¿Hacia dónde?

david iBaRRa
El criterio fundamental de las autoridades
no se altera en medida suficiente. Se parte
de señalar la existencia, real o supuesta, de
graves restricciones financieras del Estado.
De ahí, se infiere que la maximización de las
rentas petroleras reside en concentrar su inversión
en el desarrollo y extracción de crudos,
con abandono incluso del resto de las
cadenas de valor agregado. Tal enfoque tiene
dos problemas: uno, que induce –como en
el pasado– a la extracción inmoderada de
crudos, con daño a la explotación racional
de los yacimientos (véase Cantarell); y dos,
a dejar de lado la concreción de rentas petroleras
incrementadas con la industrialización
de los hidrocarburos en la refinación
y la petroquímica. En contraste, no parece
haber reparo en aumentar el número de participantes
en el reparto actual y futuro de
la renta petrolera, si con ello el fisco puede
seguir postergando una verdadera reforma
tributaria.
Diagnóstico e iniciativas de ley se concentran
en el acomodo interno de Pemex
sin considerar las circunstancias externas
más importantes que afectan decisivamente
su comportamiento. En particular, nada
aportan en la cuestión de capitalizar a Pemex
y de usar los márgenes financieros de
maniobra disponibles. Y tampoco se avanza
en alterar su defectuoso sistema impositivo
–ojalá pronto surja una iniciativa
en ese terreno–, o en dotar a Pemex de un
régimen razonable de autonomía de gestión.
Si bien se le otorgan ciertas libertades
para invertir algunos de los excedentes de
ingreso que pudiese generar, se le somete a
férreos controles hacendarios, nulificando
en gran parte su capacidad empresarial de
gestión.
En efecto, el mayor gasto de inversión
queda sujeto a requisitos como los siguientes:
el cumplimiento, a juicio del gobierno
federal, de las metas que se le fijen a Pemex; el
cumplimiento del techo consolidado del gasto;
el cumplimiento de los montos del balance
primario y del financiero que se le fijen; la
colocación de bonos ciudadanos en proporciones
especificadas de su deuda total. Como
se aprecia se trata de reglas macroeconómicas
110 confluencia XXI
que poco o nada tienen que ver con la salud
microeconómica de Pemex ni con el fortalecimiento
de sus capacidades productivas o de
competitividad.
A su vez, la propuesta de integración del
Consejo de Administración de Pemex fortalece
las inclinaciones políticas del Ejecutivo
al designar a seis de sus representantes; al
nombrar a cuatro consejeros profesionales
adicionales y sostener a cinco personas del
sindicato; al señalar que su presidencia quedaría
a cargo del titular de la Secretaría de
Energía (Sener), y al nombrar al comisario.
La autonomía de gestión y la independencia
de criterios no quedan garantizadas tampoco
con la creación de tres comités auxiliares del
Consejo: Transparencia y Auditoría; Estrategia
e Inversiones y Remuneraciones.
Las iniciativas en alguna medida flexibilizan
las regulaciones relacionadas con la preparación
de licitaciones y de contratación de
servicios al tomar en cuenta algunas peculiaridades
de la industria petrolera. En cierto grado,
se excluye a Pemex de satisfacer las normas
de las leyes sobre obras públicas, adquisicio-
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