Leer - Revista Pensamiento Penal

USO OFICIAL
c. 26.555, 27.262 y 27.347. “Chaban, Omar Emir y otros s/procesamiento”. I. 1/105 -Sala V
Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional
infracciones, labrar las actuaciones pertinentes y darle intervención a la
Justicia Contravencional, con facultad para disponer la inmediata clausura
del local.
Por su parte, en la resolución se les reprochó a Miguel Angel Belay y
a Gabriel Ismael Sevald, en su carácter de Comisarios de la Policía Federal
Argentina, con funciones asignadas como titulares de la Seccional 7ma.. de
la fuerza, durante el período comprendido entre el 14 de mayo del 2004 y el
12 de noviembre de ese año y entre el 13 de noviembre y el 30 de diciembre
del año pasado, respectivamente, haber incumplido con los deberes a su
cargo, que imponían ejercer acciones en materia de prevención y, en su caso,
en forma directa sobre el local denominado “República Cromañon”, que
funcionaba en la jurisdicción cuya vigilancia y control se hallaba bajo su
responsabilidad desde principios de mayo del 2004 hasta el 30 de diciembre
de ese mismo año.
Los funcionarios habrían omitido actuar, pese a que el local bailable
incurría en diversas conductas previstas en el Código Contravencional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se encuentra la
modificación del destino del lugar que se encontraba habilitado para
funcionar como local clase “C” y, en realidad, hacía las veces de “estadio”
para recitales con concurrencia masiva de público, la que excedía con creces
la capacidad del establecimiento conforme a la habilitación municipal.
Señaló el a quo que el despliegue de las medidas pertinentes, tales
como las previstas en la Ley de Procedimiento Contravencional, o bien
aquellas que surgen de la orden del día nº 150 bis, sobre los cuales tenían
ambos aptitud y competencia funcional, dado su carácter de miembros de las
fuerzas de seguridad y de contar con el llamado “poder de policía”, tendrían
que haber dado lugar a la iniciación de las actuaciones contravencionales
respectivas y, en su caso, a la clausura preventiva del establecimiento, por
parte del órgano judicial competente, al constatarse un grave e inminente
peligro para la salud de los asistentes al predio.
Esa omisión funcional habría obedecido al beneficio de índole
patrimonial que habrían recibido de manos de su inferior jerárquico –el
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