afectados por el origen del fuego. En consecuencia, el incendio exige que se 

haya creado una situación de peligro común para bienes o cosas. 

Por su parte, la figura de estrago seguido de muerte (art. 186 inc.5) es, 

tal como se expuso oportunamente, una figura agravada con respecto al 

estrago simple (art. 186 inc.1) y al estrago con peligro para la vida, sin 

resultado de muerte. 

Es así que puestos a analizar el tipo de concurso que existe entre las 

diferentes modalidades de estrago, podría decirse, en principio, que entre el 

estrago seguido de muerte, el estrago con peligro para las personas y el 

estrago con peligro para los bienes existiría un concurso aparente por 

especialidad, en el que la figura que resulta más amplia, en este caso el 

estrago seguido de muerte, encerraría formalmente a las otras dos figuras. 

Por otro lado, el hecho de que se hayan producido ciento noventa y 

tres muertes no genera que haya una reiteración de conductas o un concurso 

139

ideal entre cada una de las muertes, porque, por un lado, es una misma 

acción la que causa los distintos resultados –lo cual generaría la exclusión de 

un supuesto de concurso real-, y por otro, cada uno de esos resultados 

afectaría al mismo bien jurídico, a lo que hay que agregar que el propio tipo 

penal no hace referencia alguna a la cantidad de muertes, que bien podrían 

ser una o varias –motivo por el cual se descartaría la existencia de un 

concurso ideal entre cada muerte-. 

140 

Empero, el caso que nos ocupa también trajo aparejado la producción 

de diferentes tipos de lesiones (arts. 89, 90, 91 y 94 del CP), y que son, al 

igual que la muerte, un resultado producido como consecuencia del estrago, 

pero que, a diferencia de aquélla, no fue contemplado expresamente por el 

legislador como causa de agravamiento del tipo básico. 

Ahora bien, así como existiría entre los distintos tipos de estrago un 

encierro formal que daría lugar a un concurso aparente por especialidad, 

entre las lesiones y el estrago seguido de muerte con el que se calificó la 

conducta, habría una relación de inclusión material que permitiría afirmar la 

existencia de un concurso aparente por consunción. Ello sería así porque, en 

la lógica de los tipos penales que se aplican al caso, un incendio seguido de 

muerte es, a la vez, uno que generó un peligro para los bienes y para las 

vidas; peligro éste que, por otra parte, bien pudo haberse concretado por una 

lesión. 

En conclusión, si el incendio fue apto para producir una muerte, 

también lo fue para generar cualquier peligro para la vida de las personas que 

no murieron, incluso el de diversos tipos de lesiones. Ahora, si pese a esa 

aptitud, el legislador no decidió agravar la pena cuando ese peligro se plasma 

efectivamente en un resultado, como sí lo hizo con el resultado de muerte, 

debe entenderse que esas lesiones ya se encontrarían abarcadas por el tipo 

penal del art. 186 inc. 5, que no solamente no haría distinciones entre la 

producción de una o más muertes, sino tampoco entre el grado de afectación 

del bien jurídico tutelado. 

Es que, como lo señala gran parte de la doctrina “[l]a acción 

constitutiva de un delito que asume el rol de principal consume o absorbe la

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constitutiva de otro, que forma parte o integra su ejecución, pues aquella 

implica necesaria o frecuentemente la realización de la otra, en forma 

previa, coetánea o posterior, de modo que la sanción de la primera tiene en 

cuenta a la segunda, abarcando también su específico contenido de injusto 

y de culpabilidad” 46 . 

Sentado ello, resta aclarar que en el caso no cabría efectuar un 

impulso autónomo del proceso en orden a las lesiones sufridas por los 

asistentes al recital y que aún no fueron fehacientemente determinadas. Ello 

es así, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 416 del C.P.P.N., en virtud de 

que su diferenciación con respecto al hecho aquí analizado solamente 

hallaría sentido en miras a la eventual acción civil que los damnificados 

podrían iniciar a los efectos del reclamo de una indemnización por parte de 

los responsables de la tragedia en esa materia, y no en miras a la imputación 

penal, que ya contemplaría esas lesiones en el reproche del estrago seguido 

de muerte. 

Capítulo II- El pago de sobornos a los funcionarios de la Comisaría 7ma. 

como forma de facilitar la organización del recital. 

1) Los hechos que el a quo tuvo por probados. 

A Carlos Rubén Diaz el magistrado le imputó el haber recibido 

diversas sumas de dinero de manos de Omar Chabán y Raúl Alcides 

Villarreal, con el objeto de que, a través suyo y de otros responsables de la 

Seccional se omitiera, luego del pertinente acuerdo y a cambio de ese dinero, 

hacer cesar las contravenciones en que incurría el local “República de 

Cromañón” emplazado en la jurisdicción en la que prestaban funciones. 

Dichas infracciones estaban establecidas en el Código Contravencional de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, de haber actuado conforme la Ley de 

Procedimiento Contravencional, según el a quo se habrían iniciado las 

actuaciones pertinentes que, en su caso, hubieran provocado la clausura 

preventiva del establecimiento, al constatarse un grave e inminente peligro 

para la salud de los asistentes al predio. 

46 Caramuti, Carlos S.; Concurso de delitos, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, pág. 202. 

141

142 

En el auto recurrido el a quo sostuvo que Díaz, en persona, habría 

tenido a su cargo la recepción de ese dinero, para lo cual se habría 

presentado, al menos en seis oportunidades, en el local de marras, recibiendo 

de manos de Chaban o bien del empleado Villarreal, sumas que oscilarían 

entre $ 100 y $ 600, debiendo destacarse que parte de ese dinero obedecía al 

excesivo número de concurrentes al show (se presume que se abonaban 100 

pesos cada 500 asistentes), verificándose en concreto dicho accionar en las 

siguientes oportunidades: el 24 de septiembre del 2004, a fines de noviembre 

del 2004, oportunidad en la que se presentó el grupo musical “Carajo”; el 10 

de diciembre del 2004, cuando brindó un recital el grupo “Los Gardelitos”; 

el 25 ó 26 de diciembre del 2004, en la presentación del grupo musical “La 

25”; y el 28 y 29 de diciembre del 2004, días en que brindó sendos recitales 

el grupo “Callejeros”. 

Como consecuencia de ello, según el magistrado, el local continúo 

funcionando irregularmente hasta el 30 de diciembre del 2004, en horas de la 

noche, no obstante las groseras deficiencias que presentaba y que resultaban 

ser el reflejo de la falta de observancia de las normas previstas en el Código 

Contravencional. Entre dichas conductas se encontraba la referida al cambio 

de destino de la habilitación, puesto que en “República Cromañón” se 

llevaban a cabo verdaderos recitales, en clara infracción a la normativa que 

le era aplicable al comercio, dada su condición de local de baile clase “C”, 

circunstancia de la cual tenía conocimiento el imputado Diaz. Según el a 

quo, la producción de las contravenciones y la falta de aviso a las 

autoridades contravencionales se evidenció finalmente en lo ocurrido en la 

noche del 30 de diciembre del 2004. 

En suma, se les atribuyó a Omar Emir Chaban, Raúl Alcides 

Villarreal y a Carlos Rubén Diaz el haber celebrado un pacto espurio, 

verbal, en virtud del cual los dos primeros, a partir de septiembre del 2004, 

habrían entregado al funcionario público sumas de dinero que habrían sido 

recibidas por Díaz quien, aunque contaba con competencia y capacidad 

funcional para actuar en materia de contravenciones, a cambio de la 

contraprestación, omitió realizar todo acto tendiente a hacer cesar tales

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infracciones, labrar las actuaciones pertinentes y darle intervención a la 

Justicia Contravencional, con facultad para disponer la inmediata clausura 

del local. 

Por su parte, en la resolución se les reprochó a Miguel Angel Belay y 

a Gabriel Ismael Sevald, en su carácter de Comisarios de la Policía Federal 

Argentina, con funciones asignadas como titulares de la Seccional 7ma.. de 

la fuerza, durante el período comprendido entre el 14 de mayo del 2004 y el 

12 de noviembre de ese año y entre el 13 de noviembre y el 30 de diciembre 

del año pasado, respectivamente, haber incumplido con los deberes a su 

cargo, que imponían ejercer acciones en materia de prevención y, en su caso, 

en forma directa sobre el local denominado “República Cromañon”, que 

funcionaba en la jurisdicción cuya vigilancia y control se hallaba bajo su 

responsabilidad desde principios de mayo del 2004 hasta el 30 de diciembre 

de ese mismo año. 

Los funcionarios habrían omitido actuar, pese a que el local bailable 

incurría en diversas conductas previstas en el Código Contravencional de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se encuentra la 

modificación del destino del lugar que se encontraba habilitado para 

funcionar como local clase “C” y, en realidad, hacía las veces de “estadio” 

para recitales con concurrencia masiva de público, la que excedía con creces 

la capacidad del establecimiento conforme a la habilitación municipal. 

Señaló el a quo que el despliegue de las medidas pertinentes, tales 

como las previstas en la Ley de Procedimiento Contravencional, o bien 

aquellas que surgen de la orden del día nº 150 bis, sobre los cuales tenían 

ambos aptitud y competencia funcional, dado su carácter de miembros de las 

fuerzas de seguridad y de contar con el llamado “poder de policía”, tendrían 

que haber dado lugar a la iniciación de las actuaciones contravencionales 

respectivas y, en su caso, a la clausura preventiva del establecimiento, por 

parte del órgano judicial competente, al constatarse un grave e inminente 

peligro para la salud de los asistentes al predio. 

Esa omisión funcional habría obedecido al beneficio de índole 

patrimonial que habrían recibido de manos de su inferior jerárquico –el 

143

subcomisario Carlos Rubén Diaz- o bien de cualquier otro subordinado- y, 

como consecuencia del acuerdo celebrado con Omar Emir Chaban y/o con 

Raúl Alcides Villarreal que justamente tenía por objeto la aludida postura 

inactiva por parte de la Comisaría 7ª. 

144 

2- Los cuestionamientos de las defensas. 

2.a. Imputado Carlos Rubén Díaz. 

La defensa de Díaz cuestionó en primer término la falta de 

determinación precisa del momento en que ocurrieron los hechos y del 

objeto de la imputación en lo que se refiere a las irregularidades 

contravencionales que el encausado no hizo cesar como supuesta 

contrapartida del acuerdo espurio celebrado. 

Agregó al momento de presentar el memorial que la tarea 

prevencional de la policía se encuentra reglada y que no toda contravención 

sobre la que no se haya actuado puede imputarse como omisión dolosa, 

máxime cuando se trata de casos en los que tienen competencia otras 

reparticiones de mayor especialidad. 

Cuestiona también la defensa el hecho de que el acto de indagatoria, 

lejos de ser una ocasión de defensa para el imputado, frente a un cúmulo de 

probanzas incorporadas, se transformó en un acto previo, necesario desde 

una perspectiva cronológica, para el dictado de auto de procesamiento. Ello 

así por cuanto, elementos probatorios que fueron valorados como 

trascendentes para la atribución de responsabilidad en el auto de mérito en 

particular, la documentación incautada en el allanamiento realizado en la 

Seccional 7ª., fueron incorporados a la causa con posterioridad a la 

declaración mencionada y, por tanto, no tuvo oportunidad de realizar el 

descargo correspondiente. 

En relación al testimonio de Héctor Damián Albornoz, único que daría 

cuenta de la entrega efectiva de dinero por parte de Chaban a un funcionario 

de la Seccional 7ª que resultaría ser el subcomisario Díaz, se señaló que, 

enfrentado con la negativa del imputado, dejaría la cuestión reducida a un 

supuesto de “dichos contra dichos”, con escasa entidad probatoria.

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En suma, indicó que se trata de indicios equívocos a los cuales se les 

ha pretendido atribuir un sentido único en base a una decisión previa. Así, 

por la circunstancia de haberse determinado anteriormente que el encausado 

había incurrido en un incumplimiento de los deberes de funcionario público 

omitiendo hacer cesar algunas contravenciones en que incurría el local, se 

atribuyó ello a la existencia de un acuerdo ilícito. Bajo tal hipótesis 

predispuesta, según la defensa, se habría relacionado la presencia de Díaz – 

ocurrida seis veces, en ocasión de cada uno de los recitales celebrados en el 

lugar- con las ocasiones en que habría concurrido a buscar las remesas de 

dinero aludidas cuando, en realidad, se cuenta con el testimonio de una sola 

persona que afirma que en una sola ocasión vio la entrega de dinero al 

nombrado por parte de Chaban. 

Por otra parte, se cuestionó la interpretación del a quo relativa a que la 

realización de un recital en un local clase “C” constituye una contravención 

y que ello debe ser conocido por la Policía Federal en el ámbito de esta 

ciudad, correspondiendo, por tanto, su actuación en consecuencia. 

Según la defensa, en base a las manifestaciones del propio Jefe de 

Gobierno en la Sesión Extraordinaria del día 28 de enero de 2005 en relación 

a la normativa vigente para los locales bailables clase “C” –reconocida por el 

funcionario como obsoleta, arcaica, absurda y contradictoria porque bajo el 

concepto de “variedades” se admitía de hecho y como normal que en tales 

lugares se desarrollaran recitales con concurrencia masiva de personas-, se 

adujo que, más allá del acierto o desacierto de tal evaluación, la Policía 

Federal -a través de los mecanismos legales predispuestos para actuar en el 

ámbito de la Ciudad- actúa en base a la inteligencia e interpretación que de 

las normas efectúan sus superiores, entre los cuales se encuentra el propio 

Ibarra. Por tanto, se sostuvo que el encausado pudo haber obrado con un 

error de carácter insuperable. 

Al momento de alegar agregó que, incluso el mismo magistrado se 

había hecho cargo de la complejidad para comprender el sistema normativo 

en materia de habilitaciones y control al señalar que había superposiciones, 

modificaciones y excepciones que terminan superando a las reglas por lo 

145

que, si el magistrado y el propio Jefe de Gobierno reconocían éstos 

inconvenientes, no puede concluirse que Díaz sí sabía cuál era la normativa 

aplicable y, por ende, que el local en cuestión se encontraba en infracción. 

146 

Se señaló que en base a ello se solicitaron sendas medidas – 

requerimiento a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre los 

proyectos legislativos posteriores al 30 de diciembre de 2004 que tuvieran 

por finalidad suprimir el permiso correspondiente a “variedades” en los 

locales clase “C”, las declaraciones del Secretario de Seguridad Interior, del 

legislador Jorge Enríquez y del jefe de Gobierno-, cuya omisión, atento a que 

simplemente se las tuvo presentes, acarrea que la resolución deba ser 

considerada como infundada en los términos del art. 123 del CPPN, como 

decisión voluntaria y dogmática. 

Cuestiona por infundada (art. 123 del CPPN) la decisión de embargo, 

atento a que no se hizo referencia a cuál es la razón que sustenta ese elevado 

monto, agregando que era arbitraria esa determinación toda vez que el 

magistrado había señalado que el motivo era garantizar la pena pecuniaria, la 

indemnización civil y las costas cuando el delito que se le atribuía a Diaz era 

un delito contra la administración pública que no da lugar a indemnizaciones 

civiles. 

2.b. Imputado Miguel Angel Belay-. 

Refiere el letrado que -al tiempo del auto de mérito- no se encontraban 

reunidos elementos probatorios de peso que justifiquen el reproche dirigido a 

su asistido. 

Puntualmente señaló que los testimonios de Ana María Sandoval, 

Viviana Cozodoy y Héctor Albornoz no son prueba alguna de su 

responsabilidad. Respecto de la primera, dijo que el juez instructor no 

determinó los motivos por los cuales guardó el “papel” que 

“desinteresadamente” aportó y del que surgen circunstancias incriminantes, 

ni consecuentemente los evaluó. Que cuando la nombrada fue preguntada 

respecto de la fecha en que tuvo lugar dicha anotación, no pudo precisarlo, 

deduciendo el magistrado que si el recital que daba cuenta la publicidad del 

papel había sido en septiembre, la anotación de su reverso correspondía a la

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misma fecha, considerando así probada en un sólo hecho la participación de 

Belay. 

En relación a Cozodoy, puso en crisis que se considerara su 

afirmación de haber visto a Villarreal cuando asentaba la suma de dinero que 

debía entregarse a la policía y que estos ingresaban al local o permanecían en 

la puerta de acceso, habida cuenta de que esos registros no existen. 

Por otra parte, se adujo que el juez tampoco tomó en cuenta las 

explicaciones de Villarreal sobre “Polo”, “Poli” o “Polito”, a quien describió 

fisonómicamente y ofreció aportar los datos necesarios para su 

individualización. 

Se puso en crisis el conjunto de pruebas tenido en cuenta para hacer la 

atribución al nombrado porque si realmente existió el ofrecimiento de dinero 

y éste fue aceptado -circunstancia que dijo no constarle-, conforme a los 

testimonios, ello ocurrió durante el período de otra jefatura de la Comisaría 

7ma., es decir, cuando él no era el titular. 

Finalmente, se indicó que la acusación no ha probado su 

responsabilidad, porque no existe prueba alguna concreta de que Belay haya 

pactado y recibido dinero alguno de Chaban, Villarreal o de cualquier otra 

persona, no correspondiéndole a él, por inversión de la carga probatoria, 

acreditar su inocencia. 

sus bienes. 

Por último, apeló el dispositivo por el cual se decretó el embargo de 

2.c. Imputado Gabriel Ismael Sevald. 

La defensa manifestó que la frase mediante la cual se afirmó que el 

local de Chaban era una “verdadera zona liberada” es una manifestación 

insostenible y que demuestra una inocultable parcialidad, inadmisible para 

un tribunal. Agregó que en la resolución se presume la existencia de un pacto 

venal, el que ni el fiscal ni el juez han probado ni por entrecruzamiento de 

llamadas ni por reconocimiento directo. Se calificó a las aseveraciones sobre 

su comprobación o demostración como producto de puro voluntarismo y 

vacías de contenido. 

147

148 

Indicó el Dr. Arditi que esa misma falta de prueba campea cuando el a 

quo le atribuye la comisión del delito de cohecho por actos correspondientes 

a una época en que no se encontraba a cargo de la dependencia, cuando no se 

determinan las infracciones al Código Contravencional que habría omitido 

sancionar, cuando se desconocen las presuntas sumas de dinero abonadas y 

cuando, a modo de colofón, se mencionan las puertas de emergencia 

cerradas, los materiales altamente combustibles o los matafuegos 

despresurizados o vencidos. 

Respecto del auto de procesamiento, el letrado señaló que la falta de 

probanzas se pretende compensar con exceso de teoría o haciendo correr por 

cuerda un proceso que posee sobreseimientos firmes pasados en autoridad de 

cosa juzgada. 

En dicho proceso no sólo se han sobreseído a los imputados que 

oportunamente revistaron en la Seccional 7ma., sino que la investigación 

versó sobre cohechos y exacciones ilegales que de ninguna manera fueron 

imputadas a Sevald ya que, justamente, para la fecha en que éstos tuvieron 

lugar él no se desempeñaba en la comisaría. 

Se sostuvo, asimismo, que el tratamiento conjunto de las situaciones 

de Belay y Sevald –inmotivadamente- sólo pretende dar más fuerza 

convictiva a la falta de pruebas directas o indirectas del presunto cohecho. 

Sevald confeccionó siete memorandos en función del Servicio Prevencional 

Bailable, determinando en todos ellos que dicho servicio era solicitado para 

los tres locales que se encontraban en Once y, en ningún caso, determinó qué 

cantidad de público concurría a dichos comercios. 

Otro elemento mencionado como prueba por el tribunal resulta ser el 

documento en el que se asentara la leyenda “Poli 100”, al cual se le asigna 

fecha del 24 de septiembre de 2004. La defensa señala que ésto no prueba 

nada relacionado con su defendido, porque Sevald ingresó a la 7ma. a 

mediados de noviembre. Sostuvo además que el magistrado, tomando los 

testimonios de Albornoz y de Cozodoy, intenta acreditar que la liquidación 

con la inscripción “Poli 100” se habría repetido, como conducta, en tres 

oportunidades más: a fines de noviembre, el 10 de diciembre, el 25 ó 26 de

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diciembre y el 28 de diciembre cuando, ninguno de los testigos reconoció a 

Sevald justamente porque no visitó el local, ni conoció a Chaban ni a 

Villarreal. 

También se tildaron como tergiversaciones: el no haberse tomado en 

cuenta los dichos –favorables al imputado- del testigo Molina de Asuntos 

Internos quien, en aras de ilustrar al tribunal sobre el funcionamiento de una 

dependencia policial, indicó que conocer una jurisdicción llevaba al menos 

30 días, que es justamente el tiempo que estuvo Sevald en la dependencia 

antes del hecho y, no obstante ello, se lo ha calificado de irresponsable; la 

equiparación de la persona de Sevald con la comisaría misma, trasladándole 

un conocimiento total del movimiento que una persona normal jamás pudo 

haber tenido en tan corto tiempo y la interpretación de sus manifestaciones 

como un intento de desligar su responsabilidad en cabeza de Díaz, so 

pretexto de que se trataba del Jefe Operativo de la Comisaría y quien los 

reemplazaba durante sus francos, cuando, en realidad, se limitó a contestar 

la pregunta que expresamente le dirigió el tribunal sobre quién lo 

reemplazaba los días franco. 

Se cuestionan, a su vez, por dogmáticas y sin asidero, las afirmaciones 

referentes a que el personal del servicio externo de la comisaría, y mucho 

más sus autoridades, se enrolaban en una actitud pasiva; que no sólo se está 

en presencia de una situación de desidia en materia de prevención sino ante 

una clara connivencia entre el responsable del comercio, su principal 

colaborador y el personal policial, y que Belay y Sevald eran los 

protagonistas indispensables del acuerdo delictivo. Al respecto, al momento 

de alegar dijo que a principios de julio del 2005 fueron clausurados todos los 

comercios de la Estación Once, entre otras razones por carecer de las 

medidas de seguridad exigidas o no tener los papeles de habilitación en 

regla, con lo cual, siguiendo la lógica del magistrado, deberían procesarse a 

todos los oficiales jefes de la Seccional 7ma. por los delitos de cohecho 

pasivo o, al menos, por incumplimiento de los deberes de funcionario 

público respectivamente. 

149

150 

Refiere el letrado que el magistrado le imputa a su defendido el delito 

de cohecho, en el que se encuentra subsumido el delito de incumplimiento de 

los deberes de funcionario público, que para el caso sería en su modalidad 

omisiva, pero resulta que para llevar adelante un pacto espurio y percibir por 

no cumplir, debe haber claridad en la norma cuyo cumplimiento se omite a 

cambio de un precio. Sigue manifestando que no puede vislumbrarse cómo 

es posible incumplir con los deberes de funcionario público de aquello que 

es contradictorio, o de lo que no está definido o claro. Más tarde concluye 

indicando que se estaría ante un error esencial e invencible de prohibición 

que no permitiría emitir un juicio de reproche, citando en ese sentido lo 

resuelto en la causa “Loguinov, Sergei”, con voto del Dr. Bruzzone, de la 

Sala I del 22 de abril del 2004. 

Respecto del monto del embargo, se adujo que es absurdo en un delito 

que corresponde al título de los delitos contra la administración pública y 

que carece del menor asidero. 

2.d. Imputado Omar Emir Chaban-. 

La defensa del imputado sostiene que no existen pruebas suficientes 

para enrostrar a su defendido el cohecho y que, en realidad, se trata de un 

complot pergeñado entre Ana María Sandoval, Viviana Cozodoy, Héctor 

Damián Albornoz y Hernán Gustavo Albornoz ya que, Alfredo Mario Diaz, 

Juan Carlos Bordon, Luciano Gonzalo Otarola, Oscar Alberto Castro y 

Ezequiel Martin Orlandi nada dijeron al respecto, a excepción de Otarola 

quien señaló que Albornoz se lo contó. 

Agregó que Villarreal había explicado que la palabra “Poli” se había 

puesto en referencia a quien llevaba las entradas a los distintos puntos de 

venta. 

Señaló que las contravenciones de las que habla el magistrado, que 

debieron hacer cesar el personal policial y que no lo hicieron a cambio de 

dinero, se encuentran fuera de la jurisdicción de la fuerza policial ya que 

existen otros organismos encargados de dicha tarea. Que el ámbito 

jurisdiccional de la Policía Federal es la vía pública.

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Finalmente, señaló que no se podía imponer la suma señalada como 

embargo toda vez que no se habían explicado los parámetros por los cuales 

se había llegado a dicha suma. 

2.e. Imputado Raúl Alcides Villarreal-. 

Indicó el Dr. Stefanolo que no existen pruebas reales y contundentes 

que fundamenten el auto recurrido conforme las reglas de la sana crítica y la 

experiencia común, ya que el magistrado lo ha fundado sólo en su libre 

convicción. 

Así señaló que, teniendo por probada la imputación que se hace a su 

defendido con las declaraciones de Sandoval y Cozodoy, quienes 

manifiestan haber presenciado supuestos hechos antijurídicos que podrían 

encuadrarse en la figura del cohecho, sin haber dado la posibilidad a 

Villarreal de confrontarse con las mismas en un careo, se violenta su derecho 

de defensa en juicio. 

En cuanto a la frase “Poli 100” el letrado señaló que su defendido 

explicó que dicha suma era la que se abonaba a una persona que respondía al 

apodo de “Poli, “Polito” o “Polo”, que era quien se encargaba de llevar las 

entradas a los distintos puntos de venta, agregando que no podía brindar 

mayores datos para identificarlo porque no los sabía. En suma, al respecto el 

Dr. Stefanolo dijo que el magistrado no tenía presente el principio in dubio 

pro reo 

Agregó que en definitiva, Villarreal es un trabajador más en 

Cromañon, al igual que Sandoval y Cozodoy y que de ninguna manera era el 

“encargado” de la forma en que el magistrado lo señala, por lo que no puede 

ser responsable del delito de cohecho activo. 

Respecto del personal policial, al cual habrían cohechado su defendido 

y Villarreal, señaló que quienes podrían “pasar por alto las contravenciones” 

deberían haber sido funcionarios municipales y no la Policía Federal que, en 

realidad, no tiene obligación ni de inspeccionar ni de cerrar el lugar. Así, 

precisó, mal podría su pupilo haber coaccionado a la policía para ese fin, 

siendo entonces su accionar atípico. 

151

152 

Finalmente, el letrado indicó que, menos aún estaban probados los 

hechos del 24 de septiembre; fines de noviembre; 10, 25 ó 26, 28 y 29 de 

diciembre del 2004, siendo insuficiente, a su criterio, la atribución sobre la 

base de los testigos que dijeron que ésos días vieron policías en el lugar que 

estuvieron hablando, o con Chaban o con su defendido, ya que ninguno de 

ellos indicó cuál fue el tema de conversación o si hubo intercambio de dinero 

entre ellos. 

Por último, apeló el punto XX por el cual se amplía el embargo 

trabado en la suma de quinientos mil ($ 500.000). 

apartado: 

3) Prueba reunida relacionada con los hechos imputados en este 

En primer término, surge de los elementos de prueba obrantes hasta el 

momento, que integrantes de la Comisaría 7ma. se habrían presentado 

asiduamente en el lugar donde funcionaba “República Cromañón”, 

haciéndolo principalmente los días en que en ese lugar se llevaban a cabo 

recitales, y habrían tenido contacto directo con Omar Chabán, en su calidad 

de responsable de ese lugar o con Raúl Villarreal que, como ya se vio, era su 

empleado de confianza. 

La persona que generalmente se presentaba en nombre de la 

repartición era el subcomisario Carlos Rubén Díaz, quien, conforme el 

informe agregado a fs. 20.839/20.840 (fs. 17.353), cumplía funciones los 

fines de semana en los horarios en que se desarrollaban los eventos en 

República Cromañón, y estuvo de servicio en las fechas en que se brindaron 

los recitales en que, según el a quo, se habría concretado la entrega de dinero 

por parte de Omar Chaban a cambio de la omisión de control. 

Efectivamente, el mencionado informe detalla que el Subcomisario 

Carlos Rubén Diaz cumplió funciones durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2004, y dice que: “el 24 de septiembre 

cumplió el horario de 13:00 a terminar, el 10 de diciembre el horario de 

20:00 a terminar, el 25 de diciembre el horario de 13:00 a terminar, el 26 

de diciembre el horario completo y el 28 y 29 de diciembre el horario de 

20:00 a 8:00”.

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Varios fueron los testigos que manifestaron que el funcionario de 

mención se hizo presente en el local bailable. En tal sentido Ana María 

Sandoval, empleada de Cromañon, dijo haber observado que todos los días 

que había espectáculos iban policías tanto en patrulleros como en autos 

particulares y recordó que uno de ellos era de unos cuarenta o cuarenta y 

cinco años, morocho, de bigotes y de baja estatura (cfr. fs. 13.850/1- 12.310) 

Viviana Cozodoy, también empleada de Cromañón, manifestó a fs. 

13.880/13.885 (fs. 12.335/12.337), que durante los recitales se hacía presente 

un patrullero de la Seccional 7ma.. y se bajaban uno o dos policías, 

ingresaban al local y conversaban en la puerta o en el hall con Chaban o 

Villarreal. 

Otro empleado del local, de nombre Héctor Damián Albornoz, prestó 

declaración testimonial a fs. 13.899/13.901 (fs. 12.348/12.349) e indicó que 

era habitual que se hiciera presente personal policial en el lugar antes de 

iniciarse cada evento para preguntar sobre las características del recital que 

se iba a llevar a cabo y, luego de comenzado, que se hiciera presente el 

subcomisario o el comisario y conversara con Chaban. El testigo hizo 

además una descripción física de la persona que se presentaba, quien según 

el acta de reconocimiento en rueda de personas obrante a fs. 14.269 (fs. 

12.590) resultó ser el subcomisario Carlos Rubén Diaz. 

Por su parte, el también empleado del local Cromañon, Alfredo Mario 

Dáaz, se manifestó en idéntico sentido a fs. 13.913/13.919 (fs. 

12.357/12.360), y señaló que en unas seis o siete oportunidades vio a una 

persona presentarse en el local durante los recitales y pedir hablar con 

Chaban. El sujeto al que se refirió el testigo, fue luego reconocido por éste 

en rueda de personas como Carlos Rubén Díaz, conforme surge del acta de 

fs. 14.265 (fs. 12.588). 

También se encuentra probado en el expediente el particular interés 

que motivó la presencia del personal policial en el lugar, que lejos de ser el 

cumplimiento de las tareas de prevención y represión para las que están 

obligados en orden al rol que desempeñan, fue la obtención de dinero para 

no cumplir con esas obligaciones. 

153

154 

En efecto, la testigo Ana María Sandoval a fs. 13.850/13.851 (fs. 

12.310) aportó un volante de promoción de “Rockmañon”, del 24 de 

septiembre del 2004, en cuyo reverso está escrito en forma manual un listado 

de gastos entre los que se encuentra una leyenda que reza “Poli. 100”. Aclaró 

que lo encontró, cuando limpiaba, tirado en el piso del hall ubicado entre la 

boletería y las oficinas del local. Manifestó que sabe, por comentarios, que 

Chaban para poder realizar los recitales en “República Cromañon” pagaba a 

los policías cien pesos por cada quinientas personas que ingresaban al lugar. 

Precisó que nunca había visto a Chaban entregar dinero alguno pero aclaró 

que su compañero, Damián Albornoz, le había contado que en una 

oportunidad vió como Chaban le entregaba dinero a un policía cuando lo 

saludaba. Agregó que quien podía dar más información al respecto era 

Viviana Cozodoy, porque trabajaba en las boleterías y por ello tenía 

conocimiento de los distintos gastos que Chaban realizaba. 

El volante mencionado tiene en el anverso la promoción de la 

inauguración del evento a realizarse el día 24 de septiembre en el local de 

Bartolomé Mitre 3060, y en su reverso da cuenta de los gastos que 

generalmente tienen lugar en la organización de un recital, los que figuran 

detallados a mano por Raúl Villarreal, tal como el propio imputado lo 

reconociera en su declaración indagatoria. 

Puede leerse en él en su parte superior el detalle de lo que 

aparentemente fueron los ingresos en concepto de venta de entradas 

anticipadas y en el mismo local durante los días del evento, que en este caso 

habrían sido el 24, 25 y 26 de septiembre (viernes, sábado y domingo 

respectivamente). Luego del detalle de los ingresos, en la parte inferior se 

encuentra el detalle de los gastos, entre los que aparecen los rubros 

“SADAIC – 250+”; “SADEM- 100-”, “seg-480-”, “luces- 500-“; “sí – 

2400+”; “radio-1800-“; “entr.- 600-“; vol-300-“; “recor-50-“; “Poli-100+”, 

“sonido-1100-“; “viernes- 2590-“. Asimismo, en el resto del volante puede 

leerse luego de la realización de la suma de los ingresos y la resta de los 

gastos, una alusión al “70%” y al “30%”, que parece referirse a la forma en

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que se distribuiría lo que finalmente quedaba como resultado económico del 

evento. 

El volante detallado, evidentemente responde, como se dijo, a la 

organización del recital del fin de semana que va desde el 24 al 26 de 

septiembre, y da cuenta del pago a la policía, tal como lo expresó la testigo 

que lo aportó, de cuanto menos la suma de $100. 

Es importante destacar aquí que este elemento de prueba ilustraría el 

modo en que los managers de diferentes bandas musicales que tocaron en 

“República Cromañón” manifestaron repartirse el dinero que restaba después 

de descontados los gastos de la organización del recital, del cual se quedaba 

un setenta por ciento la banda musical y el treinta restante Chabán. Así lo 

expresaron, entre otros, Marcelo Francisco Caputo, manager de la banda 

“Almafuerte” (fs.15.230/1- 13.335); Carlos Fernando Tórtola, manager de la 

banda “Tren Loco” (fs.15.232/4- 13.336/7)); Andrés Pedro Vignolo, 

representante artístico (fs. 15.241/3- 13.341/2); Sergio Alberto Moreno 

(fs.15.361/3- 13.442/3); Fernando Héctor Ramón González Dego 

(fs.15.364/5- 13.444). 

En ese sentido el manager del grupo “La Cobacha”, Eduardo Exequiel 

Semple, manifestó que una vez descontados los gastos “sonido, luces, 

publicidad, policía, personal de control”, Chabán le decía que 

descontaba $100 por cada 500 para la policía (cfr. fs. 12.542/5 – 11.455). 

En consecuencia, lejos de tratarse de un caso aislado, este elemento de 

prueba daría cuenta, por un lado, de ese modo de repartirse el dinero, pero 

también resulta ilustrativo en lo que respecta al tipo de gastos que, en 

general, se descontaban aparentemente de la organización de un recital en 

“República Cromañón”, entre los cuales estaría el del pago a SADAIC, 

SADEM, luces, sonido, etc; y también el pago a la policía. 

Esta conclusión se ve por otra parte claramente respaldada con el aquí 

también esclarecedor relato de la testigo Viviana Cozodoy, quien comenzó a 

trabajar en el local el 6 de noviembre de 2004 y manifestó que, al finalizar 

los recitales, ella tomaba la recaudación junto con Raúl Villarreal y se 

juntaban en la oficina del local con el manager de la banda que había tocado. 

155

Allí, se realizaba una especie de rendición de cuentas, en donde se 

anotaban todos los gastos, pudiendo observar, al menos en los recitales 

llevados a cabo por “Carajo” a los quince días de su ingreso, por los 

“Gardelitos” el 10 de diciembre y por el grupo “La 25” en uno de los 

recitales que dieron el 25 ó el 26 de diciembre, que Villarreal asentaba 

como gasto el dinero que debía abonarse a la policía. El importe se 

sacaba de la ecuación de cien pesos cada quinientas personas que 

concurrían al recital. Agregó también que el 29 de diciembre, cuando tocó 

el grupo “Callejeros”, pudo escuchar que Chaban le decía a Villarreal: 

“¿Cómo arreglaste ayer con el comisario?”, contestándole Villarreal “Igual 

que siempre, pero le dí doscientos más porque cortaron la calle por los 

autos...”. Ante ello, Chaban le indicó a Villarreal que esa noche le entregara 

al comisario lo mismo que el día anterior, para evitar problemas. 

156 

En esta misma línea, resulta otra vez importante el testimonio 

brindado por Héctor Damián Albornoz a fs. 13.899/13.901 (fs. 

12.348/12.349) quien indicó que, una de las noches que tocó “Callejeros”, no 

recordando si fue el 28 ó el 29 de diciembre, como se habían quedado sin 

vino para vender en la barra, se dirigió al depósito que se encuentra pegado a 

la oficina del salón para proveerse de botellas, pudiendo observar cómo el 

Comisario o el Subcomisario de la Seccional 7ma. recibía dinero de manos 

de Chaban, llegando a distinguir sólo el color violeta que poseen los billetes 

de cien pesos. 

Hasta aquí, los elementos de prueba reunidos permiten sostener con el 

grado de certeza propio de esta etapa del proceso, que el personal de la 

Comisaría 7ma. se habría presentado en “República Cromañón” los días que 

había recitales y habría recibido dinero de manos de los imputados Chabán 

y/o Villarreal. En lo que sigue se analizarán los elementos de prueba que 

permiten sostener que ese dinero era recibido a los efectos de permitir que 

los recitales se llevaran a cabo pese a la existencia de numerosas infracciones 

que justificaban la intervención policial. 

Tal como se verá, la conducta de los funcionarios policiales imputados 

habría permitido, no solamente que se cometieran diversas faltas y

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contravenciones, sino que, además, habría facilitado a los organizadores el 

mantener en orden tanto el ingreso como el egreso del público, a la par de 

asegurar que el desarrollo del evento se hiciera sin inconvenientes, todo lo 

que resultó, junto a otros factores que luego se analizarán, un importante 

aporte para el desenlace de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004. 

Efectivamente, fue una forma de facilitar la organización del recital el 

hecho de haber cortado el tránsito a cambio de la suma de dinero que el 

imputado Villarreal decidió, por sí mismo, entregar al funcionario 

recaudador en esa oportunidad, que según uno de los testigos referidos 

previamente habría sido de $200. 

En su declaración indagatoria el imputado Omar Chabán manifestó lo 

siguiente al referirse a la relación con los integrantes de la Comisaría 7ma. 

en lo atinente a la organización del ingreso del público: “El control era así, 

por impacto ambiental que son disposiciones de la municipalidad y de la 

policía, habíamos resuelto que la cola se iniciaba frente a la entrada de 

Cromañon pero en la vereda opuesta, es decir cruzando la calle, y desde allí 

se desplazaba hasta la esquina de Jean Jaures, da[n]do la vuelta hacia el 

puente. Que no seguía por la calle Bartolomé Mitre, y cruzando Jean 

Jaures, ya que en tal intersección se producía el deslinde entre dos 

comisarías dejando ya el local de estar en jurisdicción de la Seccional 7ma. 

y pasando a otra cuyo número no recuerda que presentaba problemas. Para 

evitar ello, la cola transcurría en la forma descripta, permaneciendo en 

jurisdicción de la 7ma.” (cfr.fs. 27.555/27.748 -21.855/21.974). 

Tampoco el personal policial objetó ni intentó evitar el ingreso de una 

cantidad de público que excedía con creces aquella que, según la habilitación 

de “República Cromañón”, podía ingresar. Y probablemente no lo hizo 

porque, como lo dice otro de los testigos mencionados, habría cobrado una 

parte del dinero en relación directa con la cantidad de gente que excedía la 

permitida. 

En consecuencia, lejos de interesarle a los imputados restringir el 

ingreso del público, su interés versaba en la mayor cantidad de gente que 

pudiera ingresar al lugar, teniendo en principio como tope las cinco mil 

157

personas que alguna vez habrían entrado para el recital del fallecido músico 

“Rodrigo”, cantidad ésta que, como a continuación se verá, aparecía en los 

registros de la dependencia como límite físico de “República Cromañón”. 

158 

Este factor constituiría una de las infracciones más ostensibles por 

parte de los organizadores del recital, a la vez que resultaría una de las más 

fáciles de evitar, ya que un control policial efectivo aunque sea en algunos de 

los recitales, muy probablemente, hubiera hecho que se pusieran en venta 

sólo la cantidad de entradas que la habilitación permitía. 

Empero, este factor que generaría ingresos para la repartición, fue a la 

par, la infracción consentida por el personal policial que generó, tal como 

fue analizado en el capítulo anterior, uno de los riesgos más relevantes para 

la producción del resultado de muerte y de lesiones de los damnificados. 

Tal como se vio, ese factor impidió, principalmente, que se pudiera 

llevar a cabo una evacuación en el menor tiempo posible, lo que motivó un 

mayor nivel de exposición de las víctimas a los gases tóxicos desprendidos 

por el incendio, lo que equivale a decir que habría aumentado uno de los 

riesgos que la tarea policial estaba obligada a neutralizar con su labor 

preventiva en pos de la seguridad ciudadana. 

Y con respecto a este punto no hay error posible por parte del personal 

policial, que tenía minuciosamente registrado en la Seccional la cantidad de 

personas que en teoría podía entrar a “República Cromañón” y la cantidad de 

gente que el lugar, permítase la expresión, aguantaba. El personal policial 

sabía qué cantidad ingresaba por noche, y lo sabía simplemente por el hecho 

de estar allí y porque su experiencia y entrenamiento le permitía efectuar un 

cálculo aproximado de las personas que se hallaban haciendo cola para 

entrar. 

Todos estos extremos encuentran respaldo probatorio en los elementos 

secuestrados en el allanamiento oportunamente efectuado a la Comisaría 

7ma., y más precisamente, en la oficina identificada como pertenciente al 

“Subcomisario”. Allí se secuestró un bibliorato identificado como “Locales 

Bailables. Charter” que contiene, entre otras cosas, lo siguiente: una planilla 

titulada “Planilla conforme OT 662/04 de la Circunscripción II S.S.M.,

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Locales bailables que funcionan en la jurisdicción de la Cria. 7a.”, 

relacionada con “República Cromañon”, en la que se encuentra asentado 

que el establecimiento tiene capacidad para 5.000 personas; una hoja 

manuscrita también con información sobre el mismo local, en la que se 

encuentra asentado que posee una capacidad de “600 a 1.200 personas”; un 

memorando fechado el 23 de junio del 2004, enviado por la Comisaría 7ma.. 

a la Circunscripción II, en el que se informa que en la jurisdicción hay tres 

locales bailables, entre los que se encuentra “República de Cromañon”, que 

es de propiedad de Omar Chaban, el cual abrió sus puertas hace dos meses y 

que en el que se realizan recitales de rock; tres copias de la “Plancheta de 

Habilitación” del local sito en Bartolomé Mitre 3060, de fecha 1 de agosto 

de 1997, a nombre de Lagarto S.A., en el rubro “Local de Baile Clase C” 

donde consta que el local tiene una capacidad máxima de 1.031 

personas; y un oficio del 18 de agosto de 1998, dirigido a la Dirección 

General de Policía Municipal del Gobierno Autónomo de la Ciudad de 

Buenos Aires, en el cual el Comisario Alfredo Héctor Salomone informa 

que, en virtud de haberse observado una considerable afluencia de 

concurrentes al local bailable denominado “Reventón” sito en Bartolomé 

Mitre 3060 de esta ciudad y por razones de seguridad, solicita se verifique si 

la concurrencia de público se condice con la habilitación del comercio, ante 

una eventual emergencia (cfr. acta de fs. 18.700/18.702). 

En consecuencia, el personal policial sabía que en República 

Cromañón podían llegar a ingresar hasta 5000 personas, pese a que la 

capacidad máxima permitida por la habilitación municipal era de 1031; y 

sabía además que, desde que se inauguró el lugar, cuando era “El Reventón”, 

hasta la noche de los hechos, era casi sistemática la violación al máximo de 

personas cuyo ingreso estaba permitido, lo cual, era conforme lo declarado 

por los testigos, una moneda de cambio entre los funcionarios y Chabán o 

Villarreal. 

Cabe mencionar en este aspecto que el conocimiento al que nos 

referimos no lo habría tenido solamente Díaz, sino también los titulares de 

la dependencia, en este caso los comisarios Miguel Angel Belay y Gabriel 

159

Ismael Sevald en los momentos en que respectivamente prestaron servicios 

allí, y ello se puede sostener porque se trataba de una cuestión que cualquier 

conocedor de la zona debería tener en cuenta en razón del foco de conflictos 

que dicha cantidad de gente puede acarrear. 

160 

Con respecto al desempeño de esos funcionarios, el oficio agregado a 

fs. 13.996 (fs. 12.409) enviado por la División Judiciales de la Policía 

Federal, da cuenta que Miguel Angel Belay cumplió funciones como 

Comisario de la Seccional 7ma.. desde el 14 de mayo hasta el 12 de 

noviembre del 2004; que Gabriel Ismael Sevald fue ascendido a Comisario 

en la misma dependencia el 13 de noviembre de ese mismo año y que Carlos 

Rubén Diaz fue designado Subcomisario en ese destino el 31 de diciembre 

de 2003. 

Ahora bien, el permitir el ingreso de una cantidad de gente mucho 

mayor a la que correspondía de acuerdo a los términos de la habilitación, si 

bien fue una de las infracciones más importantes que se dejó de evitar, no 

fue la única. Los aquí imputados, habrían permitido: 

a) Que ingresaran menores de edad en horarios en que de acuerdo a la 

normativa que rige la actividad de los locales de baile clase “C”, categoría a 

la que, como ya se vio, pertenecía “República Cromañón” y que surge no 

solamente de la plancheta de habilitación que en copia tenía la comisaría, 

sino también de una placa de considerable tamaño que quienes integramos el 

Tribunal pudimos observar en la pared del frente al momento de efectuar la 

inspección ocular del lugar y que difícilmente podría pasar inadvertida por 

ninguna persona que se parara en el frente del predio, tal como lo hicieron en 

reiteradas ocasiones los integrantes del plantel de la comisaría 7ma. aquí 

imputados. 

La normativa vigente al respecto al momento del hecho establece que 

sólo puede permitirse el ingreso de menores entre quince y dieciocho años 

los sábados, domingos y feriados entre las 16 y las 22 horas; fuera de ese 

horario, solamente pueden ingresar acompañados de sus padres. 

b) Que se desarrollaran recitales en vivo sabiendo que ingresaba 

pirotecnia. Dicho conocimiento puede, en principio, afirmarse porque el

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propio hecho de que existiera un cacheo en la puerta daría cuenta del ingreso 

de ese material que, además, era frecuentemente incautado por quienes 

llevaban adelante esa tarea casi en la misma vereda del predio, o lo que es 

igual, a la vista del personal policial. 

Pero por otra parte, el tipo de recitales que se hacía en “República 

Cromañon” y su acompañamiento con bengalas era publicitado en el el 

diario “Clarín” que es el de mayor circulación en el país, con lo que 

resultaba difícil que pasara inadvertido por quienes se dedican a hacer, como 

parte de sus funciones de prevención del delito, tareas de inteligencia sobre 

los posibles focos de peligro de la jurisdicción a su cargo. 

A lo expuesto hay que agregar que en el local se habían producido 

incendios anteriores justamente a causa del uso de pirotecnia, lo cual motivó, 

como se vio en el capítulo anterior, que se llegara a evacuar a la totalidad 

de los asistentes, tal como ocurrió el 1° de mayo, situación que, por lo 

atípica, debió al menos haber despertado la curiosidad del personal policial, 

que se habría encontrado una vez, y en horarios atípicos, con más de mil 

personas en la calle. 

c) Que se desvirtuara el objeto de la habilitación, al brindarse recitales 

en un lugar habilitado para otra cosa. En ese sentido, se puede sostener que 

de la misma manera en que el personal policial sabía que “República 

Cromañón” estaba habilitado como un local de baile clase “C”, también 

sabía, conforme surge de los elementos de prueba secuestrados, que 

funcionaba como un microestadio, lo cual significa lisa y llanamente que no 

se hicieran allí bailes, y en consecuencia, que no fuera posible que la 

actividad de “Variedades”, bajo la que se pretendía cobijar la posibilidad de 

que se hicieran recitales en vivo, pudiera resultar un complemento de lo que 

sería una actividad principal inexistente. 

En lo que a este punto respecta, los mismos imputados dijeron no 

desconocer que allí se realizaban recitales; incluso Díaz precisó que, cuando 

se presentó por primera vez en el lugar, debido a que Chaban iba a gerenciar 

el local bajo el nombre de fantasía de “Cromañon”, éste le dijo, 

expresamente, que se iba a dedicar a brindar recitales de rock. 

161

162 

Como ya se vio, la normativa vigente al tiempo de los hechos 

establecía que para la realización de recitales de este tipo era necesario 

obtener un permiso especial y previo por parte de la Dirección General de 

Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo 

que generaba una actuación administrativa que derivaba en un control en el 

lugar durante el recital por parte de inspectores, más la exigencia de que se 

contara con servicio de ambulancias, bomberos y personal policial. 

Sevald, Belay y Díaz eran quienes, como funcionarios policiales con 

alta jerarquía, estaban encargados de ejercer, en su jurisdicción, el poder de 

policía. A ellos les tocaba controlar que no se cometieran infracciones al 

código contravencional o que no se cometieran faltas. 

Asimismo, teniendo en cuenta que se está ante la presencia de dos 

comisarios y un subcomisario con una vasta experiencia, ante la duda, 

debieron instruirse respecto a si el local podía, o no, realizar tal o cual 

actividad de acuerdo a la habilitación que tenía. En suma, el 

desconocimiento que aducen es inadmisible. En primer lugar, debieron haber 

reunido la información necesaria, en segundo lugar tuvieron el tiempo 

suficiente para ello y, en tercer lugar, por su condición de funcionarios 

policiales de jerarquía superior, no pueden deslindar su responsabilidad en 

otras jerarquías bajo el argumento del desconocimiento de lo relatado. 

La posibilidad de evaluar el error alegado, por lo expuesto, supera los 

efectos que ello pueda tener en esta etapa para que sea en la de juicio donde 

se ventile adecuadamente. Ello, precisamente, porque lo que se imputa es el 

conocimiento que tendrían del acuerdo celebrado con Chaban para permitirle 

gerenciar el local sin atender a las irregularidades que hacían al carácter de la 

habilitación. 

d) Que se vendieran bebidas alcohólicas antes, durante y después de 

los recitales, lo cuál se encuentra prohibido para el caso de los microestadios, 

aprovechándose esta vez para justificar esa posibilidad, de la habilitación del 

local como de baile clase “C”, y desconociendo el verdadero uso de 

microestadio que se le daba.

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Correccional 

En ese aspecto, asistiría razón al a quo cuando sostiene que, según la 

conveniencia, “República Cromañón” funcionaba como un local de baile 

clase “C” o como un microestadio, lo cual evidentemente habría sido 

permitido por el personal policial en función del pacto que se viene 

analizando. 

e) Que el lugar siguiera funcionando con la habilitación que se le diera 

a la empresa “Lagarto SA” cuando funcionaba el local de baile “El 

Reventón”, pese a que toda la comisaría 7ma. supiera que cambió el titular 

de la explotación que ahora era Omar Chabán. Cabe consignar en ese 

aspecto que el Código de Habilitaciones y Verificaciones establece la 

obligación de efectuar el trámite de cambio de titularidad de la explotación 

so pena de revocar la habilitación. 

f) Que se mantuvieran cerrados durante el desarrollo del evento, con la 

finalidad de evitar el ingreso de la gente que quedaba fuera del recital, los 

portones de ingreso al predio que daban directamente a la calle y que abrían 

para adentro del local, lo cual estaba prohibido por ser un supuesto de 

obstrucción de las vías de salida para casos de emergencia. 

Es dable aclarar aquí que parte de las conductas facilitadas por los 

funcionarios policiales a cambio de una suma dineraria constituyen 

contravenciones o faltas, motivo por el cual, no se pueden escudar Sevald y 

Díaz en la afirmación de que ellos no tenían facultades para intervenir 

cuando, justamente, la ley que regula el procedimiento contravencional es 

clara en ese sentido al regular la actividad policial en los artículos 16, 18 y 

19 de la ley 12 del G.C.B.A-. 

A efectos informativos cabe consignar que en su artículo 16 la norma 

dice que: “La prevención de las contravenciones está a cargo de la 

autoridad que ejerza funciones de policía de seguridad o auxiliares de 

justicia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”; en su artículo 18 

estipula que: “Las autoridades preventoras sólo pueden adoptar medidas 

precautorias en los siguientes casos: a) Aprehensión..., b) Clausura 

preventiva, en caso de flagrante contravención que produzca grave e 

inminente peligro para la salud o seguridad pública...”. 

163

164 

Se impone, en caso de advertirse que se está ante una contravención, 

que el funcionario público actúe para hacerla cesar, labrando las actuaciones 

y dando intervención al fiscal contravencional (art. 36), teniendo incluso 

facultades precautorias, tales como la clausura de un local, en caso de grave 

e inminente peligro para la salud o seguridad pública (art. 18 inc. b)). 

Finalmente, luego de las consideraciones generales realizadas 

corresponde atender algunos de los cuestionamientos realizados por cada 

uno de los letrados, los cuales serán tratados en forma separada y en el orden 

arriba expuesto. 

En lo que se refiere a los planteos de la defensa de Carlos Rubén Díaz, 

señala el letrado defensor que no se ha determinado en forma precisa el 

tiempo de ocurrencia y objeto de las contravenciones que su defendido no 

hizo cesar como contrapartida del acuerdo, no pudiéndosele imputar 

cuestiones que resultan ser de competencia de otras reparticiones de mayor 

especialidad. 

Oportunamente, al momento de detallar los elementos de cargo 

reunidos, se hizo mención a que justamente los días en que se habrían 

acreditado entregas de dinero, Carlos Rubén Díaz estuvo en funciones en la 

seccional. A su vez, Héctor Damián Albornoz lo reconoció como aquella 

persona que se presentara en el local y, en el apretón de manos con Chaban, 

recibiera dinero, reconociéndolo también Alfredo Mario Díaz como aquella 

persona que observara en seis o siete oportunidades en el local, en ocasión de 

llevarse a cabo recitales. 

Por su parte, Viviana Cozodoy fue clara al señalar cómo pudo advertir, 

en la liquidación de gastos que se efectuaba al finalizar cada recital, que se 

consignaba una suma para la policía con la leyenda “Poli”, directamente 

relacionada con la cantidad de público que ingresaba al lugar, recordando 

que ello ocurrió exactamente quince días después de su ingreso a Cromañon, 

el 10 y el 25 ó 26 de diciembre, precisando en relación al día 29 que pudo 

escuchar cómo Chaban le preguntaba a Villarreal cuánto dinero le había 

dado al personal policial el día anterior, es decir el 28 de diciembre, y

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Correccional 

Villarreal contestaba que le había entregado lo mismo de siempre, más 

doscientos pesos debido a que habían cortado la calle. 

En suma, con estos elementos se ha determinado, con el grado de 

certeza que esta etapa requiere, cuándo ocurrieron las contravenciones que el 

imputado no hizo cesar como contrapartida del acuerdo, correspondiendo 

sumar lo ocurrido el día 30, oportunidad en la cual advirtió las 

contravenciones previstas por el art. 57 (exceso de asistentes a espectáculos) 

y 61 (elementos pirotécnicos) de la ley 10 de la Ciudad de Buenos Aires y la 

falta estipulada en la ordenanza 24.347 que regula todo lo relacionado con 

los locales bailables clase “C” y dispone que no pueden ingresar menores de 

18 años sin la compañía de sus padres luego de las 22:00 horas. 

Por otro lado, no se puede sostener, como pretende la defensa, que la 

competencia que se le atribuyó se superpone con otras reparticiones de 

mayor especialidad, cuando como ya se señaló, con la sola consulta de la ley 

12 de la Ciudad de Buenos Aires se puede concluir todo lo contrario. 

Respecto a que Díaz no pudo ejercer su defensa sobre la 

documentación secuestrada en la seccional porque dicho allanamiento tuvo 

lugar con posterioridad a que se le recibiera declaración indagatoria, 

indicando el letrado que esos elementos fueron valorados en su contra en el 

auto de procesamiento, corresponde señalar que al introducirse la cuestión en 

el memorial se ha tenido la oportunidad referida, sin que se haya realizado 

planteo alguno que permita cuestionar el secuestro o, en su caso, descartarlo. 

Aquí, se debe aclarar que, en relación al allanamiento realizado, no se 

advierten cuestiones formales que lo invaliden y, el hecho de haberse 

incluido prueba nueva con posterioridad a su declaración, no afecta en 

formar alguna el derecho de defensa por dos motivos: primero, porque ya 

formalmente constituido en parte en el proceso, tiene acceso, el imputado y 

su defensa, a todo elemento que se incorpore al sumario (art. 204 del 

C.P.P.N.), para poder efectuar las consideraciones correspondientes que 

hagan a su defensa; y, en segundo lugar, porque el derecho se ejerce, 

precisamente, mediante el recurso correspondiente al cuestionar el auto de 

mérito, como se está haciendo ahora. 

165

166 

En orden al argumento señalado por la defensa de que la cuestión ha 

quedado reducida a “dichos contra dichos”, aparente y exclusivamente, entre 

Díaz y Albornoz, con sólo leer el comienzo del presente punto en donde se 

mencionan varios testimonios, la rendición de gastos realizada en el reverso 

del volante correspondiente al recital del 24 de septiembre de 2004 aportada 

por Cozodoy, y la documentación secuestrada en la seccional, corresponde 

descartar de plano esa afirmación. 

Asimismo, la actitud asumida por el imputado Díaz en su declaración 

indagatoria, pretendiendo demostrar que ignoraba que se cometieron 

contravenciones en el local, es sólo un intento por deslindar su 

responsabilidad frente a un cúmulo de elementos que justamente indicarían 

lo contrario. 

Finalmente, es importante mencionar aquí a los fines de descartar otro 

de los argumentos de la defensa, conforme al cual Díaz se veía impedido de 

actuar en la calle por una orden superior en virtud de una causa penal en 

trámite, que el oficio agregado a fs. 16.960 (fs. 14.544) aclara esta cuestión, 

determinando que el único tipo de restricción para ese funcionario era la de 

intentar obstaculizar las tareas de investigación que llevaba a cabo la jueza 

Bértola en la causa penal mencionada, cuyo detalle surge del oficio en 

cuestion, y que tenía por objeto la investigación de hechos de corrupción en 

la jurisdicción de la comisaría 7ma. Ello indica que de manera alguna se veía 

restringida la competencia ni las posibilidades de actuar en todo aquello que 

resultaba propio de sus funciones y que nada tenía que ver con esa 

investigación. 

En lo que hace a la defensa del imputado Miguel Angel Belay , ésta 

señaló que las pruebas no eran suficientes para acreditar la responsabilidad 

de su asistido en el hecho imputado, cuestionando los testimonios de Ana 

María Sandoval, Viviana Cozodoy y Héctor Albornoz. 

Sobre la rendición de gastos aportada por Sandoval, precisó que el 

magistrado, para incorporar al proceso a Belay, sostuvo que el pago de la 

suma consignada en el reverso del panfleto que anuncia el recital del 24 de

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Correccional 

septiembre del 2004, había tenido lugar el día en que se había llevado a cabo 

el recital. 

Como ya se indicara al momento de contestar los cuestionamientos 

realizados por la defensa de Díaz, se cuenta en autos con tres testimonios que 

valoramos como suficientes para probar el hecho imputado en esta etapa. En 

efecto, cada uno de ellos aporta datos concretos sobre lo que habría sucedido 

que, analizados en su contexto de acuerdo a las reglas de la sana crítica, 

permiten tener por acreditado lo imputado, máxime si se tiene en cuenta el 

grado de funcionario policial que revistió el imputado y la circunstancia de 

que esta clase de delitos siempre tienen lugar fuera de las miradas de terceras 

personas que puedan hacer fracasar cualquier “acuerdo”. Asimismo, no 

habría, en principio, razones para dudar sobre la veracidad de los dichos de 

Sandoval, Cozodoy y Albornoz. 

Por otra parte y, como ya se hizo mención, en el bibliorato secuestrado 

en la dependencia a su cargo no sólo estaba agregada la plancheta de 

habilitación del local indicando que la capacidad del lugar era de 1031 

personas, sino también una hoja manuscrita que indica 600 a 1.200 personas 

e, incluso, el oficio del 18 de agosto de 1998 dirigido a la Dirección General 

de Policía Municipal del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, 

por el cual el comisario Alfredo Héctor Salomone, informa que en virtud de 

haberse observado una considerable afluencia de concurrentes al local 

bailables denominado “Reventón” sito en Bartolomé Mitre 3060 de esta 

ciudad y por razones de seguridad, solicita se verifique si la concurrencia del 

público se condice con la habilitación del comercio, ante una eventual 

emergencia. Si ello ocupó la atención del comisario Salomone, también se 

puede inferir que a él esa circunstancia no debió pasarle inadvertida. 

Así, esta falta de actividad por parte de la seccional, frente a las 

irregularidades mencionadas, y los antecedentes existentes del lugar, resulta 

ser un elemento más que, sumado a los ya mencionados, permiten presumir 

que si no hubo actividad prevencional alguna fue porque habría existido el 

pacto espúreo que se le reprocha. 

167

168 

Por su parte, la defensa del imputado Gabriel Ismael Sevald señala 

que no hay elementos que prueben el “pacto” y permitan señalar que su 

defendido formaba parte de ese acuerdo. 

Pero lo cierto es que, en realidad, sí son suficientes los elementos para 

la etapa procesal en la que nos encontramos y corresponde, como hicimos, 

que sean tratados en forma conjunta y estudiados a la luz de la sana crítica, 

ello a pesar de que la defensa señale que no contemos con la prueba directa 

respecto de la cual, insistimos, resultan contados los casos en que se logra 

obtenerla debido al tipo de delito que nos ocupa. 

Otro cuestionamiento resulta ser aquél que indica que en ningún 

momento se tuvo en cuenta el testimonio del titular de la División Asuntos 

Judiciales, Jerónimo Alberto Molina, cuando dijo que se requería de, 

aproximadamente, treinta días, para poder llegar a conocer la jurisdicción 

cuando, en realidad, el tiempo que Sevald llevaba allí fue de 47 días. Aquí 

corresponde indicar que, si bien es cierto que Sevald llevaba unos cuarenta y 

siete días en la seccional, y que él mismo señala que cuando se hizo cargo 

tuvo en cuenta la problemática planteada por los vecinos, el mapa del delito, 

los vendedores ambulantes, los robos a comercios y la prevención sobre las 

entidades bancarias, no se puede dejar de señalar que resulta inverosímil que, 

en ningún momento, se le haya planteado la necesidad de consultar el 

bibliorato que tenía a la vista en la seccional y que estaba titulado “Locales 

Bailables. Charter” en donde estaba la información relacionada con los tres 

locales bailables que existían en ese radio, máxime cuando él mismo dice 

que sí tenía conocimiento de la existencia de Cromañon; de haber obrado de 

otra forma se habrían podido detectar las irregularidades que hacían a su 

funcionamiento. Escudarse en ese supuesto desconocimiento, frente a la 

imputación dirigida, es de momento irrelevante. 

Corresponde ocuparnos a continuación del cuestionamiento de que ni 

siquiera el Jefe de Gobierno, y el propio magistrado al resolver la situación 

de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, conocían qué normativa era 

aplicable al caso, con lo cual mal puede decirse qué era lo que Sevald 

incumplió a cambio de percibir lo que se había pactado con Chaban. El

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Correccional 

planteo debe ser descartado, habiéndonos ya referido al tema cuando se 

habló del presunto error en el que por déficit de conocimiento habrían 

incurrido. El oficio remitido por el Crio. Solomone y las facultades que 

emergen de la ley 12 de la Ciudad, indicarían otra cosa. 

Finalmente, y ya dejando de lado la discusión sobre la habilitación, 

podemos dar por cierto que Sevald sabía perfectamente qué es y qué no es 

una contravención, y que en el lugar se habrían cometido varias 

contravenciones que el personal policial a su cargo debió hacer cesar; así, el 

exceso de gente previsto en el art. 57, la tenencia de pirotecnia tipificada en 

el art. 61, ambos de la ley 10 de la Ciudad de Buenos Aires y el ingreso al 

local de menores de 18 años luego de las 22.00 horas sin compañía de los 

padres reprimida en la ordenanza nº 24.347. 

La defensa del imputado Omar Emir Chaban sostiene que corresponde 

descartar los testimonios de los empleados porque sólo se trata de un 

complot por ellos pergeñado, resaltando la explicación que oportunamente 

Villarreal dió respecto del significado de la palabra “Poli.”. Por último, adujo 

que las contravenciones que no se hicieron cesar se encuentran fuera de la 

“jurisdicción” de la fuerza policial y que competen a otros organismos. 

Poco resta por agregar luego del relato de las pruebas que ameritan 

que se confirme el procesamiento dictado y de contestar los 

cuestionamientos realizados por la defensa de los otros imputados. Sólo se 

dirá que hablar de un complot es un argumento que busca deslindar su 

responsabilidad frente a un cuadro de elementos que justamente evidencian, 

para este estado de investigación, su activa intervención en el hecho 

imputado referido a las entregas de dinero. 

Finalmente la defensa del imputado Alcides Villarreal cuestiona que 

las pruebas reunidas no son suficientes para dar por probado el hecho 

imputado a su defendido y, para no ser reiterativos, al respecto basta con 

volver a dar una lectura de las argumentaciones arriba realizadas para 

concluir que el planteo debe ser rechazado. 

Sin perjuicio de ello, la situación de Villarreal merece una serie de 

aclaraciones que versan por un lado, sobre el tipo de responsabilidad que le 

169

cupo en el delito de cohecho y las eventuales diferencias que pueden 

efectuarse entre su responsabilidad y la del imputado Omar Chabán; y por el 

otro, sobre la relación que tiene su participación en el cohecho con la 

producción del delito de estrago doloso por el cual se responsabiliza en esta 

resolución al imputado Omar Chabán como autor. 

170 

En efecto, tal como se vio hasta ahora, Omar Chaban, en su condición 

de explotador del local denominado “República Cromañon”, habría 

entregado al personal policial de la Comisaría 7ma., en este caso a dos 

comisarios y un subcomisario, diversas sumas de dinero para que no 

intervinieran ante la comisión de variadas irregularidades, algunas de las 

cuales eran consideradas faltas o contravenciones, según sea el caso, 

conforme lo regulado por la normativa vigente para la Ciudad de Buenos 

Aires. 

De esta manera, se hallarían reunidos, en lo que respecta a Díaz, Belay 

y Sevald, los extremos establecidos por el artículo 256 del CP que describe 

la conducta del funcionario público que “por sí o por persona interpuesta, 

recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o 

indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”. 

Por su parte, en lo que al imputado Omar Chaban respecta, se 

encontrarían reunidos los requisitos establecidos por el artículo 258 del CP, 

que describe la conducta del que “directa o indirectamente diere u ofreciere 

dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 

256 y 256 bis primer párrafo”. 

Ahora bien, la forma en que el tipo penal se encuentra previsto genera, 

en lo que hace a Villarreal, y conforme la descripción de su conducta que 

hasta ahora se hiciera, la necesidad de diferenciar entre la situación de Omar 

Chaban y el del primero, porque solamente Chaban se benefició 

directamente con el actuar de los funcionarios. 

En efecto, el local era explotado exclusivamente por Chaban quien, a 

su vez, se beneficiaba económicamente con su funcionamiento y sería quien 

habría, oportunamente, “acordado” con el personal policial la

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Correccional 

contraprestación a cambio de la conducta de los funcionarios; por ello, debe 

ser considerado autor (art. 45 C.P.) 

Villarreal, en cambio, era un empleado que sólo cumplía las órdenes y 

directivas que Chaban le daba, y que si bien tenía cierta autonomía para 

decidir algunos aspectos vinculados a la materialización del acuerdo, éste se 

mantenía en lo general dentro del marco fijado entre Chaban y los 

integrantes de la Comisaría 7ma.; en conclusión, Villarreal habría prestado 

una colaboración tal que permite asegurar que su intervención fue necesaria 

(art. 45 del C.P.), y que si no llega a ser una coautoría es, principalmente, por 

su condición de empleado. 

Las pruebas ya enumeradas serían demostrativas de la afirmación que 

se hace. En efecto los testigos indicaron que Villarreal luego de los recitales 

realizaba una especie de “rendición” en donde incluía el “gasto” relacionado 

con el pago al personal policial, siendo controlado el importe que se 

asignaba por Chaban, pero con cierta autonomía en la toma de decisiones en 

ese sentido como lo indica el diálogo que la testigo Cozodoy pudo oír en 

cuanto al pago extra que se habría realizado por cortar la calle. 

Sentado ello, cabe ahora efectuar el análisis de la implicancia que la 

participación de Villarreal en el cohecho habría tenido en la configuración de 

la tragedia que llevó a la muerte de ciento noventa y tres personas el 30 de 

diciembre de 2004 y a la producción de una cantidad de lesiones todavía no 

determinada. 

Si se hace un repaso de las infracciones que el personal policial habría 

dejado de controlar a modo de supuesta contraprestación del pago efectuado 

por Chaban con la necesaria colaboración del imputado Villarreal, se puede 

advertir que muchas de ellas tuvieron que ver con los riesgos que se crearon 

con la organización del recital y que, conforme se analizara en el capítulo 

anterior, se vieron realizados en el resultado. 

Entre ellas, cobran particular importancia la cantidad de personas que 

entraron al recital; la posibilidad de que se desnaturalizara el destino para el 

cual “República Cromañón” estaba habilitado, haciéndose recitales en lugar 

171

de bailes; el ingreso de pirotecnia y el hecho de que estuvieran cerradas las 

puertas que daban a la calle durante del desarrollo del espectáculo. 

172 

Ahora, si Villarreal intervino de la forma indicada a los efectos de que 

esas infracciones fueran posibles y, a su vez, esas infracciones generaron un 

riesgo relevante para la configuración del estrago, el imputado, con el aporte 

al cohecho, también colaboró a la vez con la creación de un riesgo 

determinante para la configuración del hecho, motivo por el cual, debe ser 

considerado como partícipe de ella. 

Dicha participación habría sido, en principio, secundaria, en virtud de 

que Villarreal no podía controlar lo que con su cohecho pretendía. 

decir que: 

En síntesis, en punto a las calificaciones que corresponden se debe 

a) Respecto de Chaban, debe ser considerado autor del delito de 

cohecho activo que concurre materialmente con el de estrago doloso seguido 

de muerte, también en calidad de autor (arts. 45, 55, 186 inc. 5, y 258 del 

C.P.). 

b) A Villarreal, corresponde atribuirle la calidad de partícipe 

necesario del delito de cohecho activo que concurre en forma material con el 

de estrago doloso seguido de muerte, del cual es partícipe secundario (arts. 

45, 55, 46, 186 inc. 5, y 258 del C.P.). 

c) Los tres funcionarios policiales deben ser considerados como 

coautores del delito de cohecho pasivo (arts. 45 y 256 del C.P.). 

Finalmente, resta aclarar que de la forma en que fue resuelto por el a 

quo, y en base a la prueba reunida, no se ha computado cada entrega de 

dinero como hechos independientes que podrían concurrir entre sí, sino 

como una maniobra general, continuada, que puede ser vista como una 

suerte de “abono” para obtener el fin que se perseguía que era la ausencia de 

controles de los que era competente la Policía Federal. 

Villegas: 

4) Situación Procesal de Oscar Ramón Sosa y Cristian Angel 

En lo atinente a las situaciones procesales de Oscar Ramón Sosa y 

Cristian Angel Villegas –como integrantes de la Policía Federal Argentina y

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con funciones asignadas en la Comisaría 7ma.- a quienes se les imputó el 

haber incumplido, la noche del 30/12/2004, con los deberes a su cargo que le 

imponían ejercer acciones en materia de prevención y, en su caso, de 

coacción directa sobre el local “República de Cromañón” ubicado en 

Bartolomé Mitre 3060/66/70 de esta ciudad. En el comercio, mientras los 

nombrados se desempeñaban en el lugar el 30 de diciembre del 2004, se 

cometieron infracciones estipuladas como contravenciones en el Código 

Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que se había 

modificado su destino, puesto que si bien se hallaba habilitado para 

funcionar como local de baile clase “C”, en realidad, y esa noche en 

particular, hizo las veces de “estadio” para llevar adelante un recital, con 

concurrencia masiva y excesiva de público según su capacidad y conforme 

su habilitación municipal. 

Así, agregó el magistrado, esa noche Sosa y Villegas habrían 

sido desplazados por la Comisaría a la puerta del local en cuestión con 

antelación a que comenzara el espectáculo de los grupos musicales “Ojos 

Locos” y “Callejeros”, lo que les habría permitido tomar conocimiento de las 

siguientes circunstancias: 1) el ingreso al comercio de que se trata de 

aproximadamente 3.000 personas, cifra que casi triplicaba el número de 

concurrentes permitidos –1.031- conforme el expediente de habilitación 

municipal-, 2) el ingreso, entre ellos, de menores de edad, 3) la omisión por 

parte del explotador del local Omar Emir Chaban de los recaudos básicos de 

organización y seguridad indispensables para el normal desarrollo del 

evento, 4) la tenencia y detonación de elementos pirotécnicos “per se” 

lesivos por parte del público tanto en el interior como en las inmediaciones 

del comercio, 5) el suministro de bebidas alcohólicas y, 6) la obstrucción de 

la vía de egreso del local ubicada en la calle Bartolomé Mitre 3038/50 de 

esta ciudad. 

Finalmente, señaló el magistrado que, una de las causas que llevó al 

desenlace de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004 fue que una importante 

vía de egreso (justamente alternativa para casos de siniestro) se hallaba 

cerrada con candado, a lo cual se sumó la cantidad de asistentes al local y el 

173

uso de elementos pirotécnicos en su interior que habrían encendido el techo 

del comercio, dando lugar así al incendio. 

174 

Por último, el a quo precisó que restaba agregar que se corroboró en el 

sumario que el comercio presentaba materiales altamente combustibles que 

no se ajustaban a las normas reglamentarias; que la mayoría de los 

matafuegos existentes en el predio se hallaban despresurizados y/o vencidos 

y que el certificado de incendios expedido por la Superintendencia de 

Bomberos de la Policía Federal Argentina que se exigía para funcionar – 

ordenanza 50.250- había vencido el 24 de noviembre del 2004. El despliegue 

de las medidas pertinentes, tales como las previstas en la ley de 

procedimiento contravencional, sobre las cuales tenían aptitud y 

competencia funcional, dado su carácter de miembros de las fuerzas de 

seguridad y al hecho de contar con el llamado “poder de policía”, habrían 

dado lugar a la iniciación de las actuaciones contravencionales respectivas y, 

en su caso, a la clausura preventiva del establecimiento en forma directa por 

ellos, al constatarse un grave e inminente peligro para la salud de los 

asistentes al predio. 

Contra la imputación sostenida por el juez de instrucción, los 

defensores de los imputados Oscar Ramón Sosa y Cristian Angel Villegas 

interpusieron sendos recursos de apelación. 

En ellos, se cuestionan las afirmaciones volcadas en el auto de mérito, 

a través de las cuales se tienen por ciertas circunstancias fácticas sin que se 

mencione probanza alguna de sustento, tratándose de generalidades que 

constituyen un verdadero prejuzgamiento, dicen en ése sentido que: 

- Lo referente a que ambos -cabo 1° y agente respectivamente- 

permanecieran en “República Cromañón” desde las 20:30 hs. hasta el 

momento en que se desencadenó carece de respaldo probatorio. Ambos 

manifestaron haber concurrido al lugar pero que, a las 21:00 debieron 

retirarse por haber recibido orden de desplazamiento por parte de la División 

Comando Radioeléctrico, circunstancia fácilmente verificable, pero de cuya 

prueba se prescindió.

USO OFICIAL 




Correccional 

- La hipótesis de que ambos pudieron advertir las “flagrantes 

contravenciones”, incluso las del interior del local, habida cuenta de que de 

ningún modo se ha probado que los imputados hayan ingresado, cuestión que 

tampoco hubiera sido prudente para personal que en ese momento se hallaba 

uniformado. Por otra parte, las condiciones de habilitación, seguridad y 

concurrencia del público a un local son de competencia exclusiva de las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad. 

- Asimismo, al momento de presentar el memorial ante esta Sala, la 

defensa agregó que ambos imputados estaban sometidos al cumplimiento del 

servicio que en cada caso se les asignaba, el cual, el día de los hechos, 

consistió en desplazarse a Bartolomé Mitre y Jean Jaurés por vigilancia 

externa y general con el objetivo de prevenir incidentes en la vía pública 

entre los concurrentes a “República de Cromañon y “Latino Once”. En 

ningún momento recibieron la orden de ingresar ni de hacer un relevamiento 

de la cantidad de concurrentes. 

- Agregaron, por otro lado, que de ninguna manera debían controlar la 

tenencia y detonación de elementos pirotécnicos en el interior del local, o el 

suministro de bebidas alcohólicas, o la obstrucción de las vías de egreso por 

Bartolomé Mitre 3038/50, o que la vía de egreso alternativa se pudiera 

encontrar cerrada con candado, o de la existencia en el local de materiales 

altamente combustibles que no se ajustara a la normativa reglamentaria, o la 

existencia de matafuegos vencidos y certificado de incendio de bomberos 

vencidos, toda vez que no eran cuestiones atribuibles a su competencia. Que 

la Policía Federal sólo debe actuar para prevenir y reprimir los delitos, y para 

ejercer la coacción estatal en las contravenciones, dentro del ámbito de su 

accionar y en la vía pública, pudiendo actuar del mismo modo en el interior 

de las moradas sólo en los supuestos del art. 227 del Código Procesal Penal 

de la Nación. 

- Finalmente, señaló la defensa que el recital de ese día había 

comenzado muy temprano en las primeras horas de la tarde, de modo que el 

acceso del público se fue desarrollando en el tiempo hasta la hora de la 

noche en que comenzaría el recital del grupo “Callejeros”. Ello explica que 

175

no pudiera determinar la cantidad de asistentes, menos aún en el período en 

que estuvieron presentes en las cercanías sus defendidos. 

176 

Por último, apelaron los puntos XXIX y XXX que disponen el 

embargo de los bienes. 

Ahora bien, tal como se advierte de la compulsa del libro 

oportunamente secuestrado en la Seccional 7ma. relacionado con los asientos 

de los partes del móvil 307, a fs. 77 se dejó constancia que el 30 de 

diciembre del 2004, estando éste a cargo del cabo 1ro. Oscar Sosa, a las 

19:20 se desplazaron a Bmé. Mitre y Jean Jaurés en “República de 

Cromañón”; que a las 20:00 hs. se practicó un control automotor en Avda. 

Pueyrredón y Sarmiento y a las 20:30 hs. se trasladaron nuevamente hasta el 

local “República Cromañon”. Luego de ello, se dejó constancia que se cargó 

gasoil y a las 22:40 hs. se moduló, en prioridad al Comando Radioeléctrico 

por un incendio en el local bailable. 

Asimismo, conforme surge de las actuaciones el día de los hechos, en 

el móvil 307 estuvieron tanto el Cabo 1ro. Oscar Ramón Sosa como el 

Agente Cristian Angel Villegas. 

Oportunamente, y tal como ya se mencionara, Jerónimo Alberto 

Molina, titular de la División Asuntos Judiciales, explicó que los vehículos 

de la comisaría se constituían en determinado lugar por “Orden de la 

Superioridad”, es decir, por orden del Comando Radioeléctrico o bien del 

Oficial jefe presente -Comisario o Subcomisario- o Jefe de Servicio Externo, 

siendo la sigla QTH la que indica el lugar al que se deben dirigir. Explicó 

que generalmente la duración de tal asignación podía ser de una hora y que 

su objetivo era prevenir delitos o evitar cualquier tipo de incidentes. Al ser 

preguntado indicó que cuando un funcionario policial advertía una 

contravención debía adoptar las medidas necesarias para que cesara, 

debiendo labrar un acta contravencional y, atendiendo a la índole de la 

infracción, realizar la respectiva consulta con el fiscal correspondiente. 

En suma, se encuentra probado que el 30 de diciembre del 2004 el 

móvil a cargo de los imputados Sosa y Villegas estuvo a las 19:20 hs. en 

Bartolomé Mitre y Jean Jaurés en el local “República Cromañón” hasta las

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20:00 hs. Nuevamente a las 20:30 volvió al local de “República Cromañón”, 

cargó combustible y a las 22:40 se comunicaron con el Comando 

Radioeléctrico por el incendio que diera origen a las actuaciones. 

Analizada la cuestión, con el grado de certeza que esta etapa requiere, 

podemos señalar que ambos funcionarios policiales pudieron tomar 

conocimiento de que estaban en presencia de contravenciones y, sin 

perjuicio de ello, incumplieron con su deber de actuar en consecuencia. 

Así, ante el exceso de público que estaba ingresando, que muchos de 

ellos llevaran pirotecnia y que entre la gente ingresaran menores de 18 años 

luego de las 22:00 sin compañía de sus padres (arts. 57 y 61 de la ley 10 de 

la Ciudad de Buenos Aires, las dos primeras, y ordenanza nº 24.347 la 

última), debieron actuar haciendo cesar esas contravenciones, tal como lo 

prevee el artículo 16 de la ley 12 de la Ciudad de Buenos Aires o al menos 

debieron controlar que estas irregularidades no se produjeran. 

A su vez, sin perjuicio de que el desplazamiento al lugar tenía por 

objeto que el personal policial vigilara que no se produjeran incidentes entre 

los concurrentes y que la desconcentración fuera ordenada, ambos eran 

funcionarios policiales y debieron cumplir con su función de prevención, no 

sólo en base a la legislación ya citada sino, incluso, conforme lo establece la 

ley para el personal de la Policía Federal Argentina n º 21.965 en su artículo 

9º a) que indica “El estado policial impone las siguientes obligaciones 

esenciales para el personal en situación de actividad: a) Mantener el orden 

público, preservar la seguridad pública, prevenir y reprimir toda infracción 

legal de su competente, aún en forma coercitiva y con riesgo de vida...”. 

Por esta razón, y ante la infracción a los deberes que debían cumplir 

de acuerdo al rol que desempeñaban, los que fueron omitidos en forma 

dolosa y, probablemente, a causa de las instrucciones de sus superiores en 

razón del pacto que tenían con Chaban, los imputados Sosa y Villegas 

resultan ser autores del delito de incumplimiento de los deberes de 

funcionario público, tipificado por el artículo 258 del Código Penal. 

177

178 

Capítulo III- Los embargos. 

1.-Respecto de las apelaciones formuladas por la defensa de Raúl 

Alcides Villarreal en orden a las disposiciones de embargo dictadas al 

nombrado (por las sumas de $57.600.000 y $500.000, respectivamente), en 

razón de carecer de fundamentación (art. 438 del CPPN), debienen 

improcedentes. 

2.-En relación a la apelación del embargo decretado a Diego Marcelo 

Argañaraz (por la suma de $20.000.00), al que se tildó de desproporcionado 

e inmotivado, hácense constar las siguientes circunstancias: 

En primer lugar, que la disposición cautelar se encuentra 

satisfactoriamente fundada en las constancias de la causa y, además, atiende 

correctamente las pautas de determinación que impone el art. 518 del CPPN. 

En segundo término, teniendo en cuenta que -tal como se ha fijado en 

el apartado II.5.d. de los Considerandos- el grado de compromiso jurídico 

derivado de la conducta de Argañaraz resulta idéntico al atribuido a los 

integrantes de la banda “Callejeros”, la imposición a aquél de un monto 

ostensiblemente superior deviene injustificada, razón por la cual se 

homologará la disposición de embargo, reduciéndose el monto. 

3.- En cuanto a la apelación dirigida al embargo decretado a Gabriel 

Sevald ($500.000), bajo la escueta explicación de que es absurdo para un 

delito que se encuentra ubicado en el título de las conductas ilícitas que 

vulneran a la administración pública, cabe señalar que el bien jurídico 

tutelado en el caso no obsta a que oportunamente deban satisfacerse los 

extremos contemplados en el art. 518 del CPPN, razón por la cual, 

hallándose debidamente fundado en las constancias de la causa y la 

responsabilidad atribuida al nombrado, habrá de confirmarse. 

4.- En cuanto a las apelaciones dirigidas a los embargos decretados 

con relación a Oscar Ramón Sosa y Cristian Angel Villegas (por $100.000, 

respecto de cada uno), en razón de carecer de fundamentación (art. 438 del 

CPPN), no habrán de proceder. 

5.- En relación a la apelación relacionada con la ampliación del 

embargo decretado a Omar Emir Chaban (por la suma de $800.000),

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fundada en que el juez “...enuncia al decretar el embargo el 518 del CPP, 

pero no establece los parámetros y distintos items para llegar a dicha suma, 

por lo que entiende esta defensa que la simple enunciación no es suficiente, 

sino que deben expresarlos considerandos en ese decreto de cómo se llega a 

dicha suma...”, es dable señalar: 

Tratándose en el caso de la fijación de una medida de cautela real de 

carácter provisorio, es suficiente que el juez instructor enuncie las pautas en 

virtud de las cuales ha conformado su criterio para decretarla, sin que le sea 

exigible el detalle minucioso que se impone al tiempo de dictarse sentencia 

definitiva y resolver sobre las eventuales acciones civiles promovidas. 

Por tanto, hallándose ajustado a las constancias de la causa y a la 

responsabilidad atribuida al nombrado, se dispone su confirmación. 

6.- En relación a la apelación dirigida por la defensa de Miguel Angel 

Belay contra el embargo que se le decretara ($500.000), en razón de carecer 

de fundamentación (art. 438 del CPPN), no resulta procedente. 

7.- En cuanto a la apelación formulada por la defensa de Carlos Díaz 

en relación al embargo que se le decretara (por $500.000), aduciéndose que 

no se hace referencia a la razón que sustenta el elevado monto y a que el 

delito afecta a la administración pública y que, por tanto, no da lugar a 

indemnizaciones civiles ni puede tener multiplicidad de víctimas, 

considerándoselo en consecuencia infundado en los términos del art. 123 del 

CPPN, cabe señalar: 

Que la disposición cautelar se encuentra satisfactoriamente fundada en 

las constancias de la causa y la responsabilidad del inculpado y, además, 

atiende correctamente las pautas de determinación que impone el art. 518 del 

CPPN, sin que el bien jurídico tutelado por el delito atribuido en el caso 

puntual imponga el apartamiento de ellas. 

8.- En orden a los embargos decretados respecto de Patricio Rogelio 

Santos Fontanet, Juan Alberto Carbone, Maximiliano Djerfy, Eduardo 

Arturo Vázquez, Christian Eleazar Torrejón, Daniel Horacio Cardell y Elio 

Rodrigo Delgado (por $10.000.000, respecto de cada uno de ellos), 

cuestionados por desproporcionados e infundados en las circunstancias de la 

179

causa y el derecho aplicable, cabe señalar que la responsabilidad atribuida a 

los nombrados en párrafos precedentes justifica acabadamente la 

confirmación de la cautela real dispuesta y del monto seleccionado para 

asegurar la ejecución de la pena pecuniaria, la indemnización civil derivada 

del delito y las costas del proceso. 

180 

Por lo expuesto, el tribunal Resuelve: 

I.-) Confirmar el punto I de la resolución de fs. 1/130 (fs. 

13.513/13.641 y 12.098/12.162) de la causa nº 26.555 y el punto XIX de la 

resolución de fs. 2/282 (fs. 22.694/22.975 y 18.675/18.815) de la causa nº 

27.262, ambas de esta alzada, en cuanto decretaron el procesamiento de Raúl 

Alcides Villarreal, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, 

con la salvedad expresada en los considerandos, que se refiere a la 

calificación legal del hecho que debe reputarse, al menos en el presente 

estadio, como constitutiva del delito de estrago doloso seguido de muerte, 

por el que habrá de responder como partícipe secundario y, del delito de 

cohecho activo, por el que habrá de responder como partícipe necesario, los 

que concurren en forma real (arts. 45, 46, 55, 186 inc. 5º y 258 del Código 

Penal). 

II.-) Confirmar el punto II de la resolución de fs. 1/130 (fs. 

13.513/13.641 y 12.098/12.162) de la causa nº 26.555 de esta alzada, en 

cuanto decretó el procesamiento de Diego Marcelo Argañaraz, de las 

restantes condiciones personales obrantes en autos, con la salvedad 

expresada en los considerandos, que refiere a la calificación legal del hecho 

que debe reputarse, al menos en el presente estadio, como constitutiva del 

delito de estrago culposo por el que habrá de responder como coautor (arts. 

45 y 189 segundo párrafo del Código Penal). 

III.-) Revocar el punto III de la resolución de fs. 1/130 (fs. 


cuanto decretó el procesamiento de Lorenzo Fredy Bussi, de las demás 

condiciones personales obrantes en autos y, por los argumentos vertidos en 

los considerandos, sobreseer al nombrado en orden al delito por el que fuera 

indagado, debiéndose dejar a salvo que la formación de la presente causa en

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Correccional 

nada ha afectado el buen nombre y honor de los que gozare (arts. 336 inc. 4° 

del Código Procesal Penal de la Nación). 

IV.-) Confirmar el punto XXV de la resolución de fs. 2/282 (fs. 


cuanto decretó el procesamiento de Gabriel Sevald, de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por el delito de cohecho pasivo 

por el que fuera indagado, en calidad de coautor (arts. 45 y 256 del Código 


V.-) Confirmar el punto XXVII de la resolución de fs. 2/282 (fs. 


cuando decretó el procesamiento de Oscar Ramón Sosa, de las restantes 

condiciones personales obrantes en auto, por el delito de incumplimiento de 

los deberes de funcionario público por el que fuera indagado (arts. 45 y 248 

del Código Penal). 

VI.-) Confirmar el punto XXIX de la resolución de fs. 2/282 (fs. 


cuando decretó el procesamiento de Cristián Angel Villegas, de las restantes 

condiciones personales obrantes en auto, por el delito de incumplimiento de 

los deberes de funcionario público por el que fuera indagado (arts. 45 y 248 

del Código Penal). 

VII.-) Confirmar los puntos XVI y XVII de la resolución de fs. 

2/282 (fs. 22.694/22.975 y 18.675/18.815) de la causa nº 27.262 de esta 

alzada, en cuanto decreta el procesamiento de Omar Emir Chaban, de las 

restantes condiciones personales obrantes en autos, con la salvedad 

expresada en los considerandos, que se refiere a la calificación legal del 

hecho que debe reputarse, al menos en el presente estadio, como constitutiva 

del delito estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo, por los que 

habrá de responder como autor, los que concurren en forma real (arts. 45, 55, 

186 inc. 5º y 258 del Código Penal). 

VIII.-) Confirmar el punto XXIII de la resolución de fs. 2/282 

(fs. 22.694/22.975 y 18.675/18.815) de la causa nº 27.262 de esta alzada, en 

cuanto decretó el procesamiento de Miguel Angel Belay, de las restantes 

181




182 

IX.-) Confirmar el punto XXI de la resolución de fs. 2/282 (fs. 


cuanto decretó el procesamiento de Carlos Rubén Díaz, de las restantes 




X.-) Confirmar el punto I de la resolución de fs. 1bis/55 (fs. 


cuando decretó el procesamiento de Patricio Rogelio Santos Fontanet, de las 

demás condiciones obrantes en autos, con la salvedad expresada en los 

considerandos, que se refiere a la calificación legal del hecho que debe 

reputarse, al menos en el presente estadio, como constitutiva del delito de 

estrago culposo, por el que deberá responder como coautor (arts. 45 y 189 

segundo párrafo del Código Penal). 

XI.-) Confirmar el punto III de la resolución de fs. 1bis/55 (fs. 


cuando decretó el procesamiento de Juan Alberto Carbone, de las demás 

condiciones obrantes en autos, con la salvedad expresada en los 





XII.-) Confirmar el punto V de la resolución de fs. 1bis/55 (fs. 


cuando decretó el procesamiento de Daniel Horacio Cardell, de las demás 



reputarse, al menos en el presente estadio, como constitutiva del delito de

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Correccional 



XIII.-) Confirmar el punto VII de la resolución de fs. 1bis/55 


cuando decretó el procesamiento de Maximiliano Djerfy, de las demás 






XIV.-) Confirmar el punto IX de la resolución de fs. 1bis/55 (fs. 


cuando decretó el procesamiento de Christián Eleazar Torrejón, de las demás 






XV.-) Confirmar el punto XI de la resolución de fs. 1bis/55 (fs. 


cuando decretó el procesamiento de Elio Rodrigo Delgado, de las demás 






XVI.-) Confirmar el punto XIII de la resolución de fs. 1bis/55 


cuando decretó el procesamiento de Eduardo Arturo Vázquez, de las demás 




183



184 

XVII.-) Declarar mal concedido el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de Raúl Alcides Villarreal contra el punto V de la 

resolución de fs. 1/130 (fs. 13.513/13.641 y 12.098/12.162) de la causa nº 

26.555 y contra el punto XX de la resolución de fs. 2/282 (fs. 22.694/22975 

y 18.675/18.815) de la causa nº 27.262, ambas de esta alzada, que decretaron 

el embargo sobre los bienes personales o dinero por las razones referidas en 

el considerando correspondiente (art. 438 del Código Procesal Penal de la 

Nación). 

XVIII.-) Confirmar el punto V de la resolución de fs. 1/130 (fs. 

13.513/13.641 y 12.098/12.162) de la causa nº 26.555 de esta alzada, que 

decretó el embargo sobre los bienes personales o dinero de Diego Marcelo 

Argañaraz, reduciéndose el monto, por las razones señaladas en los 

considerandos, hasta cubrir la suma de diez millones de pesos ($ 

10.000.000). 

XIX.-) Confirmar el punto XXVI de la resolución de fs. 2/282 

(fs. 22.694/22.975 y 18.675/18.815) de la causa nº 27.262 de esta alzada, que 

decretó el embargo sobre los bienes personales o dinero de Gabriel Sevald 

hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos ($ 500.000). 

XX.-) Declarar mal concedido el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de Oscar Ramón Sosa contra el punto XXVIII de 

la resolución de fs. 2/282 (fs. 22.694/22.975 y 18.675/18.815) de la causa nº 

27.262 de esta alzada, que decretó el embargo sobre los bienes personales o 

dinero por las razones referidas en el considerando correspondiente (art. 438 

del Código Procesal Penal de la Nación). 

XXI.-) Declarar mal concedido el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de Cristián Angel Villegas contra el punto XXX 

de la resolución de fs. 2/282 (fs. 22.694/22.975 y 18.675/18.815) de la causa 

nº 27.262 de esta alzada, que decretó el embargo sobre los bienes personales 

o dinero por las razones referidas en el considerando correspondiente (art. 

438 del Código Procesal Penal de la Nación).

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XXII.-) Confirmar el punto XVIII de la resolución de fs. 2/282 


amplió en la suma de ochocientos mil ($ 800.000) el embargo que 

oportunamente se trabara sobre los bienes personales o dinero de Omar Emir 

Chaban en el punto II de la resolución de fs. 6929/7157(fs. 7361/7474) y que 

fuera fijado en cincuenta y siete millones seiscientos mil pesos ($ 

57.600.000). 

XXIII.-) Declarar mal concedido el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de Miguel Angel Belay contra el punto XXIV de 

la resolución de fs. 2/282 (fs. 22.694/22.975 y 18.675/18.815) de la causa nº 

27.262 de esta alzada, que decretara el embargo sobre los bienes personales 

o dinero por las razones referidas en el considerando correspondiente (art. 

438 del Código Procesal Penal de la Nación). 

XXIV.-) Confirmar el punto XXII de la resolución de fs. 2/282 


decretó el embargo sobre los bienes personales o dinero de Carlos Rubén 

Díaz hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos ($ 500.000). 

XXV.-) Confirmar el punto II de la resolución de fs. 1bis/55 (fs. 

26.777/26.831 y 21.332/21.359) de la causa nº 27.347 de esta alzada, que 

decretó el embargo sobre los bienes personales o dinero de Patricio Rogelio 

Santos Fontanet hasta cubrir la suma de diez millones de pesos ($ 

10.000.000). 

XXVI.-) Confirmar el punto IV de la resolución de fs. 1bis/55 


decretó el embargo sobre los bienes personales o dinero de Juan Alberto 

Carbone hasta cubrir la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000). 

XXVII.-) Confirmar el punto VI de la resolución de fs. 1bis/55 


decretó el embargo sobre los bienes personales o dinero de Daniel Horacio 

Cardell hasta cubrir la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000). 

185

186 

XXVIII.-) Confirmar el punto VIII de la resolución de fs. 

1bis/55 (fs. 26.777/26.831 y 21.332/21.359) de la causa nº 27.347 de esta 

alzada, que decretó el embargo sobre los bienes personales o dinero de 

Maximiliano Djerfy hasta cubrir la suma de diez millones de pesos ($ 

10.000.000). 

XXIX.-) Confirmar el punto X de la resolución de fs. 1bis/55 


decretó el embargo sobre los bienes personales o dinero de Christian Eleazar 

Torrejón hasta cubrir la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000). 

XXX.-) Confirmar el punto XII de la resolución de fs. 1bis/55 


decretó el embargo sobre los bienes personales o dinero de Elio Rodrigo 

Delgado hasta cubrir la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000). 

XXXI.-) Confirmar el punto XIV de la resolución de fs. 1bis/55 


decretó el embargo sobre los bienes personales o dinero de Eduardo Arturo 

Vázquez hasta cubrir la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000). 

XXXII.-) Toda vez que en las presentes resoluciones no se 

tratan las apelaciones referidas a la situación procesal de los funcionarios del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuestión que se mantiene 

a estudio del Tribunal, dispóngase, por Secretaría, la formación de un nuevo 

testimonio que se integrará con las piezas pertinentes en este legajo. 

XXXIII.-) Habida cuenta el estado de la causa, en lo atingente a 

las cuestiones resueltas mediante este auto decisorio, procede establecer que 

en el término de noventa (90) días deberá procurarse la clausura de la 

instrucción, ello sin soslayarse que la causa se enmarca en la hipótesis de 

excepción prevista en la segunda regla del art. 207 del C.P.P.N. en orden al 

cual, por otro lado, se advierte que no se ha cumplido con el correspondiente 

informe. 

XXXIV.-) Tener presentes las reservas de casación y caso 

federal realizadas por las partes.

USO OFICIAL 




Correccional 

Devuélvase al juzgado de origen, quien deberá realizar las 

notificaciones correspondientes y sirva la presente de muy atenta nota. 

Rodolfo Pociello Argerich 

Gustavo A. Bruzzone María Laura Garrigós de Rébori 

Ante mí: 

Fernando Collados Storni 

En la fecha se cumplió con lo ordenado. Conste. 

Fernando Collados Storni 

187

Leer - Revista Pensamiento Penal

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