RENTA BASICA - BIN Italia

216 EL INGRESO CIUDADANO EN LA AGENDA ARGENTINA
cibido por el titular o el grupo familiar. En segundo
lugar, su cumplimiento efectivo requiere disponer de
una infraestructura pública en condiciones de absorber
contingentes laborales en actividades que brinden
alguna utilidad social, situación tanto más crítica cuando
se trata de intervenciones masivas en atención a los
niveles que alcanzan el desempleo y la pobreza. Tercero,
contar con capacidad de gestión adecuada para
monitorear el cumplimiento de las contraprestaciones
así como criterios y disposición para sancionar las irregularidades
detectadas.
El actual PJJHD expresa este tipo de conflictos cuya
no resolución se manifiesta como una disociación entre
el plano formal y la realidad concreta. Así, mientras
la normativa dice establecer un derecho universal
de inclusión social y fija la obligatoriedad de
contraprestaciones laborales por parte de los beneficiarios,
en los hechos, al focalizar en un determinado
grupo vulnerable, opera con criterios de selección y
“racionamiento” que promueven la intermediación
política y el clientelismo. En el mismo sentido, las evidencias
de contraprestación laboral efectiva son escasas
como también son limitadas las posibilidades de
control y de sanción. Además, el acceso al programa
fue posible sólo en un momento determinado del tiempo.
Esto congela el plantel de potenciales beneficiarios,
por lo que, aún dentro del propio criterio de
focalización, excluye a los nuevos jefes de hogar desocupados
y, al mismo tiempo, parece presuponer que
los beneficiarios actuales continuarán desocupados.
A pesar de los señalamientos críticos, existe un amplio
consenso a favor de su continuidad en atención a
la gravedad de la situación socioeconómica. En este
contexto, el debate que se abre a futuro permitiría di-