Leer - Revista Pensamiento Penal

ese conocimiento, se haya efectuado un aporte causal que no fuera relevante
a la hora de analizar la configuración del riesgo creado en el caso.
36
Para poder imputar las acciones efectuadas con ese conocimiento
debería existir previamente una razón objetiva que determine la
responsabilidad del imputado por la creación de un peligro relevante para los
bienes jurídicos afectados; o en caso de que esos peligros no fueran creados
directamente por el autor, debe existir una razón para obligarlo a evitar
resultados lesivos para el bien jurídico protegido. Sin esas razones, el
conocimiento del peligro no puede ser fuente de reproche penal si se produce
un resultado a causa de ese riesgo, de la misma manera que no podría serlo
en el caso de quien, sin relación alguna con el cuidado de una playa, sabe
que el mar está peligroso y no le avisa a alguien que pretende bañarse y que
finalmente termina ahogándose. Un posible reproche moral no
necesariamente coincide con un reproche legal.
Por esta razón, parece más moral que jurídico el reproche de haber
“avalado” la actuación de Chaban; “no haber hecho nada” para modificar la
situación de la salida de emergencia; “no haber hecho nada para facilitar el
egreso de los concurrentes”; no haber hecho lo necesario para que no
ingresara pirotecnia pese a tener amplia capacidad de acción, etc. La fuente
de obligación no puede ser, como lo sostiene el a quo que Villarreal tenía
más posibilidades que otros de ser escuchado por Chaban y de influir sobre
él; ese criterio llevaría a responsabilizar a cualquier persona que conociera
las condiciones de seguridad de “República Cromañón” y pudiera tener un
vínculo de amistad con Chaban. Si ese es el criterio, corresponde preguntarse
por qué no se imputó también a cualquiera de sus allegados con
conocimientos sobre el tema y posibilidades de ser oídos por aquél; sucede
que, de haberlo hecho, se advertiría una clara extensión de la responsabilidad
penal a sucesos ajenos a su incumbencia.
Los argumentos esgrimidos llevan a concluir la inexistencia de una
posición de garante por parte de Villarreal y, en consecuencia, a negar una
responsabilidad del nombrado a título de autor, tal como lo sostiene el a quo.