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Proyecto Educativo Nacional al 2021
104 SEGUNDA PARTE
d. Articulación de los espacios de concertación en educación con las instancias de participación de la sociedad
civil que gozan de legitimidad social y con espacios de concertación intersectorial tales como los Consejos de
Coordinación Regional y Local, de presupuesto participativo.
e. Promoción de la vigilancia periódica y organizada de la sociedad a las políticas, programas, pactos y proyectos
educativos en sus diversos niveles en base a indicadores sencillos, significativos y concertados, fomentando
grupos de iniciativa ciudadana que movilicen, vigilen y acompañen ese proceso.
16. MORALIZAR LA GESTIÓN EN TODAS LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA EDUCATIVO
Diversas modalidades de conducta negligente y de corrupción conspiran contra una gestión educativa que propicie
mayores logros de aprendizaje. Contratos viciados, arreglos ilegales sobre calificaciones, pagos por plazas
docentes espurias son sólo un ejemplo de conductas que sustraen recursos para la educación, que inducen a decisiones
ineficientes o claramente perjudiciales y que, además, generan desaliento y corroen el compromiso con una
gestión educativa de calidad.
Tales comportamientos han prosperado bajo el amparo de la ausencia de sanción e incluso de supervisión efectiva.
Esta política busca el desarrollo de un programa nacional de moralización que interactúe con entidades penales y
fiscales especializadas y que rinda resultados duraderos atacando las condiciones que hacen posible corrupción.
PRINCIPALES MEDIDAS
a. Incentivar las prácticas de buena gestión y sancionar eficazmente los hechos de corrupción.
b. Fortalecer la capacidad de los Consejos Participativos Regionales (COPARE), Consejos Participativos Locales
(COPALE) y Consejos Educativos Institucionales (CONEI) en la función de concertación y vigilancia del funcionamiento
ético de las instituciones e instancias educativas.
c. Conformación de un Sistema de Probidad de la Educación como soporte institucional a las medidas de prevención,
control y vigilancia de la corrupción en el sector. Cada instancia de gestión educativa elabora y aprueba su
propio plan de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Probidad.
d. Utilización de instancias arbitrales especializadas en mediación y resolución de conflictos en el ámbito de la
educación, con decisiones vinculantes para las partes y con locales para la recepción de denuncias ubicados en
todos los municipios distritales en coordinación con la Defensoría, la Fiscalía y la Contraloría.