Contratas y subcontratas - Ministerio de Empleo y Seguridad Social

que impone el art. 24 LPRL quedan referidas
a una serie de situaciones que en más de un
caso parecen superponerse, como también
advertimos en su momento.
3.4. La exclusión de las «obras
familiares» o no empresariales
Siguiendo una línea constante en este singular
segmento normativo, el art. 42.2 ET
descarta la responsabilidad del sujeto contratante
respecto de «los actos del contratista
cuando la actividad contratada se refiera
exclusivamente a la construcción o reparación
que pueda contratar un cabeza de familia
respecto de su vivienda, así como cuando
el propietario de la obra o industria no contrate
su realización por razón de una actividad
empresarial». Se trata, como es suficientemente
conocido, de una regla que mantiene
un paralelismo claro con lo dispuesto en el
art. 127 LGSS, que contiene una previsión
similar (aunque formalmente de alcance más
limitado, y con algunas variaciones terminológicas),
y que en realidad supone, en buena
lógica, y a la hora de la verdad, la exclusión de
ese tipo de contrataciones de la normativa
especialmente dedicada por el ordenamiento
laboral a la protección del trabajo en contratas
(aunque no de la totalidad de los preceptos
que giran alrededor de la misma, como es
el caso, señaladamente, de la añeja previsión
del art. 1597 CC, en cuanto que éste otro precepto,
al conceder acción a los empleados del
contratista frente al «dueño» de la obra ajustada,
no distingue en razón de la naturaleza o
clase del sujeto contratante 31 ).
La exclusión expresa que efectúa el art.
42.2 ET supone, en todo caso, una previsión
redundante dentro de la estructura de dicho
precepto. De hecho, la exigencia básica de que
las contratas o subcontratas de obras o servi-
31 Vid. A. V. SEMPERENAVARRO, «El artículo 42 ET: una
visión panorámica», Documentación Laboral, núm. 68
(2003), p. 41.
JOAQUÍN GARCÍA MURCIA
cios a las que dirige sus prescripciones tengan
que estar referidas a la propia actividad
de la empresa contratante ya deja fuera de su
radio de acción no sólo los supuestos de construcción
o reparación de la vivienda a cargo
del cabeza de familia, sino también a las contratas
que no tengan relación con la actividad
empresarial del contratante, como viene a
decir asimismo el propio art. 42.2 ET; luego
no estamos más que ante una reiteración
innecesaria del precepto, que pudo tener sentido
en otros momentos pero que en la actualidad
parece poco pertinente. Distinto ha de
ser el juicio, no obstante, en relación con el
art. 127.1 LGSS, desde el momento en que en
este precepto ni se acoge el criterio de la propia
actividad para la delimitación de su campo
de acción, ni se excluye formalmente la
contrata «ordinaria» que no tenga por objeto
la construcción o reparación de la vivienda
familiar, aunque no responda a cometidos
empresariales. Distintas consideraciones
puede que merezca asimismo el art. 24 LPRL,
por su distinta formulación, a sabiendas, en
todo caso, que su centro de imputación constante
es la empresa y la actividad empresarial,
no la actividad que podríamos calificar
como «privada» o particular, para distinguirla
de la anterior. Por lo demás, la alusión del
art. 42.2 ET al «cabeza de familia» debe
entenderse referida a todo particular que
contrate con empresas o profesionales la
construcción o reparación de su vivienda,
aunque no forme parte de una familia en sentido
formal o estricto.
4. EL CONTENIDO (ESENCIAL) DE LA
NORMA: REGLAS PREVENTIVAS Y
PROTECTORAS
Pese a las incorporaciones recientes, el
núcleo o contenido esencial del art. 42 ET
sigue residiendo en sus dos reglas clásicas: de
un lado, la que impone un «deber de comprobación»
al empresario principal con el fin de
evitar la presencia de empresarios contratistas
incumplidores o defraudadores de los
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