La fiscalidad en las entidades sin ánimo de lucro ... - Biblioteca Hegoa

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Miguel Cruz Amorós y Silvia López Ribas
No obstante, el párrafo segundo de la misma Disposición establece que las
disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y al Impuesto sobre Actividades Económicas, surtirán
efectos sólo para los periodos impositivos que se inicien a partir de la
entrada en vigor de la Ley, lo cual lleva a una curiosa diferenciación, ya
que mientras que con respecto al Impuesto sobre Sociedades, el periodo
impositivo viene decidido por el contribuyente, respecto de los dos tributos
locales entendemos que el periodo impositivo será el determinado por
su normativa reguladora, normalmente el año natural, entrando la Ley en
vigor para estos dos tributos el 1º de enero de 2003.
Con respecto a los demás impuestos afectados por la Ley: IRPF, Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la fecha de entrada en vigor
de la Ley será, en principio, la citada de 25 de diciembre de 2002. No obstante,
el caso de las ESFL contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente,
merece una consideración especial por el paralelismo aplicable a
su tributación en relación con el Impuesto sobre Sociedades, que obligaría
a concluir que, en estos casos, la entrada en vigor de la Ley sería también
a partir del primer periodo impositivo que se inicie después de 25 de
diciembre de 2002. Somos conscientes, sin embargo, de que la literalidad
de la norma puede llevar perfectamente a la conclusión contraria.
La entrada en vigor de la Ley 49/2002 contrasta con la que tuvo su predecesora,
la Ley 30/1994, cuya Disposición Final Segunda dispuso que se
produciría al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado,
si bien las disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades surtirían
efectos para los ejercicios que se cerrasen a partir de la expresada
fecha. Suponemos que dada la novedad y lo esperado de aquel régimen,
el legislador consideró oportuno anticipar al máximo su aplicación al primer
periodo impositivo posible lo que tal vez no haya parecido necesario
u oportuno al legislador actual.
Finalmente, la entrada en vigor de la Ley se traduce en la derogación de
las disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma y, en particular,
del Título II y las Disposiciones Adicionales cuarta a séptima,
novena a duodécima y decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1994,
fórmula derogatoria que hay que relacionar con la de la Ley 50/2002, de
Fundaciones, que deroga el Título I y las Disposiciones Adicionales primera,
segunda, tercera, octava, decimotercera, decimocuarta, decimoséptima y