Contratas y subcontratas - Ministerio de Empleo y Seguridad Social

alude al elemento temporal a propósito del
cumplimiento del «deber de comprobación», de
las consecuencias del mismo, o de la duración
de la responsabilidad solidaria, pero ninguna
consideración hacen los preceptos de referencia
a la contrata como forma permanente de
acometer la correspondiente actividad empresarial;
da la impresión de que para el art. 42
ET la contrata es un negocio ocasional, que
celebran dos empresas en un momento determinado,
cuando lo cierto es que en muchas
ocasiones actúa como una forma de vinculación
continuada o al menos por tiempo «indefinido»
entre la empresa principal y la empresa
contratista, o entre ésta y eventuales subcontratistas,
o, en fin, entre todas ellas. Se trata,
sin embargo, de una situación relativamente
frecuente, especialmente en ciertos sectores
de actividad y en grandes empresas, que suelen
descargar buena parte de su actividad en
una extensa red de contratas, en la que un
número más o menos cuantioso de empresas
auxiliares gravitan alrededor de una empresa
principal, normalmente con mayor envergadura
y con mayor potencial económico. En
esta situación de «contrata-red» pueden ser
válidas las reglas establecidas con carácter
general por el art. 42 ET y sus complementos,
pero es evidente que, siendo útiles y debiendo
ser aplicadas, puede que resulten insuficientes.
Sobre todo, desde el punto de vista de la
seguridad y salud en el trabajo 28 , pues no en
vano se trata de una situación en la que la
coordinación entre las empresas implicadas
debe ser más persistente, y también más
intensa, lo que de alguna manera reclama
una regulación más especializada y más
intensa de la que actualmente existe (tal vez
similar a la que en su momento fue aprobada
para las relaciones entre empresas de trabajo
temporal y empresas usuarias) 29 . También el
28 Vid. A. BLASCO MAYOR, Previsiones y carencias de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales frente al fenómeno
de la externalización», AL, núm. 35 (2002), pp.
803 ss.
29 Seguramente el legislador ha sido consciente de
ello al incluir en el art. 24 LPRL, con ocasión de la refor-
JOAQUÍN GARCÍA MURCIA
buen funcionamiento de las relaciones laborales
en su conjunto (representación y derechos
de información, negociación de condiciones
de trabajo, etc.) reclama en estos casos
una atención especializada por parte de la
norma, como acontecimientos recientes han
puesto de relieve.
3.3. El requisito de la «propia actividad»
La aplicación del art. 42 ET –y del art. 24.3
LPRL, por cierto; no así del art. 127.1 LGSS,
como ya vimos– se condiciona, de todas formas,
a la concurrencia de una circunstancia
adicional. Como es sabido, el art. 42.1 ET exige
con carácter general que se trate de obras
o servicios correspondientes «a la propia actividad»
de la empresa contratante, requisito
éste que ha venido suscitando las que tal vez
se puedan calificar como mayores dudas
interpretativas acerca del alcance efectivo del
precepto. En verdad, el cumplimiento de esa
condición podía valorarse desde muy diversos
frentes o perspectivas, como desde el principio
puso de relieve la doctrina. Por propia
actividad podía entenderse, en efecto, o bien
la actuación dentro del mismo sector o rama
de actividad, o bien la realización de actividades
coincidentes o muy próximas, o bien la
participación en el correspondiente ciclo productivo,
o bien, en fin, la realización de tareas
necesarias o imprescindibles para el funcionamiento
de la empresa principal, por citar
tan sólo algunas de las propuestas barajadas
a ese respecto. La discusión, de cualquier
modo, ha quedado prácticamente cerrada
tras la aparición de doctrina jurisprudencial
unificada, que se ha decantado por el criterio
ma parcial de dicha disposición legal, una habilitación
reglamentaria para el desarrollo de lo dispuesto en sus
distintos pasajes. Sobre el contenido posible de la misma,
F. Pérez de los Cobos Orihuel, «La seguridad y salud
en el trabajo en los supuestos de concurrencia de actividades
empresariales. A propósito del posible desarrollo
reglamentario del art. 24 LPRL», AL, núm. 30 (2003), pp.
535 ss.
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