Contratas y subcontratas - Ministerio de Empleo y Seguridad Social

30
ESTUDIOS
derechos de los trabajadores (mediante el
impago de cuotas a la Seguridad Social, concretamente);
de otro, la que hace a ese mismo
empresario principal responsable solidario
conjuntamente con el empresario contratista
frente a sus obligaciones salariales y de Seguridad
Social. Este «núcleo duro», por lo
demás, queda reforzado por otros dos preceptos
legales: de una parte, por el art. 127.1
LGSS, que impone una responsabilidad subsidiaria
a la empresa principal en el ámbito
de la cotización y el pago de prestaciones de
Seguridad Social (cuando la contrata o subcontrata
no se refiere a su «propia actividad»,
pues en caso contrario juega el art. 42 ET), y
de otra, el art. 42.3 LISOS, que, en conexión
con el art. 24.3 LPRL, aplica esa misma técnica
de la responsabilidad solidaria en el
ámbito de las infracciones de naturaleza
administrativa a la normativa de prevención
de riesgos laborales, bien es verdad que siempre
que se produzcan en el seno de contratas
o subcontratas referidas a la propia actividad
de la empresa principal y dentro de sus centros
o instalaciones de trabajo.
4.1. El instrumento preventivo: el
deber de comprobación previa
Según el primer párrafo del art. 42 ET,
antes de proceder a la celebración de la contrata
el empresario principal debe comprobar
que el correspondiente contratista (o subcontratista)
está al corriente en el pago de
cuotas a la Seguridad Social, y a tales efectos
deberá recabar por escrito a la Tesorería
General de Seguridad Social (TGSS), con
identificación de la empresa afectada, certificación
negativa por descubiertos. Dicha
entidad deberá librar la certificación que
corresponda en el término de treinta días
improrrogables «y en los términos que reglamentariamente
se establezcan», de modo y
manera que, transcurrido ese plazo, quedará
liberado de responsabilidad el empresario
solicitante.
Seguramente estamos ante una de las
reglas de mayor dificultad interpretativa
dentro del art. 42 ET (y, en general, dentro
del sistema normativo de las contratas y subcontratas
de obras y servicios), y también
ante una de las previsiones legales de operatividad
más complicada. De una forma un
tanto superficial o displicente (y a raíz de una
pequeña modificación introducida por la Ley
12/2001), el precepto parece remitir a un
futuro desarrollo reglamentario en el que
supuestamente habrían de precisarse o aclararse
muchos de esos problemas o, al menos,
concretarse los términos en que deberá cumplimentarse
la respuesta a la correspondiente
solicitud por parte de la entidad gestora (y
tal vez también los términos en que deberá
formularse dicha solicitud por parte de la
empresa interesada, aunque no se diga de
modo expreso). Tal desarrollo, sin embargo,
no ha visto aún la luz, sin perjuicio de que
alguna de las normas reglamentarias vigentes
en el Sistema de Seguridad Social ya se
refiriera desde hace algún tiempo a ese tipo
de obligaciones del empresario principal,
aportando alguna pista al respecto. Se trata,
como vimos, del art. 10.3.b) del RD
1637/1995, de Recaudación de recursos de la
Seguridad Social, que reitera tal obligación,
con pequeñas variaciones terminológicas (y
puede que también con alguna diferencia en
su alcance o contenido, habida cuenta de que
contempla la posibilidad de que se emita certificación
«negativa o positiva», y no sólo
negativa, además de referirse no ya a la
«empresa» afectada, sino, en términos más
amplios, a «la explotación, industria o negocio
afectado»).
En cualquier caso, esta regla –la legal inicialmente,
también la reglamentaria en la
actualidad– sigue suscitando dos grandes
problemas interpretativos 32 . El primero de
32 Aparte de otros muchos problemas de «orden
menor»: quién está legitimado para solicitar información,
qué tipo de datos se pueden solicitar y comunicar,
cuándo se entiende que existe «descubierto», etc. Sobre
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 48