La España de las Autonomías - Fundación Transición Española

mucho mayores que las de nuestras Corporaciones Locales), pero sí me parece
importante asumir sus principios e inspirarse en ellos a la hora de afrontar la
imprescindible reforma de un cuadro institucional que arranca de la Constitución
de Cádiz y que dos siglos después se ha vuelto insostenible.
En pleno siglo XXI es obligado optar por la provincia y por las Diputaciones
Provinciales como base del Régimen Local. Ellas habrían de hacerse cargo
en todo caso de la actividad prestacional (repito esto para dejar claro que la
función representativa es algo distinto que no pongo en cuestión) de ese 96%
de los municipios españoles cuya población es inferior a 20.000 habitantes y,
quizás también, de alguno de los servicios que hoy son competencia de los 220
municipios que superan esa cifra pero no llegan a los 100.000 si por la naturaleza
de los mismos se requiere una escala de prestación mayor por razones de
eficiencia económica.
El anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local que está circulando en estos momentos parece haberse orientado en esa
dirección cuando prevé que “en los municipios con población inferior a 20.000
habitantes, las Diputaciones provinciales, los Cabildos o Consejos insulares en
su caso, asumirán la titularidad de las competencias para la prestación común y
obligatoria, a nivel provincial o infraprovincial, de todos o algunos de los servicios
previstos en este precepto, cuando la prestación en el ámbito municipal, ya sea
en razón de la naturaleza del servicio, la población o la sostenibilidad financiera
no cumpla con los estándares de calidad” previamente establecidos.
Este planteamiento, que remite a decisiones individualizadas, caso por caso,
lleva en sí mismo, sin embargo, el germen de su fracaso por la conflictividad
que la adopción de esas decisiones generará inevitablemente, que terminará
por resultar insoportable para cualquier Gobierno y conducirá por ello a la
inaplicación del sistema.
Este tipo de operaciones quirúrgicas deben hacerse de una vez cuando se
consideren necesarias y es el Legislador con su superior legitimidad quien deben
llevarlos a cabo. Sí efectivamente se cree que por debajo de 20.000 habitantes
no es posible asegurar la correcta prestación de ciertos servicios lo lógico es
declararlo así con carácter general; limitarse a prever la posibilidad de traspasar a
las Diputaciones las competencias sobre dichos servicios de aquellos municipios
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