La España de las Autonomías - Fundación Transición Española

Si los acuerdos políticos de 1981 fueron flor de un día cuando el Estado de las
Autonomías estaba dando sus primeros pasos, ahora, con tantos y tan fuertes
intereses como ha creado a lo largo de treinta años, repetir ese tratamiento para
evitar la imprescindible cirugía sería irresponsable.
El Estado de las Autonomías que hoy tenemos se constituyó a empellones,
atropelladamente, al margen de toda reflexión.
Y no me refiero sólo al número de Comunidades Autónomas, diecisiete, que
nadie decidió de antemano y que es a todas luces excesivo porque excede en
uno el número de los Länder de la República Federal de Alemania, a pesar de
que ésta nos dobla en población, lo que significa que aquí se ha atribuido el
poder de hacer leyes y de diseñar y ejecutar políticas propias a colectividades
que apenas exceden los 300.000 habitantes (por ejemplo, La Rioja, con 322.955),
cifra que superan una docena de municipios españoles.
Me refiero también a las competencias, que se transfirieron igualmente a
borbotones, sin pensar en sus consecuencias, y que se recibieron también con
ligereza suma sin tener en cuenta las propias fuerzas. Hoy nos quejamos todos
de que las Cortes Generales y el Gobierno tengan que contemplar impasibles los
“desaguisados” urbanísticos, porque, según declaró el Tribunal Constitucional
en su desafortunada Sentencia de 20 de marzo de 1997, el Estado carece de
competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Esto es
sencillamente absurdo, porque absurdo es reconocer, como unánimemente se
reconoce en todo el mundo, que el territorio es elemento esencial del Estado y
añadir a continuación que éste no puede hacer, ni decir nada para ordenarlo.
Pero ese absurdo, que nos asemeja en este punto a la Orden de Malta, único
Estado soberano sin territorio, viene de muy lejos, de la época de las “preautonomías”
incluso, en la que el Gobierno de entonces, para contentar a los
líderes periféricos que iban a Madrid y acallar sus reivindicaciones, les daba
sin más un Decreto transfiriéndoles todas las competencias que le reconocía el
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976. Es éste simplemente un ejemplo,
pero muy expresivo, que me ahorra explicaciones más detalladas.
De ahí venimos y por eso hemos llegado hasta aquí.
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