Resolución S.B.S. 816-2005 Reglamento de Sanciones

El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, sobre la base de los hechos detectados por
la propia Superintendencia u otras entidades o por las denuncias presentadas por terceros al amparo
del artículo 105º de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
En el procedimiento sancionador sólo participan la Superintendencia y la o las personas a las que se
les imputa la comisión de una infracción administrativa. La persona que denuncia un hecho que
considera contrario al ordenamiento legal conforme a lo indicado en el párrafo anterior, no forma parte
del procedimiento sancionador, teniendo derecho únicamente a que se le notifique el resultado del
mismo.
En el caso de denuncias sobre el incumplimiento de las disposiciones que rigen a las empresas
supervisadas en su relación directa con los clientes, la Superintendencia ejercerá su potestad
sancionadora cuando éstas constituyan un patrón de conducta, conforme a las atribuciones que le han
sido conferidas por su ley orgánica. Los casos individuales que contengan materia amparada por las
normas de protección al consumidor, serán derivados al Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Artículo 20°.- Fases del Procedimiento
El procedimiento tiene dos fases según se indica a continuación:
1. Fase Instructora
La fase instructora del procedimiento sancionador está a cargo del órgano instructor, que
puede tener carácter unipersonal o colegiado, de acuerdo a lo que determinen las normas
internas de la Superintendencia.
La fase instructora se inicia con la comunicación que el órgano instructor debe enviar al
presunto infractor informándole los hechos que presumiblemente constituyen infracción
susceptible de sanción, expresando la calificación de las infracciones, las posibles sanciones
que se pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma
que atribuya tal competencia, con el fin que realice los descargos correspondientes en el plazo
de quince (15) días hábiles computados desde la fecha de notificación, prorrogables por un
periodo igual.
Vencido dicho plazo, con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el
procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los
hechos, recabando los datos e informaciones relevantes a fin de determinar la existencia de
responsabilidad susceptible de ser sancionada.
La fase instructora concluye con un informe del órgano instructor, que contendrá una propuesta
en la que se determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren constitutivas
de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción para dichas conductas y la sanción
propuesta; o bien, se propondrá la declaración de no existencia de infracción según
corresponda.
2. Fase Resolutoria
La Superintendencia Adjunta competente o el funcionario debidamente autorizado por
resolución de Superintendencia tendrá la calidad de órgano de resolución, pudiendo disponer la
realización de actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el
procedimiento.
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