Leer - Revista Pensamiento Penal

USO OFICIAL
c. 26.555, 27.262 y 27.347. “Chaban, Omar Emir y otros s/procesamiento”. I. 1/105 -Sala V
Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional
que le fue encomendada, Argañaraz hubiera actuado diligentemente y en
forma responsable, tomando los recaudos correspondientes, el incendio no
se hubiera producido y, por ende, tampoco las muertes y lesiones”.
Contra el auto de procesamiento de Argañaraz, la defensa sostuvo: i)
que hubo una valoración arbitraria de la prueba; ii) que “Callejeros” no
incentivaba el uso de bengalas; iii) que “Callejeros” -al igual que todos los
músicos que tocaban en el lugar- confiaban en sus condiciones de seguridad
y en el cumplimiento por parte de su dueño de todas las condiciones legales;
iv) que creían que el techo era ignífugo y no tenían competencia sobre el
cuidado de las condiciones de seguridad de las instalaciones. Sostuvo
también la defensa que: v) falta fundamentación para atribuirle deberes
jurídicos a Argañaraz, en razón de que el auto apelado no explica por qué
Argañaraz estaba en posición de garante respecto de los focos de peligro que
desencadenaron el resultado; vi) al decir de la defensa, “Cromañón” era un
lugar techado donde tocaban exclusivamente bandas de rock, por ende: en
todos los recitales se utilizaban bengalas. Argañaraz no debía evitar que
Callejeros tocara en “Cromañón” porque tocar allí era una conducta
permitida desde que se supone un lugar habilitado; no existe ninguna ley
que obligue al manager de una banda a verificar los recaudos de seguridad de
los locales sujetos a control, verificación y supervisión a cargo de los
funcionarios públicos de dos jurisdicciones diferentes; vii) la realización de
un cacheo era responsabilidad del dueño del lugar que fue quien
efectivamente lo organizó; viii) no existe un examen pericial dirigido a
establecer, con independencia de la contingente habilitación, la cantidad de
personas que podían ingresar al lugar para mantenerlo en las condiciones de
seguridad que posibilitaran una total evacuación en caso de emergencia. Por
ello, desde el punto de vista objetivo causal la imputación es jurídicamente
insostenible. Más allá de eso, Argañaraz creía que Cromañón era un local
con capacidad para 4000 personas; no sabía cuál era la habilitación
gubernamental en ese sentido, pero tampoco era su función averiguarlo.
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