La España de las Autonomías - Fundación Transición Española

pagar la luz, el teléfono y los demás recibos del mes de agosto porque no tiene
dinero y ha decidido cobrar hasta tres euros a cada niño que lleve su comida al
colegio en una “tartera” por la misma razón, pero para sus “embajadas” no le
falta, por ridículo y vergonzante que resulte a veces pasar por delante de algunos
locales abiertos al público, como el que durante años tuvo en París junto al
restaurante Procope, en los que nunca entra nadie para hojear las publicaciones
que con profusión exhiben en los escaparates.
La mayoría tiene también, cómo no, su propio Consejo Consultivo, remedo
del Consejo de Estado, su Tribunal de Cuentas y su Defensor del Pueblo, con
rimbombantes títulos “históricos” en algunos casos, resucitados o simplemente
inventados (la Historia como folletín de las personas serias, que diría D. Pío
Baroja), como ocurre en el caso del Defensor que es un invento escandinavo,
el Ombusman sueco, desconocido en el resto de Europa hasta hace medio
siglo cuando, sin saber muy bien por qué, se puso de moda. No faltan, incluso,
organismos como el Consejo Económico y Social, de nuevo cuño y utilidad nunca
probada, pero como el Estado lo incorporó un día a su aparato organizativo…
Por si esto no fuera bastante a la megalomanía de los políticos periféricos se ha
unido sorprendentemente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que les
allanó inopinadamente el camino para crear también Tribunales de Defensa de
la Competencia, cosa que no se les había ocurrido siquiera.
La tercera ola estatutaria a la que dio paso sin que nadie lo hubiera pedido
el Sr. Rodríguez Zapatero, permitió a Cataluña diseñar un Estatuto de signo
indisimuladamente confederal en el que para que no faltara de nada en el
plano institucional se incluyó un Consejo de Justicia de Cataluña, copia del
Consejo General del Poder Judicial, al que su artículo 76 definió como “órgano
de gobierno del poder judicial en Cataluña” e, incluso, una réplica del propio
Tribunal Constitucional, el Consejo de Garantías Estatutarias, iniciativas
ambas que la Sentencia constitucional de 28 de junio de 2010, a pesar de la
extraordinaria laxitud de la que hizo gala a la hora de juzgar dicho Estatuto, no
tuvo más remedio que frenar, declarando inconstitucionales y nulos los extremos
más −digamos chocantes− de la regulación de dichos órganos.
El Estatut de Cataluña de 2006 inauguró también una nueva etapa en esta insensata
y desnortada carrera iniciada por las Comunidades Autónomas para asemejarse o
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