La fiscalidad en las entidades sin ánimo de lucro ... - Biblioteca Hegoa

Capítulo I. Las entidades sin fines lucrativos de la Ley 49/2002 33
y servicios”. Se trata de la definición fiscal de explotación económica
vigente en nuestro sistema fiscal desde la Reforma Tributaria de 1977, por
lo que no requiere de mayores aclaraciones, ya que su aplicación no ha
suscitado especiales dificultades, ni en el ámbito del Impuesto sobre la
Renta ni en el del Impuesto sobre Sociedades.
El arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la entidad no constituye,
a los efectos de la Ley 49/2002, explotación económica.
Evidentemente, esta disposición no supone la exención de cualquier actividad
inmobiliaria que puedan realizar las entidades sin fin de lucro. Lo
que aclara el precepto a nuestro juicio (inciso final del número 3º del artículo
3 de la Ley 49/2002) es que el mero arrendamiento del patrimonio inmobiliario
de la entidad, recibido en concepto de dotación patrimonial,
donación o aportación, cualquiera que sea la forma en que se realice, no
puede considerarse explotación económica, sino rendimiento del capital
inmobiliario. Cualquier otra actividad inmobiliaria que pudiera realizar
una entidad que reúna los requisitos de la definición antes transcrita, se
considerará, sin duda, explotación económica a los efectos de la Ley.
2.2.2. Clasificación de las explotaciones económicas
Podemos clasificar las explotaciones económicas de las entidades sin fin
de lucro, de acuerdo con la Ley 49/2002, de la siguiente manera:
• Explotaciones económicas coincidentes con su objeto o finalidad
específica.
• Explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad específica.
Para que estas actividades sean compatibles con el régimen fiscal
especial es necesario que su desarrollo no vulnere las normas reguladoras
de defensa de la competencia.
2.2.3. Explotaciones económicas coincidentes con el objeto o finalidad
específica de las entidades sin fin de lucro
En la interpretación de este requisito hay que tener muy en cuenta la
jurisprudencia derivada de la Ley 30/1994 que, como se sabe, concedía
exención a las actividades que constituyesen el objeto o finalidad específica
de las entidades sin fin de lucro, siempre que la exención se reconociese
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, lo que no dejó
de suscitar controversias con los contribuyentes por los estrictos criterios
aplicados por la Agencia en su aplicación práctica.