El amparo electoral en México y España. Una perspectiva comparada

Ferrer Mac-Gregor/Herrera García
Este criterio se vio reforzado en los años posteriores con un
segundo argumento. El juicio de amparo se había instituido para
la protección de las llamadas “garantías individuales”, concepto
comúnmente asociado con la idea de los “derechos civiles”. un
amparo no podía enderezarse a la tutela de “derechos políticos” de
carácter individual porque éstos no formaban parte del objeto del
juicio, según esta particular lectura de la Constitución federal. Desde
entonces, el fundamento de la improcedencia del amparo siempre ha
sido una concepción restringida de los derechos políticos de índole
individual: los derechos políticos no son “garantías individuales”,
y en cuanto ello es así, no son susceptibles de tutela judicial en vía
de amparo. 27 En realidad, fue este sencillo argumento el que, sin
embargo, de modo general, cobró más fuerza en la jurisprudencia
de la Corte a lo largo de todo el siglo xx.
A la jurisprudencia inicial de la Corte se acompañó una legislación
de amparo explícitamente opositora a la procedencia
del juicio en la materia electoral. La Ley de Amparo, que data de
1936, introdujo como causal de improcedencia esta materia
en su artículo 73 (fracciones VII y VIII). Con la posterior reforma de
enero de 1988 a la fracción VII de este precepto, la improcedencia
resulta incluso más genérica al determinar la inadmisibilidad de
la siguiente manera: “el juicio de amparo es improcedente […] contra
las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades
en materia electoral”.
De este modo, la Constitución federal, la legislación de amparo,
y la interpretación de la Suprema Corte y de los tribunales de la
Federación, conformaron un infranqueable bloque normativo
que impidió la procedencia del amparo no sólo frente a leyes de
la materia electoral, sino también frente a cualquier actuación
27 Véase, por todas, la tesis de la Suprema Corte P. Lx/2008.
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