Contratas y subcontratas - Ministerio de Empleo y Seguridad Social

tas, y que en su art. 2 proporciona definiciones
sumamente útiles en este contexto, como
las de promotor, contratista y subcontratista
(a las que también se refiere, por cierto, la
Ley de Edificación). Tal es el caso, asimismo,
de la Ley de Contratos de las Administraciones
públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, modificada y completada
en parte por la Ley 13/2003, de 23 de
mayo, sobre el contrato de concesión de obras
públicas), que contiene, para ese ámbito, las
lógicas referencias a las contratas públicas y
a las posibilidades de subcontratación.
Un tercer bloque de previsiones complementarias
podría confeccionarse, a su vez,
con todas aquellas reglas, legales o pactadas,
que concedan algún papel en este ámbito a
las representaciones sindicales o unitarias de
los trabajadores, que hoy en día habrían de
conectarse sobre todo con los párrafos 3, 4 y 5
del art. 42 ET. En este apartado ha de hacerse
mención, en primer término, al art. 64.1.1º
ET, en cuanto reconoce a los representantes
legales de los trabajadores derechos de información
periódica acerca de los «supuestos de
subcontratación». Habrá de darse cabida, en
fin, a todas aquellas cláusulas pactadas en
convenio o acuerdo colectivo que de alguna
forma establezcan compromisos o criterios de
uso de la subcontratación como técnica para
afrontar el desarrollo de la actividad empresarial,
en especial si conceden derechos de
información, consulta o participación a los
representantes de los trabajadores 17 .
En este repaso de normas complementarias
no deben caer en el olvido, finalmente,
los preceptos que dentro del Código Civil, y
desde hace ya mucho tiempo, se ocupan de las
contratas o contratos de ejecución de obra
(arts.1588 y sig.), que siguen teniendo virtualidad
para identificar y delimitar los términos
de ese negocio, y su misma naturaleza
17 Veáse, por ejemplo, la cláusula 2.1 in fine del
capítulo V del Acuerdo Interconfederal para la Negociación
Colectiva de 2003.
JOAQUÍN GARCÍA MURCIA
jurídica. Recuérdese, sobre todo, que al art.
1597 CC llegó a proporcionar incluso una
cierta tutela económica a los trabajadores
implicados en ese tipo de negocios, al reconocer
acción contra el principal («dueño de la
obra»), en determinadas circunstancias, a
«los que ponen su trabajo y materiales en una
obra ajustada alzadamente por el contratista»,
bien es verdad que hasta el límite de la
cantidad adeudada por aquél 18 .
2.3. Regulación legal y desarrollo
reglamentario
Desde que alcanzaron rango legal (tras la
absorción del Decreto 3677/1070 por parte de
la LRL), las normas protectoras del trabajo
en contratas y subcontratas de obras y servicios
han adquirido primordialmente rango
legal. Pero no estamos aquí ante una reserva
material de ley en sentido estricto (aunque se
haya producido cierta congelación de rango,
por la misma intervención e inercia normativa),
ni tampoco existen obstáculos absolutos
para la intervención de la potestad reglamentaria,
dentro del correspondiente marco legal.
De hecho, y como ya tuvimos ocasión de adelantar,
existe dentro del art. 42.1 ET una llamada
directa a la norma reglamentaria a propósito
del deber de comprobación impuesto al
empresario principal y el consiguiente deber
de respuesta de la entidad gestora (que no ha
sido atendida de manera directa, pero que
puede conectarse las correspondientes previsiones
de los vigentes reglamentos de cotización
y recaudación en el ámbito de la Seguridad
Social), así como una remisión a los términos
que reglamentariamente se determinen
para el cumplimiento de los deberes de
información a la Tesorería General de Seguridad
Social), a las que habrá de agregarse,
en un futuro muy próximo, la que se prepara
en la reforma de la Ley de prevención de ries-
18 Una nueva visita a ese precepto en D. MONTOYA
MEDINA, La regulación jurídica laboral del trabajo en contratas(Tesis
Doctoral, Alicante, 2003), pp. 61 ss.
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