CODIGO DE COMERCIO DE COLOMBIA - Cámara de Comercio del ...

Art. 1058._Declaración del estado de riesgo. El tomador está obligado a declarar
sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el
cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre
hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de
celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad
relativa del seguro.
Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la
inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o
circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo.
Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no
será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un
porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en
el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del
riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160.
Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de
celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre
que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a
subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.
Conc.: 900, 1037 num. 2o., 1041, num. 2o., 1054, 1064, 1158, 1160, 1161, 1162; C. Civil
63, 1509 y ss., 1740 y ss.; Circular Externa 007 de 1996 Superbancaria Título VI Capítulo
II No. 1.2.1.3 literal b).
Nota Jurisprudencial. Contrato de seguro. ” la cabal estimación de los riesgos que habrá de cubrir
el seguro y, por consiguiente, la decisión del asegurador de ajustar el contrato o no, así como la de
liquidar la prima respectiva, descansa, preponderantemente en las atestaciones que al respecto
asiente el tomador del seguro, quien, en tal virtud, “ ha de decir exactamente todo lo que dice y ha
de decir todo lo que sabe”, de modo que la lealtad, exactitud y esmero que éste en el cumplimiento de
ese deber resultan indispensables para el anotado fin, a la vez que la transgresión de las señaladas
reglas de conducta aparejan consecuencias de diverso orden, entre ellas la de afectarlo de nulidad
relativa” (…) Del contrato de seguro se predica, como atributo que le pertenece, la “uberrimae bona
fidei”, no simplemente para significar que debe celebrarse de buena fe, desde luego que tal exigencia
la reclaman específicos mandatos constitucionales (artículo 83 de la Constitución Política) y legales
(artículo 863 del C. de Co., 1603 del C. Civil, entre otros), respecto de cualquier negocio jurídico, y
en general, como regla de comportamiento a seguir en toda relación intersubjetiva con relevancia
jurídica; sino para enfatizar que la misma – buena fe- adquiere, dentro de la estructura de dicho
contrato, una especial importancia, al paso que las repercusiones de la misma, examinadas siempre
de manera rigurosa, se ofrecen en una muy variada gama de aplicaciones. Una de esas nítidas
manifestaciones del aludido principio reluce, para decirlo claramente, en lo concerniente con el deber
del asegurado de hacerle saber al asegurador todas aquellas circunstancias que influyan en la
apreciación del riesgo, para cuya determinación, dada su complejidad y onerosidad, se confía el
asegurador, por regla general en las informaciones suministradas por aquel, a quien, por
consiguiente, se le exige en el punto una conducta “intachablemente diligente” ya que toda
reticencia o inexactitud en la información de cualquier incidencia que pueda hacer ver como más o
menos probable la realización del hecho condicionante de la obligación del asegurador, es suficiente
para enturbiar de tal forma la igualdad de condiciones entre las partes que, inclusive puede llegar a