Drogas ilícitas, vida recreativa y gestión de riesgos. - Ai Laket!

2.1. La persecución legal.
La persecución contra las drogas ilícitas tiene en el derecho
sancionador, penal y administrativo, sus dos pilares fundamentales. La
consideración de la producción y venta de drogas como delito contra la salud
pública conlleva una intensa actividad policial en torno al comercio de estas
sustancias. Ello queda claramente reflejado en las 98.000 detenciones que por
ese motivo se practicaron en España en el año 2000. Muchas de estas
detenciones fueron de simples consumidores, a los que la ambigüedad y
amplitud de algunas conductas castigadas por el Código Penal coloca en un
permanente estado de inseguridad jurídica.
Pero, aunque es indudable que la legislación penal afecta también a los
simples usuarios, es la legislación administrativa, en concreto la Ley Orgánica
1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, la que se dirige
específicamente contra ellos. En el conjunto del estado español (Usó, 2000),
entre 1992 y 1997, 241.141 personas fueron sancionadas con multas de entre
50.001 y un millón de pesetas por tenencia o consumo, en aplicación de la
citada ley. Se calcula que estas sanciones suponen para el estado unos
ingresos de alrededor de 18 millones de €, que salen directamente de los
bolsillos de las personas usuarias sancionadas, con el consiguiente quebranto
económico.
Como estas sanciones pueden ser suspendidas sometiéndose a
tratamiento de deshabituación, una gran parte de las demandas de asistencia
por supuesta dependencia de drogas ilícitas, especialmente de cannabis, están
provocadas artificialmente por la existencia de este tipo de sanciones (Martín,
1999). Aunque apenas se ha estudiado en detalle esta cuestión, en los pocos
casos en que se ha averiguado de manera sistemática el motivo de la petición
de tratamiento, como en la ciudad catalana de Reus (Sardá, 2001), se ha
podido comprobar que, en el caso del cannabis, la mitad de las demandas se
producen por imperativo legal, con el fin de eludir la multa.