Contratas y subcontratas - Ministerio de Empleo y Seguridad Social

cantidad «adelantada» 43 . Esa posición hace
que el acreedor deba estar pendiente en primer
término de la empresa contratista o subcontratista,
que es la realmente obligada,
pero que, al mismo tiempo, y por efectos de la
solidaridad, pueda demandar conjuntamente
a principal y auxiliar, sin esperar a una
previa declaración de insolvencia, lo que
constituye la gran diferencia con la responsabilidad
meramente subsidiaria (prevista,
en cambio, para las obligaciones de Seguridad
Social en aquellas contratas o subcontratas
ajenas a la propia actividad de la
empresa principal).
En el ámbito de las contratas y subcontratas
puede irrumpir, por otra parte, la responsabilidad
de naturaleza administrativa, por
infracción de deberes o prescripciones laborales
o de Seguridad Social. Tal responsabilidad
(que por cierto, y a diferencia de lo que
ocurre en el at.43 ET, no está aludida en el
art. 42 ET, y que tampoco se extiende a todos
y cada uno de los posibles incumplimientos,
por ausencia de tipificación legal) se contempla,
como ya vimos, en diversos preceptos,
entre los que destaca –si dejamos al margen
la casi incomprensible regla del art. 42.1
LISOS, pretendidamente de carácter general–
el art. 42.3 LISOS, para el caso de incumplimiento
por la empresa principal de las
obligaciones de vigilancia en materia de
seguridad y salud en el trabajo previstas en el
art. 24.3 LPRL, y el art. 23.2 LISOS, para el
caso de incumplimiento por la empresa contratista
o subcontratista de la obligación de
no dar ocupación a beneficiarios de prestaciones
públicas incompatibles con el trabajo.
Ambas previsiones se ciñen al supuesto de
contrata o subcontrata referida a la propia
actividad de la empresa principal, pero en ese
punto acaba prácticamente su similitud,
43 Vid. M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, «La regulación protectora
del trabajo en contratas, cit., pp. 48 ss., y J.
GARCÍA MURCIA, «El trabajo en contratas y la cesión de
mano de obra en el Estatuto de los Trabajadores», cit.,
pp. 43 ss.
JOAQUÍN GARCÍA MURCIA
habida cuenta que el primero de esos preceptos
se refiere a una pura responsabilidad
administrativa, esto es, frente a las correspondientes
sanciones administrativas (ámbito
en el que, dicho sea de paso, es muy dificil
imponer la solidaridad, entre otras razones
por el principio de culpabilidad), mientras
que el segundo puede estar referido, en cambio,
tanto a ese tipo de responsabilidad (en
cuyo caso merecería una valoración equivalente)
como a una responsabilidad formalmente
administrativa pero materialmente
patrimonial (dirigida concretamente a la
«devolución» de las cantidades indebidamente
percibidas por el trabajador), ámbito éste
en el que pueden jugar principios distintos.
5. EL CONTENIDO (ADICIONAL) DE LA
NORMA: DERECHOS Y DEBERES
DE INFORMACIÓN
La reforma operada por la Ley 12/2001
supuso, como es sabido, el añadido de tres
nuevos números al art. 42 ET, que establecen
un buen cúmulo de derechos de información
para los trabajadores o sus representantes.
En el reverso de tales derechos se sitúan,
como es natural, las correspondientes obligaciones
de los empresarios vinculados por los
negocios de contrata y subcontrata, cuyo
incumplimiento constituye infracción administrativa
grave, a tenor del art. 7.11 LISOS,
previsión también incorporada por aquella
disposición legal (y respecto de la que podría
jugar la enigmática regla de responsabilidad
del art. 42.1 LISOS). Esta ampliación del precepto,
que le dota de reglas desconocidas hasta
ahora en la regulación protectora del trabajo
en contratas, parece ser fruto de una tendencia
legal, muy típica de los últimos tiempos,
orientada a la difusión de los derechos de
información en las distintas parcelas de las
relaciones de trabajo, entre otras razones por
su mayor complejidad y por las crecientes
dificultades de determinación o identificación
del sujeto empresarial (o, al menos, el sujeto
responsable) respecto de una concreta presta-
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 48
35