SG-JRC-0576-2012

JUICIOS DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL
ELECTORAL, Y PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO
EXPEDIENTES: SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
ACTORES:
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y OTROS
AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE JALISCO
TERCEROS INTERESADOS:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y
OTROS
MAGISTRADO PONENTE:
JACINTO SILVA RODRÍGUEZ
SECRETARIOS:
JULIETA VALLADARES
BARRAGÁN, MA. VIRGINIA
GUTIÉRREZ VILLALVAZO, JOSÉ
OCTAVIO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ Y LUCERO
SCARLETT PÉREZ ESPARZA
Guadalajara, Jalisco, veinticinco de octubre de
dos mil doce.
VISTOS para resolver los autos de los Juicios de
Revisión Constitucional Electoral SG-JRC-
576/2012, SG-JRC-577/2012, SG-JRC-578/2012 y
SG-JRC-579/2012, promovidos el primero de
ellos por el Partido Revolucionario Institucional y
por Gerardo González Díaz, el segundo por el

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Partido Movimiento Ciudadano, el tercero por el
Partido Revolucionario Institucional y el último
por el Partido Acción Nacional, así como los
Juicios para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano SG-JDC-
5296/2012, SG-JDC-5298/2012, SG-JDC-
5299/2012 y SG-JDC-5300/2012, interpuestos
respectivamente por Gerardo González Díaz,
Juan Carlos Ramírez Gloria, Faviola Jacqueline
Martínez Martínez y Dulce Milagros Villaseñor
López, por su propio derecho, todos con el
carácter de candidatos a diputados locales en el
Estado de Jalisco, contra las sentencias dictadas
el veintisiete de septiembre pasado por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco en los juicios de inconformidad
identificados con las claves JIN-91/2012 y su
acumulado JIN-87/2012, JIN-89/2012, JIN-
76/2012 y sus acumulados, y en el Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano JDC-336/2012, impugnada la
primera de ellas por el Partido Revolucionario
Institucional y por Gerardo González Díaz, la
segunda por el Partido Movimiento Ciudadano, la
tercera por el Partido Acción Nacional, Juan
Carlos Ramírez Gloria y Dulce Milagros
Villaseñor López, y la última por Faviola
Jacqueline Martínez Martínez; y
R E S U L T A N D O
I. Antecedentes. De las demandas y demás
constancias que obran agregadas a los
- 2 -

expedientes, se advierte lo siguiente:
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
1. Jornada electoral. Acorde con lo dispuesto en
los artículos 30 y 31 fracción I del Código
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, el primero de julio de dos mil doce se
llevaron a cabo los comicios ordinarios para
elegir, entre otros, a los diputados por los
principios de mayoría relativa y de representación
proporcional.
2. Cómputo estatal de la elección de diputados
por el principio de representación
proporcional. Conforme a lo establecido en los
artículos 357, 379 y 381 del código comicial de
Jalisco, el ocho de julio de dos mil doce, domingo
siguiente al día de la jornada electoral, el
Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
emitió el Acuerdo IEPC-ACG-241/2012, mediante
el cual efectuó el cómputo estatal de la elección
de diputados por el principio de representación
proporcional, la calificación de la elección y la
asignación de los diecinueve diputados por el
principio de representación proporcional, dicho
acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial El
Estado de Jalisco el jueves doce de julio del
presente año, y –en lo que aquí interesa– se
determinó, en primer lugar, que al Partido
Revolucionario Institucional le correspondían
diecisiete diputaciones en total, de las cuales
trece eran por el principio de mayoría relativa y
cuatro por el principio de representación
- 3 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
proporcional. Como resultado de lo anterior, las
diputaciones quedaron asignadas de la siguiente
manera:
Partido Político
Partido Revolucionario
Institucional
Partido Acción Nacional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido Movimiento
Ciudadano
TOTAL
Total de
diputados de
representación
proporcional
Los diputados asignados por el principio de
representación proporcional fueron:
Partido Político
Partido Acción
Nacional
Partido Acción
Nacional
Partido
Revolucionario
Institucional
4
9
2
4
19
Número
de lista o
Candidato
distrito
1 José Hernán Cortés Berumen
2 Ricardo Rodríguez Jiménez
Faviola Jacqueline Martínez
Distrito 14
Martínez
3 Mariana Arámbula Meléndez
4 Gabriela Andalón Becerra
Distrito 5 Juan José Cuevas García
5 Juan Carlos Márquez Rosas
6 José Luis Munguía Cardona
Distrito 8 Víctor Manuel Sánchez Orozco
1 Rafael González Pimienta
Bertha Yolanda Rodríguez
2
Ramírez
Distrito 3 Miguel Hernández Anaya
- 4 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Número
Partido Político de lista o Candidato
distrito
Partido de la
Revolución
Democrática
Partido Movimiento
Ciudadano
3 Héctor Pizano Ramos
1
Edgar Enrique Velázquez
González
2 Celia Fausto Lizaola
José Clemente Castañeda
1
Hoeflich
2 Julio Nelson García Sánchez
Distrito 11 Verónica Delgadillo García
3
Fabiola Raquel Guadalupe Loya
Hernández
3. Juicios de Inconformidad y Juicio para la
Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano. En contra del
referido Acuerdo IEPC-ACG-241/2012 se
interpusieron los siguientes juicios de
inconformidad:
a) JIN-76/2012. Presentado por el Partido Acción
Nacional, manifestando agravios relacionados
con el número de diputados de mayoría relativa
que tomó en cuenta el Consejo General del
Instituto Electoral de la entidad, para el Partido
Revolucionario Institucional, y el impacto que
tuvieron los mismos al realizar la asignación de
diputados por el principio de representación
proporcional.
b) JIN-77/2012. Interpuesto por Dulce Milagros
Villaseñor López, quien se encontraba ubicada en
el lugar 7 de la lista de candidatos a diputados
bajo el principio de representación proporcional
registrada por el Partido Acción Nacional, y que
no alcanzó un lugar en la asignación formulada
- 5 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
por el instituto electoral al aplicar el artículo 17
párrafo 3 del código electoral local, en dicho
juicio pretendía que bajo el criterio de
salvaguardar la cuota de género que adoptó la
autoridad responsable en la asignación de las
diputaciones bajo ese principio, se generalizara
en todo el proceso de asignación para que ella
fuera colocada como diputada por el principio de
representación proporcional en lugar de José Luis
Munguía Cardona, candidato que sí alcanzó un
lugar en la asignación.
c) JIN-78/2012. Mediante el cual Juan Carlos
Ramírez Gloria, quien se ostentó como candidato
postulado por el Partido Acción Nacional a
diputado por el principio de mayoría relativa en el
Distrito Electoral 6, pretendía que se declarara
inconstitucional el artículo 17 del Código
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco y, por ende, que se desaplicara, para
que en su lugar se asignara a los diputados de
representación proporcional con base en la mayor
votación total obtenida por cada uno de los
candidatos de su partido, que contendieron en la
elección de diputados bajo el principio de
mayoría relativa, y no sujeto a la modalidad de
porcentaje mayor que prevé la ley.
d) JIN-87/2012. Gerardo González Díaz quien se
ostentó como candidato a diputado por el
principio de mayoría relativa en el Distrito
Electoral 7, postulado por el Partido
Revolucionario Institucional, presentó juicio de
- 6 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
inconformidad, planteando disensos dirigidos a
controvertir la asignación de diputados por el
principio de representación proporcional bajo la
aplicación de los porcentajes mayores de
votación válida distrital, quejándose de que
habiendo obtenido una votación mayor a la del
candidato a diputado Miguel Hernández Anaya, le
haya sido asignada a éste y no a él la diputación.
e) JIN-89/2012. El Partido Movimiento Ciudadano
interpuso Juicio de Inconformidad, impugnando
que al Partido Revolucionario Institucional le
otorgaran trece diputaciones por el principio de
mayoría relativa y cuatro por el principio de
representación proporcional, siendo que le
correspondían catorce por mayoría relativa, y
sólo tres por representación proporcional.
f) JIN-91/2012. El Partido Revolucionario
Institucional, mediante el juicio de inconformidad
en comento, pretendía que le fueran asignados
un total de diez diputados por el principio de
representación proporcional, esto es, un total de
seis más de los que le fueron asignados,
alegando una incorrecta aplicación de la fórmula
por parte de la autoridad responsable, así como
que le fueran tomados en cuenta los votos que
obtuvo la coalición Compromiso por Jalisco, en
los Distritos Electorales en los que contendió
coaligado.
g) JDC-336/2012. Alberto Esquer Gutiérrez,
quien se ostentó como candidato a diputado local
- 7 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
por el principio de mayoría relativa en el Distrito
19 postulado por el Partido Acción Nacional, en
esencia se agravió de que se le vulneró su
derecho político-electoral a ser votado, dado que
al tener un porcentaje mayor de votación válida
distrital, al que obtuvo la candidata a diputada
por el principio de mayoría relativa en el distrito
14 en esta entidad federativa, Faviola Jacqueline
Martínez Martínez, le correspondía la diputación
que se le asignó a dicha candidata.
4. Sentencias recaídas a los Juicios de
Inconformidad y al Juicio para la Protección
de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano. El veintisiete de septiembre del año
en curso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
del Estado de Jalisco dictó sentencias mediante
las cuales resolvió los medios de impugnación
citados en los incisos anteriores, decidiendo lo
siguiente:
a) Sentencia recaída al JIN-76/2012 y
acumulados JIN-49/2012, JIN-77/2012, JIN-
78/2012, JIN-85/2012 y JIN-90/2012. En ella se
tuvo como coadyuvantes del Partido Acción
Nacional a Dulce Milagros Villaseñor López y a
Juan Carlos Ramírez Gloria, determinando que
podían participar en el juicio de inconformidad
con el carácter de coadyuvantes, sin embargo,
los conceptos que planteaban en sus escritos de
promoción no serían tomados en cuenta, toda vez
que ampliaban la controversia planteada en el
juicio de inconformidad que interpuso el partido
- 8 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
político que los postuló. Ahora bien, en cuanto al
Partido Acción Nacional se le declararon
infundados sus agravios.
b) Sentencia recaída al JIN-91/2012 y su
acumulado JIN-87/2012. En esta resolución se
tuvo como coadyuvante del Partido
Revolucionario Institucional a Gerardo González
Díaz, determinándose en consecuencia que con
tal carácter, su demanda no podía ser tomada en
cuenta, porque ampliaba la controversia
planteada en el medio de impugnación que
interpuso el partido que lo postuló. Ahora bien,
en cuanto al Partido Revolucionario Institucional,
se le declararon infundados sus agravios.
c) Sentencia dictada en el JIN-89/2012. Se
declararon infundados los agravios que hizo valer
el Partido Movimiento Ciudadano.
d) Sentencia que resolvió el JDC-336/2012. Se
revocó la constancia de asignación expedida por
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco a la candidata Faviola
Jacqueline Martínez Martínez, y se reconoció al
ciudadano Alberto Esquer Gutiérrez, su derecho
político-electoral a ser votado, y por ende, se le
asignó la diputación que por el principio de
representación proporcional le correspondía.
5. Acuerdo IEPC-ACG-401/12. El veintinueve de
septiembre de dos mil doce, el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación
- 9 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Ciudadana del Estado de Jalisco dictó el Acuerdo
IEPC-ACG-401/12, mediante el cual realizó una
nueva asignación de diputados por el principio de
representación proporcional, conforme a la lista
de porcentajes mayores del Partido Acción
Nacional, en cumplimiento a la resolución emitida
por el pleno del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Jalisco al resolver el Juicio
para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la
clave JDC-336/2012; acuerdo que fue publicado
el dos de octubre del año en curso en el
periódico oficial El Estado de Jalisco.
II. Actos impugnados. Las resoluciones dictadas
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, el veintisiete de septiembre
del presente año, dentro de los Juicios de
Inconformidad JIN-76/2012 y sus acumulados
JIN-49/2012, JIN-77/2012, JIN-78/2012, JIN-
85/2012 y JIN-90/2012; JIN-91/2012 y su
acumulado JIN-87/2012; JIN-89/2012, así como
dentro del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano
JDC-336/2012.
III. Interposición de los Juicios de Revisión
Constitucional Electoral y de los Juicios para
la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano. Inconformes con las
resoluciones anteriores, el primero de octubre
del año en curso, el Partido Acción Nacional,
Dulce Milagros Villaseñor López y Juan Carlos
- 10 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Ramírez Gloria interpusieron sendas
impugnaciones en contra de la sentencia recaída
al JIN-76/2012 y sus acumulados; el mismo día,
el Partido Revolucionario Institucional y Gerardo
González Díaz controvirtieron la sentencia que
resolvió el JIN-91/2012 y su acumulado; a su vez
el Partido Movimiento Ciudadano combatió la
sentencia dictada en el JIN-89/2012, y Faviola
Jacqueline Martínez Martínez la que resolvió el
JDC-336/2012.
IV. Avisos de presentación. El primero y el dos
de octubre del presente año, el Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco dio aviso
a esta Sala Regional de la presentación de
dichas demandas.
V. Turno. Mediante acuerdos de tres, cuatro y
cinco de octubre del año en curso, el Magistrado
Presidente turnó a la ponencia del Magistrado
Jacinto Silva Rodríguez los Juicios de Revisión
Constitucional Electoral SG-JRC-576/2012, SG-
JRC-577/2012, SG-JRC-578/2012, SG-JRC-
579/2012 y los Juicios para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano SG-
JDC-5296/2012, SG-JDC-5298/2012, SG-JDC-
5299/2012 y SG-JDC-5300/2012, para los efectos
establecidos en los artículos 19 párrafo 1 y 92 de
la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
VI. Radicación, admisión y terceros
interesados. Por sendos acuerdos de nueve de
- 11 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
octubre pasado, se radicaron y admitieron los
presentes medios de impugnación, asimismo se
propuso acumular los expedientes SG-JRC-
577/2012, SG-JRC-578/2012, SG-JRC-579/2012,
SG-JDC-5298/2012, y SG-JDC-5300/2012 al
diverso juicio SG-JRC-576/2012, por ser este
último el más antiguo, para su pronta y
congruente resolución en una sola sentencia.
Asimismo, en el expediente SG-JRC-577/2012, se
propuso tener por no presentado el escrito de
tercero interesado suscrito por Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostentó como
representante del Partido Revolucionario
Institucional.
En el expediente SG-JRC-578/2012 se tuvo por
recibido el escrito de tercero interesado
presentado por el Partido Acción Nacional.
En el sumario SG-JDC-5298/2012 se propuso
tener por no presentado el escrito de tercero
interesado suscrito por Jaime Prieto Pérez.
En el expediente SG-JDC-5299/2012 se tuvieron
por recibidos los escritos de terceros interesados
presentados por Alberto Esquer Gutiérrez, José
Luis Munguía Cardona, Víctor Manuel Sánchez
Orozco y Juan José Cuevas García.
En el sumario SG-JDC-5300/2012 se les tuvo
compareciendo como terceros interesados a Juan
Carlos Márquez Rosas y José Luis Munguía
- 12 -

Cardona.
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
VII. Cierre de instrucción. Al no existir diligencia
alguna pendiente de desahogar, el diecinueve de
octubre siguiente se declaró cerrada la
instrucción en el Juicio de Revisión
Constitucional Electoral 576/2012, y en los juicios
ciudadanos 5296/2012 y 5299/2012,
proponiéndose la acumulación de los dos últimos
al mencionado en primer término, asimismo el
veintidós siguiente se cerró la instrucción en los
Juicios de Revisión Constitucional Electoral
577/2012 y 579/2012, así como en los Juicios
para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano 5298/2012 y
5300/2012, con lo cual quedaron en estado de
resolución, ordenando formular el respectivo
proyecto de sentencia, y
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ejerce jurisdicción, y esta Sala
Regional es competente para conocer de los
presentes asuntos, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo
base VI, 94 párrafo primero y 99 párrafos
primero, segundo y cuarto fracciones IV y V de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 184, 185, 186 fracción III incisos b) y
c), 192 párrafo primero y 195 fracciones III y IV
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
- 13 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Federación; 3 párrafos 1 y 2 incisos c) y d), 4
párrafo 1, 79, 80 párrafo 1 inciso f), 83 párrafo 1
inciso b), 86 y 87 párrafo 1 inciso b) de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral y, finalmente, con lo que
disponen los artículos primero y segundo del
Acuerdo CG 268/2011 del Consejo General del
Instituto Federal Electoral, por el que se
establece el ámbito territorial de cada una de las
cinco circunscripciones plurinominales y la capital
de la entidad federativa que será cabecera de
cada una de ellas, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el dos de noviembre de dos mil
once, al tratarse de Juicios de Revisión
Constitucional Electoral y para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
promovidos para controvertir sentencias
relacionadas con la elección de diputados
locales, dictadas por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Estado de Jalisco, entidad
donde esta Sala ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. Acumulación. Este órgano
jurisdiccional advierte que existe conexidad entre
los Juicios de Revisión Constitucional Electoral
con las claves de expediente SG-JRC-576/2012,
SG-JRC-577/2012, SG-JRC-578/2012 y SG-JRC-
579/2012, y de los Juicios para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
SG-JDC-5296/2012, SG-JDC-5298/2012, SG-
JDC-5299/2012 y SG-JDC-5300/2012, ya que se
controvierten sentencias similares –relacionadas
con la asignación de diputados por el principio de
- 14 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
representación proporcional–, se aduce una
misma pretensión –la modificación de dicha
asignación– y causa de pedir –violaciones a
preceptos constitucionales y legales– y existe
identidad en la autoridad señalada como
responsable –Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Jalisco–.
En razón de lo anterior, con fundamento en los
artículos 199 fracción XI de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral; 86 y 87 del Reglamento
Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, resulta procedente decretar la
acumulación de los Juicios de Revisión
Constitucional Electoral SG-JRC-577/2012, SG-
JRC-578/2012 y SG-JRC-579/2012 y de los
Juicios para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano SG-JDC-
5296/2012, SG-JDC-5298/2012, SG-JDC-
5299/2012 y SG-JDC-5300/2012 al diverso juicio
SG-JRC-576/2012, por ser este último el más
antiguo, a efecto de que sean decididos de
manera conjunta, para facilitar su pronta y
congruente resolución.
Por lo anterior, deberá glosarse copia certificada
de los puntos resolutivos de este fallo a cada uno
de los expedientes acumulados.
TERCERO. Terceros interesados. Se tiene por
no presentado el escrito de tercero interesado
- 15 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
mediante el cual Benjamín Guerrero Cordero,
quien se ostentó como representante del Partido
Revolucionario Institucional, compareció en el
expediente SG-JRC-577/2012; asimismo se tiene
por no presentado el escrito de tercero interesado
mediante el cual Jaime Prieto Pérez compareció
en el expediente SG-JDC-5298/2012, toda vez
que se advierte que los mismos fueron
presentados en forma extemporánea, ya que de
autos se desprende que las setenta y dos horas
en las que la autoridad señalada como
responsable hizo del conocimiento público la
presentación de los medios de impugnación que
nos ocupan, transcurrieron de las nueve horas
con treinta minutos del dos de octubre de dos mil
doce a las nueve horas con treinta minutos del
cinco de octubre siguiente, por lo que al haber
comparecido los terceros interesados el cinco del
mismo mes y año, el primero a las once horas
con cuarenta y cinco minutos, y el segundo a las
nueve horas con cincuenta minutos, ya se había
extinguido dicho plazo, razón por la cual se
incumplió con lo estipulado en el artículo 91
párrafo 1 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.
CUARTO. Causales de improcedencia y
sobreseimiento. Por ser cuestión de orden
público y de estudio preferente, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 1 y 19 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, se analizará, en principio, si
en los casos bajo estudio se actualiza alguna de
- 16 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
las causales de improcedencia o sobreseimiento
contempladas en los artículos 9 párrafo 3, 10 y
11 del ordenamiento en cita.
a) Improcedencia del SG-JRC-576/2012 por lo
que hace a Gerardo González Díaz. No se
examinarán los motivos de reproche por lo que
hace al ciudadano antes señalado, en el juicio
SG-JRC-576/2012, toda vez que se configura una
hipótesis de improcedencia, cuyo estudio es
oficioso por ser de orden público, y preferente al
fondo de las cuestiones sujetas a debate.
Este órgano jurisdiccional estima que se actualiza
la causa de improcedencia prevista en el artículo
10 párrafo 1 inciso c) en relación con el numeral
88 párrafos 1 y 2 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
habida cuenta que el promovente carece de
legitimación para incoar el referido juicio.
En efecto, el numeral citado en último lugar,
estatuye:
“Artículo 88
1. El juicio sólo podrá ser promovido por los
partidos políticos a través de sus representantes
legítimos, entendiéndose por éstos:
a) Los registrados formalmente ante el órgano
electoral responsable, cuando éste haya dictado
el acto o resolución impugnado;
b) Los que hayan interpuesto el medio de
impugnación jurisdiccional al cual le recayó la
resolución impugnada;
c) Los que hayan comparecido con el carácter de
- 17 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
tercero interesado en el medio de impugnación
jurisdiccional al cual le recayó la resolución
impugnada, y
d) Los que tengan facultades de representación
de acuerdo con los estatutos del partido político
respectivo, en los casos que sean distintos a los
precisados en los incisos anteriores.
2. La falta de legitimación o de personería será
causa para que el medio de impugnación sea
desechado de plano.”
Dicha disposición prevé que los partidos políticos
son los únicos sujetos legitimados para promover
el Juicio de Revisión Constitucional Electoral.
En el caso, el juicio es promovido, por una parte,
por el ciudadano Gerardo González Díaz, por
derecho propio, y en su calidad de candidato a
Diputado al Congreso del Estado de Jalisco
postulado por el Partido Revolucionario
Institucional en el Séptimo Distrito Electoral,
contra la sentencia dictada por el Tribunal
Electoral jalisciense el veintisiete de septiembre
de dos mil doce, en el juicio de inconformidad
91/2012 y su acumulado 87/2012, que lo tuvo
como coadyuvante del referido instituto político.
Luego, la pretensión del candidato aludido,
consiste en que este órgano jurisdiccional
revoque la resolución combatida y, con plenitud
de jurisdicción, analice el acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el
cual efectuó el cómputo estatal de la elección de
diputados por el principio de representación
- 18 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
proporcional, calificó la elección y realizó la
asignación correspondiente.
Sin embargo, debe decirse que el candidato, hoy
actor, no se encuentra legitimado para
cuestionar, a través de este medio de
impugnación, la resolución combatida, toda vez
que, como ya quedó precisado, el Juicio de
Revisión Constitucional Electoral únicamente
puede ser promovido por los partidos políticos o
coaliciones.
En tal circunstancia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 79 y 80 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, el presente medio de
impugnación podría ser reencauzado al Juicio
para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano; empero, en el
presente caso resulta improcedente hacerlo, en
atención a lo que dispone la Jurisprudencia 1/97,
consultable en las páginas 400 y 401, de la
compilación referida, de la voz: “MEDIO DE
IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O
DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA”,
según la cual, si bien es cierto que el error en la
vía no determina necesariamente su
improcedencia, también lo es que resulta un
requisito sine qua non, que no exista diversa
causal de improcedencia, lo que sí acontece en la
especie.
- 19 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
En efecto, no ha lugar a reencauzar el presente
medio de impugnación, toda vez que el actor
agotó previamente el derecho a impugnar el acto
que controvierte en su demanda, al haber
interpuesto la diversa demanda de Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano, a la que correspondió el número
de expediente JDC-5296/2012, conocido por esta
misma Sala Regional; por tanto, no puede volver
a intentarlo al haberse extinguido ese derecho.
Tal causa de improcedencia deriva de la
interpretación de los artículos 17, 41 base VI y 99
cuarto párrafo fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con los numerales 8, 9 párrafo 3 y 10
párrafo 1 inciso b) in fine de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, así como de los principios generales
del derecho denominados “preclusión por
consumación” y “caducidad procesal”,
susceptibles de invocarse en la materia, a la luz
del precepto 2 primer párrafo de la propia Ley de
Medios.
Resultan orientadoras, por el criterio contenido
en ellas, las tesis XVI/2001 y XXVII/2005 emitidas
por la Sala Superior de este Tribunal, cuyos
rubros son, respectivamente, los siguientes:
“CADUCIDAD. SUS PRINCIPIOS RIGEN PARA
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
ELECTORALES” y “DERECHO A IMPUGNAR
ACTOS ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA
- 20 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
DEMANDA POR ÓRGANO OBLIGADO A
INTERVENIR EN EL TRÁMITE O
SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR
AGOTAMIENTO”, así como la diversa 2 a.
CXLVIII/2008, publicada en la página trescientos
uno del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, correspondiente al mes de diciembre de
dos mil ocho, de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
"PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE
OPERA".
Conforme a lo antes expuesto, puede colegirse
que los medios de impugnación previstos en la
Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral son
improcedentes, entre otros supuestos, cuando
precluye el derecho a promoverlos, lo cual
ocurre, entre otros casos, cuando se intentan en
contra de actos respecto de los cuales ya se ha
promovido en una ocasión anterior alguno de los
medios impugnativos de los previstos en dicho
sistema, porque el derecho de acción de los
justiciables se agota en el momento en que se
ejerce, salvo los casos de excepción en que
proceda la ampliación de la demanda por hechos
nuevos o desconocidos para el impugnante.
Así las cosas, como se adelantó, en el juicio no
resulta factible reencauzar, máxime que la
pretensión del actor será analizada en esta
misma sentencia, al estudiar los agravios
planteados en el diverso SG-JDC-5296/2012, en
- 21 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
el que controvierte, por idénticas razones, la
misma resolución, por tanto, deberá desecharse
el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SG-
JRC-576/2012 por lo que hace a Gerardo
González Díaz.
b) Improcedencia del Juicio de Revisión
Constitucional Electoral SG-JRC-578/2012.
Esta Sala Regional estima que no ha lugar a
estudiar el fondo de las pretensiones del
demandante, porque en la especie, la parte
actora agotó el derecho a impugnar el acto que
controvierte en su demanda; por tanto, no puede
volver a intentarlo al haberse extinguido ese
derecho.
Tal causa de improcedencia deriva de la
interpretación de los artículos 17, 41 base VI y 99
cuarto párrafo fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con los numerales 8, 9 párrafo 3 y 10
párrafo 1 inciso b) in fine de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, así como de los principios generales
del derecho denominados “preclusión por
consumación” y “caducidad procesal”,
susceptibles de invocarse en la materia, a la luz
del precepto 2° primer párrafo de la propia Ley de
Medios.
La interpretación de dichos preceptos conduce a
estimar que el derecho de acción de los
gobernados, dado para poner en movimiento la
- 22 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
función jurisdiccional del Estado, mediante la
promoción de alguno de los medios de
impugnación en materia electoral, con el
propósito de que se resuelva un litigio, se agota
precisamente cuando se ha ejercido ante el
tribunal u órgano jurisdiccional competente
respectivo.
Por ello se explica que el derecho impugnativo
esté sujeto al plazo de cuatro días para su
ejercicio –artículo 8 citado–, y que los medios de
impugnación que no se insten dentro de dicho
lapso, se tornen improcedentes si se intentan de
manera extemporánea –artículo 10 párrafo 1
inciso b) de la ley–.
Estas disposiciones jurídicas forman parte del
sistema impugnativo electoral, por virtud del cual
se dota de firmeza y definitividad a los actos y
resoluciones electorales, así como a las etapas
que conforman el proceso electoral –artículos 41
y 99 constitucionales citados–.
Las anteriores disposiciones entrañan el
reconocimiento y regulación de los principios
generales de derecho relativos a la preclusión y
la caducidad procesal, los cuales implican la
extinción de un derecho o una potestad procesal
por el transcurso del tiempo previsto en la ley sin
haberse ejercido, o cuando se ha ejercido el
derecho impugnativo correspondiente, o bien,
cuando no se cumplen las exigencias que como
condiciones previas deben satisfacerse para
- 23 -

ejercerlo válidamente.
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Tales figuras jurídicas extintivas del derecho a
promover los medios de impugnación en materia
electoral, han sido reconocidos por este Tribunal
en tesis relevantes emitidas por la Sala Superior
del mismo, en las cuales ha explicado que una
vez presentada una demanda, es decir, hecho
valer un medio de impugnación, es inadmisible
promover un segundo o ampliar el primero,
porque al haberse ejercido tal derecho se agotó;
o bien, que cuando se ha dejado de formular la
impugnación en el plazo establecido para tal
efecto, no puede plantearse fuera de él, por
haber caducado el derecho a impugnar.
Tales conceptos se sostienen en las tesis
XVI/2001 y XXVII/2005, cuyos rubros son,
respectivamente, los siguientes: “CADUCIDAD.
SUS PRINCIPIOS RIGEN PARA LOS MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN ELECTORALES” y “DERECHO A
IMPUGNAR ACTOS ELECTORALES. LA
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO
OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O
SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR
AGOTAMIENTO”.
Sobre estas bases, es válido concluir que la
preclusión es uno de los principios que rigen el
proceso, y se funda en el hecho de que las
diversas etapas del proceso se desarrollan en
forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de
cada una de ellas, impidiéndose el regreso a
- 24 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
momentos procesales ya extinguidos y
consumados, esto es, en virtud del principio de la
preclusión, extinguida o consumada la
oportunidad procesal para realizar un acto, éste
ya no podrá ejercitarse nuevamente, aun cuando
medie desistimiento respecto al primero que se
haya realizado.
Tal extinción o consumación de una facultad
procesal o de un derecho, resulta normalmente
de tres situaciones:
1. No haber observado el orden u oportunidad
dada por la ley para la realización de un acto;
2. Haber cumplido una actividad incompatible con
el ejercicio de otra; y
3. Haber ejercido una vez, en forma válida, esa
facultad (consumación propiamente dicha).
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada
identificada con la clave 2 a. CXLVIII/2008,
publicada en la página trescientos uno del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
correspondiente al mes de diciembre de dos mil
ocho, de la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, de rubro:
"PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE
OPERA".
Todo lo hasta ahora expuesto, sirve de base a la
conclusión consistente en que los medios de
- 25 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
impugnación previstos en la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral son improcedentes, entre otros
supuestos, cuando precluye el derecho a
promoverlos, lo cual ocurre, entre otros casos,
cuando se intentan en contra de actos respecto
de los cuales ya se ha promovido en una ocasión
anterior alguno de los medios impugnativos de
los previstos en dicho sistema, porque el derecho
de acción de los justiciables se agota en el
momento en que se ejerce, salvo los casos de
excepción en que proceda la ampliación de la
demanda por hechos nuevos o desconocidos para
el impugnante.
En este caso, el mismo acto que se impugna a
través del presente medio de impugnación, es
decir, la resolución recaída al Juicio de
Inconformidad JIN 91/2012 y su acumulado JIN-
87/2012, fue controvertido por el mismo partido
político actor, por conducto de su Representante
Propietario ante el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, C.
Rafael Castellanos, mediante la presentación del
escrito de demanda de Juicio de Revisión
Constitucional Electoral SG-JRC-576/2012, del
que también conoce esta Sala; juicio que fue
presentado ante el tribunal señalado como
responsable el primero de octubre del año en
curso a las trece horas con cuarenta y cuatro
minutos. Lo anterior se invoca como hecho
notorio, de conformidad con lo previsto por el
artículo 15 de la Ley General del Sistema de
- 26 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Medios de Impugnación en Materia Electoral.
De esta suerte, como existe una primera
impugnación intentada contra la misma sentencia
dictada por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Jalisco, dentro del Juicio
de Inconformidad JIN-91/2012 y su acumulado
JIN-87/2012, que hace valer el mismo partido
político actor, es evidente que con ello agotó el
derecho a impugnarla y, por ende, no puede
válidamente promover un ulterior juicio para ese
mismo fin, pues con la simple presentación del
primer escrito que dio inicio al expediente SG-
JRC-576/2012, precluyó el derecho del
promovente de inconformarse contra tal acto, al
haberlo agotado de manera plena.
Por otra parte, tampoco es admisible considerar
el segundo escrito en cuestión como ampliación
de demanda, toda vez que se ha sostenido por
este órgano jurisdiccional que es improcedente
ampliar la demanda cuando se refiere a los
mismos actos y hechos, porque ello significaría
dar una segunda oportunidad para impugnar, de
ahí que solamente sea procedente cuando se
trate de hechos supervenientes.
Sirve de sustento a lo anterior lo previsto en la
tesis de jurisprudencia 18/2008 cuyo rubro es:
“AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE
CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS
SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS
PREVIAMENTE POR EL ACTOR” y la tesis
- 27 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
XXV/98 cuyo rubro es: “AMPLIACIÓN DE
DEMANDA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
EN MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO DE
PRECLUSIÓN. IMPIDE LA (LEGISLACIÓN DE
CHIHUAHUA)”, ambas emitidas por la Sala
Superior de este órgano jurisdiccional.
En consecuencia, lo conducente es declarar
improcedente la demanda en estudio, y sobreseer
el juicio que nos ocupa.
c) Causales de improcedencia hechas valer
por los terceros interesados en el expediente
SG-JDC-5299/2012. En cuanto a los supuestos
de improcedencia y sobreseimiento previstos por
los artículos 10 y 11 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, el tercero interesado Alberto Esquer
Gutiérrez hace valer las relativas a la
improcedencia del juicio interpuesto por la C.
Faviola Jacqueline Martínez Martínez,
consistente en que el Juicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
no es la vía idónea para hacer valer sus agravios,
en virtud de que el acto impugnado deriva de un
juicio idéntico, por lo que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 25 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, el medio de impugnación idóneo es el
Recurso de Reconsideración.
De igual manera hace valer como causal de
improcedencia, que de su escrito de demanda no
- 28 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
se desprenden agravios que atenten contra sus
derechos político-electorales, toda vez que se
infiere que hace alusión a la autoridad
administrativa electoral, y no a la jurisdiccional
que dictó el acto impugnado.
Asimismo, hace valer como causal de
improcedencia, la prevista en el artículo 10 inciso
a) de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, consistente en
que pretende impugnar la no conformidad a la
Constitución de leyes locales.
Por su parte los terceros interesados José Luis
Munguía Cardona, Víctor Manuel Sánchez Orozco
y Juan José Cuevas García, hacen valer como
causal de improcedencia, el impugnar actos
consentidos, al no haber interpuesto recurso
alguno en contra del registro de la lista de
candidatos a diputados por el principio de
representación proporcional que realizó el Partido
Acción Nacional.
Por lo que respecta a la primera de las causas de
improcedencia que hacen valer los terceros
interesados, consistente en que el presente
medio de impugnación no es la vía idónea para
hacer valer las pretensiones de la actora, sino el
Recurso de Reconsideración, la misma se
desestima, en virtud de que el acto impugnado en
el presente juicio, resulta ser una sentencia
dictada dentro del Juicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
- 29 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
emitida por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Jalisco, la que según la
legislación aplicable resulta definitiva y firme, por
lo que de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 79 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral,
resulta impugnable a través del presente juicio,
no obstante se titule de idéntica manera en la
legislación local, y en ese sentido, lo
argumentado por el tercero interesado no aplica
al caso concreto, pues el artículo 25 del
ordenamiento jurídico en comento, establece que
el Recurso de Reconsideración será procedente
en contra de lo resuelto en los Juicios para la
Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano dictados por las Salas Regionales
que integren el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Igualmente se desestima la causal de
improcedencia relativa a que se impugna la no
conformidad de leyes locales con la Constitución
Federal, en virtud de que la parte actora hace
valer la inaplicación de diversos artículos de
leyes locales por considerarlos
inconstitucionales, situación que de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 99 de la Carta
Magna resulta procedente, al ser un control de
constitucional concreto, y no abstracto, como lo
pretende hacer valer el tercero interesado.
Finalmente, respecto al resto de las causales de
improcedencia, en cuanto a que del escrito de
- 30 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
demanda no se desprenden violaciones a los
derechos político-electorales de la ciudadana
actora, así como la pretensión de la actora de
impugnar actos consentidos, en cuanto a que los
agravios se encuentran enderezados a impugnar
el acuerdo mediante el cual el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco registró la lista de candidatos a diputados
por el principio de representación proporcional
registrada por el Partido Acción Nacional, los
mismos serán objeto de análisis en el estudio de
los agravios hechos valer por la actora.
d) Causales de improcedencia hechas valer
por los terceros interesados en el expediente
SG-JDC-5300/2012. Juan Carlos Márquez Rosas
hace valer como causal de improcedencia que
Dulce Milagros Villaseñor López no impugnó en
tiempo y forma la aprobación de la lista de
candidatos a diputados por el principio de
representación proporcional, que la hoy actora
nunca interpuso medio de defensa alguno en
contra del acuerdo IEPC-ACG-5/12 por medio del
cual se otorgó la aprobación de la autoridad
administrativa electoral, por tanto no presentó
Juicio de Inconformidad dentro de los seis días
contados a partir del día siguiente en que surtió
efectos la notificación en términos de ley, ni
agotó las instancias previas.
Asimismo, aduce que tampoco impugnó que él
ocupara válidamente la diputación asignada el
ocho de julio de dos mil doce, por lo que lo que
- 31 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
ahora pretende controvertir es un acto
consentido, en consecuencia al derivar el
presente acto controvertido de otro consentido,
resulta improcedente.
La primera causal se desestima, porque el acto
reclamado en el presente juicio no es el acuerdo
IEPC-ACG-5/12 emitido por el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, sino la sentencia recaída al Juicio de
Inconformidad JIN-76/2012 y sus acumulados,
aunado a que el presente Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano sí fue presentado en tiempo.
La segunda causal se desestima, porque la
actora combatió en el juicio primigenio que en la
asignación de diputados por el principio de
representación proporcional que realizó la
autoridad administrativa electoral local no se
respetó la cuota de género en las últimas tres
diputaciones que se le otorgaron al Partido
Acción Nacional por el principio de
representación proporcional, dentro de las cuales
se encuentra Juan Carlos Márquez Rosas, por
ende, sí controvirtió su asignación.
Por lo que ve a los expedientes SG-JRC-
576/2012, SG-JRC-577/2012, SG-JRC-579/2012,
SG-JDC-5296/2012, SG-JDC-5298/2012, SG-
JDC-5299/2012 y SG-JDC-5300/2012 se estima
que son procedentes por cumplir con los
requisitos de procedibilidad previstos al efecto en
- 32 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
la legislación adjetiva de la materia, tal como se
razona en el considerando inmediato siguiente.
QUINTO. Requisitos de las demandas,
presupuestos procesales y requisitos
especiales de procedibilidad de los Juicios de
Revisión Constitucional Electoral SG-JRC-
576/2012, SG-JRC-577/2012 y SG-JRC-
579/2012. Por lo que se refiere a dichos Juicios
de Revisión Constitucional Electoral, de las
actuaciones se desprende que se encuentran
satisfechas las exigencias contempladas por los
artículos 8, 9 párrafo 1, 86 párrafo primero y 88
párrafo primero de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral,
como a continuación se explica.
Forma. Los medios de impugnación se
presentaron por escrito ante la autoridad
señalada como responsable del acto impugnado,
y en las demandas consta la denominación de los
partidos políticos actores y las respectivas firmas
autógrafas de sus representantes, así como
sendos domicilios para oír y recibir notificaciones
y ciudadanos autorizados para tal efecto, se
identifican los actos combatidos, los hechos
materia de la impugnación y los agravios
estimados pertinentes.
Oportunidad. Las demandas se presentaron
dentro del plazo de cuatro días, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación
- 33 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
en Materia Electoral, ya que las sentencias
impugnadas se notificaron a los institutos
políticos actores el veintisiete de septiembre del
año en curso, y los escritos de demanda se
presentaron el primero de octubre siguiente.
Legitimación. Los presentes juicios son
promovidos por parte legítima, pues quienes
actúan son los partidos Revolucionario
Institucional, Movimiento Ciudadano y Acción
Nacional, entidades a las cuales, bajo su carácter
de partidos políticos, se les reconoce la facultad
para interponer los presentes medios de
impugnación, acorde con lo previsto en el artículo
88 párrafo 1 de la ley adjetiva electoral.
Personería. Quienes suscriben las demandas a
nombre de los aludidos partidos políticos cuentan
con personería suficiente para comparecer con
tal carácter, de acuerdo con lo siguiente:
Rafael Castellanos, Hugo Luna Vázquez y José
Antonio Elvira de la Torre cuentan con personería
suficiente para comparecer en los respectivos
Juicios de Revisión Constitucional Electoral a
nombre del Partido Revolucionario Institucional el
primero, Partido Movimiento Ciudadano el
segundo, y del Partido Acción Nacional el tercero,
conforme con el artículo 88 párrafo primero inciso
a) de la Ley de Medios en cita, y acorde a lo
dispuesto en la Jurisprudencia 2/99 emitida por la
Sala Superior de este Tribunal, de rubro
“PERSONERÍA, LA TIENEN LOS
- 34 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS REGISTRADOS ANTE LOS
ÓRGANOS ELECTORALES MATERIALMENTE
RESPONSABLES, AUNQUE ÉSTOS NO SEAN
FORMALMENTE AUTORIDADES
RESPONSABLES NI SUS ACTOS SEAN
IMPUGNADOS DIRECTAMENTE EN EL JUICIO
DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL”, toda vez que
comparecen al presente juicio como
representantes propietarios de sus respectivos
partidos políticos ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, el cual es el órgano
electoral originalmente responsable, cuyo acto
fue combatido en los medios de impugnación en
los que se emitieron las resoluciones
jurisdiccionales que constituyen los actos
reclamados en los presentes Juicios de Revisión
Constitucional Electoral.
Aunado a lo anterior, los juicios primigenios que
interpusieron los partidos Movimiento Ciudadano
y Acción Nacional fueron promovidos
precisamente por conducto de Hugo Luna
Vázquez y José Antonio Elvira de la Torre,
respectivamente, con lo cual también se ubican
en el supuesto previsto en el artículo 88 párrafo 1
inciso b) del ordenamiento en cita.
Definitividad y firmeza. Las resoluciones
combatidas constituyen actos definitivos y firmes,
porque la legislación del Estado de Jalisco no
prevé medio de impugnación alguno para
- 35 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
combatir las sentencias recaídas a los juicios de
inconformidad, pues acorde a lo dispuesto en el
artículo 630 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
dichas resoluciones serán definitivas e
inatacables.
Por todo lo anterior, se encuentra satisfecho el
presente requisito, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 párrafo primero inciso
f) de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
Violación a un precepto constitucional. A su
vez, la demanda presentada por el Partido
Revolucionario Institucional cumple con el
requisito de conculcación a un precepto
constitucional, en tanto que manifiesta que se
violan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por su parte, el Partido Movimiento Ciudadano
también cumple con dicha exigencia, sin que
obste que el actor sea omiso en señalar los
preceptos jurídicos presuntamente violados, toda
vez que acorde a lo dispuesto en la
jurisprudencia 2/97 emitida por la Sala Superior
de este Tribunal, de rubro: “JUICIO DE
REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.
INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE
PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86,
PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA
- 36 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
MATERIA”, basta que de los agravios esgrimidos
se advierta la posibilidad de que se haya
conculcado algún precepto constitucional en la
materia, resultando irrelevante que se citen o no
los artículos constitucionales presuntamente
violados, ya que, de conformidad con el artículo
23 párrafo 3 de la Ley General citada, en la
presente vía este órgano jurisdiccional, ante la
omisión de los preceptos jurídicos presuntamente
violados o su cita equivocada, resuelve tomando
en consideración los que debieron ser invocados
o los que resultan aplicables al caso concreto.
Dicho requisito se acredita porque en su
demanda el incoante señala que la sentencia
impugnada carece de la debida y correcta
fundamentación y motivación, de lo cual se
advierte la presunta violación a los artículos 14 y
16 de la Carta Magna, así como a los principios
de constitucionalidad y legalidad electoral
tutelados en los artículos 41 párrafo segundo
fracción VI y 116 párrafo segundo fracción IV
inciso l) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, la impugnación presentada por el
Partido Acción Nacional también cumple con el
requisito previsto en el artículo 86 párrafo 1
inciso b) de la ley adjetiva electoral federal, en
tanto que manifiesta que se violan en su perjuicio
los artículos 14, 16, 17, 41, 99 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y esgrime los agravios que considera
pertinentes para sostener tal afirmación.
- 37 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Cabe señalar que este requisito es de carácter
formal, de manera que para su cumplimiento
basta el señalamiento de que el acto o resolución
impugnados vulneran determinados preceptos
constitucionales, al margen de que se actualice o
no tal violación, porque esto último constituye la
materia del fondo del juicio.
Carácter determinante. Se satisface el requisito
señalado en el numeral 86 párrafo 1 inciso c), de
la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, consistente en
que la violación reclamada pueda resultar
determinante para el desarrollo del proceso
electoral respectivo o el resultado final de las
elecciones, toda vez que de resultar fundados los
agravios hechos valer por los incoantes, existe la
posibilidad racional de que se realice una
modificación en la asignación de diputados por el
principio de representación proporcional.
Posibilidad material y jurídica de reparación
del perjuicio causado con la violación
impugnada. Tocante a los requisitos
contemplados en los incisos d) y e) del indicado
artículo 86, consistentes en que la reparación
solicitada sea material y jurídicamente posible
dentro de los plazos electorales y antes de la
fecha constitucional o legalmente fijada para la
instalación de los órganos o la toma de posesión
de los funcionarios electos, también se
encuentran colmados, dado que existe la
- 38 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
posibilidad de reparar la violación reclamada,
toda vez que el artículo 24 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco dispone que el
Congreso del Estado se instalará el día primero
de noviembre del año de la elección.
Que se hayan agotado en tiempo y forma las
instancias previas establecidas por las leyes
para combatir el acto, en virtud del cual se
pudo haber modificado, revocado o anulado.
Se cumple con la exigencia prevista en el artículo
86 inciso f) pues mediante los respectivos Juicios
de Inconformidad con claves JIN-91/2012 y su
acumulado, JIN-89/2012 y JIN-76/2012 y sus
acumulados, los partidos Revolucionario
Institucional, Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano, combatieron el Acuerdo IEPC-ACG-
241/2012, en el cual se realizaron las
asignaciones de diputados por el principio de
representación proporcional, cuyas sentencias
son definitivas y firmes, como ya se indicó.
SEXTO. Requisitos de las demandas,
presupuestos procesales y requisitos
especiales de procedibilidad de los Juicios
para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano SG-JDC-5296/2012,
SG-JDC-5298/2012, SG-JDC-5299/2012 y SG-
JDC-5300/2012. En los cuatro juicios en estudio,
se surten los requisitos de procedencia previstos
en los artículos 8, 9 párrafo 1, 79 párrafo 1 y 80
de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, según se
- 39 -

expondrá a continuación.
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
De autos se evidencia que los actores
interpusieron su demanda dentro del plazo a que
se refiere el artículo 8 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, en relación con el artículo 7 párrafo 2
del mismo ordenamiento, toda vez que las
sentencias combatidas les fueron notificadas el
veintisiete de septiembre de dos mil doce,
mientras que las demandas se presentaron por
escrito el primero de octubre posterior ante la
autoridad responsable; en ellas hicieron constar,
respectivamente, su nombre, firma autógrafa,
identificaron la resolución impugnada y al
responsable de la misma, expusieron los hechos
y agravios pertinentes, y mencionaron los
preceptos presuntamente violados, con lo cual
cumplieron con lo dispuesto en el artículo 9 de la
ley electoral en comento.
Los promoventes se encuentran debidamente
legitimados, de acuerdo con los artículos 13
párrafo 1 inciso b), 79 párrafo 1 y 80 inciso f) de
la Ley anteriormente citada, y conforme con lo
establecido en la Jurisprudencia 36/2009 emitida
por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro y
texto siguientes:
“ASIGNACIÓN POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ES
IMPUGNABLE POR LOS CANDIDATOS A
TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
- 40 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
CIUDADANO.– Una interpretación sistemática y
funcional de los artículos 17, párrafo segundo; 41,
base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con los diversos 61, 79 y
80, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, conduce a considerar que la asignación
por el principio de representación proporcional, sí
es impugnable por los candidatos postulados a
cargos de elección popular bajo dicho principio,
cuando consideran que de haberse aplicado
correctamente las reglas y fórmulas del
procedimiento respectivo, habrían obtenido una
constancia de asignación de diputado federal,
diputado local o regidor, por el principio de
representación proporcional. De lo contrario,
quedarían en estado de indefensión, al estar
supeditados a la voluntad del partido o coalición
que los postuló respecto a la decisión de combatir
un acto que les perjudica directamente”.
Con base en esa misma jurisprudencia, los
actores cuentan con interés jurídico suficiente
para promover los juicios de mérito.
Ello es así, ya que los ciudadanos promoventes
acreditaron tener el carácter de candidatos a
diputados, así pues, se surte el interés jurídico
de los actores, pues todos ellos aducen una
infracción a su derecho político electoral de ser
votado, y solicitan la intervención de esta Sala
Regional para que se les restituya en el goce del
pretendido derecho violado, mediante el dictado
de una sentencia que tenga como efecto
modificar o revocar los actos impugnados.
- 41 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Por lo que respecta a la definitividad exigida en
los artículos 99 párrafo cuarto fracción V de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 10 inciso d) y 80 párrafos 2 y 3 de
la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, los escritos
presentados por los enjuiciantes cumplen con tal
exigencia, pues acorde a lo dispuesto en el
artículo 630 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
las sentencias que recaigan a los juicios de
inconformidad, serán definitivas e inatacables.
SÉPTIMO. Síntesis de los agravios planteados
por el Partido Movimiento Ciudadano en el
expediente SG-JRC-577/2012.
Agravio 1). Se inconforma de la indebida
fundamentación y motivación de la sentencia
recaída al Juicio de Inconformidad JIN-89/2012,
se duele de que el tribunal local concluyera que
el hecho de que los artículos 19 y 20 del Código
comicial de Jalisco refieran a las coaliciones, se
debe a una inadecuación legislativa, producto de
un error del Congreso del Estado, que al reformar
el artículo 105 del citado ordenamiento, no hizo
lo mismo con los numerales 19 y 20, sostiene el
impetrante que la motivación es incorrecta, pues
es posible que el legislador considerara que así
como se aprobó el sistema de representación
proporcional es armónico.
- 42 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Se queja de que el único argumento de la
responsable sea que el proyecto legislativo venía
en el sentido de quitar a las coaliciones de esos
artículos, sin embargo, aduce el partido actor que
el dictamen es precisamente un documento que
está sujeto a escrutinio y discusión, para
finalmente ser aprobado en los términos
deseados por el pleno de los legisladores.
Alega el enjuiciante que es una afirmación
dogmática y subjetiva el que la responsable
dedujera que al formularse voto particular por los
diputados que no coincidían con la propuesta de
las comisiones unidas, y que habían objetado los
artículos 19 y 20, provocó que los diputados
integrantes de dicha legislatura en pleno, no
concretaran un acuerdo sobre la reforma a estas
normas y, por tanto, determinaron no llevarlas a
cabo, siendo por ello que las referidas
disposiciones legales permanecieron inalteradas.
Se inconforma de que el órgano jurisdiccional
electoral de la entidad no demostrara con ningún
argumento sólido por qué la redacción de los
artículos 19 y 20 permaneció igual, máxime si se
toma en cuenta que en el voto particular de los
diputados que se opusieron a la reforma, al que
hace referencia el Tribunal, y en el que se basa
su inferencia, si bien es cierto se menciona el
artículo 19, de su lectura se advierte que la
oposición de los diputados que lo suscribieron
era contra todo el sistema de representación
proporcional en general, sin hacer referencia
- 43 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
particular a ningún tópico determinado, mucho
menos en específico al de la inclusión o no de las
coaliciones en dichos artículos.
Reprocha, por ende, que el Tribunal inaplique al
caso concreto la fracción II del artículo 19 y el
artículo 20 del citado ordenamiento, pues el
Tribunal hace la interpretación como si dicho
término (coaliciones) no estuviera ahí, así que
considera que el resto de su estudio es
incongruente, ya que primero parte de la premisa
de que los artículos están mal redactados, que al
legislador se le olvidó quitar la palabra
coaliciones, y posteriormente, en su estudio, se
dedica a desestimar sus agravios argumentando
que el sistema de representación proporcional es
adecuado y congruente, y que el instituto
electoral actuó con apego a la ley al aplicar la
fórmula. Por ello, señala que esta Sala, en
plenitud de jurisdicción, debe analizar los
agravios que hizo valer en primera instancia.
Asevera que la redacción actual de estos tres
artículos, no riñe en lo absoluto entre sí, porque
en la asignación por representación proporcional
participan los partidos en lo individual, ya que
cada uno de los partidos presenta su lista de
candidatos, sin embargo, en los artículos 19 y 20
se contempla a las coaliciones, para efectos de
fijar un límite a la sobre-representación, y para
efectos de determinar los distritos ganados por
mayoría, no para que se les asignen diputados a
las coaliciones, como absurdamente entendió su
- 44 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
agravio el Tribunal Local. Pues, a su parecer, si
la ley permite que los partidos participen
coaligados en uno o todos los distritos en la
elección de diputados de mayoría, entonces la
votación que se tomará en cuenta para
representación proporcional es la obtenida de la
suma de todos los distritos, donde los partidos
hayan participado en lo individual o en coalición.
Ejemplifica la funcionalidad de dichos artículos
con el hipotético caso de que dos partidos se
coaligaran totalmente para postular candidatos
comunes para la elección de diputados por el
principio de mayoría relativa, y en todas las
boletas el elector cruzara los emblemas de
ambos partidos, los dos ganarían la votación en
los mismos distritos, por lo que si el artículo 19
no contuviera la palabra coalición en su
redacción, no sería posible determinar cuál
partido obtuvo el porcentaje más alto de la
votación efectiva, a efectos de asignarle
diputados de representación proporcional, y
tampoco se podría saber cuántos diputados
asignarle a cada partido para que no rebasen el
límite de veintitrés diputados. Es por ello que
argumenta que sólo para esta parte de la fórmula
debe considerarse a las coaliciones, pues es
únicamente para determinar el número de
diputados a asignar; asimismo reconoce que para
la segunda parte de la fórmula, que es
propiamente la de asignación, se hace
únicamente a los partidos.
- 45 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Aduce que al considerar el Tribunal que la
redacción que incluye a las coaliciones en los
artículos citados se debe a un error, entonces no
tiene sustento todo lo demás que se argumenta
en la sentencia.
Agravio 2). El Partido Movimiento Ciudadano
reprocha que el Tribunal afirmara que los distritos
de mayoría no se ganan por las coaliciones, sino
que los sujetos que ganan son los candidatos
postulados por cada uno de los partidos políticos
en la elección de diputados bajo el principio de
mayoría relativa en un distrito electoral, pues
refiere que es un argumento falaz, ya que en los
distritos donde existe coalición de dos o más
partidos, es la Coalición quien postula a los
candidatos, así que es inexacto que sólo los
partidos postulan a los candidatos de mayoría
relativa; entonces, si el candidato que resulta
triunfador es el postulado por una coalición,
quien gana el distrito es precisamente la
coalición, tal como ocurrió en los distritos uno,
cinco y catorce, en los que los ganadores fueron
los candidatos postulados por la coalición
Compromiso por Jalisco, no por el Partido
Revolucionario Institucional ni por el Partido
Verde Ecologista de México.
Aduce que si partimos del argumento errado del
Tribunal responsable, de que solamente se puede
considerar que los partidos ganan los distritos de
mayoría, entonces tendríamos que decir que el
Distrito 5 fue ganado por el Partido Acción
- 46 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Nacional, pues fue éste el partido político que en
lo individual obtuvo mayor número de votos
(aproximadamente 55,609 por 54,544 del PRI),
sin embargo, el Instituto Electoral no consideró
que lo ganó el Partido Acción Nacional, sino que
para los efectos del citado artículo 19 se lo
acreditó al Partido Revolucionario Institucional,
por la simple y sencilla razón, de que dicho
distrito lo ganó la Coalición de la cual dicho ente
político formó parte.
Entonces, reitera que lo único que pide es que el
mismo razonamiento se aplique al Distrito 17, el
cual, al igual que el 1, el 5 y el 14 fue ganado por
la Coalición Compromiso por Jalisco.
Agravio 3). El instituto político actor se queja de
que el Tribunal confunda su pretensión y afirme
que ésta consiste en que se considere a la
coalición como un ente susceptible de participar
en la asignación de diputados de representación
proporcional, cuando lo que él manifestó
claramente en su demanda de Juicio de
Inconformidad fue que la ley contempla a las
coaliciones para efectos de la representación
proporcional, y no para asignarles diputados, sino
para efectos de la votación recibida y los distritos
de mayoría que hayan ganado.
Reitera que su pretensión original y que no
entendió el Tribunal local, consistió en que para
efectos de la correcta interpretación de la
aplicación de la segunda fracción del artículo 19
- 47 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
del código en cita, es que el Instituto Electoral al
momento de determinar cuántos distritos de
mayoría ganó el Partido Revolucionario
Institucional (que fue el partido con mayor
porcentaje de votación efectiva), se considerara
al distrito 17, en los mismos términos como se
consideró en ese momento a los distritos 1, 5 y
14, en los cuales también participó el referido
partido coaligado. Señala que la primera parte de
la fórmula consiste en determinar el número de
diputados que le corresponden al partido o
coalición con mayor porcentaje de votación
efectiva, y para ello deben de considerarse
necesariamente los distritos que ganó el partido
participando solo, y también aquellos que ganó la
Coalición de la cual formó parte, como sucedió en
los distritos 1, 5 y 14.
Agravio 4). El Partido Movimiento Ciudadano se
duele de que la sentencia impugnada es
incongruente, porque por un lado reconoce que
los distritos 1, 5 y 14 donde ganó la coalición
Compromiso por Jalisco sí deben acreditársele al
Partido Revolucionario Institucional, pero el 17
no, sosteniendo que la autoridad primigenia
responsable determinó que el distrito 17
correspondía al Partido Verde Ecologista de
México en virtud de los términos pactados en el
convenio de la Coalición Compromiso por Jalisco,
y no debido a que haya sido el partido que mayor
número de votos obtuvo en dicho distrito.
Argumenta que la incongruencia estriba en que la
responsable planteó al principio de su sentencia
- 48 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
que la figura de las coaliciones están presentes
en los artículos 19 y 20 debido a un error del
legislador, y que en consecuencia no debían
tomarse en cuenta para ningún efecto en la
representación proporcional, y después justifica
que la asignación de la diputación al Partido
Verde, está sustentada en el convenio de la
coalición.
Asimismo refiere que es incongruente, porque la
responsable dedica treinta páginas de su
sentencia para sostener que las coaliciones no
ganan distritos de mayoría, sin embargo
finalmente dice en la sentencia impugnada:
“Ahora bien, toda vez que los resultados de la
jornada electoral le favorecieron a los candidatos
de dicha Coalición en cuatro distritos electorales”
y más adelante dice al referirse al distrito 17: “Ya
que la fórmula de candidatos de la Coalición”.
Agravio 5). El Partido Movimiento Ciudadano
reprocha que en respuesta a los agravios que
vertió en su demanda primigenia, relativos al
hecho de que no obstante en el Convenio de
Coalición se disponga a qué grupo parlamentario
pertenecerá el diputado –no el candidato– que
emerja de un determinado distrito, ello no debe
ser contemplado por la autoridad electoral en el
momento de la aplicación y desarrollo de la
fórmula, por la sencilla razón de que tal
circunstancia no la dispone la ley, el tribunal local
sólo se limitó a sostener reiteradamente que
dicho espacio o curul fue correctamente otorgado
- 49 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
por el Instituto Electoral al Partido Verde
Ecologista de México, en virtud del Convenio de
Coalición, pero sin razonar de forma fundada y
motivada si esto es válido o no, ya que nada dice
respecto al agravio que le fue planteado en el
sentido de que lo dispuesto en ese acuerdo de
voluntades es únicamente para efectos de
determinar a qué grupo parlamentario
pertenecerá la persona una vez que deje de ser
candidato electo de la Coalición, y asuma como
diputado; pero para efectos de lo dispuesto en la
fracción II del artículo 19, de ninguna forma debe
atenderse a lo dispuesto en el convenio de
coalición.
Expresa que el Tribunal es contradictorio en sus
propios argumentos, pues por una parte,
desestima su inconformidad bajo la premisa de
que la legislación electoral no prescribe algún
procedimiento como el que propuso el actor, y
por la otra, señala que el convenio debe tomarse
en cuenta para el desarrollo de la fórmula de
asignación de diputados por el principio de
representación proporcional, para definir a qué
partidos políticos se les van a adjudicar las
diputaciones de mayoría relativa, siendo que esto
último carece de todo sustento, pues el
responsable no señala en qué se basa para
sostener tal afirmación, ya que, insiste, la ley no
lo dispone así, y ese era precisamente su
agravio.
OCTAVO. Síntesis de los agravios planteados
- 50 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
por el Partido Acción Nacional en el
expediente SG-JRC-579/2012:
Agravio 1). El Partido Acción Nacional
sustancialmente se duele de que la autoridad
responsable considerara que era suficiente con
que se pactara en el Convenio de la Coalición
Compromiso por Jalisco, que si dicha coalición
obtenía el triunfo en el distrito electoral 17, tanto
el candidato propietario como el suplente
corresponderían al Partido Verde Ecologista de
México, para que a este último se le adjudicara la
diputación que obtuvo la Coalición en el citado
distrito, en la elección de diputados de mayoría
relativa, pues según aduce el actor, esto no es
acorde a lo dispuesto en el artículo 107 fracción
V del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, ya que la
finalidad de esta exigencia legal es sólo para que
los candidatos de los partidos políticos
determinen bajo su responsabilidad y autonomía
a qué grupo parlamentario van a pertenecer una
vez que hayan sido electos; aunado a que aún no
concluye el proceso electoral, en términos del
artículo 215 del Código en comento, por lo que al
establecer el artículo 109 de la misma
normatividad que las coaliciones dejan de tener
vigencia una vez concluido el proceso electoral,
fue incorrecto que la autoridad responsable
señalara que los distritos electorales 1, 5 y 14
pertenecen al Partido Revolucionario
Institucional, y que el distrito 17 le es propio al
Partido Verde Ecologista de México, pues con
- 51 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
ello disuelve la coalición antes de que concluya
el proceso electoral, y confirma la actuación
arbitraria del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, apartándose
con ello del principio de legalidad.
Señala el partido accionante que tales distritos
fueron ganados por la Coalición, y no por los
partidos en lo individual. Refiere que con ello se
le da de manera artificial una diputación adicional
al Partido Revolucionario Institucional,
generándole una mayoría, pues este instituto
político no ganó trece diputaciones por el
principio de mayoría relativa, sino catorce, de tal
forma que tan sólo le correspondían tres
diputados bajo el principio de representación
proporcional, y no cuatro; asevera que al no
advertir la autoridad estas consecuencias, y
limitarse a hacer un análisis superficial de los
agravios que hizo valer, se aparta también del
principio de exhaustividad.
Agravio 2). El Partido Acción Nacional se duele
de que el tribunal local fue incongruente al
desestimar dos de sus disensos primigenios,
pues por una parte respecto de su queja
consistente en que si la asignación de
diputaciones se hizo considerando a los partidos
políticos en lo individual, sin tomar en cuenta a la
coalición, en el Distrito 5 se presentó un
fenómeno que se aparta de ese criterio, al
asignar el diputado a un partido político que,
considerado en lo particular, no obtuvo la
- 52 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
mayoría, pues en este distrito quien obtuvo la
mayoría fue el Partido Acción Nacional y no el
Partido Revolucionario Institucional, la
responsable consideró que el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
se constriñó a aplicar lo previsto por el código de
la materia para el caso de las coaliciones, así
como lo estipulado en el convenio que aprobó
para el caso de la coalición Compromiso por
Jalisco; sin embargo, respecto de otra de sus
quejas primigenias, relativa a que debieron
asignársele a la Coalición y no a los partidos en
lo individual los diputados de mayoría relativa en
los distritos en que resultaron electos los
candidatos de la coalición, la desestimó
aduciendo –entre otras razones– que de acoger
su pretensión se provocaría una afectación en la
conformación en el Congreso de la entidad del
grupo o fracción parlamentaria correspondiente a
la filiación partidaria de origen de los partidos
que se coaligaron postulando candidatos
comunes, lo cual es la finalidad de la disposición
prevista en el artículo 107 fracción V del código
en la materia, toda vez que los grupos o
fracciones parlamentarias no se conforman con
partidos políticos coaligados, además que para
cuando se integre la nueva legislatura ya habrá
concluido la vigencia de la coalición.
Alega el enjuiciante que con ello queda
demostrado que la responsable sólo desintegró la
coalición para el distrito 17, y en consecuencia,
por lo que ve al distrito 5, para él no provocaría
- 53 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
una afectación en la conformación del Congreso,
de ahí la incongruencia; aunado a que la
constancia de mayoría entregada en el distrito 17
al candidato ganador señala que fue electo como
diputado por el principio de mayoría relativa
postulado por la Coalición Compromiso por
Jalisco.
Agravio 3). El Partido Acción Nacional reprocha
que la responsable asignara al Partido Verde
Ecologista de México un diputado por el principio
de representación proporcional, no obstante que
de su propia resolución se desprende que no
tiene derecho a ello, pues tal como lo establece
el artículo 19 del Código comicial en Jalisco, que
fue citado en la sentencia, sólo tienen derecho a
participar en la asignación de diputados por el
principio de representación proporcional los
partidos políticos que alcancen por lo menos el
tres punto cinco por ciento de la votación total
emitida, y como la misma responsable expuso,
dicho partido sólo tuvo 105,929 votos, lo que
arroja un porcentaje de 3.10 por ciento, por lo
que no tenía derecho a ello.
Agravio 4). El Partido Acción Nacional se queja
de que en el considerando VIII, la autoridad
omitiera establecer los razonamientos lógico-
jurídicos y fundamentos legales que le hacen
concluir y calificar los agravios del partido actor
como infundados, pues tan sólo se limita a
transcribir lo establecido por el artículo 105 y 107
del Código Electoral del Estado de Jalisco, y
- 54 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
señalar hechos reiterativos, que resultan por
demás innecesarios, pero que vulnera y crea un
precedente negativo para nuestro sistema
electoral al intentar modificar la naturaleza
jurídica de las coaliciones.
NOVENO. Síntesis de los agravios planteados
por el Partido Revolucionario Institucional en
el expediente SG-JRC-576/2012 y por Gerardo
González Díaz en el expediente SG-JDC-
5296/2012.
Agravio 1). Se duelen de que de manera
incongruente con la litis trabada en los juicios de
inconformidad JIN-87/2012 y JIN-91/2012, y en
sus respectivos acuerdos de radicación, la
responsable resolvió acumularlos teniendo como
único resultado extraer de la causa los agravios
opuestos en el primer juicio promovido –JIN-
87/2012–, violándose así las formalidades
esenciales del procedimiento, al dejar inaudito a
Gerardo González Díaz, hacer nugatorio su
derecho de acceso a la justicia, y motivar
indebidamente la resolución.
Agravio 2). Se agravian de que la responsable es
incongruente con el propio fallo impugnado, pues,
por un lado, resuelve acumular los juicios de
inconformidad JIN-87/2012 y JIN-91/2012 y, por
otro lado, determina que no guardan relación
entre sí, siendo que el más básico principio de
acumulación de procesos, establece que no
puede acumularse lo disímil, mientras que lo que
- 55 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
guarda relación o vinculación entre sí, es lo que
es susceptible de acumularse.
Agravio 3). Contrario a todo principio y orden
procesal, la autoridad responsable acumuló el
juicio más antiguo al más nuevo, desechando
tácitamente el primero, para sólo pronunciarse
respecto del segundo.
Agravio 4). Se duelen de que la responsable
interprete de forma restrictiva el contenido del
artículo 615 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, al
considerar indebidamente que por el sólo hecho
de que el partido político que postuló al candidato
plantee cualquier juicio de inconformidad en
contra del mismo acto que él reclamó, lo
convierta en coadyuvante de éste, pese a que el
partido haya impugnado la resolución por causas
totalmente diversas a las que enderezó el
candidato, y no haya perseguido la tutela de sus
derechos político electorales. Señalan que ello no
favorece la protección más amplia de los
derechos humanos, y es contrapuesta a los
principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad contenidos en el
artículo 1º de la Constitución Federal. Se
agravian, asimismo, de la omisión de los
Magistrados del Tribunal Electoral local, a ejercer
el control de constitucionalidad y de
convencionalidad ex officio que les fue conferido
en términos de lo dispuesto por el artículo 1º de
la Constitución Federal, ya que aplicaron el
- 56 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
artículo 615, a pesar de que implica una
obstrucción al derecho de acceso a la justicia
previsto en el artículo 17 de la norma
fundamental y, en consecuencia, se hizo
nugatorio el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva.
DÉCIMO. Síntesis de los agravios planteados
por Juan Carlos Ramírez Gloria en el
expediente SG-JDC-5298/2012.
Agravio 1). El actor se duele de que en la
resolución impugnada, recaída en el Juicio de
Inconformidad JIN-76/2012 y sus acumulados, se
variara su calidad en el juicio, es decir, que la
responsable sustituyera su carácter de actor por
el de coadyuvante, y que, al advertir que sus
pretensiones eran distintas a las planteadas por
el Partido Acción Nacional en el expediente
principal JIN-76/2012, como consecuencia, no le
estudiara los agravios que hizo valer en el Juicio
de Inconformidad JIN-78/2012, el cual fue
acumulado al JIN-76/2012, interpuesto en contra
de las asignaciones que realizó la autoridad
administrativa electoral, respecto de los
diputados plurinominales asignados al Partido
Acción Nacional.
Señala que ello violenta sus derechos político
electorales, así como los derechos humanos
pactados en diversos tratados internacionales, y
establecidos en la propia Constitución, y a los
criterios ya tomados por la Sala Superior y las
- 57 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Salas Regionales de este Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
Considera que el Tribunal del Estado se debió
haber pronunciado respecto de los agravios y
pruebas hechos valer, independientemente de
que el partido que lo postuló presentara o no un
juicio de inconformidad, pues al no realizarlo así,
lo dejó en completo estado de indefensión.
Por ello, solicita que esta Sala Regional del
Poder Judicial de la Federación, entre al estudio
de los disensos esgrimidos en la instancia
primigenia.
Aduce el actor que la interpretación que realizó el
Tribunal Local del numeral 615 fracción II del
Código Electoral estatal, consistente en que
cuando el partido haga valer la inconformidad,
automáticamente convierte a los actores en
coadyuvantes, limita los derechos político-
electorales de los candidatos, y que esto es
contrario al principio de que los derechos
fundamentales deben interpretarse
maximizándolos, tal y como lo señalan los
diversos tratados internacionales de los Derechos
Humanos.
Agravio 2) El incoante considera que el artículo
615 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco es
inconstitucional porque lo deja en estado de
indefensión, pues supedita el derecho de
- 58 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
impugnar de los candidatos a que el partido no
presente por su parte un juicio de inconformidad,
ya que si éste presenta un juicio, aun cuando no
combata actos que le perjudiquen a los
candidatos, o los combata de forma incorrecta o
limitada, las inconformidades del primero no
serán estudiadas.
Por lo anterior, solicita la inaplicación de dicho
artículo, el cual fue el fundamento de la
responsable para considerar que por ministerio
de ley tenía que considerarlo como coadyuvante,
en virtud de que el partido que lo postuló como
candidato interpuso a su vez un Juicio de
Inconformidad.
UNDÉCIMO. Síntesis de agravios presentados
por Faviola Jacqueline Martínez Martínez en el
expediente SG-JDC-5299/2012.
Agravio 1). La parte actora manifiesta que le
causa agravio que la autoridad responsable
desestimara la causal de improcedencia que hizo
valer en su escrito de tercero interesado en el
juicio primigenio, consistente en la presentación
extemporánea de dicho medio de impugnación, al
omitir privilegiar los criterios de este Tribunal
Electoral Federal, así como violentar el principio
de legalidad al fundar y motivar indebidamente.
Agravio 2). El tribunal responsable realizó una
inadecuada interpretación de los artículos del
Código Electoral y de Participación Ciudadana
- 59 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
del Estado de Jalisco, por la que determinó que,
contrario a lo que señaló el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, el principio de equidad de
género con que debe conformarse la asignación
de diputados por el principio de representación
proporcional, se satisface sólo con el registro de
la lista que realizan los partidos políticos, sin que
esa previsión deba tomarse en cuenta por lo que
hace a la lista de porcentajes mayores.
El Tribunal Electoral responsable no cumplió con
la obligación contenida en el artículo 1º párrafo
segundo de la Constitución Federal, en relación
al respectivo 133, por cuanto que desestimó el
control de convencionalidad que de conformidad
con los criterios emitidos por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, realizó el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, al momento de
realizar la asignación de candidatos a diputados
por el principio de representación proporcional.
Agravio 3). En caso de considerar que los
agravios antes expuestos resultaran
improcedentes, la actora solicita la inaplicación
de los artículos 16 párrafo 1 fracción II, 17
párrafos 1 y 5 y 381 párrafo 1 del Código
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, por contravenir el principio de equidad
de género previsto en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con
los artículos 1º párrafo segundo y 133 de la Carta
- 60 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Magna; 22 y 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; 16, 29 y 30 de la
Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos; y 2 y 7 inciso b) de la Convención para
la Eliminación de todas formas de Discriminación
contra la Mujer.
DUODÉCIMO. Síntesis de agravios planteados
por Dulce Milagros Villaseñor López en el
expediente SG-JDC-5300/2012:
Le causa agravio la forma en que el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana asignó las
nueve diputaciones de representación
proporcional correspondientes al Partido Acción
Nacional, puesto que en el tercer tercio –
diputados asignados como 7, 8 y 9–, no se
respetó la cuota de género que contemplan la
constitución federal y la local, los pactos
internacionales, el Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y
los criterios emitidos por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Aduce que acorde a lo dispuesto en el numeral
17 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, se debe
garantizar la inclusión de un candidato del sexo
distinto en cada tres lugares de la lista, hasta
lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento
del total, a partir del cual el orden se decidirá
libremente, y que esto no debe interpretarse
- 61 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
como que sólo se aplica en las listas que realiza
el partido en las postulaciones de candidatos,
sino que debe de interpretarse de forma armónica
con el numeral 41 párrafo segundo fracción I
constitucional, para poder garantizar el ejercicio
de gobierno de los ciudadanos postulados, ya
que la cuota de género es para poder permitir la
participación de un género minoritario en la vida
interna de los partidos, pero más aún, para
garantizar la participación en la vida pública del
país.
Considera que debe aplicársele también a ella el
mismo criterio que adoptó la autoridad
administrativa electoral local al incluir a Faviola
Jacqueline Martínez Martínez como diputada
electa por el principio de representación
proporcional, aunque no obtuvo el triunfo
electoral como candidata a diputada de mayoría
relativa, ni tampoco alcanzaba el porcentaje de
votación mayor en un distrito, sino por el sólo
hecho de que se estaba respetando la garantía
legal de la cuota de género.
Se duele de que el Instituto no aplicó dicha
garantía de forma amplia y general, ya que al
Partido Acción Nacional se le asignaron nueve
diputaciones por dicho principio de
representación proporcional, en el bloque de los
primeros 3 escaños fue donde el Instituto le
otorgó a Faviola Jacqueline Martínez Martínez la
asignación como diputada para cumplir con la
cuota género, constituyéndose dicho primer tercio
- 62 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
de asignaciones con dos hombres: José Hernán
Cortés Berumen y Ricardo Rodríguez Jiménez, y
una mujer, Faviola Jacqueline Martínez Martínez,
cumplimentándose la disposición de 2-1; en el
segundo tercio se da el supuesto de género al
quedar asignadas dos mujeres, Mariana Arámbula
Meléndez y Gabriela Andalón Becerra, y un
hombre, Juan José Cuevas García, por lo que
también se da el mandato legal de 2-1; pero en el
último tercio se asignaron a tres personas del
mismo género, a Juan Carlos Márquez Rosas,
José Luis Munguía Cardona y Víctor Manuel
Sánchez Orozco, por lo cual solicita que en este
último tercio ella sea asignada como candidata a
diputada por el principio de representación
proporcional, en lugar de Juan Carlos Márquez
Rosas.
DECIMOTERCERO. Estricto derecho. De
conformidad con lo previsto en el artículo 23
párrafo 2 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, en
los Juicios de Revisión Constitucional Electoral
no procede la suplencia de la queja deficiente,
por tanto, se está ante un medio de impugnación
de estricto derecho que no permite a este órgano
jurisdiccional suplir las deficiencias u omisiones
en el planteamiento de los agravios cuando los
mismos no puedan ser deducidos claramente de
los hechos expuestos, permitiéndose únicamente
al tribunal del conocimiento resolver con sujeción
a los agravios expuestos por los enjuiciantes.
- 63 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Es relevante señalar que, si bien para la
expresión de conceptos de agravio, la Sala
Superior ha admitido que se pueden tener por
formulados, independientemente de su ubicación
en cierto capítulo o sección de la demanda, así
como de su presentación, formulación o
construcción lógica, ya sea como silogismo o
utilizando cualquier fórmula deductiva o
inductiva, también es cierto que, como requisito
indispensable, se debe expresar con claridad la
causa de pedir, detallando el agravio o daño que
ocasiona el acto o resolución impugnado, así
como los motivos que lo originaron.
Además, este Tribunal Federal ha sentado el
criterio que la regla de estricto Derecho no es
obstáculo para que los conceptos de agravio
aducidos por los enjuiciantes, en los medios de
impugnación, se puedan advertir de cualquier
capítulo del escrito inicial, debido a que no es
necesario que estén contenidos en el capítulo
especial de conceptos de agravio, porque se
pueden incluir en cualquier parte del escrito
inicial de demanda, siempre y cuando se
expresen con toda claridad las violaciones
constitucionales o legales que se considera
fueron cometidas por la autoridad responsable,
exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos
por los cuales se concluya que la responsable, o
bien no aplicó determinada disposición
constitucional o legal, siendo que era aplicable; o
por el contrario, aplicó otra sin que se debiera
aplicar al caso concreto, o bien hizo una
- 64 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
incorrecta interpretación de la norma aplicada.
Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias
identificadas con las claves 3/2000 y 2/98,
emitidas por la Sala Superior de este Tribunal,
cuyos rubros son: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS
POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE
PEDIR" y "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE
EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Por otro lado, como han sostenido reiteradamente
la Sala Superior y esta Sala Regional, los
conceptos de agravio deben estar encaminados a
destruir la validez de todas y cada una de las
consideraciones o razones que la autoridad
responsable tomó en cuenta al resolver. Por
ende, al expresar cada concepto de agravio, el
actor debe exponer los argumentos que considere
pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad
o ilegalidad del acto reclamado.
Por tanto, cuando las impugnantes omitan
expresar argumentos debidamente configurados,
en los términos anticipados, los agravios deben
ser calificados como inoperantes, ya sea porque
se trate de:
1. Una simple repetición o abundamiento
respecto de los expresados en la instancia
anterior;
2. Argumentos genéricos, imprecisos, unilaterales
- 65 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
y subjetivos de tal forma que no se pueda advertir
la causa de pedir;
3. Cuestiones que no fueron planteadas en los
medios de impugnación cuya resolución motivó
los juicios que ahora se resuelven;
4. Alegaciones que no controviertan los
razonamientos de la responsable que son el
sustento de la sentencia ahora reclamada, y
5. Argumentos ineficaces para conseguir el fin
pretendido.
En los mencionados supuestos, la consecuencia
directa de la inoperancia de los conceptos de
agravio es que las consideraciones expuestas por
la autoridad responsable continúen rigiendo el
sentido de la resolución controvertida, porque los
conceptos de agravio no tendrían eficacia alguna
para anular, revocar o modificar la sentencia
impugnada.
DECIMOCUARTO. Suplencia de la queja. Previo
al esclarecimiento de los motivos de
inconformidad sometidos a escrutinio
jurisdiccional, se considera importante
puntualizar que, de conformidad con el artículo
23 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, este
órgano jurisdiccional, en los Juicios para la
Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano se deben suplir las deficiencias u
- 66 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
omisiones en los agravios cuando puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos;
empero, la suplencia establecida presupone la
existencia de hechos de los cuales puedan
deducirse claramente los agravios, o bien, que se
expresen motivos de disenso aunque sea de
manera deficiente.
Como ha sostenido la Sala Superior de este
Tribunal, debe tenerse en cuenta que el vocablo
"suplir" utilizado en la redacción del invocado
precepto, no debe entenderse como integrar o
formular agravios sustituyéndose al promovente,
sino más bien, en el sentido de complementar o
enmendar los argumentos deficientemente
expuestos en vía de inconformidad, aunque no se
contengan en el capítulo respectivo de la
demanda. Esto es, se necesita la existencia de
un alegato, aun cuando éste sea limitado por
falta de técnica o formalismo jurídico, que
amerite la intervención en favor del promovente
por parte de la Sala, para que en ejercicio de la
facultad prevista en el artículo de referencia, esté
en aptitud de "suplir" la deficiencia y resuelva la
controversia que le ha sido planteada. Lo
expuesto no obliga a este órgano jurisdiccional a
suplir la inexistencia del agravio, cuando sea
imposible desprenderlo de los hechos, o cuando
éstos sean vagos, generales e imprecisos, de
forma tal que no pueda advertirse claramente la
causa concreta de pedir; esto es así, porque si de
los motivos de inconformidad en modo alguno se
deriva la intención de lo que se pretende
- 67 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
cuestionar, entonces este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para suplir deficiencia
alguna, ya que no puede comprenderse tal
atribución, en el sentido de ampliar la demanda
en cuanto a lo que presumiblemente pretende el
demandante como ilegal, o bien, llegar hasta el
grado de variar el contenido de los argumentos
vertidos por el enjuiciante, traduciéndose en un
estudio oficioso del acto o resolución impugnado,
cuestión que legalmente está vedada a este
órgano jurisdiccional.
DECIMOQUINTO. Metodología de estudio de
los Juicios de Revisión Constitucional
Electoral y de los Juicios para la Protección
de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano. En virtud de que entre varios de los
medios de impugnación que nos ocupan se
advierte similitud en los agravios formulados, la
dilucidación de los mismos se abordará con el
método siguiente:
En primer lugar, se realizará el estudio de fondo
de los motivos de inconformidad formulados en
los Juicios de Revisión Constitucional Electoral
SG-JRC-577/2012 y SG-JRC-579/2012, pues
ambos controvierten, en esencia, que en la
fórmula de asignación de diputados por el
principio de representación proporcional no se le
contabilizara al Partido Revolucionario
Institucional el triunfo que obtuvo por mayoría
relativa en el Distrito 17, y que se considerara
que éste le pertenece al Partido Verde Ecologista
- 68 -

de México.
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
En segundo lugar, se estudiará la solicitud de
inaplicación del artículo 615 del Código Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco que Juan Carlos Ramírez Gloria formula
en el expediente SG-JDC-5298/2012. De resultar
infundada ésta, enseguida se analizarán el resto
de los agravios señalados por dicho actor, en
conjunto con los diversos disensos manifestados
en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral
SG-JRC-576/2012 y en el Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano SG-JDC-5296/2012, pues en ellos
se combate, sustancialmente, que se les
considerara como coadyuvantes y no como
actores en los juicios primigenios.
Finalmente se estudiarán los asuntos que tienen
como tema en común la cuota de género, esto es,
los Juicios para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano SG-JDC-
5299/2012 y SG-JDC-5300/2012.
Cabe señalar que, atento a lo dispuesto en la
jurisprudencia 4/2000, emitida por la Sala
Superior de este Tribunal, de rubro “AGRAVIOS,
SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN”, el estudio que se realice de los
agravios propuestos, ya sea que se examinen en
su conjunto, separándolos en distintos grupos, o
bien uno por uno, y en el propio orden de su
exposición o en orden diverso, no causa
- 69 -

afectación jurídica alguna.
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
DECIMOSEXTO. Litis. La litis en los presentes
asuntos consiste en determinar si las sentencias
controvertidas se apegaron a los principios de
constitucionalidad y de legalidad que deben regir
en todo acto electoral.
DECIMOSÉPTIMO. Estudio de fondo de los
agravios planteados por el Partido Movimiento
Ciudadano en el expediente SG-JRC-577/2012.
Esta Sala Regional estima INOPERANTE por una
parte e INFUNDADO por la otra, el agravio 1)
planteado por el Partido Movimiento Ciudadano,
en el cual se duele de una indebida
fundamentación y motivación de la sentencia
impugnada.
Al efecto debe precisarse que hay una indebida
fundamentación, cuando en el acto de autoridad
sí se invoca el precepto legal, sin embargo,
resulta inaplicable al asunto por las
características específicas de éste, que impiden
su adecuación o encuadre en la hipótesis
normativa; y existe una incorrecta motivación, en
el supuesto en que sí se indican las razones que
tiene en consideración la autoridad para emitir el
acto, pero aquéllas están en disonancia con el
contenido de la norma legal que se aplica en el
caso. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia
I.3o.C. J/47, novena época, con número de
registro ius, 170307, instancia: Tribunales
- 70 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Colegiados de Circuito, de rubro:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA
DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA
SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN
EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS
DEL FALLO PROTECTOR”.
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia
con número de registro 238212, emitida por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, publicada en el Semanario Judicial de
la Federación, Tomos 97-102, Tercera Parte,
Séptima Época, cuyo rubro y texto son del tenor
siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo
con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo
acto de autoridad debe estar adecuada y
suficientemente fundado y motivado,
entendiéndose por lo primero que ha de
expresarse con precisión el precepto legal
aplicable al caso y, por lo segundo, que también
deben señalarse, con precisión, las
circunstancias especiales, razones particulares o
causas inmediatas que se hayan tenido en
consideración para la emisión del acto; siendo
necesario, además, que exista adecuación entre
los motivos aducidos y las normas aplicables, es
decir, que en el caso concreto se configuren las
hipótesis normativas."
En concepto de esta Sala Regional es
INOPERANTE el disenso relativo a la indebida
fundamentación, pues el actor es omiso en
- 71 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
señalar cuál o cuáles de los preceptos legales
señalados por la responsable, resultan
inaplicables al asunto.
Por otra parte, se otorga el calificativo de
INFUNDADO a la inconformidad consistente en la
indebida motivación, por las razones siguientes:
En primer lugar, para contextualizar los disensos
esgrimidos por el justiciable en esta instancia, es
necesario remitirnos a los motivos de
inconformidad que planteó en la instancia
primigenia.
En la demanda que dio origen a la resolución que
se combate, el Partido Movimiento Ciudadano
manifestó como agravio, que el Instituto Electoral
del Estado aplicó indebidamente la fórmula de
asignación de diputados por el principio de
representación proporcional, al realizar una
incorrecta interpretación de los artículos 19 y 20
del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Dichos numerales disponen:
“Artículo 19.
1. Las normas que se deben observar para la
aplicación de la fórmula electoral, en la
asignación de diputados por el principio de
representación proporcional, son:
I. Tendrá derecho a participar en la asignación de
Diputados electos según el principio de
representación proporcional todo aquel partido
- 72 -

político que:
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
a) Alcance por lo menos el tres punto cinco por
ciento de la votación total emitida para esa
elección;
b) Registre fórmulas de candidatos a Diputados
por el principio de mayoría relativa en cuando
menos catorce distritos electorales uninominales;
c) Conserve al día de la elección, el registro de
cuando menos catorce fórmulas de mayoría
relativa;
d) Registre la lista de diecinueve candidatos a
Diputados de representación proporcional;
e) Conserve al día de la elección, el registro de
por lo menos, las dos terceras partes de la lista
de candidatos a Diputados de representación
proporcional; y
f) Los requisitos a que se refieren las fracciones
II y III no aplicarán a los partidos políticos en lo
individual, cuando participen en el proceso
electoral de manera coaligada.
II. Al partido político o coalición que tenga el
porcentaje más alto de la votación efectiva, se le
asignarán diputados por el principio de
representación proporcional hasta alcanzar el
número total de diputados que resulte equivalente
al porcentaje de su votación obtenida,
adicionándole cinco puntos porcentuales”.
2. Ningún partido político o coalición tendrá
derecho a que se le reconozcan más de veintitrés
Diputados”.
“Artículo 20.
1. Para la asignación de diputados por el principio
de representación proporcional, se aplicará el
procedimiento siguiente: del número de diputados
asignables a la circunscripción plurinominal, se
- 73 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
deducirán el número de diputados por el principio
de representación proporcional que ya fueron
asignados al partido político o coalición que
tuvo el porcentaje más alto de la votación
efectiva”.
(Énfasis añadido)
En la demanda primigenia el partido actor
sostuvo que el artículo 19 párrafo 1 fracción I del
Código comicial de Jalisco “define cuáles
requisitos deben reunir los partidos políticos para
participar en la asignación de diputados de
representación proporcional, partiendo de la base
de que sólo a los partidos y no a las coaliciones
se les pueden asignar diputados por este
principio”.
Asimismo señaló que sólo para efectos de
determinar quién obtuvo el porcentaje más alto
de la votación efectiva, se considera tanto a los
partidos políticos como a las coaliciones; y
enseguida adujo:
“... este es el único supuesto donde la ley
contempla a la coaliciones para efectos de la
representación proporcional, y no para asignarles
diputados, sino para efectos de la votación
recibida y los distritos de mayoría que hayan
ganado. Por lo cual, es contrario a la ley, que el
Instituto Electoral del Estado, no haya
considerado a la Coalición ‘Compromiso por
Jalisco’ para efectos de aplicar la fórmula, lo cual
por un lado es cierto, a las coaliciones no se les
pueden asignar diputaciones, pero éstas sí deben
ser tomadas en cuenta para:
- Determinar el número de distritos que ganó un
- 74 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
partido por el principio de mayoría relativa.
-Para determinar el tope de representación
(ningún partido o coalición podrá tener más de
veintitrés diputados).
-Para determinar la votación efectiva de cada
partido.
Entonces, la lectura errónea, y la aplicación ilegal
que hace el Instituto de esta porción normativa de
la fórmula de asignación, hace que se considere
equivocadamente que para efectos de esta
fracción II, del artículo 19 del Código Electoral, el
Partido Revolucionario Institucional ganó 13
diputaciones por el principio de Mayoría (sic). Sin
embargo, el instituto deja de lado el distrito
diecisiete, el cual, al igual que los distritos uno,
cinco, y catorce, fue ganado por la coalición
‘Compromiso por Jalisco’ y por tanto debe ser
considerado y debe contar como un distrito más
para efectos de la aplicación de esta fracción. En
efecto, el error del Instituto consiste en
considerar que dicho distrito 17 fue ganado por el
Partido Verde Ecologista de México, lo cual no es
cierto, ya que el partido que obtuvo mayor número
de votos fue el Partido Revolucionario
Institucional, y al ir ambos institutos coaligados
en el referido distrito, debe considerarse que el
mismo fue ganado por la Coalición ‘Compromiso
por Jalisco’.
...
Entonces, haciendo esta operación, se obtiene
que el máximo número de diputados que puede
tener el Partido Revolucionario Institucional es de
17, y al haber ganado 14 Distritos (10 de ellos
participando sólo y 4 en coalición con el Partido
Verde) deben asignársele sólo 3 diputados de
representación proporcional, y no 4, como
indebidamente lo hace el instituto”.
Asimismo, alegó el enjuiciante, que no debió
- 75 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
otorgársele al Partido Verde Ecologista de México
la diputación de mayoría relativa en el distrito 17,
pues no lo ganó con votación, sin que obste el
que en el convenio de coalición se haya acordado
que en el aludido distrito el candidato postulado
pertenecería a la fracción parlamentaria que
corresponda a su filiación partidaria de origen, en
este caso, el Partido Verde Ecologista de México,
pues para la aplicación del artículo 19 fracción II
no debe tomarse en cuenta quién finalmente de
los partidos coaligados va a ocupar esa posición,
sino que lo único que interesa para la primera
parte de la asignación es quién ganó ese distrito
y, sigue diciendo el promovente, lo ganó la
Coalición Compromiso por Jalisco.
Ahora bien, la autoridad responsable, en la
resolución controvertida sostuvo que si los
artículos 19 y 20 del código comicial, aún
contienen la palabra “coaliciones”, se trata de
una inadecuación legislativa producto de un error
del Congreso del Estado, que no obstante la
reforma el artículo 105 del citado ordenamiento,
mediante la cual se eliminó la posibilidad de que
se pudieran celebrar coaliciones para postular
candidatos comunes por el principio de
representación proporcional, no realizó las
correlativas modificaciones de manera
sistemática y coherente a los numerales 19 y 20,
aunado a que aun cuando es válido que se
formen coaliciones, los partidos políticos que las
conforman deben cumplir con el requisito de
presentar y registrar lista propia en la elección de
- 76 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
diputados por el principio de representación
proporcional, es decir, no hay una lista de
candidatos comunes que serán asignados bajo
este principio.
Sostuvo que la coalición parcial no es una
entidad susceptible de asignación de diputados
por el principio de representación proporcional, ni
aun en el sentido de la interpretación propuesta
por el actor en sus agravios, pues los “distritos
de mayoría” a que hizo alusión el actor, no se
ganan por las coaliciones, pues los sujetos que
“ganan” el derecho a que se les entregue la
constancia de mayoría son los candidatos
postulados por cada uno de los partidos políticos
en la elección de diputados bajo el principio de
mayoría relativa en un distrito electoral, y que
sólo son los partidos políticos quienes obtienen el
derecho a que se les asignen diputados por el
principio de representación proporcional, como
expresamente lo previene la fracción III del
artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco.
Añadió que conforme a lo dispuesto en el
acuerdo originalmente impugnado, cuando en las
boletas electorales los ciudadanos marcaron los
dos emblemas de los partidos coaligados, los
votos se contaron para el candidato y no para los
partidos en coalición.
Agregó que de acoger la pretensión del actor,
consistente en que la asignación se haga
- 77 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
indistintamente al partido político o coalición con
el porcentaje más alto de la votación efectiva, lo
absurdo del resultado se vería en la
determinación de la votación efectiva a que alude
el artículo 15 párrafo 1 fracción III del código en
la materia, y las implicaciones que tendría en la
aplicación de la fórmula, en el hipotético
supuesto de que a la coalición se le descalificara
para participar en la asignación de diputados por
el principio de representación proporcional, si con
el carácter precisamente de coalición no
alcanzaran el tres punto cinco por ciento de la
votación total emitida, lo cual acarrearía la
consecuente pérdida de la votación efectiva de
uno o más de uno de los partidos políticos
coaligados, en el supuesto de que alguno de ellos
siguiera participando individualmente en el
proceso de asignación de diputados por el
principio de representación proporcional, como lo
sería en el caso a estudio el Partido
Revolucionario Institucional, dado que por la
votación total efectiva que alcanzó este partido
político, su participación individual se mantendría
y estaría solventada por los triunfos que obtuvo
en aquellos distritos en los que contendió sólo, e
inclusive obtuvo más triunfos que los otros
partidos políticos contendientes.
Asimismo arguyó la responsable que si se
acogiera la interpretación del actor, la votación
obtenida por el Partido Revolucionario
Institucional, primeramente se fraccionaría,
porque contendió individualmente en algunos
- 78 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
distritos y coaligado en otros y, eventualmente,
los votos obtenidos en los distritos en que
participó coaligado se diluirían si llegara a ser
excluida la entidad (entendida como coalición) del
proceso de asignación de diputados por el
principio de representación proporcional y, por
añadidura, el otro partido político junto con el
cual conformaron la coalición Compromiso por
Jalisco, no satisficiera los requisitos del
porcentaje mínimo de la votación total emitida,
para participar en la asignación, lo cual
indudablemente es contrario a la base
constitucional prevista en el artículo 20 fracción
III de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.
Además, señaló, que los agravios del partido
Movimiento Ciudadano eran contradictorios, pues
por una parte afirmaba que en el acuerdo
impugnado, el Instituto Electoral Local consideró
equivocadamente que el Partido Revolucionario
Institucional obtuvo el triunfo en trece distritos
por el principio de mayoría relativa, que incluyen
los distritos 1, 5 y 14, en los que contendió en
coalición, cuando que también obtuvo otro triunfo
en el distrito 17, basando su argumento en que
estos cuatro distritos fueron ganados por la
coalición parcial denominada Compromiso por
Jalisco, pero que le deben contar al Partido
Revolucionario Institucional, por razón de que fue
el partido coaligado que mayor votación obtuvo
en esos distritos. En otras palabras, el actor
sostiene que la coalición y el Partido
- 79 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Revolucionario Institucional, tienen identidad,
sólo por el hecho de que obtuvo mayor votación,
cuando en realidad este partido político es uno
de los que conformaron, junto al Partido Verde
Ecologista de México, la coalición Compromiso
por Jalisco.
Aseveró el órgano jurisdiccional local que si el
Instituto Electoral de Jalisco reconoció en la
elección de diputados de mayoría relativa al
Partido Verde Ecologista de México, y en los
otros tres distritos, 1, 5 y 14 al Partido
Revolucionario Institucional, fue en virtud de los
términos pactados en el convenio de la coalición
parcial denominada Compromiso por Jalisco, y no
por razón de que este último partido político haya
obtenido una mayor votación que el otro
coaligado. Añadió que si la autoridad
administrativa electoral de la entidad no hubiera
procedido así, haría nugatorio el derecho de los
partidos políticos para celebrar convenio para
postular candidatos comunes.
En virtud de lo anterior, es INFUNDADO que para
sostener su determinación, el único argumento
que haya formulado la responsable fuera
simplemente que el legislador, al reformar el
artículo 105 del código comicial de Jalisco, no
realizó las correlativas adecuaciones a los
numerales 19 y 20 del mismo.
Ahora bien, para controvertir las motivaciones
formuladas, el actor sólo aduce que se
- 80 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
introdujeron argumentos subjetivos, carentes de
todo sustento lógico, que el tribunal no
demuestra con ningún argumento sólido el por
qué la redacción de los artículos 19 y 20
permaneció igual, que es posible que el
legislador, al aprobar la reforma, consideró que
así era armónico el sistema de representación
proporcional.
Opuesto a lo sostenido por el accionante, de la
lectura de la sentencia se desprende que el
tribunal local realizó una interpretación funcional
de dichos artículos, señalando que al eliminarse
la posibilidad de que las coaliciones postulen
candidatos comunes a diputados por el principio
de representación proporcional, aunado a la
exigencia de que los partidos políticos que
conformen una coalición deben cumplir con el
requisito de presentar y registrar lista propia en
la elección de legisladores por dicho principio, no
es posible asignar a las coaliciones como
entidades en abstracto, los diputados de
representación proporcional, sino que éstos se
asignan a los partidos integrantes de dicha
alianza transitoria, acorde a lo previsto en el
convenio que le dio origen.
Asimismo motivó por qué no podía acogerse la
pretensión del actor, arguyendo que, acorde con
lo dispuesto en el acuerdo IEPC-ACG-241/12,
originalmente combatido, cuando en la boleta
electoral el votante marca ambos emblemas de
los partidos coaligados, dichos sufragios no
- 81 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
cuentan como válidos para la coalición en sí, ni
aun para los partidos integrantes de ésta, sino
que sólo son válidos para los candidatos, razón
por la cual concluyó que los distritos no se ganan
por las coaliciones, sino que a quien se le
entrega la constancia de mayoría es al candidato,
y que sólo son los partidos políticos quienes
obtienen el derecho a que se les asignen
diputados por el principio de representación
proporcional, como expresamente lo previene la
fracción III del artículo 20 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, el cual dispone:
“Artículo 20. La ley que establezca el
procedimiento aplicable para la elección de
diputados según el principio de representación
proporcional y el sistema de asignación, deberá
contener por lo menos las siguientes bases.
...
III A los partidos políticos que cumplan con las
dos bases anteriores, independiente y
adicionalmente a las constancias de mayoría que
hubieren obtenido sus candidatos, les podrán ser
asignados diputados por el principio de
representación proporcional, de acuerdo con su
votación.”
A su vez, expuso que si se asignaran los
diputados plurinominales a las coaliciones
parciales con porcentaje más alto de votación
efectiva, podría conducir a que se fraccionara la
votación del partido que participó coaligado en
unos distritos e individualmente en otros, lo cual
atenta contra el referido artículo y fracción de la
Constitución local, ya indicado.
- 82 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Es relevante señalar que el sentido de la
resolución dictada por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Estado de Jalisco es acorde al
criterio que ha sostenido la Sala Superior de este
Tribunal en casos análogos al que nos ocupa, es
decir, cuando:
1) En la normatividad se exige que en el convenio
de coalición, tratándose de la elección de
diputados, se deba señalar a qué grupo
parlamentario pertenecerán los candidatos que
resulten electos;
2) En el código electoral local no se permita que
la coalición registre lista de representación
proporcional; y
3) Se trate de coaliciones parciales.
La Sala Superior de este máximo órgano
jurisdiccional en materia electoral ha dispuesto
que en tales casos cabe entender que dichos
candidatos fueron registrados por el partido
político a cuya fracción parlamentaria habrán de
pertenecer, a efectos de la asignación de
diputados de representación proporcional; este
criterio fue plasmado en la tesis relevante
LXXXIX/2001, de rubro y texto siguientes:
“ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARA SUS
EFECTOS, LOS CANDIDATOS DE MAYORÍA
RELATIVA REGISTRADOS POR LA COALICIÓN
- 83 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
PARCIAL DEBEN CONSIDERARSE COMO
REGISTRADOS POR EL PARTIDO POLÍTICO
QUE LOS POSTULA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE CHIAPAS). Atendiendo a una
interpretación funcional de lo dispuesto en el
artículo 83, fracción V, inciso g), del Código
Electoral del Estado de Chiapas, si en el convenio
de coalición, tratándose de la elección de
diputados, se debe señalar a qué grupo
parlamentario pertenecerán los candidatos que
resulten electos, para efectos de cumplir con el
requisito establecido en el inciso a) de la fracción
I del artículo 260 del citado código, cabe entender
que dichos candidatos fueron registrados por el
partido político a cuya fracción parlamentaria
habrán de pertenecer. En tal sentido, es claro que
el registro de candidatos por la coalición parcial
que participe hasta en ocho distritos
uninominales, puede ser tomado en consideración
como registrados por el partido político que los
postula (es decir, si eventualmente formará parte
del grupo parlamentario de este último) para
efectos de la asignación de diputados de
representación proporcional, máxime que
tratándose de una coalición parcial que se
conforme para participar como candidatos a
diputados por el principio de mayoría relativa en
tres y hasta ocho distritos electorales
uninominales, en el código electoral local no se
permite que la coalición registre lista de
representación proporcional”.
Ahora bien, el artículo 107 fracción V del Código
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco dispone:
“Artículo 107.
1. El convenio de coalición contendrá en todos los
- 84 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
casos:
...
V. El señalamiento, de ser el caso, del partido
político al que pertenece originalmente cada uno
de los candidatos registrados por la coalición y el
señalamiento del grupo parlamentario o partido
político en el que quedarían comprendidos en el
caso de resultar electos”.
Asimismo, el numeral 105 párrafo 3 del mismo
ordenamiento establece:
“Artículo 105.
...
3. En la elección de Diputados por el principio de
representación proporcional, cada uno de los
partidos coaligados deberá registrar lista propia”.
Por otra parte, la cláusula séptima del convenio
de coalición que presentaron el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde
Ecologista de México para conformar la coalición
denominada Compromiso por Jalisco, y que fue
aprobado mediante Acuerdo IEPC-ACG-19/12 del
Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de la entidad, publicado
en el periódico oficial El Estado de Jalisco el
veintiocho de febrero de dos mil doce, establece:
“SÉPTIMA.- De la distribución de las candidaturas
para postular diputados locales, origen partidario
de los candidatos y señalamiento del grupo
parlamentario en el que quedarían comprendidos
en caso de resultar electos.
Para la postulación de candidatos a diputados
- 85 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
locales por el principio de mayoría relativa, el
origen o militancia de las fórmulas
correspondientes a los cinco distritos objeto de
este convenio será de conformidad con el
siguiente cuadro.
No. Entidad Distrito Cabecera Propietario Suplente
1 Jalisco 1 Colotlán PRI PRI
2 Jalisco 3 Tepatitlán PRI PRI
3 Jalisco 5 Puerto
Vallarta
PRI PRI
4 Jalisco 14 Guadalajar
a
PRI PVEM
5 Jalisco 17 Jocotepec PVEM PVEM
Los candidatos a Diputados locales postulados
por la coalición ‘Compromiso por Jalisco’, de
resultar electos pertenecerán al grupo o fracción
parlamentaria que corresponda a su filiación
partidaria de origen, misma que ha quedado
señalada en el cuadro que antecede, lo que se
hará oportunamente del conocimiento de las
autoridades políticas y electorales competentes.”
Debe señalarse que en el “Acuerdo IEPC-ACG-
036/12 del Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, mediante el cual resuelve las solicitudes
de modificación al convenio de coalición
denominada ‘Compromiso por Jalisco’ que
presentan el Partido Revolucionario Institucional
y el Partido Verde Ecologista de México”,
publicado en el Periódico Oficial El Estado de
Jalisco, el tres de abril del año en curso,
únicamente se modificó respecto de la cláusula
séptima aludida, para el efecto de sustituir el
Distrito Local Electoral tres por el diez, para la
- 86 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
postulación común de candidatos a diputados por
el
principio de mayoría relativa.
Por tanto, al establecerse en el Convenio de
Coalición que los candidatos a Diputados locales
postulados por la coalición Compromiso por
Jalisco, de resultar electos pertenecerán al grupo
o fracción parlamentaria que corresponda a su
filiación partidaria de origen, siendo que en el
distrito diecisiete ésta corresponde al Partido
Verde Ecologista de México, atendiendo a lo
dispuesto en la referida tesis de la Sala Superior,
fue correcto –como lo señaló la responsable–,
que la autoridad administrativa electoral local en
el Acuerdo IEPC-ACG-241/2012, al aplicar lo
previsto en el artículo 19 párrafo 1 fracción II del
Código comicial de Jalisco, no contabilizara como
perteneciente al Partido Revolucionario
Institucional la diputación del distrito diecisiete,
pues en el convenio de coalición se pactó que el
grupo parlamentario y filiación de origen en dicho
distrito corresponde
al Partido Verde Ecologista
de
México.
En consecuencia, el Partido Revolucionario
Institucional, tal como lo determinó la autoridad
administrativa electoral local, y como lo confirmó
el tribunal electoral de Jalisco, sólo obtuvo trece
diputaciones por el principio de mayoría relativa,
y al corresponderle diecisiete por ambos
principios, lo conducente era asignarle cuatro
por
el
principio de representación proporcional.
- 87 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Por último, debe decirse que el ejemplo que
propone el instituto político actor para sostener la
funcionalidad de los artículos 105, 19 y 20 del
código en cita, no es aplicable al caso que nos
ocupa, puesto que en el presente asunto se trata
de una coalición parcial y no de una coalición
total.
Por lo anterior, el Partido Movimiento Ciudadano
no puede alcanzar el fin pretendido consistente
en que se revoque la sentencia impugnada y se
considere que el Partido Revolucionario
Institucional obtuvo catorce diputados por el
principio de mayoría relativa y, en consecuencia,
se le asignen únicamente tres por el principio de
representación proporcional; como consecuencia
de ello devienen también INFUNDADOS los
agravios 3) y 5), además de que el Tribunal
Local no confundió su pretensión, pues si bien es
cierto que por una parte le respondió por qué las
coaliciones no son entes susceptibles de
participar en la asignación de diputados de
representación proporcional, también lo es –como
quedó señalado– que expuso razones para
desestimar su pretensión consistente en que el
distrito 17 se le asignara por mayoría
relativa al
Partido
Revolucionario Institucional.
Igualmente deviene INFUNDADO el agravio 2) en
el cual el justiciable reprocha que la autoridad
responsable señalara que solamente los partidos
políticos postulan a candidatos a diputados por el
principio de mayoría relativa, sin considerar que
- 88 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
las coaliciones también postulan candidatos y
que por ende, si el candidato que resulta
triunfador es el postulado por una coalición,
quien gana el distrito es precisamente la
coalición.
Si bien es cierto, la responsable en la sentencia
combatida estableció que: “…los ‘distritos de
mayoría’ a que hace alusión no se ganan por las
coaliciones, pues los sujetos que ‘ganan’ el
derecho a que se les entregue la constancia de
mayoría son los candidatos postulados por cada
uno de los partidos políticos en la elección de
diputados bajo el principio de mayoría relativa en
un distrito electoral…” (foja 923 del cuaderno
accesorio 2 del expediente SG-JRC-577/2012),
también es verdad que en otros párrafos de la
misma señaló: “1ª. Si no hay coalición la
diputación de mayoría relativa se adjudicará a los
candidatos de la fórmula que obtuvo la mayoría
de votos… 2ª. Si hay coalición y los candidatos
postulados por ésta resulta triunfadora en la
elección respectiva, se adjudicará a los
candidatos de la fórmula atendiendo al
señalamiento del grupo parlamentario o partido
político en el que quedarían comprendidos en los
términos del convenio de coalición que hubiesen
acordado… Esto significa en rigor que, que si no
hay coalición aprobada y contendiendo, la
constancia de mayoría se entregará a la fórmula
que obtuvo la mayoría de votos, pero si hubo
coalición convenida y ésta resulta electa, se
adjudicará el triunfo al candidato común que
- 89 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
hubiesen postulado” (foja 935 del cuaderno
accesorio 2 del expediente SG-JRC-577/2012).
Lo anterior evidencia que el Tribunal Local sí
señaló que las coaliciones también postulaban
candidatos. El incoante comete el error de aislar
el párrafo, siendo que la sentencia al ser una
unidad, debe interpretarse en conjunto con lo
dispuesto en el resto de la misma.
De lo expuesto también se concluye que, es
INFUNDADA la aseveración del actor consistente
en que el órgano jurisdiccional local consideró
que solamente los partidos ganan los distritos de
mayoría, pues lo que la sentencia estableció fue
que cuando no hay coalición, la diputación se
otorga a los candidatos de la fórmula que obtuvo
la mayoría, y si hay coalición, ésta se adjudica a
los candidatos de la fórmula atendiendo a lo
dispuesto en el convenio de coalición.
En consecuencia, también carece de fundamento
el que supuestamente la autoridad responsable,
en los distritos en que hubo coalición y ésta
resultó triunfadora, los haya asignado a los
partidos que obtuvieron mayoría de votos, sino
que la asignación se realizó atendiendo a lo
dispuesto en el acuerdo que dio origen a dicha
alianza transitoria.
Por tanto, si una de las pretensiones del Partido
Movimiento Ciudadano es que se asigne el
distrito 17 a la coalición, como se realizó en los
- 90 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
distritos 1, 5 y 14, dicho distrito ya se asignó en
esos términos, pues estos últimos distritos se le
asignaron al Partido Revolucionario Institucional
porque así lo disponía la cláusula séptima de su
convenio; y el distrito 17 al Partido Verde
Ecologista de México, porque así también se
dispuso en la referida cláusula.
Por último, es también INFUNDADO que exista la
incongruencia que manifiesta el actor en el
agravio 4), pues la responsable nunca señaló
que las coaliciones no debían tomarse en cuenta
para la representación proporcional, sino que
distinguió, los diputados no se asignan a las
coaliciones en sí, como entidades aparte, sino
que se asignan a los partidos integrantes de las
mismas, acorde a lo establecido en el convenio
de coalición.
DECIMOCTAVO. Estudio de fondo de los
agravios planteados por el Partido Acción
Nacional en el expediente SG-JRC-579/2012.
Por las razones ya expuestas en el considerando
previo, esta Sala califica como INFUNDADO el
agravio 1) planteado por el Partido Acción
Nacional, pues al establecerse en el Convenio de
Coalición que los candidatos a diputados locales
postulados por la coalición Compromiso por
Jalisco, de resultar electos pertenecerán al grupo
o fracción parlamentaria que corresponda a su
filiación partidaria de origen, siendo que en el
distrito diecisiete ésta corresponde al Partido
- 91 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Verde Ecologista de México, en términos de lo
dispuesto en los artículos 107 párrafo 1 fracción
V y 105 párrafo 3 del código comicial en Jalisco,
y a la luz de la referida tesis LXXXIX/2001 de
rubro “ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARA
SUS EFECTOS, LOS CANDIDATOS DE
MAYORÍA RELATIVA REGISTRADOS POR LA
COALICIÓN PARCIAL DEBEN CONSIDERARSE
COMO REGISTRADOS POR EL PARTIDO
POLÍTICO QUE LOS POSTULA (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE CHIAPAS)”, emitida por la Sala
Superior de este Tribunal, fue correcto, –como ya
se dijo, pero se reitera– que no se contabilizara
como perteneciente al Partido Revolucionario
Institucional la diputación del distrito diecisiete,
pues en el convenio de coalición se pactó que el
grupo parlamentario y filiación de origen en dicho
distrito corresponde al Partido Verde Ecologista
de México.
En consecuencia, el Partido Revolucionario
Institucional, tal como lo determinó la autoridad
administrativa electoral local, y como lo confirmó
el tribunal electoral de Jalisco, sólo obtuvo trece
diputaciones por el principio de mayoría relativa,
y al corresponderle diecisiete por ambos
principios, lo conducente era asignarle cuatro por
el principio de representación proporcional.
Por ende, opuesto a lo sostenido por el actor, el
tribunal local sí cumplió con el principio de
legalidad.
- 92 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
En cuanto a su aseveración de que la autoridad
responsable incurre en falta de exhaustividad al
no advertir que se le otorga indebidamente una
diputación más al Partido Revolucionario
Institucional, y limitarse a hacer un análisis
superficial de los agravios, es INFUNDADO pues
acorde a lo dispuesto en la jurisprudencia
12/2001 de rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS
RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”, la
exhaustividad consiste en el deber de agotar
cuidadosamente en la sentencia, todos y cada
uno de los planteamientos hechos por las partes
durante la integración de la litis, en apoyo de sus
pretensiones. Por ende, el supuesto análisis
superficial de agravios o la falta de advertencia
de las consecuencias indebidas de una decisión –
que además ya quedó demostrado que no fue
contrario a la ley el que se le otorgaran cuatro
diputaciones por el principio de representación
proporcional a dicho partido– no configura el que
la responsable no haya sido exhaustiva en su
resolución.
En cuanto al agravio 2) formulado por Acción
Nacional, se califica como INFUNDADO, pues
contrario a lo sostenido por el actor, no existe
incongruencia alguna en que, por una parte, se
tome en cuenta el convenio de coalición parcial
para determinar que los candidatos de mayoría
relativa registrados por la coalición se consideren
como registrados por el partido político que los
postuló, para efectos de la asignación de
- 93 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
diputados por el principio de representación
proporcional, y por la otra, con señalar que no se
pueden asignar los diputados a la coalición
porque ello provocaría en el congreso de la
entidad, una afectación en la conformación del
grupo o fracción parlamentaria correspondiente a
la filiación partidaria de origen de los partidos
que se coaligaron.
Pues ambos argumentos tienen en común que las
diputaciones que fueron ganadas por mayoría de
votos por la coalición parcial, no se asignan a la
coalición en abstracto –como pretende el actor–,
ni conforme a la votación mayoritaria que
obtuvieron los partidos individualmente, –como
presupone erróneamente el accionante que
ocurrió– sino que se asignan a los partidos
integrantes de la coalición, acorde a lo dispuesto
en el convenio que dio origen a la misma. Así que
es congruente la afirmación del Tribunal relativa
a que si los diputados se asignaran a la coalición,
sin distinguir a cuál partido pertenecen éstos,
sería contrario a lo dispuesto en el artículo 107
fracción V del código en la materia, toda vez que
éste exige que en el convenio se defina el grupo
parlamentario o partido político en el que
quedarán comprendidos en caso de resultar
electos, aunado a que los grupos o fracciones
parlamentarias no se conforman con partidos
políticos coaligados, además que para cuando se
integre la nueva legislatura ya habrá concluido la
vigencia de la coalición.
- 94 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Máxime que, como ya se expuso en el estudio de
agravio 1), la tesis de la Sala Superior dispuso
que en el caso de coaliciones parciales, para
efectos de la asignación de diputados por el
principio de representación proporcional, los
candidatos de mayoría relativa registrados por la
coalición se deben considerar como registrados
por el partido político cuyo origen partidario es
señalado en el convenio respectivo.
En consecuencia, resulta infundado el alegato del
enjuiciante de que se desintegró la coalición para
asignar la diputación de mayoría relativa en el
distrito 17, pues ocurrió de manera opuesta a lo
argüido, ya que precisamente la razón por la que
se asigna la curul al Partido Verde Ecologista de
México es porque se atiende a lo acordado por la
Coalición Compromiso por Jalisco, y lo mismo
ocurrió en los otros distritos en que obtuvieron el
triunfo los candidatos postulados por los partidos
coaligados, en los que las respectivas
diputaciones fueron asignadas al Partido
Revolucionario Institucional, pues esto atendió a
los términos del convenio celebrado.
Por otro lado, el argumento que aduce el actor,
consistente en que la constancia de mayoría
entregada en el distrito 17 al candidato ganador
señala que fue electo como diputado por el
principio de mayoría relativa postulado por la
Coalición Compromiso por Jalisco, es
INOPERANTE dado que en el presente asunto no
se está controvirtiendo si los candidatos
- 95 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
postulados por una coalición se asignan a ésta o
a los partidos que la integran, sino a quién deben
pertenecer, para efectos de la asignación de
diputados por el principio de representación
proporcional, las diputaciones de mayoría relativa
en los distritos en que obtuvo el triunfo la
coalición parcial, razón por la cual este
argumento deviene inoperante.
Respecto del agravio 3) en el cual se duele el
instituto político actor de que la responsable
asignara al Partido Verde Ecologista de México
un diputado por el principio de representación
proporcional, no obstante que de su propia
resolución se desprende que no tiene derecho a
ello, esta Sala estima INFUNDADO dicho motivo
de inconformidad, toda vez que en la sentencia
combatida no se le asignó ningún diputado de
representación proporcional al Partido Verde
Ecologista de México, pues en la misma se
establece:
“Por lo que se refiere a los requisitos de acceso a
la asignación, que exige al artículo 19 párrafo 1
fracción I inciso a) del código electoral en la
entidad, en el sentido de excluir a los partidos
políticos que no alcanzaron el tres punto cinco
por ciento de la votación total emitida, se observa
que de los resultados contenidos en la Tabla 1,
no tendrán derecho a participar en la asignación
de diputados por el principio de representación
proporcional, los siguientes partidos políticos:
Tabla 2
PARTIDO VOTACIÓN PORCENTAJE
%
- 96 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Partido del Trabajo 71,484 2.09%
Partido Verde
Ecologista de
México
Partido Nueva
Alianza
105,929 3.10%
114,162 3.34%”
(Énfasis añadido)
A mayor abundamiento, debe decirse que a dicho
Partido tampoco se le otorgó algún diputado por
el principio de representación proporcional, en
los acuerdos atinentes emitidos por la autoridad
administrativa electoral local, esto es, ni en el
Acuerdo IEPC-ACG-241/12, ni en el Acuerdo
IEPC-ACG-401/12, del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco mediante el cual realiza
nueva asignación de diputados por el principio de
representación proporcional, conforme a la lista
de porcentajes mayores del Partido Acción
Nacional, en cumplimiento a la resolución emitida
por el pleno del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Jalisco al resolver el Juicio
para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la
clave JDC-336/2012, pues
en ambos se dispuso
en
el considerando XIII:
“Así, entonces, los institutos políticos que no
cumplen con el requisito de reunir el tres punto
cinco por ciento de la votación total emitida en la
elección correspondiente y por lo tanto no tienen
derecho de participar en el procedimiento de
asignación de diputados por el
principio de
- 97 -

epresentación proporcional, son:
Partido del Trabajo
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Partido Verde Ecologista de México
Partido Nueva Alianza”
En cuanto a su disenso identificado como el
número 4) en la síntesis de agravios, en el cual
el Partido Acción Nacional se queja de que en el
considerando VIII la autoridad omitiera establecer
los razonamientos lógico-jurídicos y fundamentos
legales que le hacen concluir y calificar los
agravios del partido actor como infundados, pues
tan sólo se limita a transcribir lo establecido por
el artículo 105 y 107 del Código Electoral del
Estado de Jalisco y señalar hechos reiterativos,
que resultan por demás innecesarios, pero que
vulnera y crea un precedente negativo para
nuestro sistema electoral al intentar modificar la
naturaleza
jurídica de las coaliciones.
Se estima INOPERANTE tal motivo de
inconformidad, pues al ser genérico e impreciso,
no se puede advertir la causa de pedir, ya que no
señala cuáles hechos son reiterativos, ni por qué
los juzga como innecesarios, ni cómo se modificó
supuestamente la naturaleza jurídica de las
coaliciones, aunado a que es contradictorio en sí
mismo, pues pese a que se duele de que no se
establecieran los fundamentos legales, enseguida
manifiesta que la responsable se fundó en los
artículos 105 y 107
del Código Electoral del
Estado
de Jalisco.
- 98 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
DECIMONOVENO. Estudio de la solicitud de
inaplicación del artículo 615 del Código
Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, planteada por Juan Carlos
Ramírez Gloria en el expediente SG-JDC-
5298/2012.
El
dispositivo legal impugnado prescribe:
“Artículo 615.
1. Los candidatos podrán promover la
inconformidad en su carácter de actores en los
siguientes casos:
I. Cuando por motivos de inelegibilidad la
autoridad electoral decida
no otorgarles la
constancia de mayoría; y
II. En los supuestos de procedencia previstos en
las fracciones I, II, III y V del artículo 612,
siempre y cuando el partido político o coalición
que los postuló no haga valer la inconformidad.
2. Fuera de los casos previstos en el párrafo
anterior, los candidatos
sólo podrán intervenir
como coadyuvantes”.
Ahora bien, las fracciones
I, II, III y V del artículo
612
establecen:
“Artículo 612.
1. El juicio de inconformidad se podrá promover
por los partidos políticos o coaliciones, por
conducto de sus dirigentes o representantes
legales acreditados ante el órgano electoral
responsable, y por los candidatos por su propio
derecho sin que
sea válida representación alguna,
en
contra de:
I. Los resultados
consignados en las actas de
- 99 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
cómputo:
a) Municipal, en la elección de Presidente
Municipal, síndico y regidores de mayoría
relativa;
b) Distrital, en la elección de
Diputados por el
principio de mayoría relativa;
c) Estatal en el supuesto de la elección de
Diputados electos por el
principio de
representación proporcional; y
d) Estatal que realice el Consejo General del
Instituto
Electoral en la elección de Gobernador;
II. Los resultados consignados en las actas de
cómputo descritas
en la fracción I, por error
aritmético;
III. Las determinaciones
sobre la declaración de
validez
de la elección;
...
V. La asignación que realice
el Instituto Electoral
respecto de la elección:
a) De Diputados de representación proporcional; y
b) De Munícipes por el principio de
representación proporcional”.
Por su parte, el artículo 513 párrafo 1 del Código
Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado
de
Jalisco, a la letra dispone:
“Artículo 513
1. Los candidatos, exclusivamente por lo que se
refiere a los medios de impugnación procedentes
que se encuentran previstos en el Título Tercero
de este Libro, podrán participar como
coadyuvantes del partido político que los registró,
de
conformidad con las reglas siguientes:
I. A través de la presentación de escritos en los
- 100 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
que manifiesten lo que a su derecho convenga,
sin que en ningún caso se puedan tomar en
cuenta los conceptos que amplíen o modifiquen la
controversia planteada en el medio de
impugnación o en el escrito que como tercero
interesado
haya presentado su partido;
II. Los escritos deberán presentarse dentro de los
plazos establecidos para la interposición de los
medios de impugnación o, en su caso, para la
presentación de los escritos de los terceros
interesados;
III. Los escritos deberán ir acompañados del
documento con el
que se acredite la personería
del
promovente;
IV. Podrán ofrecer y aportar pruebas sólo en los
casos en que así proceda y dentro de los plazos
establecidos en este Código, siempre y cuando
estén relacionadas con los hechos y agravios
invocados en el medio de impugnación
interpuesto o en el escrito presentado por su
partido
político; y
V. Los escritos
deberán estar firmados
autógrafamente”.
La autoridad jurisdiccional electoral de la entidad
decidió considerar al actor como coadyuvante y,
en consecuencia, no estudiarle los agravios
esgrimidos en su demanda, fundándose en el
artículo 615 fracción II en relación con el 612
párrafo 1 fracción V inciso a) y 513 párrafo 1
fracción II, todos ellos del Código Electoral y de
Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
- 101 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Por ende, en suplencia de la deficiencia de la
queja, debe entenderse que la inaplicación que
propone el actor, si bien es del artículo 615, en la
especie, se refiere a la fracción II del mismo, en
relación con la fracción V del artículo 612, puesto
que es la correspondiente a la elección que se
impugna.
Ahora bien, lo que pretende el actor en el
presente juicio, es que se estudien los agravios
que hizo valer en el medio de impugnación
primigenio, aduciendo –entre otras razones– que
sus inconformidades y pretensiones eran distintas
a
las planteadas por el Partido Acción Nacional.
Como ya quedó expuesto, el artículo 615 párrafo
1 fracción II dispone que los candidatos podrán
promover la inconformidad en su carácter de
actores para controvertir –entre otros supuestos–
la asignación que realice el Instituto Electoral
respecto de la elección de diputados de
representación proporcional, siempre y cuando el
partido político
inconformidad.
o coalición no haga valer la
Ahora bien, en la demanda que dio origen al
juicio de inconformidad JIN-78/2012, las
pretensiones de Juan Carlos Ramírez Gloria eran
en el sentido de que se declare inconstitucional
el artículo 17 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y,
por ende, que se desaplique, para que en su
lugar se asigne a los diputados de representación
- 102 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
proporcional con base en la mayor votación total
obtenida por cada uno de los candidatos del
Partido Acción Nacional, que contendieron en la
elección de diputados bajo el principio de
mayoría relativa, y no sujeto a la modalidad de
porcentaje
mayor distrital que prevé la ley.
Por su parte, el Partido Acción Nacional, en el
Juicio de Inconformidad JIN-76/2012 manifestó
agravios enfocados a cuestionar la aplicación del
artículo 105 párrafos 1 y 2 del Código Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, que empleó el Instituto Electoral local
respectivo y su impacto en los pasos previos al
desarrollo de la fórmula electoral que se
establecen en el artículo 19 del propio
ordenamiento, como lo es el esclarecimiento del
partido político que obtuvo el equivalente de
diputados del total del Congreso del Estado de
Jalisco, respecto del porcentaje más alto de la
votación efectiva, lo cual se determina a partir del
mayor número de triunfos en la elección de
diputados bajo el principio de mayoría relativa
que haya alcanzado, más los cinco puntos
porcentuales que establece el código electoral en
la entidad, triunfos que a juicio del Partido Acción
Nacional no pueden atribuirse de manera aislada
a uno solo de los partidos políticos de
conformaron
la coalición en lo individual.
los que
Al quedar demostrado que la pretensión del
Partido Acción Nacional era distinta a la del
ciudadano, y que el instituto político no hizo valer
- 103 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
las inconformidades que planteó el actor, en
concepto de esta Sala Regional, lo procedente no
es realizar una inaplicación del artículo, sino
determinar el alcance interpretativo que debe
darse a la condición establecida en la fracción II
del artículo 615, consistente en que los
candidatos podrán ser actores en el juicio en
comento “...siempre y cuando el partido político o
coalición que los postuló no haga valer la
inconformidad”, lo cual se realiza en el
considerando siguiente en el estudio conjunto
que se realiza –dada su estrecha vinculación– de
los agravios esgrimidos tanto por el actor en la
demanda que nos ocupa, como por los incoantes
de los juicios SG-JDC-5296/2012 y SG-JRC-
576/2012.
VIGÉSIMO. Estudio de fondo de los agravios
planteados por Juan Carlos Ramírez Gloria,
Gerardo González Díaz y el Partido
Revolucionario Institucional en los
respectivos expedientes SG-JDC-5298/2012,
SG-JDC-5296/2012
y SG-JRC-576/2012.
En cuanto a los disensos formulados por el
Partido Revolucionario Institucional en el Juicio
de Revisión Constitucional-Electoral SG-JRC-
576/2012, en concepto de esta Sala Regional se
estiman INOPERANTES, por
las razones que a
continuación
se esgrimen.
De la lectura de la demanda de mérito se advierte
que ésta se endereza a combatir el acto consistente
- 104 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
en que el Juicio de inconformidad JIN-087/2012
interpuesto Gerardo González Díaz, candidato a
diputado por el principio de mayoría por el distrito
electoral número 7, postulado por el Partido
Revolucionario Institucional, lo acumulara
indebidamente el Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Jalisco, al Juicio de
Inconformidad JIN-091/2012, presentado por el
referido instituto político, no obstante que aquél fue
presentado primero y que las pretensiones de uno y
otro eran diferentes, asimismo se duele de que al
candidato se le considerara como coadyuvante en el
JIN-091/2012, y no como actor, y en consecuencia,
no se le estudiaran los agravios que presentó en la
demanda que dio origen al JIN-87/2012, lo cual,
aduce, es una interpretación restrictiva en materia
de derechos humanos, que atenta contra lo previsto
en el artículo 1º de la Carta Magna y vulnera el
derecho
a la tutela judicial efectiva.
Mientras que, como se desprende de las
constancias que obran en el expediente, en el Juicio
de Inconformidad JIN-091/2012, el Partido
Revolucionario Institucional centró su pretensión en
que le fueran asignados un total de diez diputados
por el principio de representación proporcional, y
que le fueran tomados en cuenta los votos que
obtuvo la coalición Compromiso por Jalisco, en los
distritos
electorales en los que contendió coaligado.
Además, de la sentencia combatida se advierte que
la responsable manifestó que los únicos agravios
- 105 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
que estudiaría serían los presentados por el Partido
Revolucionario Institucional.
Con base en lo anterior, no se advierte una
vulneración a la esfera de derechos del Partido
Revolucionario Institucional; el actor no acredita que
las supuestas anomalías que afirma se cometieron,
pudieran afectar de manera directa su esfera
jurídica, de forma tal que, de prosperar su
pretensión, se le restituyera en el uso y goce de un
derecho, pues por un lado el Tribunal local asentó
que sí estudiaría sus agravios, y por el otro, en el
Juicio de Inconformidad que el partido político
incoante presentó, no combatió las presuntas
irregularidades que hizo valer el candidato en torno
a la asignación de diputados por el principio de
representación
proporcional en la modalidad de
asignación
por porcentajes mayores de votación
válida distrital.
Ahora bien, acorde a lo dispuesto en los artículos 3
párrafo 2 inciso d) y 93 párrafo 1 inciso b) de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, una de las finalidades del Juicio
de Revisión Constitucional Electoral consiste en
reparar la presunta violación constitucional que se
hubiere cometido en contra del promovente; por
tanto, si no existe ninguna lesión en la esfera de
derechos de este último, no se puede proveer lo
necesario para repararla, y es por
ello que los
agravios
formulados por el instituto político en
comento se tornan INOPERANTES.
- 106 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Por otra parte, este Tribunal Federal califica
como FUNDADOS los agravios hechos valer por
los
justiciables en los juicios ciudadanos de
referencia.
En efecto, la autoridad responsable, al no
estudiar los motivos de agravio que expusieron
los candidatos a diputados locales Gerardo
González Díaz en el JIN-87/2012, y Juan Carlos
Ramírez Gloria en el JIN-78/2012, por
considerarlos como coadyuvantes, al primero en
el Juicio de Inconformidad JIN-91/2012
interpuesto por el Partido Revolucionario
Institucional, y al segundo en el Juicio de
Inconformidad JIN-76/2012 promovido por el
Partido Acción Nacional, no obstante que las
pretensiones de los candidatos y las de los
respectivos partidos políticos actores eran
diferentes, dejó en estado de indefensión a los
primeros, lo cual es contrario a lo dispuesto en el
artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como a lo
establecido en los artículos 8 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, 14 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos
y
25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos,
los cuales disponen:
a)
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos:
“Artículo 17.
...
Toda persona tiene derecho a que se le
- 107 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio
será gratuito, quedando, en consecuencia,
prohibidas las
costas judiciales...”
b) Declaración Universal de Derechos
Humanos:
“Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un
recurso efectivo ante los tribunales
nacionales
competentes,
que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la constitución
o por la ley”.
c) Pacto Internacional
de los Derechos Civiles
y Políticos:
“Artículo 14
1. Todas las personas son iguales ante los
tribunales y cortes de justicia. Toda persona
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las
debidas garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley,
en la substanciación
de cualquier acusación de
carácter
penal formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de
carácter civil...”
d) Convención Americana sobre
Derechos
Humanos:
“Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la
- 108 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Constitución, la ley o la presente Convención, aun
cuando tal violación sea cometida por
personas
que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente
prevista por el sistema legal del Estado decidirá
sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en que
se haya estimado procedente el recurso.”
Es relevante señalar que el jueves nueve de junio
de dos mil once se realizó la promulgación de la
reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de Derechos
Humanos, la cual fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el viernes diez de junio
de ese año y entró en vigor el sábado once de los
mismos.
Esta reforma tiene el objeto principal de
expandir los derechos de los individuos, así como
fortalecer la protección de los mismos.
A partir de entonces, el artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos dispone que todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en
la Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para
su protección cuyo
ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse,
salvo los casos y bajo las condiciones que
- 109 -

establece.
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
De igual manera, el párrafo segundo del artículo
en mención establece que las normas relativas a
derechos humanos se interpretarán de
conformidad con la Constitución y con los
tratados
internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Asimismo, establece la obligación de todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias,
de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, independencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,
el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos
en los términos
que establezca la ley.
Por su
parte, el artículo 133 de la Carta Magna
dispone:
“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos
los Tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de
la República, con aprobación del Senado, serán la
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución,
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o
leyes de los Estados”.
Por lo que es claro que al resolver en torno a la
- 110 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
petición formulada por los actores, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco
tenía el deber de atender a lo dispuesto en los
artículos 1° y 133 constitucionales, en relación
con lo dispuesto en los artículos 17 de la misma
Carta Magna, 8 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la consulta a trámite en el expediente
Varios 912/2010, surgido a raíz de la sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
relativa al caso Radilla Pacheco vs. México, el
Tribunal Pleno puntualizó que el control de
convencionalidad lo deben ejercer todos los
órganos que tengan funciones materialmente
jurisdiccionales, cualquier tribunal
de toda índole,
ya
que se tiene la obligación constitucional de
interpretar siempre los tratados de manera más
beneficiosa para la persona.
En este mismo sentido, la Sala Superior ha
precisado en la jurisprudencia
29/2002, que la
interpretación
y correlativa aplicación de los
derechos fundamentales de carácter político-
electoral no debe ser restrictiva.
Ahora bien, la autoridad responsable, al decidir
no estudiar los agravios presentados en sendas
demandas por los actores en comento, se fundó
exclusivamente en lo dispuesto por los artículos
- 111 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
513 párrafo 1 fracción I, 536, 612 párrafo 1 y 615
fracción II del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, motivándola en
el sentido de que si bien es cierto, a los
candidatos les está permitido que promuevan la
inconformidad con el carácter de actores en los
términos que prevé el artículo 615 del Código en
cita, también lo es que dicho precepto establece
que ello depende de que el partido político o
coalición que los postuló no haga valer la
inconformidad, porque si también la promueve, su
calidad de parte procesal cambia de actor a
coadyuvante, y en ningún caso se podrán tomar
en cuenta los conceptos que amplíen o
modifiquen
la controversia planteada en el medio
de impugnación que ya interpuso el partido que lo
postuló.
Esta Sala Regional considera que con tal
determinación, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Jalisco incumplió con sus
obligaciones previstas en los artículos 1° y 133
de la Carta Magna, porque al tratarse de juicios
en los que se involucra la protección de derechos
humanos, como son los derechos político-
electorales del ciudadano, en el caso concreto,
de juicios de inconformidad promovidos por
candidatos en contra de la asignación que realizó
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco respecto de la elección de
diputados por el principio de representación
proporcional, el órgano jurisdiccional local debió
procurar ampliar o maximizar estos derechos con
- 112 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
la finalidad de potenciar su ejercicio, como lo
exige el principio pro personae establecido en el
texto constitucional, según el cual, se debe
acudir a la norma más amplia, o a la
interpretación más extensiva, cuando se trata de
reconocer derechos protegidos, e inversamente,
a la norma o a la interpretación más restringida
cuando
se trata de establecer limitantes
permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.
Dicho
principio pro persone también se encuentra
contenido
en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles
y Políticos, en el artículo 5:
“1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá
ser interpretada en el sentido de conceder
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo
para emprender actividades o realizar actos
encaminados
a la destrucción de cualquiera de
los derechos y libertades reconocidos en el Pacto
o a su limitación en mayor medida que la prevista
en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de
ninguno de los derechos humanos fundamentales
reconocidos o vigentes en un Estado Parte en
virtud de leyes, convenciones, reglamentos o
costumbres, so pretexto de que el presente Pacto
no los reconoce o los reconoce en menor grado”.
Asimismo la Convención Americana de Derechos
Humanos
establece:
“Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente convención
- 113 -

puede ser interpretada en el sentido de:
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo
o persona, suprimir el goce y ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en la
Convención o limitarlos en mayor medida que la
prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho
o libertad que pueda estar reconocido
de acuerdo
con las leyes de cualquiera de los Estados parte
o de acuerdo con otra convención en que sea
parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son
inherentes al ser humano o que se derivan de la
forma democrática representativa de gobierno; y
d) excluir o limitar el
efecto que puedan producir
la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre y otros actos internacionales de la
misma naturaleza”.
Del análisis de las sentencias impugnadas, en
forma alguna se advierte que la autoridad haya
realizado una interpretación
con un criterio
extensivo o buscando la
protección más amplia
del derecho a ser votado que les asiste a los
actores.
Como ya quedó expuesto, el artículo 615 párrafo
1 fracción II dispone que los candidatos podrán
promover la inconformidad en su carácter de
actores para controvertir –entre otros supuestos–
la asignación que realice el Instituto Electoral
respecto de la elección
de diputados de
representación proporcional,
siempre y cuando el
partido político o coalición no haga valer la
inconformidad.
- 114 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Asimismo quedó demostrado en párrafos
precedentes
que las demandas presentadas por
el Partido Acción Nacional y por Juan Carlos
Ramírez Gloria eran distintas.
A la misma conclusión se llega cuando se
analizan las demandas presentadas por Gerardo
González Díaz y el Partido Revolucionario
Institucional, pues en la demanda presentada por
Gerardo González Díaz en el JIN-87/2012, sus
agravios están dirigidos a controvertir la
asignación de diputados por el principio de
representación proporcional bajo la aplicación de
los porcentajes mayores de votación válida
distrital, pues señaló que habiendo obtenido una
votación mayor a la del candidato a diputado
Miguel Hernández Anaya, quien también fuera
postulado por el Partido Revolucionario
Institucional, y que sólo obtuvo un total de 63,090
en el Distrito Electoral 3, en contraste con los
68,793 obtenidos por el actor al contender en el
Distrito Electoral 7, se le priva de su curul, ya
que al realizar la autoridad responsable la
asignación de diputados por el principio de
representación proporcional mediante la
modalidad de porcentajes mayores de votación
válida distrital, se la obsequia al candidato que
obtuvo una cantidad considerablemente menor de
sufragios, cuando en su concepto, la asignación
de curules bajo esta modalidad implica que se
identifique al candidato que obtuvo mayor
porcentaje de votos
en la circunscripción
plurinominal,
y que por lo mismo le hubiere
- 115 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
aportado al partido político que lo postuló el
mayor número de votos.
Por su parte el Partido Revolucionario
Institucional centró su pretensión en que le sean
asignados un total de diez diputados por el
principio de representación proporcional, esto es,
seis más de los que le fueron asignados,
alegando una incorrecta aplicación de la fórmula
por parte de la autoridad responsable, así como
que le sean tomados en cuenta los votos que
obtuvo
la coalición Compromiso por Jalisco en los
Distritos Electorales en los que contendió
coaligado.
Lo anterior evidencia que los partidos políticos
actores en los juicios primigenios, a los que
fueron acumuladas las impugnaciones de los
candidatos, no hicieron valer las inconformidades
de estos últimos, por ende, realizando una
interpretación
pro personae del propio artículo
615 fracción II del código comicial, lo procedente
era considerar como actores a los candidatos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, en sus sentencias de
veintisiete de septiembre de dos mil doce, se
limitó a concluir que como los partidos políticos
que postularon a los candidatos habían
interpuesto un juicio de inconformidad, entonces,
por ministerio de ley, debía cambiar la calidad
con la que los candidatos
comparecieron en el
juicio,
es decir, en lugar de reconocerles el
- 116 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
carácter de actores, únicamente se les
consideraría coadyuvantes.
Esta interpretación que realiza el órgano
jurisdiccional local es restrictiva de derechos, lo
cual se encuentra prohibido por nuestra
Constitución Federal y por los instrumentos
internacionales que se han invocado, pues no es
suficiente para que los ciudadanos postulados a
un
cargo de elección popular tengan el acceso a
la justicia a que se refiere el artículo 17 de la
propia Norma Suprema.
En este contexto, el derecho fundamental de
acceso a la justicia contenido en el artículo 17
Constitucional, se entiende como la posibilidad o
prerrogativa a favor de los gobernados de
promover la actividad jurisdiccional y ser parte
dentro de un proceso que, una vez satisfechos
los requisitos procesales, le permita obtener una
decisión en la que se resuelva de manera
efectiva sobre las pretensiones deducidas,
observando
siempre la satisfacción de los
principios que integran este derecho, como son
de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.
En diferentes interpretaciones que se han hecho
del artículo 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, ha sido criterio que para la
satisfacción de la prerrogativa de acceso a la
justicia no basta con la existencia formal de un
recurso, sino que éste debe
ser efectivo y capaz
de
producir resultados y tener plena eficacia a fin
- 117 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
de restituir a la parte agraviada en los derechos
que estima vulnerados.
En ese sentido, el derecho de acceso a la justicia
de que gozan los candidatos no se agotaba con
el hecho de que el tribunal local los considerara
coadyuvantes,
pues con tal carácter no podían
combatir idóneamente las presuntas violaciones a
sus derechos político-electorales.
Al cambiar la calidad con
la que comparecieron
en
el juicio, las sentencias impugnadas
vulneraron el derecho de acceso a la justicia de
que gozan los actores.
La justicia completa consiste en que la autoridad
que conoce del asunto, emita pronunciamiento
respecto de todos y cada uno de los aspectos
debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice
al gobernado la obtención de una resolución en la
que, mediante la aplicación de la ley al caso
concreto, se resuelva si le asiste o no la razón
sobre los derechos que le garanticen la tutela
jurisdiccional que ha solicitado; esto, de
conformidad con la jurisprudencia emanada de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,
novena época, con número de registro 171257,
cuyo rubro es: “ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS
PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA
INDIVIDUAL RELATIVA,
A CUYA OBSERVANCIA
- 118 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE
REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE
JURISDICCIONALES”.
La responsable, al sólo permitirles comparecer
como coadyuvantes en
el juicio, y no
pronunciarse
en su sentencia respecto de los
agravios de los actores, no otorgó justicia
completa a los incoantes.
Al tratarse de juicios en los que se involucra la
protección de derechos humanos, como son los
derechos político-electorales del ciudadano,
debió prevalecer la salvaguarda incuestionable
de las prerrogativas fundamentales de las
personas, por lo que el Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Estado de Jalisco
la
debió aplicar
normatividad que favoreciera en mayor medida
la protección de los derechos humanos, esto es,
considerar actores a los candidatos.
Por lo anterior, esta Sala Regional concluye que
acorde con lo dispuesto en la tesis con número
de registro 16025, del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
“PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y DE
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS”, el órgano
jurisdiccional electoral local al interpretar la
condición establecida en la fracción II del artículo
615, consistente en que los candidatos podrán
ser actores en el juicio en comento “... siempre y
- 119 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
cuando el partido político o coalición que los
postuló no haga valer la inconformidad”, debió
realizar una interpretación conforme en sentido
estricto, lo que significa que cuando hay varias
interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces
deben, partiendo de la presunción de
constitucionalidad de las leyes, preferir aquella
que hace a la ley acorde a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales
en los que el Estado Mexicano
sea parte, para evitar incidir o vulnerar el
contenido esencial de estos derechos.
A mayor abundamiento: tal como ya se ha dicho,
el artículo 615 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
legitima a los candidatos para promover la
inconformidad en su carácter de actores,
estableciendo como excepción, aquellos casos en
que el partido político o coalición que los postuló
hubiese hecho
valer la inconformidad, en cuyo
caso,
establece que éstos sólo podrán intervenir
como coadyuvantes de los institutos políticos que
los postularon.
Ahora bien, de una interpretación conforme en
sentido estricto, filológica y funcional de la
fracción II del mencionado numeral, habrá de
concluirse que dicha disposición normativa al
reseñar “la inconformidad”, se refiere única y
exclusivamente al reproche o pretensión del
partido político o coalición correspondiente,
materialmente entendido, no así a la simple
- 120 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
interposición del medio de impugnación atinente,
pues
pensar lo contrario, haría nugatorio el
derecho de acceso a la justicia de los candidatos
mencionados.
En tal sentido, la cualidad de parte procesal que
como actor en términos del artículo 512 párrafo 1
fracción I del ordenamiento en cita, adquiere un
candidato al haber ejercido válidamente su
derecho de acción, estriba en la instauración de
una acción
autónoma o diversa de la ejercida por
las
demás partes en el proceso, al ser su
pretensión individual e independiente de
aquéllas.
Por ello, más allá de la presentación de algún
medio de impugnación por el partido político o
coalición que postuló al candidato que ejerció su
derecho de acción en términos del artículo 612
del cuerpo de leyes en comento, la calidad de
actor que obtiene este último, no puede depender
del
ejercicio o no de la acción del instituto
político o coalición, sino de las pretensiones que
en concreto hagan valer cada uno de ellos.
Así, la interpretación antes referida, se adecua
de manera armónica con la institución jurídica de
la coadyuvancia, la cual se origina ante la
comparecencia en forma espontánea o provocada
de un tercero ajeno a una relación procesal ya
existente, con el afán de prestar su colaboración
o auxilio a alguna de las partes reconocidas como
tales en
el proceso (sujeto coadyuvado), por
- 121 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
sostener las razones o pretensiones de aquél,
aceptando la situación jurídica previamente
creada.
De acuerdo con lo anterior, dicha institución
jurídica presupone el ejercicio de una acción
dependiente o semejante de la contenida en la
relación procesal existente, en donde el
coadyuvante colabora litigando unido con la parte
procesal a la cual presta su auxilio, que de
ninguna manera es el caso que nos ocupa,
puesto que incluso uno de los referidos
candidatos, ejerció previamente al partido que lo
postuló, una acción autónoma o diversa de las
demás partes del proceso, y ambos ciudadanos
ejercieron reparo en lo individual e
independientemente de las pretensiones
ejercitadas por sus respectivos institutos
políticos, adquiriendo
así la calidad procesal de
partes
actoras, la que no debió ser variada como
incorrectamente lo realizó el tribunal
responsable.
Lo anterior, en virtud de que las reglas
interpretativas que rigen la determinación del
sentido y alcances jurídicos de una norma, no
permiten que se restrinja o haga nugatorio el
ejercicio de un derecho fundamental, por el
contrario, toda interpretación, y la correlativa
aplicación de una norma jurídica, deben ampliar
sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio,
siempre que aquélla esté relacionada con un
derecho fundamental, como es el caso, esto es
- 122 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
acorde –tal como ya se ha dicho– con el principio
pro personae previsto en el artículo primero de la
Carta Magna, y con la jurisprudencia 29/2002
emitida por la Sala Superior de este Tribunal en
la que se precisa que la interpretación y
correlativa
aplicación de los derechos
fundamentales de carácter político-electoral no
debe ser restrictiva.
En consecuencia, esta Sala Regional, en plenitud
de jurisdicción, estudiará los motivos de
inconformidad que fueron expuestos por los
candidatos en sus respectivas demandas que
dieron origen a los juicios de inconformidad JIN-
78/2012 y JIN-87/2012, con la finalidad de
reparar la violación alegada y restituir a los
accionantes
en el pleno goce de sus respectivos
derechos vulnerados, lo cual se realiza en el
considerando siguiente.
VIGÉSIMO PRIMERO. Estudio de fondo de los
agravios presentados por Gerardo González
Díaz y Juan Carlos Ramírez Gloria en sendos
Juicios de Inconformidad JIN-87/2012 y JIN-
78/2012. Antes de proceder al estudio de fondo
de los agravios
presentados por los actores en la
instancia
primigenia, se elaborará una síntesis de
los disensos que fueron presentados en el
tribunal local.
a)
Síntesis de agravios presentados por Gerardo
González Díaz en el Juicio de Inconformidad JIN-
87/2012.
- 123 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
El actor manifiesta que la autoridad, en perjuicio
de sus derechos político-electorales, y los de los
sufragantes, interpretó y aplicó restrictivamente,
de manera contradictoria a la interpretación pro
personae prevista en el artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el artículo 17 del Código Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
lo que, asevera, genera la violación a los
artículos 41 Base V, 54 Base VI, 116 fracción II
de la propia Constitución Federal; 23 del “Pacto
de San José”; 8 fracción II, 11, 12 fracción I, 19 y
20
fracción III de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; y 17 y 19 del mencionado
código electoral.
Así, aduce que el acto impugnado carece de la
debida fundamentación y motivación, y genera
falta de equidad entre los candidatos; quebranta
el principio de representatividad ciudadana, y con
ello el de legitimación de los diputados;
desincentiva la competencia electoral y la
participación ciudadana, y vulnera el principio de
igualdad del voto y su derecho a ser votado en la
modalidad de acceder al cargo de elección
popular, al interpretarse el artículo
17 del Código
Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, de forma restrictiva en perjuicio de
sus derechos fundamentales.
En otro orden, manifiesta el actor que el acuerdo
impugnado se encuentra viciado y carente de
- 124 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
fundamentación y motivación, en razón de que la
responsable estableció en el punto XVI que la
asignación mediante la modalidad de porcentajes
mayores de votación válida distrital se realizaría
entre los candidatos que no hubieren sido electos
por el principio de mayoría relativa de acuerdo a
la lista elaborada por dicho instituto, sin que el
referido acuerdo, ni sus respectivos anexos,
contengan o reflejen la elaboración de la
multicitada lista, dejando en estado de
indefensión a los candidatos y partidos políticos
interesados, toda vez que del acuerdo impugnado
no se advierte con claridad los porcentajes en los
que
se basó el Consejo para realizar la
asignación de diputados por el principio de
representación proporcional.
Añade, que al no reflejarse los porcentajes de los
diputados por el principio de mayoría relativa, lo
deja en estado de indefensión, pues desconoce
por qué, teniendo una votación de sesenta y ocho
mil setecientos noventa y tres votos, –mayor a la
del candidato Miguel Hernández Anaya,
candidato de su partido en el Tercer Distrito,
quien obtuvo
sesenta y tres mil noventa– se le
priva
de su curul, reflejándose una falta de
equidad entre los candidatos contendientes en la
elección.
Tal determinación resulta indebida a juicio del
actor, toda vez que el candidato que contribuyó
con el mayor número de votos para su partido,
sin haber obtenido el triunfo por mayoría relativa,
- 125 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
fue el propio impetrante, de tal suerte que al no
habérsele asignado la diputación por el principio
de representación proporcional, se violó dicho
principio, el cual tiende a privilegiar la fuerza
electoral que un candidato demuestre entre los
candidatos
de un mismo partido, es decir, según
el actor, entre mayor número de votos mayor
representatividad.
El enjuiciante refiere que conforme a una
interpretación sistemática y funcional del artículo
17 fracción V del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
debe considerarse que en la elección de
diputados por el sistema de representación
proporcional, los porcentajes mayores deben ser
entendidos a partir de la comparación de la
votación válida entre los candidatos del mismo
partido político en el universo de la
circunscripción, y no únicamente del distrito
uninominal, ya que, a su juicio, ésta es la manera
de acercarse más al principio de
proporcionalidad,
y resulta más equitativa,
partiendo
de la premisa de que a mayor número
de votos obtenidos, mayor representatividad y
legitimación.
Por otro lado, el impetrante indica que en el
supuesto de que la literalidad del artículo 17 del
código electoral local, tenga el inusitado alcance
otorgado por la responsable, en virtud del control
que denomina ex profeso o difuso del orden
constitucional que ejerce toda autoridad de la
- 126 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
nación, ésta se encontraba obligada a privilegiar
los
fundamentos democráticos de la elección,
incluso, por sobre la norma restrictiva contenida
en el mencionado artículo.
En consideración del actor, si para la autoridad
electoral la interpretación de la norma sólo
admitía el sistema gramatical, en ejercicio del
control difuso que
ejerce de la constitución, debió
inaplicar
el numeral 17 del código electoral, y así
procurar el respeto de los principios y valores de
las elecciones.
En esos términos, el actor solicita que en caso de
coincidir con la interpretación que la responsable
le dio al artículo 17 del Código Electoral
y de
Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco,
en atención al control de constitucionalidad, se
deje de aplicar la normativa en comento.
Por otra parte, en términos de lo dispuesto por
los artículos 1º y 133 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, solicita la
interpretación conforme del artículo 17 del Código
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, en contraste con la Carta Magna y la
norma Constitucional de la referida entidad, y que
con base en los fundamentales principios
constitucionales, se restaure el orden
constitucional y se respete el voto ejercido en su
favor, y la legitimación y representatividad que le
confieren, todo ello bajo el principio
pro
personae,
y privilegiando los principios de
- 127 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad de los derechos humanos.
b) Síntesis de agravios expuestos por Juan
Carlos Ramírez Gloria en el JIN-78/2012.
El actor manifiesta que la interpretación que la
autoridad responsable da para la asignación de
diputados por representación proporcional en la
modalidad de asignación es incorrecta, además
de que se aleja y violenta los principios rectores
de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad, en razón de que
asignó como diputados de representación
proporcional por asignación, a candidatos que no
tienen representación en cuanto al voto, ya que
los sufragios distan de la cantidad que tuvo el
actor, los cuales, refiere, se utilizaron para lograr
el porcentaje determinante para la asignación de
diputados por representación proporcional que le
corresponde
a su partido – Acción Nacional–,
violentando de esa manera la voluntad del
pueblo.
Sigue diciendo el actor que, para los efectos de
hacer efectivo el sistema de asignación, la
responsable, en su fórmula, divide el territorio en
quince circunscripciones que fueron en las que se
perdió la elección de diputados por mayoría
relativa, es decir,
interpreta la fórmula de manera
literal,
sin tomar en cuenta el marco jurídico
aplicable a la materia y los principios rectores
que la rigen.
- 128 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
En esos términos, considera que para otorgar las
diputaciones que le correspondían a su partido,
la autoridad señalada como responsable tomó el
principio establecido en la fracción IV del artículo
15
y que, sin embargo, para la asignación en la
elección correspondiente aplica la fórmula sin
atender tal dispositivo.
Que a juicio del actor, es ilógico que para la
asignación a los partidos, la responsable tome en
cuenta el dispositivo legal en comento, así como
un solo territorio, esto es, el Estado, al igual, la
totalidad de la votación efectiva deduciendo los
votos del partido político que ganó, y que para la
asignación de diputados de representación
proporcional en la modalidad de asignación, no
considera ninguno de esos elementos,
violentando con ello el marco jurídico aplicable y
la voluntad del pueblo, al no considerar al actor
que obtuvo el mayor número de votos y, por
ende, aportó mayores votos para el porcentaje de
asignación,
favoreciendo con la aplicación
inexacta
de la fórmula a otro candidato o
candidatos de su partido con menor número de
votos.
En tal circunstancia, a su juicio, se debe tomar en
cuenta una sola circunscripción o territorio que es
el Estado y con el porcentaje que se tuvo por
cada candidato en el distrito que compitió, pero
con las reglas ya citadas, ya que, insiste, al no
haber aplicado el referido 15 fracción IV, es
- 129 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
incongruente que para aplicar la fórmula para la
asignación de diputados de representación
proporcional a los partidos, se reste la cantidad
de votos del partido ganador, y que para la
asignación de la diputación al candidato
perdedor, se la vuelva a sumar dividiendo los
distritos
en los que los candidatos del mismo
partido perdieron, sin tomar en cuenta un solo
territorio que es el Estado.
Asimismo, refiere el actor que él fue el que más
alta votación obtuvo en su candidatura a diputado
local por el Sexto Distrito Electoral, por encima
de todos los demás candidatos de su partido que
no obtuvieron el triunfo, por tanto, no debió
aplicarse el artículo 17 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco,
toda
vez que violenta, tanto la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como
la de la referida entidad federativa.
Por tanto, solicita se designe a los candidatos
que obtuvieron mayor votación en cada uno de
los distritos en los cuales participaron por el
principio
de mayoría relativa, pero que no
obtuvieron
el triunfo, por tener, con el número de
votos, mayor representación de la soberanía del
pueblo.
De lo antes expuesto, se concluye que lo que
pretenden ambos actores es que la asignación de
diputados por el principio de representación
proporcional, respecto de aquellos que no
- 130 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
obtuvieron el triunfo en sus distritos, se haga con
base en la cantidad de votos obtenidos, y no
conforme
al porcentaje mayor de la votación
recibida en cada distrito, por lo que el estudio de
dichas pretensiones se hará en forma conjunta.
Estudio conjunto de los
agravios presentados por
Gerardo
González Díaz y Juan Carlos Ramírez
Gloria en sendos Juicios de Inconformidad JIN-
87/2012 y JIN-78/2012.
Como se sintetizó anteriormente, los actores
consideran que fue indebida la actuación de la
autoridad administrativa electoral jalisciense, al
asignar, mediante la modalidad de porcentajes
mayores de votación válida distrital, las
diputaciones por el principio
de representación
proporcional
a quienes habiendo sido candidatos
a diputados por el principio de mayoría relativa
no obtuvieron el triunfo.
Así, refieren que la única forma de hacer
compatibles con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los preceptos de la
legislación local relativos a la asignación
diputados por el principio de representación
proporcional, en concreto, aquellos que no
obtuvieron el triunfo en sus distritos, es que al
momento de llevar a cabo las asignaciones, se
tome en consideración la cantidad absoluta de
votos obtenidos
–ya que son precisamente los
votos
los que reflejan la voluntad popular– y no el
porcentaje mayor de la votación recibida en cada
- 131 -

distrito.
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Al respecto, el artículo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
estipula que las legislaturas de los Estados
deben integrarse con diputados elegidos según
los principios de mayoría relativa y de
representación proporcional; asimismo, prevé que
serán
las leyes de las propias entidades
federativas las que establezcan los términos en
que se cumpla con dicha disposición.
En esos términos, salvo lo expresamente
señalado por la propia Carta Magna, no se
considera válido exigir requisitos o condiciones
específicas a las que deban apegarse las
disposiciones locales, de ahí que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, así como las
Salas Superior y Regionales de este Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, han
sostenido en reiteradas ocasiones, que basta con
que se respeten las bases generales de la
Constitución Federal para que se considere
adecuada
una legislación electoral estatal y que,
por tanto, se estime que deba prevalecer la
decisión del órgano democrático respectivo.
Conforme a lo anterior, a partir de la
Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación P./J. 69/98, publicada en el
tomo VIII, correspondiente a noviembre de 1998,
página 189 del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, derivada de la Acción de
- 132 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
inconstitucionalidad 6/98, se ha considerado que
los principios a que deben sujetarse las
legislaciones
de los Estados serían los que se
contemplan
en la propia tesis, que es del rubro y
texto
siguientes:
“MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES
DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL. La abundancia de criterios
doctrinarios así como de modelos para desarrollar
el principio de representación proporcional, ponen
de manifiesto la dificultad para definir de manera
precisa la forma en que las Legislaturas Locales
deben desarrollarlo en sus leyes electorales; sin
embargo, esa dificultad se allana si se atiende a
la finalidad esencial del pluralismo que se
persigue y a las disposiciones con las que el
propio Poder Revisor de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado
dicho principio, para su aplicación en las
elecciones federales. Las bases generales que
tienen que observar las Legislaturas de los
Estados para cumplir con el establecimiento del
principio de proporcionalidad electoral en
tratándose de diputados, derivadas del indicado
precepto constitucional, son las siguientes:
Primera. Condicionamiento del registro de la lista
de candidatos plurinominales a que el partido
participe con candidatos a diputados por mayoría
relativa en el número de distritos uninominales
que la ley señale. Segunda. Establecimiento de
un mínimo porcentaje de la votación estatal para
la asignación de diputados. Tercera. Asignación
de diputados independiente y adicionalmente a
las constancias de mayoría relativa que hubiesen
obtenido los candidatos del partido de acuerdo
con su votación. Cuarta. Precisión del orden de
asignación de los candidatos que aparezcan en
- 133 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
las listas correspondientes. Quinta. El tope
máximo de diputados por ambos principios que
puede alcanzar un partido, debe ser igual al
número de distritos electorales. Sexta.
Establecimiento de un límite a la sobrerepresentación.
Séptima. Establecimiento de las
reglas para la asignación de diputados conforme
a los resultados de la votación.”
Con base en ello, para efecto de determinar la
constitucionalidad de alguna norma relacionada
con la asignación de diputados por el principio de
representación proporcional, el estudio debe
centrarse, más allá de valoraciones dogmáticas,
en si dicha disposición se encuentra dentro del
margen previsto por la
resulte pertinente
conducentes contenidas
jalisciense.
norma rectora, de ahí que
transcribir las disposiciones
en la legislación
Constitución Política del Estado de Jalisco
“Artículo 18.- El Congreso se compondrá
de
veinte
diputados electos por el principio de
mayoría relativa y diecinueve electos según el
principio de representación proporcional.
...
Por cada diputado propietario electo por el
principio de votación mayoritaria relativa, se
elegirá un suplente.
La ley establecerá el
procedimiento
para suplir a los diputados que se
elijan según el principio de representación
proporcional”.
“Artículo 19.- La demarcación territorial de los
veinte distritos electorales uninominales, para
elegir diputados por el principio de votación
- 134 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
mayoritaria relativa, será la que resulte de dividir
la población total del Estado entre el número de
los
distritos mencionados y para su distribución
se tomará en cuenta el último censo general de
población.
Para la elección de los diputados por el principio
de
representación proporcional, se constituirá el
territorio del Estado en una sola circunscripción o
en varias circunscripciones plurinominales.
La
ley establecerá la fórmula electoral, las bases
y el procedimiento que se aplicará en la
asignación de diputaciones por este principio”.
“Artículo 20.- La ley que establezca el
procedimiento aplicable para la elección de los
diputados
según el principio de representación
proporcional y el sistema de asignación, deberá
contener por lo menos las siguientes bases:
I. Un partido político, para obtener el registro de
sus listas de candidatos a diputados de
representación proporcional, deberá acreditar
que
participa
con candidatos a diputados por mayoría
relativa, por lo menos en dos terceras partes del
total de distritos estatales uninominales;
II. Todo partido político que alcance cuando
menos el tres punto cinco por ciento de la
votación
total emitida, tendrá derecho a participar
en el procedimiento de asignación de diputados
según el principio de representación proporcional;
III. A los partidos políticos que cumplan con las
dos bases anteriores, independiente y
adicionalmente a las constancias de mayoría que
hubieren obtenido sus candidatos, les podrán ser
asignados diputados por el principio de
- 135 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
representación proporcional, de acuerdo con su
votación. Para tal efecto, de la votación total se
restarán los votos nulos, los de candidatos no
registrados y los de aquellos partidos que no
hubieren alcanzado el tres punto cinco por ciento
de la votación, en términos de la fracción
anterior; en la asignación se seguirá el orden que
tuviesen
los candidatos en la lista
correspondiente. La ley desarrollará los
procedimientos y fórmulas para estos efectos;
IV. En ningún caso un partido político podrá
contar
con un número de diputados por ambos
principios que exceda el sesenta por ciento de
representación en el Congreso del Estado; y
V. Los partidos políticos podrán postular
simultáneamente a candidatos a diputados por
ambos principios, siempre y cuando el partido
político que los postule no exceda el límite de
veinticinco
por ciento de candidaturas
simultáneas,
con relación al total de diputados de
mayoría que deban integrar el Congreso del
Estado.”
Código Electoral
y de Participación Ciudadana
del
Estado de Jalisco
“Artículo 14
1. Fórmula electoral es el conjunto de normas,
elementos matemáticos y mecanismos que deben
observarse para:
...
III. El cómputo de votos y la asignación de
Diputados
por el principio de representación
proporcional;
.. .”
- 136 -

“Artículo 15
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
1. Para efectos de aplicación de la fórmula
electoral, es:
I. Votación Total Emitida: La suma de todos los
sufragios emitidos en la elección correspondiente;
II. Votación Válida: La que resulte de deducir de
la votación total emitida, los votos nulos y los de
candidatos no registrados;
III. Votación Efectiva: La resultante de deducir de
la votación válida, los votos de los partidos
políticos que no reúnan el porcentaje mínimo de
votos establecidos
por este Código para tener
derecho
a participar en el proceso de asignación
de Diputados y regidores de representación
proporcional;
IV. Votación para asignación de representación
proporcional:
la resultante de deducir de la
votación
efectiva los votos del partido político que
obtuvo la mayoría en la elección correspondiente;
y
V. Votación Obtenida: Los votos del partido
político
en la elección correspondiente.”
“Artículo 16
1. El Congreso del Estado se integra por treinta y
nueve Diputados que se eligen:
I. Veinte por el principio de mayoría relativa,
mediante
el sistema de distritos electorales
uninominales en que se divide el territorio del
Estado; y
- 137 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
II. Diecinueve por el principio de representación
proporcional,
mediante el sistema de la
circunscripción
plurinominal única que es el
territorio
del Estado, y el sistema de asignación”.
“Artículo 17
1. Los diputados que correspondan a cada partido
conforme al principio de representación
proporcional, serán asignados alternativamente,
dos entre los candidatos registrados en la lista de
representación proporcional y uno de los
candidatos de cada partido político no electo
bajo
el
principio de mayoría relativa que hayan
obtenido los porcentajes mayores de votación
válida distrital, iniciando por la más alta.
2. Los partidos políticos deberán presentar
una
lista
de candidatos ordenada en forma progresiva
de diecinueve diputados a elegir por la modalidad
de lista de representación proporcional...
3. El Instituto Electoral, al aplicar la fórmula
electoral asignará a los partidos políticos o
coaliciones
el número de diputados por el
principio de representación proporcional que les
corresponda de acuerdo con la votación obtenida.
4. La asignación
de Diputados por la modalidad
de
lista de representación proporcional seguirá el
orden de prelación establecido por los partidos
políticos.
5. La asignación mediante la modalidad de
porcentajes mayores de votación válida distrital
se realizará entre los candidatos que no hayan
sido electos en la elección de diputados por el
principio de mayoría relativa. En este caso, la
asignación procederá de acuerdo a la lista que se
- 138 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
elabore por el Instituto Electoral, en forma
descendente a favor de quienes hayan obtenido el
mayor
porcentaje de votación válida distrital con
relación a los
demás candidatos de su propio
partido”.
“Artículo 18
1. En caso de falta temporal o absoluta de los
diputados electos, el Congreso del Estado
procederá:
...
II. Para cubrir a los electos por el principio de
representación proporcional, llamará al siguiente
de la lista que de cada partido, determine
el
Instituto
Electoral, integrada con los de la lista de
representación
proporcional y la de porcentajes
mayores
de votación válida distrital”.
“Artículo 19
1. Las normas que se deben observar
para la
aplicación
de la fórmula electoral, en la
asignación de diputados por el principio de
representación proporcional, son:
I. Tendrá derecho
a participar en la asignación de
Diputados
electos según el principio de
representación proporcional todo aquel partido
político que:
a)
Alcance por lo menos el tres punto cinco por
ciento de la votación total emitida para esa
elección;
b)
Registre fórmulas de candidatos a Diputados
por el principio de mayoría relativa en cuando
menos catorce distritos electorales uninominales;
- 139 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
c) Conserve al día de la elección, el registro de
cuando
relativa;
menos catorce fórmulas de mayoría
d) Registre la lista de diecinueve candidatos a
Diputados de representación proporcional;
e) Conserve al
día de la elección, el registro de
por
lo menos, las dos terceras partes de la lista
de candidatos a Diputados de representación
proporcional; y
f) Los requisitos a que se refieren
las fracciones
II y III no aplicarán a los partidos políticos en lo
individual, cuando participen en el proceso
electoral de manera coaligada.
II. Al partido político o coalición que tenga el
porcentaje más alto de la votación efectiva, se le
asignarán diputados por el principio de
representación proporcional hasta alcanzar
el
número
total de diputados que resulte equivalente
al porcentaje de su votación obtenida,
adicionándole cinco puntos porcentuales.
2.
Ningún partido político o coalición tendrá
derecho a que
se le reconozcan más de veintitrés
Diputados”.
“Artículo 20
1. Para la asignación de diputados por el principio
de representación proporcional, se aplicará el
procedimiento siguiente: del número de diputados
asignables a la circunscripción plurinominal, se
deducirán el número de diputados por el principio
de
representación proporcional que ya fueron
asignados al partido político o coalición que tuvo
el
porcentaje más alto de la votación efectiva”.
- 140 -

“Artículo 21
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
1. La fórmula electoral se integra con los
elementos siguientes:
I. Cociente natural: que es el resultado de dividir
la votación para asignación de representación
proporcional de la circunscripción plurinominal
entre el número de diputaciones no repartidas,
después de deducir las asignaciones que se
hicieron
conforme a los principios señalados en el
artículo 19, párrafo 1, fracción II de este Código;
y
II. Resto mayor: que es el remanente más alto de
votos entre los restos de las votaciones de cada
partido
político. El resto mayor podrá utilizarse, si
aún hay diputaciones
sin distribuir, habiéndose
aplicado
el cociente natural”.
“Artículo 22
1. Para asignar las diputaciones por el principio
de representación proporcional, una
vez
asignadas
las diputaciones a que se refiere el
artículo 19, párrafo 1, fracción II de este Código,
se observará el procedimiento siguiente:
I. Obtenido el cociente natural, se asignarán a
cada
partido político tantas diputaciones como
número de veces contenga su votación dicho
cociente; y
II. Si después de aplicarse el cociente natural,
quedan diputaciones por asignar, éstas se
distribuirán por el método del resto mayor,
siguiendo el orden decreciente de los restos de
los votos no utilizados por cada uno de los
- 141 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
partidos políticos, incluyéndose a aquellos que no
alcanzaron participación por el cociente natural”.
De lo anterior se desprende que, para efectos de
la asignación de diputados por el principio de
representación proporcional, por lo que hace a
quienes habiendo sido candidatos a diputados
por el principio de mayoría relativa, no hubiesen
obtenido el triunfo, la normativa del Estado de
Jalisco prevé, en esencia, que dicha asignación
se hará alternando dos de los candidatos
registrados en la lista de representación
proporcional,
y uno de los candidatos de cada
partido político no electo bajo el principio de
mayoría relativa.
Asimismo, contempla que para la adjudicación de
estos últimos, deberán tomarse, en orden
decreciente, y con relación a los demás
candidatos de su propio partido, los porcentajes
mayores
de votación válida distrital –iniciando
por el más alto– tomando como base la lista que
para tal efecto elabore el instituto electoral local.
En esos términos, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, al emitir el acuerdo
impugnado, aplicó dichas disposiciones y, en
consecuencia, asignó las diputaciones atinentes
a los candidatos que, no habiendo obtenido el
triunfo en los distritos en que contendieron,
obtuvieron un mayor porcentaje de votación en su
respectiva demarcación, en comparación con los
demás candidatos de su propio partido,
- 142 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
correspondiéndoles, por esta modalidad, tres
diputados al Partido Acción Nacional, uno al
Partido
Revolucionario Institucional, y otro al
Partido Movimiento Ciudadano.
Inconformes con lo anterior, tanto Juan Carlos
Ramírez Gloria, quien fue candidato a diputado
por el Principio de Mayoría Relativa del Partido
Acción Nacional por el sexto distrito, como
Gerardo González Díaz, que contendió por el
Partido Revolucionario Institucional en el séptimo
distrito, esgrimen que en esos términos la norma
resulta inconstitucional y que, por tanto, debió
tomarse en consideración la cantidad absoluta de
votos recibidos por cada uno de los candidatos,
asegurando que, con ello, no sólo se respeta su
derecho al sufragio pasivo, sino que se
protege la
decisión
popular y se respeta el principio
democrático de igualdad del sufragio.
En ese sentido, consideran indebido que no les
hayan sido asignadas las diputaciones, no
obstante ser los candidatos que, sin haber
obtenido el triunfo en sus respectivos distritos,
obtuvieron la mayor cantidad de votos para sus
partidos en el Estado, afirmando
que resulta
ilógico
que se hubiesen otorgado a quienes
obtuvieron menos sufragios.
Así, el planteamiento que formulan ambos
actores, relativo a que al no tomarlos en cuenta,
pese a haber obtenido más votos que otros
candidatos de su partido que sí recibieron la
- 143 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
asignación, atenta contra la representatividad y
contra la voluntad popular, así como la solicitud
de inaplicación del artículo 17 del Código
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de
Jalisco, resultan INFUNDADOS, como se
explica a continuación.
En primer término, cabe señalar que conforme a
la legislación de Jalisco, y como se aprecia de
los artículos transcritos en líneas anteriores, la
cantidad de diputados por el principio de
representación proporcional toma como base,
precisamente, la cantidad de votos obtenidos por
los partidos contendientes, de tal suerte
que la
distribución
de las curules por este principio
obedece exclusivamente a dicho factor.
En efecto, a diferencia de lo que puede ocurrir en
otras legislaciones, en el caso jalisciense, la
cantidad de legisladores por el principio de
representación proporcional, conferidos a cada
partido político, surge de lo que la normativa
denomina cociente natural y resto mayor, que en
ambos casos tiene como punto de
partida única y
exclusivamente
la cantidad de votos obtenidos
por los institutos contendientes.
Así, conforme a la normativa en análisis, ya sea
que se tome como base el porcentaje mayor de
votación distrital, o la cantidad de votos
obtenidos por los candidatos, a los partidos les
corresponderá exactamente el mismo número de
diputados, de ahí lo desacertado
del
- 144 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
planteamiento relativo a que se desnaturaliza el
régimen de representación proporcional.
Ahora bien, con independencia de lo anterior,
esta Sala Regional estima que, si conforme al
ordenamiento de Jalisco, se privilegia el
porcentaje de votación distrital, y no la cantidad
absoluta de votos obtenidos por cada uno de los
candidatos, o el porcentaje de votación de dichos
sufragios respecto de la votación estatal,
ello se
apega
a lo previsto por la Constitución Federal y
a los principios en ella establecidos.
Se arriba a tal determinación, por considerar que
dicha prelación parte de un parámetro objetivo y,
contrario a lo aducido por los impetrantes, resulta
equitativa y acorde con los principios
democráticos de representatividad y legitimación
de los contendientes, ya que pone en igualdad de
circunstancias a cada uno de los participantes,
cuyo objetivo es, indudablemente,
obtener el
mayor
número –y, por ende, porcentaje– de votos
en el distrito en el que contendieron.
Así, no es dable sostener, como lo pretenden los
actores, que para que la asignación en
controversia se apegue a los principios
constitucionales, deba realizarse con base en la
cantidad absoluta de votos que cada uno obtuvo,
toda vez que, por viable o no que resultara la
asignación en los términos por ellos propuesta,
no demerita en modo alguno la constitucionalidad
de la contemplada en la legislación controvertida,
- 145 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
la cual, se insiste, no rompe con el sistema
previsto en nuestra Ley Fundamental.
Por otra parte, si bien es cierto que –tal y como
lo refiere el actor Juan Carlos Ramírez Gloria– el
artículo 19 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, establece que la demarcación
territorial de los veinte distritos electorales
uninominales, es el resultado de dividir la
población total del Estado entre el número de los
distritos mencionados, y que para su distribución
se toma en cuenta el último censo general de
población, ello no implica, necesariamente, que
los distritos se encuentren distribuidos de la
manera en que señala el enjuiciante,
esto es, que
de
manera indubitable todos los distritos tienen la
misma cantidad de votantes.
Ello, porque la distribución exacta de los distritos,
puede verse obstaculizada por factores
geográficos y poblacionales, de tal suerte que
resulte –como se anticipó– un parámetro objetivo
y racional, el del porcentaje distrital, al poner en
igualdad de circunstancias
a cada uno de los
contendientes
en el marco de su respectiva
circunscripción.
Para efecto de ilustrar lo anterior, a continuación,
con base en información publicada en la página
de internet del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
(http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/Resulta
dos-Diputados-MR-2012.xlsx), consultada el
- 146 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
veinticuatro de octubre próximo pasado, se
muestra cómo es que la cantidad de personas
inscritas en el listado nominal de cada uno de los
distritos electorales resultó diferente, destacando
que los dos distritos con más votantes son
precisamente los distritos sexto y séptimo, que es
en
aquellos en los que contendieron los ahora
actores.
Distrito
Listado
Nominal
votos
válidos
emitidos
Porcentaje de
participación
ciudadana
1 256,039 171,379 66.93
2 260,521 153,831 59.05
3 271,112 159,830 58.95
4 233,039 132,669 56.93
5 298,038 171,410 57.51
6 355,507 206,823 58.18
7 400,322 239,158 59.74
8 206,518 131,460 63.66
9 213,092 126,554 59.39
10 281,174 185,530 65.98
11 209,525 128,937 61.54
12 211,400 140,981 66.69
13 203,921 127,292 62.42
14 200,211 125,803 62.84
15 267,312 154,223 57.69
16 294,695 163,189 55.38
17 278,266 178,904 64.29
18 277,784 171,455 61.72
19 266,913 166,267 62.29
20 273,889 149,860 54.72
Total 5’259,278 3’185,555
Lo anterior se representa gráficamente de la
siguiente manera:
- 147 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Conforme a dicha información, puede apreciarse
que, efectivamente, en los distritos en los que
contendieron los ahora actores votaron más
personas, pero no porque hubiese existido mayor
participación de la ciudadanía, sino porque en la
forma en que está distribuida la población, era
previsible, al contar con mayor cantidad de
ciudadanos.
Al respecto, resulta particularmente
representativo el caso del séptimo distrito, en el
que existe prácticamente el doble de votantes
potenciales respecto del diverso decimocuarto.
En esas condiciones, al prever la norma
combatida que, una vez determinada la cantidad
de diputaciones de minoría a asignar a cada
partido político, conforme a la cantidad de votos
que cada uno de ellos haya recibido –una vez
superadas las condiciones concernientes a la
postulación de candidatos de mayoría en cierta
cantidad de distritos, y rebasado el umbral
mínimo de porcentaje de votación estatal– éstas
- 148 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
se hagan conforme al porcentaje de votación
distrital con respecto a los demás candidatos de
sus respectivos partidos, tal disposición se
encuentra dentro del tamiz de constitucionalidad
requerido.
Por el contrario, de concederle la razón a los
actores, podría verse afectada la equidad en la
contienda en perjuicio de quienes no pudieran
obtener la misma cantidad de votos, pese a tener
mayor representatividad o apoyo dentro de la
demarcación en la que contendieron.
Tampoco le asiste la razón a los actores, cuando
refieren que de interpretar la norma en los
términos solicitados, se incentivaría la
competencia electoral y la participación
ciudadana, y que si se toma como base la
cantidad de votos recibidos, en lugar del
porcentaje de votación distrital, se respeta la
voluntad ciudadana.
Se concluye lo anterior, toda vez que, contrario a
lo que aducen, la cantidad de votos obtenidos no
es directamente proporcional a la participación
ciudadana, ya que aquélla depende, entre otras
cuestiones, de la geografía y la distribución
poblacional, tal y como se advierte en la tabla
antes inserta, en la que se aprecia que no fueron
los distritos en los que contendieron los ahora
actores aquellos en los que participó más
activamente la ciudadanía.
- 149 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
En otro aspecto, esta Sala Regional considera
que el precepto tildado de inconstitucional
igualmente resulta armónico con lo que dispone
la Convención Americana de Derechos Humanos,
en específico el artículo 23.
Del precepto anterior se desprende la obligación
de los Estados que han suscrito dicha
convención, de garantizar que todos sus
ciudadanos: i) puedan participar, por sí mismos, o
a través de representantes populares, en las
decisiones relacionadas con los asuntos públicos;
ii) que puedan votar o ser votados en elecciones
periódicas que reflejen la libre expresión de la
voluntad de los electores; y iii) que estén en
posibilidades de acceder, en condiciones
generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.
Además, exige que la ley que se encargue de
reglamentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades antes indicados, exclusivamente
tome en cuenta para tal efecto razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena, por juez
competente, en proceso penal.
En ese contexto, no se desprende que la
normativa jalisciense se aparte de los parámetros
previstos por el derecho convencional, ya que
efectivamente da pie a que por medio de
elecciones libres y periódicas, los ciudadanos
puedan, en condiciones de igualdad, acceder a
- 150 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
las funciones públicas, en la especie,
diputaciones por el principio de representación
proporcional.
Así, del artículo controvertido, no se desprende
alguna restricción que vaya más allá de los
estándares previstos por el tratado internacional
invocado, de cumplimiento obligatorio en nuestro
país.
Ahora bien, por lo que hace a la solicitud de
inaplicación, con base en el principio pro
personae, debe precisarse que el mismo es un
criterio hermenéutico, cuya finalidad radica en
que la interpretación de las normas relativas a los
derechos, se realice buscando en todo momento
la protección más amplia en beneficio de las
personas, esto es, que ante la posible
indeterminación o ambigüedad de un precepto, se
subsanen esos aparentes excesos o defectos a
partir de la extensión o ampliación de sus
alcances, de tal manera que se beneficie en
mayor grado a las personas.
En consecuencia, no se trata de un criterio de
validez normativa, por tanto, la labor del
intérprete será la de asignarle el sentido que dé
mayor protección a las personas.
Así, en el caso concreto, como ya se apuntó, el
artículo 17 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se
sujeta a los parámetros de constitucionalidad y
- 151 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
legalidad, sin que sea jurídicamente válido
pretender su inaplicación con base en una
interpretación que traiga como consecuencia el
beneficio de una persona, sin tomar en cuenta el
impacto que ello conlleve en perjuicio de los
derechos de terceras personas.
En tal circunstancia, a juicio de esta Sala
Regional, el artículo 17 del ordenamiento en cita
no debe ser inaplicado, al no contravenir la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Convención Americana de los
Derechos Humanos, ni haber sido desatendido el
principio pro personae; por tanto, éste deberá
seguir rigiendo en todos sus términos para el
caso concreto.
En otro tema, por lo que hace al señalamiento del
actor Gerardo González Díaz, referente a que el
acuerdo controvertido carece de fundamentación
y motivación, puesto que no contiene la lista a
que hace referencia el artículo 17 párrafo 5 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, en la que se reflejen, en
forma decreciente, los porcentajes de votación
válida distrital, en los que se basó el Consejo
para realizar la asignación de diputados por el
principio de representación proporcional, tal
concepto de agravio se estima fundado; empero,
a la postre resulta ineficaz para que el actor
alcance su pretensión, tal y como se explica a
continuación.
- 152 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
En efecto, del análisis del acuerdo impugnado se
desprende que la autoridad incurrió en la omisión
reclamada, incumpliendo con el mandato legal de
asentar los datos en los que basó su
determinación.
En tal circunstancia, con el objetivo de que exista
certeza respecto de los datos en los que se basó
la autoridad responsable para asignar las
diputaciones, en concreto las que pretenden los
dos actores en el presente juicio, a continuación
se asientan los datos obtenidos por los partidos o
coaliciones que contendieron en cada uno de
distritos del Estado de Jalisco, haciendo énfasis
en los distritos tercero, quinto, sexto, séptimo,
octavo y decimonoveno, toda vez que son
aquellos en los que participaron los actores –
sexto y séptimo– y quienes obtuvieron por sus
partidos –en el resto– las asignaciones en la
modalidad de minorías.
Porcentajes de votación válida por distrito
Partido/
Coalición
Distrito
I
Lugar %
Distrito
II
Lugar %
PAN 49,258 2 28.74 68,457 1 44.844
PRI 53,256 2 34.886
PRD 16,313 4 9.52 7,459 4 4.8861
PT 7,992 5 4.66 1,894 7 1.2407
PVEM 7,328 5 4.8003
PMC 17,355 3 10.13 8,855 3 5.8006
PANAL 6,872 6 4.01 5,407 6 3.542
Coalición
PRI-PVEM
73,589 1 42.94
TOTAL 171,379 100 152,656 100
Partido/
Coalición
Distrito
III
Luga
r
%
Distrito
IV
Luga
r
%
PAN 65,060 1 40.82 35,338 2 26.65
PRI 63,090 2 39.59 56,555 1 42.65
PRD 3,734 6 2.34 6,431 4 4.85
- 153 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Partido/
Coalición
Distrito
III
Luga
r
%
Distrito
IV
Luga
r
%
PT 1,158 7 0.73 2,555 7 1.93
PVEM 6,982 4 4.38 4,463 5 3.37
PMC 14,981 3 9.40 23,949 3 18.06
PANAL 4,363 5 2.74 3,321 6 2.50
Coalición
PRI-PVEM
TOTAL 159,368 100 132,612 100
Partido/
Coalición
Distrito
V
Lugar %
Distrito
VI
Lugar %
PAN 55,609 2 32.44 58,816 2 29.82
PRI 77,227 1 39.16
PRD 13,651 4 7.96 10,116 4 5.13
PT 3,121 6 1.82 3,822 7 1.94
PVEM 6,107 6 3.10
PMC 28,955 3 16.89 34,861 3 17.68
PANAL 5,773 5 3.37 6,272 5 3.18
Coalición
PRI-PVEM
64,301 1 37.51
TOTAL 171,410 100 197,221 100
Partido/
Coalición
Distrito
VII
Luga
r
%
Distrito
VIII
Luga
r
%
PAN 57,876 3 24.57 43,604 2 33.17
PRI 68,793 2 29.21 44,526 1 33.87
PRD 16,849 4 7.15 6,638 4 5.05
PT 4,544 7 1.93 2,582 7 1.96
PVEM 7,457 5 3.17 4,392 5 3.34
PMC 73,749 1 31.31 25,895 3 19.70
PANAL 6,260 6 2.66 3,814 6 2.90
Coalición
PRI-PVEM
TOTAL 235,528 100 131,451 100
Partido/
Coalición
Distrito
IX
Luga
r
%
Distrito
X
Luga
r
%
PAN 29,372 2 23.52 78,086 1 42.15
PRI 53,520 1 42.86
PRD 6,145 4 4.92 8,448 4 4.56
PT 3,441 7 2.76 2,722 6 1.47
PVEM 4,370 5 3.50
PMC 24,455 3 19.58 38,480 3 20.77
PANAL 3,569 6 2.86 4,037 5 2.18
Coalición
PRI-PVEM
53,487 2 28.87
TOTAL 124,872 100 185,260 100
Partido/
Coalición
Distrito
XI
Luga
r
%
Distrito
XII
Luga
r
%
PAN 33,448 2 26.97 50,874 1 36.09
PRI 43,939 1 35.43 47,212 2 33.49
PRD 7,796 4 6.29 7,982 4 5.66
PT 2,466 7 1.99 2,459 6 1.74
PVEM 4,167 5 3.36 0 7 0.00
PMC 28,128 3 22.68 28,336 3 20.10
PANAL 4,078 6 3.29 4,118 5 2.92
Coalición
PRI-PVEM
- 154 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Partido/
Coalición
Distrito
XI
Luga
r
%
Distrito
XII
Luga
r
%
TOTAL 124,022 100 140,981 100
Partido/
Coalición
Distrito
XIII
Luga
r
%
Distrito
XIV
Luga
r
%
PAN 34,349 2 27.54 33,496 2 27.49
PRI 47,954 1 38.45
PRD 6,158 4 4.94 4,735 4 3.89
PT 2,636 7 2.11 2,364 6 1.94
PVEM 4,525 5 3.63
PMC 25,339 3 20.32 22,503 3 18.47
PANAL 3,759 6 3.01 2,634 5 2.16
Coalición
PRI-PVEM
56,122 1 46.06
TOTAL 124,720 100 121,854 100
Partido/
Coalición
Distrito
XV
Luga
r
%
Distrito
XVI
Luga
r
%
PAN 49,196 2 32.40 44,180 2 27.08
PRI 65,035 1 42.83 65,202 1 39.96
PRD 12,869 3 8.47 8,668 4 5.31
PT 5,610 5 3.69 2,730 7 1.67
PVEM 4,001 7 2.63 6,484 5 3.97
PMC 10,745 4 7.08 31,491 3 19.30
PANAL 4,406 6 2.90 4,408 6 2.70
Coalición
PRI-PVEM
TOTAL 151,862 100 163,163 100
Partido/
Coalición
Distrito
XVII
Luga
r
%
Distrito
XVIII
Luga
r
%
PAN 49,694 2 27.78 55,655 1 32.46
PRI 54,896 2 32.02
PRD 13,778 4 7.70 13,064 5 7.62
PT 6,637 6 3.71 2,103 7 1.23
PVEM 4,380 6 2.55
PMC 23,323 3 13.04 20,717 3 12.08
PANAL 7,870 5 4.40 20,640 4 12.04
Coalición
PRI-PVEM
77,602 1 43.38
TOTAL 178,904 100 171,455 100
Partido/
Coalición
Distrito
XIX
Luga
r
%
Distrito
XX
Luga
r
%
PAN 54,482 2 33.04 37,643 2 25.37
PRI 59,891 1 36.32 59,985 1 40.42
PRD 18,131 3 10.99 7,770 4 5.24
PT 4,249 7 2.58 6,101 6 4.11
PVEM 6,263 6 3.80 7,012 5 4.73
PMC 15,572 4 9.44 24,360 3 16.41
PANAL 6,322 5 3.83 5,530 7 3.73
Coalición
PRI-PVEM
TOTAL 164,910 100 148,401 100
Conforme a lo anterior, partiendo de la
- 155 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
alternancia de las listas que prevé la normativa
electoral, los asignados por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, a los
partidos Acción Nacional y Revolucionario
Institucional fueron de la siguiente forma:
Nº
# Lista o
Distrito
1 1
2 2
3 VIII
4 3
5 4
6 XIX
7 5
8 6
9 V
Nº
# Lista o
Distrito
1 1
2 2
3 III
4 3
PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL
JOSÉ HERNÁN
CORTÉS
BERUMEN
RICARDO
RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
VÍCTOR MANUEL
SÁNCHEZ
OROZCO
MARIANA
ARÁMBULA
MELÉNDEZ
GABRIELA
ANDALÓN
BECERRA
ALBERTO
ESQUER
GUTIÉRREZ
JUAN CARLOS
MÁRQUEZ
ROSAS
JOSÉ LUIS
MUNGUÍA
CARDONA
JUAN JOSÉ
CUEVAS GARCÍA
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
RAFAEL GONZÁLEZ
PIMIENTA
BERTHA YOLANDA
RODRÍGUEZ
RAMÍREZ
MIGUEL
HERNÁNDEZ ANAYA
HÉCTOR PIZANO
RAMOS
En esas condiciones, si bien es cierto que el
Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
incumplió con el mandato legal de realizar la
aludida lista con la relación de los porcentajes,
- 156 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
también lo es que las asignaciones las hizo a
favor de quienes obtuvieron el mayor porcentaje
de votación válida distrital, con relación a los
demás candidatos de su propio partido, de ahí la
ineficacia del agravio en comento. Lo anterior, sin
perjuicio de lo que concierne al caso relacionado
con Faviola Jacqueline Martínez Martínez,
cuestión que será objeto de estudio en el
considerando siguiente.
Ahora bien, no pasa desapercibido que el actor
Gerardo González Díaz manifestó que si para la
autoridad administrativa electoral, la
interpretación de la norma sólo admitía el sistema
gramatical, en ejercicio del control difuso que
ejerce de la constitución debió inaplicar el
numeral 17 del código electoral y así procurar el
respeto de los principios y valores.
Tal afirmación es errónea, toda vez que, de
conformidad con el sistema de control de
constitucionalidad y convencionalidad vigente en
nuestro país, solamente los jueces pueden
determinar la inaplicación de una norma, por lo
que las autoridades administrativas carecen de
atribuciones para tal efecto, siendo su obligación,
conforme al artículo 1º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos aplicar las
normas de la forma en que más beneficien a las
personas.
Así, conforme a lo que se expuso anteriormente,
esta Sala Regional considera que la
- 157 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
interpretación que hizo la autoridad
administrativa señalada como responsable, se
apegó a los principios establecidos para tal
efecto, sin que les asista la razón a los actores
cuando refirieron que debió tomar en cuenta una
sola circunscripción o territorio conforme a lo
dispuesto por el artículo 15 fracción IV del
Código Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, respecto de la deducción a
la votación efectiva de los votos del partido
político que obtuvo la mayoría en la elección
correspondiente, ya que, como quedó explicado,
tanto desde el punto de vista de la
constitucionalidad como del diverso de legalidad,
se estima correcta la aplicación que hizo la
responsable, de ahí que no pueda acogerse su
pretensión.
VIGÉSIMO SEGUNDO. Estudio de fondo de los
agravios presentados por Faviola Jacqueline
Martínez Martínez en el expediente SG-JDC-
5299/2012.
Estudio del agravio 1). La parte actora
manifiesta que le causa agravio que la autoridad
responsable desestimara la causal de
improcedencia que hizo valer en su escrito de
tercero interesado en el juicio primigenio,
consistente en la presentación extemporánea de
dicho medio de impugnación, al omitir privilegiar
los criterios de este Tribunal Electoral Federal,
así como violentar el principio de legalidad al
fundar y motivar indebidamente.
- 158 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Lo anterior, por considerar que no existe
obligación de la autoridad administrativa electoral
de notificar a los candidatos el inicio de sesión de
los cómputos, ya que al igual que los partidos
políticos, se encuentran vinculados al proceso
electoral, por lo que tienen la obligación de
conocer la regulación del sistema; de ahí que no
es dable sostener que el candidato haya
participado de manera activa en el proceso
electoral durante las etapas previas al cómputo
de la elección en que participó, y desvincularse
completamente de actos posteriores como lo es
la asignación de diputados bajo el principio de
representación proporcional.
Y en ese sentido, manifiesta la parte actora, es
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco realizó una defectuosa
interpretación de la legislación aplicable, al
establecer que los acuerdos surten sus efectos al
ser publicados, y tomar en consideración como
fecha de conocimiento del acto impugnado el
manifestado por el actor en su respectivo escrito
de demanda, no obstante que de los hechos de la
misma se desprenda tácitamente que tuvo
conocimiento el ocho de julio del año en curso,
fecha en que fue emitido el acto impugnado.
Contrario a lo manifestado por la actora, esta
Sala estima INFUNDADO el motivo de
inconformidad, ya que según se desprende de la
sentencia recurrida, la autoridad responsable
- 159 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
realizó una debida fundamentación y motivación
en cuanto a la desestimación de la causal de
improcedencia hecha valer por el tercero
interesado en el juicio primigenio, hoy actora; de
la sentencia impugnada se advierte que la
autoridad responsable cita los preceptos legales
aplicables al caso concreto, además de exponer
las razones de la relación de los mismos.
Lo anterior, ya que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 506 del Código Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, los juicios de inconformidad previstos en
dicho ordenamiento jurídico, deberán presentarse
dentro de los seis días contados a partir del
siguiente al en que surta efectos la notificación
del acto o resolución impugnado; y de acuerdo al
correspondiente 558 párrafo 1 fracción I, surtirán
sus efectos al día siguiente de su publicación los
acuerdos que se hagan públicos a través del
periódico oficial de la entidad.
En el caso concreto, el acuerdo impugnado en la
instancia primigenia fue publicado en el Periódico
Oficial El Estado de Jalisco el doce de julio del
año en curso, por lo que si el medio de
impugnación fue presentado ante la responsable
el diecisiete siguiente, el mismo cumple con el
requisito de oportunidad previsto en el numeral
506 del Código de la materia, y en ese sentido es
que la causal de improcedencia correspondiente,
hecha valer por la parte actora en su carácter de
tercera interesada en el juicio primigenio, fue
- 160 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
desestimada por la autoridad responsable, tal y
como se desprende del acto impugnado.
En consecuencia, lo resuelto por la responsable
en el acto impugnado resulta debidamente
fundado y motivado, sin que sea obstáculo para
arribar a lo anterior, lo manifestado por la parte
actora en el sentido de que este órgano
jurisdiccional resolvió en el expediente
identificado con la clave SG-JDC-3654/2009, que
a partir de la fecha en la que tiene verificativo la
sesión de cómputo estatal y asignación de
candidatos es que se debe iniciar el plazo para la
interposición de los medios de impugnación
correspondientes, toda vez que en dicho
precedente no existió base legal ni medio
probatorio alguno para estimar que la fecha de
conocimiento del acto impugnado era la
establecida por el actor en su escrito de
demanda, caso contrario al que se estudia, ya
que existe fundamento legal para sostener la
oportunidad de la interposición del medio de
impugnación primigenio.
Estudio del Agravio 2). No obstante la suplencia
de los agravios, que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 23 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, realiza este órgano jurisdiccional,
igualmente resulta INFUNDADO el agravio hecho
valer por la actora respecto a la inadecuada
interpretación del principio de equidad de género
realizada por la autoridad responsable, en cuanto
a que éste se satisface con el registro de la lista
- 161 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
de candidatos a los cargos de diputados por el
principio de representación proporcional.
Manifiesta la actora que la autoridad responsable
conculca en su perjuicio el principio de legalidad,
al resolver con base en una mera interpretación
literal, sin tomar en cuenta el nuevo modelo
constitucional de interpretación generado con
motivo de la reforma constitucional de diez de
junio de dos mil once, cuya finalidad fue ampliar
la protección de los derechos humanos
contenidos en tratados internacionales en los que
México sea parte; obligación contenida en el
artículo 1º párrafo segundo de la Constitución
Federal, en relación con el 133 del mismo
ordenamiento jurídico, lo que implica que en su
actuación las autoridades deben aplicar en todo
momento, aun sobre el contenido de las normas
locales, lo preceptuado en los tratados
internacionales, y en el caso concreto la
asignación de diputaciones por el principio de
representación proporcional que se realiza a
partir de la aplicación de los criterios previstos en
el artículo 17 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
atenta contra el principio de igualdad y no
discriminación, amén de que incumple su
obligación de emitir sus decisiones basadas en
un esquema de protección amplia de los
derechos humanos, por haber limitado su análisis
a una interpretación literal de la norma.
Asimismo señala que, contrario a lo que sostuvo
- 162 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
el Tribunal responsable, el principio de equidad
de género no se satisface con el registro de la
lista de candidatos a diputados por el principio de
representación proporcional que realicen los
partidos políticos, sin importar que la proporción
y frecuencia respectiva se altere al incluir a los
llamados de repechaje, ya que el fin último de las
disposiciones que establecen las llamadas cuotas
de género, es que la integración del órgano
legislativo se realice de manera equitativa entre
hombres y mujeres, hasta agotar las tres
candidaturas de cada segmento, de modo tal que
en cado uno exista un lugar para una persona de
sexo diferente y, en ese sentido, la actora señala
cuatro reglas, a saber: 1. La lista de asignación
se integre por segmentos de tres candidaturas; 2.
En cada uno de los segmentos de la lista habrá,
al menos, una candidatura de género distinto; 3.
Las candidaturas de género distinto deben
colocarse de manera alternada; y, 4. La inclusión
de los candidatos por repechaje, debe respetar la
proporcionalidad y frecuencia en la integración de
la lista de asignaciones. Siendo esta última regla
el punto a dilucidar, toda vez que la normativa
constitucional y legal aplicable debe procurar a la
paridad de género, sin que la lista sea alterada
en su proporcionalidad y frecuencia al momento
de la inclusión de los diputados por repechaje.
Por lo que en ese sentido, la resolución
impugnada se aleja de los principios y fines de la
Constitución federal y tratados internacionales.
En la misma tesitura, manifiesta la actora que el
- 163 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
objetivo de las cuotas de género es lograr la
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en
el ámbito político, tal y como lo prevé la Ley
General para la igualdad entre mujeres y
hombres, por lo que los Tribunales Electorales
del Poder Judicial de la Federación han sostenido
que es una obligación de los institutos políticos
cumplir con la cuota de género a fin de integrar
sus candidaturas con al menos el cuarenta por
ciento del mismo género, obligación que
desatendió la autoridad responsable al emitir la
resolución impugnada, además de contravenir las
obligaciones adoptadas por el Estado Mexicano
en la “Convención sobre la eliminación de todas
formas de discriminación contra la mujer”.
De igual manera señala que, contrario a lo
manifestado por la autoridad responsable, el
acuerdo emitido por el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco –
revocado en la instancia primigenia– no vulnera
el sistema representativo y democrático de
nuestro país, por el contrario, promueve la
igualdad de oportunidades y la equidad de
género, y en especial de mujeres, en los espacios
públicos de gobierno.
Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por los
artículos 1º y 133 de la Carta Magna, y a los
criterios sobre control de constitucionalidad y
convencionalidad establecidos por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, se establece que
los órganos jurisdiccionales deberán interpretar
- 164 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
las disposiciones aplicables conforme al texto
constitucional y a los tratados internacionales en
materia de derechos humanos, concediendo
siempre a todas las personas la protección más
amplia o favorable a ellas, bajo el principio pro
personae.
Este principio, que en materia de derechos
humanos se introdujo por las reformas del año
próximo pasado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es un criterio
hermenéutico que tiene como finalidad que la
interpretación de las normas relativas a los
derechos humanos se realice buscando en todo
momento la protección más amplia que favorezca
a las personas, es decir, que el intérprete, ante la
posible indeterminación o ambigüedad de un
significado normativo, subsane esos aparentes
excesos o defectos de la norma a partir de la
extensión o ampliación de los alcances de su
texto, de modo que se beneficie en mayor grado
a las personas.
En consecuencia, habrá de entenderse que el
principio pro personae, es un criterio
hermenéutico y no de validez normativa, y que en
un contexto jurídico determinado, adjudica a
determinadas normas o principios en colisión, un
significado que da mayor protección a las
personas.
Este tipo de interpretación, por parte de los
juzgadores, presupone realizar: a) Interpretación
- 165 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
conforme en sentido amplio, es decir, deben
interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a
los derechos humanos establecidos en la
Constitución y en los tratados internacionales en
los cuales el estado mexicano sea parte; b)
Interpretación conforme en sentido estricto, esto
es, cuando hay varias interpretaciones
jurídicamente válidas, los jueces deben,
partiendo de la presunción de constitucionalidad
de leyes, preferir la que sea más acorde a los
derechos humanos establecidos en la
Constitución y tratados internacionales; y c)
Inaplicación de ley, cuando las alternativas
anteriores no sean posibles.
Como se advierte, en el referido sistema de
control de la convencionalidad, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos sigue
ocupando la cúspide del orden jurídico, y los
jueces del país, al realizar el control de
convencionalidad ex officio en materia de
derechos humanos, están obligados a preferir los
derechos contenidos en la Constitución y en los
Tratados Internacionales, por encima de
cualquier norma inferior, e incluso dejarlas de
aplicar dando preferencia a las contenidas en la
Constitución, con el propósito esencial de brindar
la mayor protección a los derechos humanos.
Acorde con lo anterior, ha sido criterio reiterado
por la Sala Superior de este Tribunal que las
reglas interpretativas que rigen la determinación
del sentido y alcances jurídicos de una norma, no
- 166 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
permiten que se restrinja o haga nugatorio el
ejercicio de un derecho fundamental, por el
contrario, toda interpretación, y la correlativa
aplicación de una norma jurídica, deben ampliar
sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio,
siempre que aquélla esté relacionada con un
derecho fundamental.
Lo anterior, desde luego, no significa en forma
alguna sostener que los derechos fundamentales
de carácter político sean derechos absolutos o
ilimitados, de manera que el ejercicio de los
derechos político electorales, como el de ser
votado en procesos electorales para cargos de
elección popular, pueden sujetarse a
determinadas limitaciones o restricciones,
máxime si éstas tienen sustento en otros
principios del Estado democrático de Derecho.
Cobra vigencia la tesis de jurisprudencia 29/2002
cuyo rubro a la letra dice: “DERECHOS
FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-
ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y
CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER
RESTRICTIVA”.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha sostenido que las restricciones y
limitaciones a los derechos fundamentales, desde
la perspectiva del bien común y el orden público,
no pueden derivar en la supresión de un derecho
fundamental. En ese sentido, cualquier limitación
o restricción a un derecho fundamental, debe
- 167 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
estar encaminada a protegerlo e incluso
potenciarlo, de tal suerte que se favorezca su
ejercicio en la expresión más plena por parte de
quien lo detente.
Resulta importante acotar, que cuando la
restricción a derechos humanos previstos en la
Constitución o en los instrumentos
internacionales se encuentre establecida en la
legislación secundaria, tal restricción o limitación
deberá sujetarse a los principios de legalidad,
necesidad, idoneidad y proporcionalidad, ya que
la previsión y aplicación de requisitos para
ejercitar los derechos políticos no constituyen,
per se, una restricción indebida a los derechos
políticos, ya que no son absolutos, por lo que
pueden estar sujetos a limitaciones.
En consecuencia, los derechos fundamentales no
son derechos absolutos o ilimitados que no
puedan ser objeto de ciertas restricciones
permitidas, siempre que se encuentren previstas
en la legislación, y no sean irracionales,
injustificadas y desproporcionadas respecto al fin
para el cual se establecen, o que se traduzcan en
la privación del contenido esencial del derecho
fundamental o de un principio constitucional.
Por su parte el principio de igualdad previsto en
el artículo 1º constitucional, no postula la paridad
entre todos los individuos, ni implica
necesariamente una igualdad material o
económica, sino que exige razonabilidad en la
- 168 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
diferencia de trato, como criterio básico para la
producción normativa.
Así, del referido principio derivan dos normas que
vinculan específicamente al legislador ordinario,
por un lado, un mandamiento de trato igual en
supuestos de hecho equivalentes, salvo que
exista un fundamento objetivo y razonable que
permita darles uno desigual y, por el otro, un
mandato de tratamiento desigual, que obliga al
legislador a establecer diferencias entre
supuestos de hecho distintos cuando la propia
Constitución se lo imponga.
En ese sentido, no cualquier trato desigual
establecido en una norma ordinaria, genera
violación a los derechos humanos reconocidos y
protegidos constitucionalmente, sino que ello sólo
acontece cuando esa diferenciación no tenga una
base objetiva capaz de ser sopesada en un tamiz
de razonabilidad.
En consecuencia, las distinciones normativas que
tengan por objeto salvaguardar el interés social
más allá de los intereses particulares, no se
contraponen con el principio aludido, ya que la
base racional de esa diferenciación tiene como
sustento el de proteger intereses superiores que
benefician en mayor medida a la colectividad
sobre los intereses individuales.
Aunado a lo anterior, la determinación de la
prevalencia del interés social sobre intereses
- 169 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
particulares, debe ser estimada en relación a las
condiciones esenciales que para el desarrollo
armónico requiera una comunidad, esto es, con
base en sus reglas esenciales de convivencia.
Por ello, es factible que normativamente se
realice cierta diferenciación respecto a ciertos
destinatarios, siempre y cuando esa diferencia
tenga en su ámbito regulador, un soporte objetivo
y razonable que beneficie en mayor medida al
interés general que a determinados intereses
particulares.
Por su parte, en el terreno de los derechos
político-electorales se entiende la equidad de
género como proporcionalidad en la
representación política de hombres y mujeres en
los procesos para ocupar cargos de elección
popular; en ese sentido, las cuotas son un
mecanismo que permite corregir la asimetría que
existe entre hombres y mujeres en cuanto a la
ocupación de cargos de representación política
en los congresos.
Las cuotas de género constituyen, por lo tanto,
una acción afirmativa que consiste en establecer
un porcentaje rígido para garantizar un mínimo de
plazas, particularmente escasas y disputadas
para cierto porcentaje de mujeres, que se
entiende socialmente en desventaja y se
pretende favorecer; la finalidad de las cuotas de
género es garantizar la presencia de ambos
sexos en las listas de candidatos para cargos
- 170 -

electivos.
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Sin embargo, las cuotas por sí solas no alcanzan
a lograr sus objetivos, es decir, las cuotas de
género aseguran la presencia de mujeres en las
listas partidarias, pero no necesariamente su
elección, ya que dependen de un conjunto de
factores, como pueden ser: tipo y características
del sistema electoral, los contenidos de las
normas o leyes de cuotas, rasgos de la cultura
política, voto del electorado, etcétera.
Por esta razón, las cuotas de género, al ser
acciones afirmativas, garantizan igualdad de
oportunidades o posiciones de partida, pero no
garantizan resultados.
En el caso concreto, en el estado de Jalisco, la
equidad de género en cuanto a los cargos de
diputados por el principio de representación
proporcional, se encuentra regulado en el artículo
17 párrafo 2 que establece:
“... 2. Los partidos políticos deberán presentar
una lista de candidatos ordenada en forma
progresiva de diecinueve diputados a elegir por la
modalidad de lista de representación
proporcional. Las solicitudes de registro de
representación proporcional que presenten los
partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral,
se integrarán con un máximo de setenta por
ciento de candidatos de un solo sexo y
garantizando la inclusión de un candidato de sexo
distinto en cada tres lugares de la lista, hasta
lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento
- 171 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
del total, a partir del cual el orden se decidirá
libremente por cada partido. Los partidos políticos
sólo podrán postular simultáneamente candidatos
a diputados por ambos principios hasta un
veinticinco por ciento en relación al total de
diputados de mayoría relativa...”
Por lo que la acción afirmativa relativa a la
equidad de género se cumplió en el presente
proceso electoral, en cuanto a que el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco aprobó la lista del Partido Acción
Nacional en los términos previstos en el párrafo
que antecede, contrario a lo que afirma la actora,
en el sentido de que dicha equidad se da, no en
ese momento, sino al momento de asignar a los
candidatos las respectivas curules, debiéndose
respetar la alternancia de género prevista.
Lo anterior, debido a que tal y como se estableció
en párrafos precedentes, las cuotas de equidad
de género, al ser acciones afirmativas, garantizan
sólo igualdad de oportunidades o puntos de
partida, pero no resultados, máxime que en el
estado de Jalisco existe un sistema mixto en
cuanto a la asignación de diputaciones por el
principio de representación proporcional, tal y
como lo prevé el artículo 17 párrafo 1 del
ordenamiento jurídico en comento, toda vez que
los diputados que correspondan a cada partido
conforme al principio de representación
proporcional, serán asignados alternativamente,
dos entre los candidatos registrados en la lista de
representación proporcional y uno de los
- 172 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
candidatos de cada partido político no electo bajo
el principio de mayoría relativa que hayan
obtenido los porcentajes mayores de votación
válida distrital, iniciando por la más alta, sin que
se desprenda del acuerdo IEPC-ACG-241/12, que
la hoy actora hubiera obtenido un porcentaje de
votación de entre los tres primeros más altos de
los candidatos del Partido Acción Nacional que
contendieron por el cargo de diputado por el
principio de mayoría relativa en alguno de los
distritos electorales de dicha entidad federativa,
tal y como se advierte de la tabla inserta en el
considerando que antecede.
En ese sentido, lo pretendido por la actora
resulta contrario a nuestro sistema electoral
democrático, y violatorio de los principios
constitucionales de certeza y seguridad jurídica
que deben prevalecer en todos los procesos
electorales, al considerar que, con base en la
equidad de género, el voto emitido por los
ciudadanos no se reconozca por parte de las
autoridades electorales, no obstante haber
participado en las pasadas elecciones al cargo de
diputada por el principio de mayoría relativa, y no
sólo no haber ganado en el distrito electoral en
que fue candidata, sino no haber obtenido el
porcentaje suficiente para encontrarse dentro de
los lugares más altos para optar por una
diputación por el principio de representación
proporcional, en términos de la normativa
aplicable.
- 173 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Además, la pretensión de la actora, en cuanto a
que se realice una interpretación de la forma más
amplia de sus derechos humanos, tal y como
quedó descrito en párrafos que anteceden, es
posible sólo, ante la indeterminación o
ambigüedad de un sistema normativo o cuando
existen aparentes excesos o defectos de la
norma, y por lo tanto se hace necesaria su
interpretación a partir de la extensión o
ampliación de los alcances de su texto, de modo
que se beneficie en mayor grado a las personas,
situación que en la especie no acontece, ya que
la norma resulta clara, y realizar una
interpretación de la misma como lo pretende la
actora, suponiendo que sus derechos se
encuentran violados, implicaría violentar
derechos de terceros, toda vez que el C. Alberto
Esquer Gutiérrez obtuvo un porcentaje mayor de
votos en el distrito 19, al de la actora en el
respectivo 14, con lo que de manera simultánea
se estaría violentando también la voluntad
popular.
Estudio del Agravio 3). Inaplicación de los
artículos 16 párrafo 1 fracción II, 17 párrafo 1 y 5
y 381 párrafo 1, del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
por contravenir el principio de equidad de género
previsto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos 1º párrafo segundo y 133 de la Carta
Magna; 22 y 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; 16, 29 y 30 de la
- 174 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos; 2 y 7 inciso b) de la Convención para
la Eliminación de todas formas de Discriminación
contra la Mujer.
La actora solicita la inaplicación de diversos
artículos del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, por considerar
que contravienen la Constitución y tratados
internacionales, sin embargo, los motivos de su
solicitud resultan ser los mismos por los que
solicitó una interpretación de la ley aplicable
conforme a la protección más amplia de sus
derechos humanos.
La actora argumenta la inconstitucionalidad de
los artículos invocados, en que al momento de
asignar las diputaciones por el principio de
representación proporcional no se siguió la regla
de la alternancia de género en virtud de las
asignaciones de candidatos de cada partido
político no electo bajo el principio de mayoría
relativa que hubiera obtenido los porcentajes
mayores de votación en cada distrito,
comúnmente llamados de repechaje, agravios que
fueron estudiados en párrafos que anteceden, y
considerados infundados, por las razones
expuestas en el presente considerando, por lo
que, en virtud de que fueron desestimados, es
que resulta INOPERANTE el presente motivo de
inconformidad.
En tales condiciones, si la actora hizo descansar
- 175 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
sus alegaciones en lo planteado en el conjunto de
motivos de inconformidad analizados en este
considerando, los que fueron desestimados
calificándose como infundados, resulta
inconducente la pretensión de la actora de que
similares argumentos sirvan como fundamento
para declarar la inconstitucionalidad y, por lo
tanto, la inaplicación, al haber sido considerados
en su oportunidad infundados, pues resulta
ineficaz en la misma medida, dado que de
ninguna manera resultará procedente lo que en
ellos aduce, por basarse en los mismos
argumentos de aquél.
VIGÉSIMO TERCERO. Estudio de fondo de los
agravios planteados por Dulce Milagros
Villaseñor López en el expediente SG-JDC-
5300/2012.
Son INOPERANTES los agravios hechos valer
por la actora, pues pese a que en su demanda
señala que la resolución impugnada es la dictada
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco en el Juicio de Inconformidad
JIN-76/2012 y sus acumulados, sus agravios no
se enderezan a atacar esta sentencia, sino el
Acuerdo IEPC-ACG-241/12, emitido por el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco.
Ahora bien, en el juicio de inconformidad JIN-
76/2012, la responsable argumentó que no
obstante Dulce Milagros Villaseñor López
- 176 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
interpusiera por su propio derecho, y en su
carácter de candidata a diputada por el Partido
Acción Nacional, demanda de inconformidad con
el carácter de actora, su calidad en el juicio sería
de coadyuvante, por ministerio de ley.
Adujo la responsable que, si bien es cierto, a los
candidatos les está permitido que promuevan la
inconformidad con el carácter de actores en los
términos que prevé el artículo 615 del Código
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, también lo es que dicho precepto
establece que ello depende de que el partido
político o coalición que los postuló no haga valer
la inconformidad, porque si la promueve, su
calidad de parte procesal cambia de actor a
coadyuvante, con las consecuentes limitaciones
que se imponen en el código de la materia, pues
el numeral 513 párrafo 1 fracción I dispone que
en ningún caso se podrán tomar en cuenta los
conceptos que amplíen o modifiquen la
controversia planteada en el medio de
impugnación que ya interpuso el partido que lo
postuló, siendo en dicho caso el Partido Acción
Nacional.
Advirtió el órgano jurisdiccional electoral de la
entidad que las pretensiones de Dulce Milagros
Villaseñor López eran distintas a las planteadas
por el actor en el expediente principal JIN-
76/2012, esto es, el Partido Acción Nacional.
Como consecuencia, concluyó que la impetrante
podía participar en el juicio de inconformidad con
- 177 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
el carácter de coadyuvante, sin embargo, los
conceptos que planteó en su escrito de
promoción no serían tomados en cuenta, toda vez
que ampliaba la controversia planteada en el
juicio de inconformidad que interpuso el partido
político que la postuló.
Como se puede advertir de los agravios
esgrimidos por la incoante en el juicio ciudadano
que nos ocupa, ninguno se dirige a impugnar el
que el tribunal electoral de Jalisco la considerara
coadyuvante y no estudiara su escrito de
demanda; por ende, al no controvertir en sus
puntos esenciales, las consideraciones que
sustentaron la resolución impugnada, sus motivos
de inconformidad devienen inoperantes.
Por otro lado, de la lectura del capítulo de
agravios de la demanda presentada por la actora
en el juicio de inconformidad JIN-77/2012 (fojas
970 a 976 del cuaderno accesorio 2 del
expediente SG-JRC-579/2012), el cual fue
acumulado al JIN-76/2012, se desprende que es
idéntico al capítulo de agravios del escrito inicial
mediante la cual la promovente interpuso el
presente juicio ciudadano (fojas siete a doce del
expediente en que se actúa), con la única
variante de que en la demanda primigenia solicitó
ser incluida como candidata electa por el
principio de representación proporcional en lugar
de José Luis Munguía Cardona, y en la actual,
pide ocupar el lugar de Juan Carlos Márquez
Rosas.
- 178 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
Lo anterior robustece el calificativo de
INOPERANTES que se le ha atribuido a sus
disensos, pues al limitarse a reproducir los
agravios esgrimidos en la demanda primigenia,
dejó incólumes o intocadas las consideraciones
que la responsable expuso en la resolución del
juicio de inconformidad.
Efectivamente, la Sala Superior y esta Sala
Regional han sostenido el criterio de que la
reiteración de los agravios vertidos en las
instancias ordinarias convierte a los que se hacen
valer en la instancia jurisdiccional, como la que
se resuelve, en inoperantes, en virtud de que los
agravios que se formulen en la demanda
respectiva deben estar encaminados a poner de
manifiesto, en su caso, que lo resuelto por la
autoridad responsable contraviene lo dispuesto
en los ordenamientos legales, por actos u
omisiones en la apreciación de los hechos y de
las pruebas, o en la aplicación del derecho, lo
cual no se satisface con la mera reiteración de lo
manifestado como agravios en la instancia de la
que deriva el juicio ciudadano.
En esta tesitura, la reproducción de los
argumentos vertidos en el juicio de inconformidad
resulta inoperante, en la medida en que no se
encuentra dirigido a desestimar las
consideraciones formuladas por el órgano
jurisdiccional electoral local, sino que se trata de
una reiteración de los hechos irregulares
- 179 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
planteados en el juicio de inconformidad, los
cuales no pueden ser atendidos por esta Sala
Regional, dado que el presente juicio no
constituye una renovación de la instancia, sino
que tiene por objeto garantizar la
constitucionalidad y legalidad del actuar del
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, mediante la exposición de agravios
vinculados en forma directa con el conjunto de
razonamientos que sustentaron la determinación
de ésta.
Encuentra fundamento lo anterior en la ratio
essendi de la tesis relevante XXVI/97 de la Sala
Superior de este Tribunal, la cual aparece con el
rubro y texto siguientes:
“AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON
INOPERANTES SI REPRODUCEN LOS DEL
JUICIO DE INCONFORMIDAD. Son inoperantes
los argumentos que se expresen para combatir la
sentencia dictada en el juicio de inconformidad
mediante recurso de reconsideración cuando sólo
constituyen la reproducción textual de los
agravios expuestos en primera instancia, en razón
de que el cometido legal del recurso de
reconsideración consiste en analizar la
constitucionalidad y la legalidad de las
resoluciones de fondo emitidas en el recurso de
inconformidad, y que el medio técnico adecuado
para ese objetivo radica en la exposición de
argumentos enderezados a demostrar ante el
tribunal ad quem que la resolución de primera
instancia incurrió en infracciones por sus
actitudes y omisiones, en la apreciación de los
hechos y de las pruebas, o en la aplicación del
- 180 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
derecho, lo cual no se satisface con una mera
reiteración de lo manifestado como agravios en el
juicio de inconformidad, porque esta segunda
instancia no es una repetición o renovación de la
primera, sino sólo una continuación de aquélla
que se inicia precisamente con la solicitud del
ente legitimado en la forma que exija la ley, y la
exposición de los motivos fundados que tiene
para no compartir la del a quo, estableciéndose
así la materia de la decisión entre el fallo
combatido, por una parte, y la sentencia
impugnada por el otro, y no entre la pretensión
directa del partido que fue actor, frente al acto de
la autoridad electoral”.
VIGÉSIMO CUARTO. Efectos de la sentencia.
En cuanto al Juicio de Revisión Constitucional
Electoral SG-JRC-576/2012, por lo expuesto en el
considerando cuarto inciso a), debe desecharse
por lo que hace a Gerardo González Díaz.
Al haber precluido el derecho de impugnar del
Partido Revolucionario Institucional, por lo
expuesto en el considerando cuarto inciso b),
debe sobreseerse en el Juicio de Revisión
Constitucional Electoral SG-JRC-578/2012.
A su vez, no obstante que resultaron inoperantes
los agravios hechos valer por el Partido
Revolucionario Institucional en el expediente SG-
JRC-576/2012, al estimar esta Sala que los
disensos formulados por Gerardo González Díaz
en el juicio ciudadano SG-JDC-5296/2012 son
fundados, lo procedente es modificar, en lo que
fue materia de la impugnación presentada por
- 181 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
este último, la sentencia recaída al Juicio de
Inconformidad JIN-91/2012 y su acumulado JIN-
87/2012, en los términos y para los efectos
precisados en los considerandos vigésimo y
vigésimo primero de esta resolución.
Al resultar infundados e inoperantes los agravios
presentados por el Partido Movimiento Ciudadano
en el juicio SG-JRC-577/2012, lo conducente es
confirmar la sentencia dictada en el Juicio de
Inconformidad JIN-89/2012.
En cuanto al JIN-76/2012 y acumulados, debe
confirmarse, en lo que fue materia de las
impugnaciones presentadas por el Partido Acción
Nacional en el juicio SG-JRC-579/2012 y por
Dulce Milagros Villaseñor López en el juicio
ciudadano SG-JDC-5300/2012; y modificarse en
lo que fue materia de la impugnación presentada
por Juan Carlos Ramírez Gloria en el expediente
SG-JDC-5298/2012, en los términos y para los
efectos precisados en los considerandos
vigésimo y vigésimo primero de esta resolución.
Asimismo, lo procedente es confirmar la
sentencia dictada por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Estado de Jalisco en el Juicio
para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano JDC-336/2012, por los
motivos expuestos en el considerando vigésimo
segundo de la presente resolución.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se
- 182 -

R E S U E L V E
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
PRIMERO. Se acumulan los Juicios de Revisión
Constitucional Electoral SG-JRC-577/2012, SG-
JRC-578/2012 y SG-JRC-579/2012, así como los
Juicios para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano SG-JDC-
5296/2012, SG-JDC-5298/2012, SG-JDC-
5299/2012 y SG-JDC-5300/2012 al diverso Juicio
de Revisión Constitucional Electoral SG-JRC-
576/2012 por ser éste el más antiguo; en
consecuencia, glósese copia certificada de los
puntos resolutivos de esta sentencia, a cada uno
de los juicios acumulados.
SEGUNDO. Se tienen por no presentados los
escritos de terceros interesados mediante los
cuales comparecieron Benjamín Guerrero
Cordero ostentándose como representante del
Partido Revolucionario Institucional, y Jaime
Prieto Pérez.
TERCERO. Se desecha de plano el Juicio de
Revisión Constitucional Electoral SG-JRC-
576/2012 por lo que hace a la impugnación
presentada por Gerardo González Díaz.
CUARTO. Se sobresee en el Juicio de Revisión
Constitucional Electoral SG-JRC-578/2012.
QUINTO. Se confirma la sentencia dictada por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
- 183 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
de Jalisco en el Juicio de Inconformidad JIN-
89/2012.
SEXTO. Se confirma, en lo que fueron materia de
las impugnaciones presentadas por el Partido
Acción Nacional, y por Dulce Milagros Villaseñor
López, la sentencia dictada por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco
en el Juicio de Inconformidad identificado con la
clave JIN-76/2012 y acumulados.
SÉPTIMO. Se modifica, en lo que fue materia de
la impugnación presentada por Juan Carlos
Ramírez Gloria, la sentencia dictada por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco en el Juicio de Inconformidad
identificado con la clave JIN-76/2012 y sus
acumulados, en los términos y para los efectos
precisados en los considerandos vigésimo y
vigésimo primero de esta ejecutoria.
OCTAVO. Se modifica, en lo que fue materia de
la impugnación presentada por Gerardo González
Díaz, la sentencia dictada por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco
en el Juicio de Inconformidad identificado con la
clave JIN-91/2012 y su acumulado JIN-87/2012,
en los términos y para los efectos precisados en
los considerandos vigésimo y vigésimo primero
de esta resolución.
NOVENO. Se confirma la sentencia dictada por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
- 184 -

SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS
de Jalisco en el Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano
JDC-336/2012.
NOTIFÍQUESE en términos de ley, devuélvanse
los documentos atinentes y, en su oportunidad,
archívese el presente expediente como asunto
concluido.
Así lo resuelven por unanimidad de votos los
integrantes de la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con
jurisdicción en la Primera Circunscripción
Plurinominal, ante el Secretario General de
Acuerdos quien autoriza y da fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE
NOÉ CORZO CORRAL
MAGISTRADO MAGISTRADO
JOSÉ DE JESÚS JACINTO SILVA
COVARRUBIAS DUEÑAS RODRÍGUEZ
EDSON ALFONSO AGUILAR CURIEL
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
- 185 -

- 186 -
SG-JRC-576/2012
Y ACUMULADOS