Informe completo - Amnistía Internacional España

DESTINOS INCONFESABLES,
OBLIGACIONES INCUMPLIDAS
España en la “guerra contra el terror”

© Amnistía Internacional Sección Española
Fecha de cierre del informe: 15 de septiembre de 2008
Foto de portada
Zohra Zewawi, madre de Omar Deghayes, detenido en Lahore (Pakistán) en abril de 2002 y enviado a Guantánamo, donde
permaneció encerrado hasta diciembre de 2007. Su familia siempre ha mantenido que se trata de un caso de confusión de
identidad.
© AP.

Resumen
1. Introducción
2. Visión de contexto y obligaciones internacionales de derechos humanos
2.1 Terrorismo y dimensión global: la “guerra contra el terror” liderada por Estados Unidos y la erosión
de los derechos humanos en nombre de la seguridad
2.2 España: Cambios y continuidad en las políticas y legislación contra el terrorismo
2.2.1. Política exterior española en materia de terrorismo
2.2.2. Acuerdos con Estados Unidos sobre terrorismo
2.2.2.1. Protocolo operativo (clasificado) de intercambio de información
2.2.2.2. Operaciones de agencias de inteligencia de los Estados Unidos en España
2.2.3. Contexto interno: legislación disponible, novedades legislativas y otras medidas
2.2.3.1 Ataques terroristas en territorio español y contra objetivos españoles en el extranjero
2.2.3.2. Legislación española y otras medidas en materia de terrorismo
3. Uso de espacio aéreo y aeropuertos españoles en traslados ilegales de detenidos
3.1 Alcance de los vuelos de la CIA en España
3.2 Falta de control e inacción gubernamental ante el uso del espacio aéreo y escalas en aeropuertos
españoles de vuelos que entrañan actividades delictivas
3.3 Respuesta de las autoridades españolas a la obligación de investigar y rendir cuentas
3.3.1. Investigaciones para “cubrir el expediente”
3.3.2. Actuaciones en la Audiencia Nacional
3.3.3. Aceptación de garantías poco fiables de Estados Unidos
3.4 Uso de bases militares y espacio aéreo españoles por aviones estadounidenses con origen o
destino Guantánamo
3.4.1. Falta de control y de mecanismos de verificación: Convenio de Cooperación para la Defensa
entre España y Estados Unidos.
4. Misión en Guantánamo de funcionarios españoles e interrogatorios policiales ilegales
4.1 Funcionarios españoles en misión en el centro de detención de Guantánamo
4.2 El caso del ciudadano español Hamed Abderrahman Ahmed
4.3 El interrogatorio de Lahcen Ikassrien
4.4 El caso de Omar Deghayes
5. Expulsiones y extradiciones - contravención del principio de “no devolución” y de otras obligaciones
5.1 La expulsión de Basel Ghalyoun a Siria
5.2 La extradición de Murat Gasayev a la Federación Rusa
5.3 La cuestión de las garantías diplomáticas
6. Recomendaciones
Anexo1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
ÍNDICE
5
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18
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Destinos inconfesables,
obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
RESUMEN
Bajo la llamada “guerra contra terror”, liderada por Estados Unidos, tras los ataques sufridos en su territorio
el 11 de septiembre de 2001 (11-S), la protección internacional de los derechos humanos se ha visto dramáticamente
desafiada y son ya incontables las violaciones de derechos humanos que a su sombra han tenido lugar en diversos
lugares del planeta. A tal desafío de alcance global han sido arrastrados otros Estados, incluidos europeos, que
han justificado medidas represivas o han llevado adelante actuaciones en contravención manifiesta de obligaciones
y principios sólidamente establecidos por el derecho internacional. A este respecto, España debe responder y
ofrecer señales de que cumplirá efectivamente sus obligaciones internacionales de derechos humanos en la
lucha contra el terrorismo.
Hoy se dispone de abundante y alarmante información sobre la implicación de Estados europeos en secuestros,
detenciones ilegales, traslados secretos otras prácticas ilegales, desempeñando un papel que ha oscilado entre
la participación activa y la connivencia tácita, bajo el programa de entregas extraordinarias y detenciones secretas
desplegado por Estados Unidos 1 . También el espacio aéreo y el territorio europeo han sido utilizados en vuelos
secretos o militares para realizar traslados que entrañaban detenciones arbitrarias o para facilitar la comisión
de una acción ilegítima o ayudar a ello. Por estas actuaciones deben rendir cuentas especialmente si se produce
una violación del derecho internacional de los derechos humanos, como ha ido saliendo a la luz en el caso de
los prisioneros en Guantánamo y en otros centros de detención igualmente abominables.
Los datos revelados deberían haber bastado para que los Gobiernos europeos, incluido el español, cumplieran
la obligación de esclarecer, mediante investigaciones exhaustivas e imparciales, el conocimiento que tenían
sobre tales prácticas y operaciones, y el alcance de sus respectivas implicaciones. Responder seriamente al
respecto y activar todos los mecanismos para una rendición de cuentas efectiva era lo que cabía esperar de
Gobiernos que se presentan a sí mismos como referentes en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales
en materia de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Teniendo en cuenta lo que se sabe hoy sobre el alcance de las violaciones de derechos humanos inherentes al
programa de entregas extraordinarias y detenciones secretas, pero también en relación a otros traslados ilegales
y el destino padecido por los detenidos, es preocupante la ausencia de medidas preventivas y correctivas por
parte de los Gobiernos europeos, incluido el español, a fin de asegurar que no autorizarán ni tolerarán tales
prácticas ni el uso de su territorio o espacio aéreo para llevarlas a cabo.
En esta misma línea, la presencia de agentes españoles en Guantánamo y sus actividades en interrogatorios
ilegales a detenidos bajo custodia estadounidense, refleja no solo la máxima indiferencia por la condición humana
de las personas recluidas, sino una tolerancia hacia el Gobierno de los Estados Unidos, en el marco de la “guerra
contra el terror”, en su pretensión de ignorar las normas internacionales en lo que se refiere a la prohibición
absoluta de la tortura. La contravención de la legalidad internacional, incluida la propia legislación española
no ha motivado esclarecimiento y rendición de cuentas por parte de las autoridades gubernamentales, ni siquiera
tras la sentencia del Tribunal Supremo español que se pronunció sobre la nulidad de pruebas obtenidas en
interrogatorios ilegales en Guantánamo.
En cuanto a combatir el terror con justicia, hay que señalar como aspecto positivo que España condujo a los
responsables de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid ante sus tribunales, a diferencia de los
Estados Unidos y otros Gobiernos que en la “guerra contra el terror” han buscado eludir la actividad judicial,
exponer a los sospechosos a destinos inconfesables o someterlos a procesos injustos ante tribunales que sólo
tienen de ello la apariencia.
Pese a ser destacable que España sometiera a la justicia y a la legalidad la persecución e investigación de estos
crímenes, y la sanción de sus responsables, su compromiso con el objetivo de asegurar que éste sea el camino
1. Amnistía Internacional: “Negar la evidencia. La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas.”
(Indice AI:EUR 01/003/2008). 2008.
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España en la “guerra contra el terror”
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para responder al terror no parece sólido. Así, el Estado español ha accedido a extraditar a personas solicitadas
por Gobiernos con un historial inquietante en materia de derechos humanos y aceptar como válidas “garantías”
que no valen ni el papel en el que están escritas. España no sólo incumple obligaciones internacionales al no
observar el “principio de no devolución”, cuando extradita a personas a destinos en los que pueden sufrir graves
abusos, como la tortura, sino también cuando recurre a la expulsión y determina el retorno forzado de personas
a tales destinos. Tales traslados con independencia de las promesas y garantías de los Estados, no eximen a
España de su responsabilidad por la suerte que corran tales personas.
La colaboración entre Estados no puede ignorar imperativos en materia de derechos humanos y España es
responsable por toda forma de colaboración que contribuya a violaciones de estos derechos. Tal es la regla que
debe instruir la conducta de todos sus funcionarios y la manera de demostrar en la práctica, no sólo en la retórica,
respeto por la legalidad internacional en la lucha contra el terrorismo.
En 2003 el Consejo de Seguridad de la ONU recordaba que los Estados están obligados a cerciorarse de que
las medidas que adopten para luchar contra el terrorismo cumplen todas las obligaciones que les incumben con
arreglo al derecho internacional […], en particular las normas relativas a los derechos humanos y a los refugiados
y al derecho humanitario” 2 .
En opinión de Amnistía Internacional, España no ha estado a la altura de sus obligaciones. La organización ha
encontrado importantes motivos de preocupación sobre hechos que corresponden al periodo anterior al 2004,
pero también sobre hechos posteriores a esta fecha, sobre los cuales también deben llevarse a cabo investigaciones
exhaustivas e independientes, cuyos resultados sean públicos.
Este informe pone de relieve lo siguiente:
Al igual que otros países europeos, España permitió durante más de cuatro años que la Agencia
Central de Inteligencia de EEUU (CIA, en inglés) utilizara aeropuertos y el espacio aéreo español
para sus operaciones de detenciones secretas y entregas extraordinarias 3 . Una investigación del
Parlamento Europeo ha documentado 68 escalas de aviones supuestamente vinculados a la CIA
en aeropuertos españoles hasta finales de 2005. Una cifra que aumenta si se le añaden las más
de 20 escalas realizadas por otros aviones que, aunque con destinos menos preocupantes, también
han sido relacionados con la CIA. Al margen de lo que puedan añadir las investigaciones judiciales
que se están llevando a cabo en la Audiencia Nacional en materia de responsabilidades individuales,
hay evidencias suficientes que permiten afirmar que las autoridades españolas no hicieron nada
para impedir el uso del territorio español para facilitar las entregas extraordinarias y detenciones
secretas planeadas por la CIA, con el pretexto de hacer frente al terrorismo. Una vez se conoció el
escándalo de los vuelos secretos, el Gobierno español tampoco impulsó investigaciones exhaustivas,
independientes e imparciales para esclarecer si hubo violaciones de derechos humanos en territorio
español o fuera de él a través del uso de aeropuertos y otras infraestructuras.
Además, informes posteriores revelaron el uso de bases militares españolas para una docena de
vuelos militares estadounidenses con origen o destino la base naval de Guantánamo, entre 2002
y septiembre de 2007. Estos vuelos fueron amparados por el Convenio de Cooperación para la
Defensa con Estados Unidos, que sólo requiere una autorización genérica para el uso de las bases
de Rota y Morón de la Frontera por parte de las aeronaves estadounidenses. Varios de estos aviones
podrían haber trasladado personas detenidas ilegalmente. En cualquier caso, alrededor de 200
personas llegaron a Guantánamo en aviones militares estadounidenses que aunque no siempre
despegaron de bases españolas, si cruzaron el espacio aéreo español, cuyo uso también está sometido
a autorización de las autoridades españolas. Sobre estos vuelos, el Gobierno español no informó
ni al Parlamento Europeo, ni al Consejo de Europa ni al Congreso de los Diputados.
2. S/RES/1456, 20 de enero de 2003.
3. Amnistía Internacional utiliza el término “entrega extraordinaria” para referirse al traslado internacional de personas cuya custodia pasa
así de un Estado a otro sin el debido proceso judicial y administrativo. Las entregas extraordinarias violan el derecho internacional, porque
no respetan el requisito del debido proceso, y a menudo conllevan múltiples violaciones de derechos humanos, como detención ilegal y
arbitraria, tortura u otros malos tratos y desaparición forzada. La mayoría de las víctimas de entrega extraordinaria de las que se tiene noticia
fueron aprehendidas en Pakistán o Afganistán; algunas fueron trasladadas por Estados Unidos a países de Oriente Medio y permanecieron
allí o volvieron a quedar bajo custodia de Estados Unidos y fueron enviadas a Guantánamo o a centros secretos de detención en “lugares
negros” gestionados por la CIA.

RESUMEN
El Gobierno español no ha impulsado investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes
sobre la participación de policías españoles en interrogatorios ilegales a detenidos en la base naval
de Guantánamo, centro de reclusión aberrante caracterizado por sus condiciones y prácticas coercitivas
a las que se encuentran sometidos los detenidos. La evidencia de la participación de agentes
españoles en interrogatorios sugiere al menos el aprovechamiento de la indefensión de las personas
recluidas y de su estado físico y mental, con el propósito de obtener información. Amnistía Internacional
ha recordado a las autoridades españolas su obligación de investigar a fondo estos interrogatorios
y de disponer de mecanismos de control de las actividades de los agentes españoles de los distintos
cuerpos de seguridad en misiones extraterritoriales. Es de anotar que el Gobierno español mantiene
acuerdos con Estados Unidos para el intercambio de información y que permiten actividades de
agencias de inteligencia de ese país en España sin que se conozcan mecanismos que garanticen
que dicha colaboración no terminará en abusos de derechos humanos.
Resultan inquietantes algunas actuaciones del Gobierno español en lo que concierne a extradiciones
y expulsiones que al no observar el principio de no devolución, socavan a su vez la prohibición
absoluta de la tortura. Preocupa que las autoridades españolas estén dispuestas a aceptar “garantías
diplomáticas” de parte de países con un historial preocupante de derechos humanos, que son
ineficaces o imposibles de hacer cumplir. La extradición del ciudadano de origen chechenio, Murat
Gasayev, a la Federación Rusa ha sido autorizada en fase jurisdiccional en base a este tipo de
garantías. La presión ejercida por organizaciones de derechos humanos e intergubernamentales y
el trabajo de la defensa han conseguido hasta ahora la paralización de la extradición. En estos
momentos se encuentra a la espera de que el Consejo de Ministros se pronuncie. El Gobierno español
también ha ignorado sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos en relación
con la expulsión en julio de 2008 de un ciudadano de origen sirio, Basel Ghalyoun, a Siria a pesar
del riesgo fundamentado de que pudiera ser sometido a tortura u otros malos tratos una vez trasladado.
Al cierre de este informe se recibían noticias de que había sido detenido a su llegada a Siria.
Con este informe Amnistía Internacional pretende realizar una aportación al esclarecimiento del papel desempeñado
por España en la “guerra contra el terror” y mover a las autoridades para que contribuyan con seriedad a una
rendición de cuentas efectiva, pero también para que ajusten su legislación y adopten medidas para asegurar
que en sus actuaciones y en la colaboración con otros Estados en la lucha contra el terrorismo, los derechos
humanos ocupan un lugar destacado y no son ignoradas sus obligaciones al respecto, como este informe demuestra.
España debe dar pasos concretos en la dirección correcta a fin de asegurar que cumple el deber de respetar y
proteger los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Para ello la organización se dirige a las autoridades
españolas con un conjunto de recomendaciones.
Igualmente, Amnistía Internacional alienta a través de este informe a quienes desde sus respectivas ubicaciones
y labores han sacado a luz hechos que habían sido mantenidos ocultos y fuera de todo escrutinio, a quienes han
impulsado acciones ante la justicia para que se investiguen tales hechos y se determinen las responsabilidades
penales, a quienes en sus actuaciones y decisiones judiciales hacen valer el imperio de la ley, incluidas las
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (especialmente las relativas a la prohibición
absoluta de la tortura), y en general a quienes han puesto más difícil a las autoridades españolas sostener
argumentos insuficientes o negar la evidencia. Igualmente la organización alienta a los profesionales del sector
jurídico que ejercen la defensa de quienes enfrentan solicitudes de extradición o devolución a países en los que
pueden ser objeto de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos, así como a las autoridades judiciales
que actúan conforme a las obligaciones internacionales a la hora de pronunciarse al respecto.
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Destinos inconfesables,
obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
1. INTRODUCCIÓN
Reconocida la obligación de los Estados de proteger a la población frente a los actos de terrorismo y que la
cooperación internacional puede ayudar a lograr este objetivo, no todo vale en nombre de la seguridad, ni son
admisibles formas de colaboración entre Estados o actuaciones estatales que conduzcan o hagan posible la
comisión de violaciones de derechos humanos, entre ellas prácticas especialmente abominables como la
desaparición forzada, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, sean acciones deliberadas o
derivadas de no disponer de mecanismos para impedir la realización de dichos abusos.
La desaparición forzada y la tortura son crímenes que reflejan un profundo desprecio por la humanidad de las
personas y constituyen actos que el derecho internacional repudia, busca prevenir, perseguir, sancionar y asegurar
que sus víctimas disponen de recursos efectivos, incluido el derecho a obtener reparación. La máxima corrupción
que tales prácticas representan, así como la condena que motivan, suelen hacerlas inconfesables por los Gobiernos
que las perpetran, toleran, facilitan o simplemente miran hacia otro lado cuando agentes de otros Estados hacen
uso de su territorio, incluido su espacio aéreo, para llevar a cabo traslados ilegales de personas con destinos
inciertos o en los que sufrirán nuevos abusos, tal y como en los últimos seis años de la “guerra contra el terror”
se ha demostrado de modo patente.
Tras investigaciones laboriosas, ha logrado salir parcialmente a la luz lo que los Estados han ocultado a fin de
eludir todo escrutinio y rendición de cuentas. Las propias autoridades de Estados Unidos han acabado finalmente
por confirmar algunos datos sobre los programas de entregas extraordinarias y detenciones secretas de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA), poniendo a veces en situación muy embarazosa a sus aliados.
España se ha presentado ante la comunidad internacional como uno de los países con más experiencia en la
lucha contra el terrorismo debido al terrible historial de violencia interna por las actividades criminales llevadas
a cabo en su territorio por Euskadi Ta Askatasuna (ETA) entre otras ”bandas armadas, organizaciones y grupos
terroristas”.
El 11 de marzo de 2004 tuvieron lugar los ataques terroristas en Madrid en el que 191 personas perdieron la
vida mientras que el número de heridos superó las 1.700 personas. A diferencia de otros países en los que se
han producido atentados similares, en España los presuntos implicados en tales hechos fueron conducidos ante
la justicia en un proceso que concluyó en julio de 2008 con la condena de 17 personas por sentencia del Tribunal
Supremo.
Tras las elecciones de marzo de 2004, las nuevas autoridades expresaron su disposición de hacer frente al terrorismo
dentro de la legalidad internacional y garantizando el respeto y protección de los derechos humanos 4 .
Las declaraciones positivas al respecto, sin embargo, no han tenido un reflejo serio y consistente en la práctica
en el contexto de la “guerra contra el terror”, conforme este informe expone.
Amnistía Internacional no menosprecia la amenaza real del terrorismo pero insiste en que todas las medidas
emprendidas para combatirlo deben ser acordes con el pleno respeto y protección de los derechos humanos.
Esto debe cumplirse no sólo desde la retórica sino con acciones concretas, tanto en política exterior como en
su dimensión interior.
4. En marzo de 2005 España acogió la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad que tuvo lugar en Madrid, que puso
de relieve la necesidad de luchar contra el terrorismo desde el respeto y la protección de los derechos humanos. Además, el Gobierno ha
apoyado las iniciativas multilaterales como la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo que hace hincapié en que el
“respeto de los derechos humanos para todos y el imperio de la ley” es la “base fundamental de la lucha contra el terrorismo”.
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Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
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Para la realización de este informe Amnistía Internacional ha tenido en cuenta documentación oficial de distinta
índole, entre otras, respuestas a preguntas parlamentarias, investigaciones del Consejo de Europa y del Parlamento
Europeo, decisiones de tribunales españoles, informes aportados por España a mecanismos de Naciones Unidas
y las respuestas obtenidas de parte del Gobierno español a través de reuniones y correspondencia. Amnistía
Internacional también ha contactado con abogados, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Igualmente
en este informe, Amnistía Internacional incluye el uso de sus propios documentos e información recogida en
su actividad de investigación a nivel mundial.

2. VISIÓN DE CONTEXTO Y OBLIGACIONES
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
“…la claudicación en materia de derechos humanos no puede contribuir a la lucha contra
el terrorismo. (...) La preservación de los derechos humanos no solamente es compatible
con una estrategia eficaz de lucha contra el terrorismo, sino que es un elemento esencial de
esa estrategia”
Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, en el discurso de clausura
de la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad.
Madrid 10 de marzo de 2005
2.1 Terrorismo y dimensión global: la “guerra contra el terror” liderada por
Estados Unidos y la erosión de los derechos humanos en nombre de la seguridad
Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, además de los Estados Unidos, han sido varios los países en
todo el mundo cuyos Gobiernos han planteado abiertamente si la protección de los derechos humanos debe
ceder terreno ante la protección de la población contra posibles ataques. Esta postura se ha reflejado en políticas,
legislación y medidas de diversa índole, las cuales han motivado de manera creciente observaciones por parte
de diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos. Amnistía Internacional ha expresado
una profunda preocupación por el pronunciado proceso de erosión de los derechos humanos que se ha desencadenado.
Dicho proceso ha incluido, entre otros aspectos, legislación y prácticas en menoscabo del debido proceso,
construcción de “limbos jurídicos”, decaimiento o total desaparición de las garantías a los detenidos. En dicha
línea también se observa el endurecimiento de regímenes durante la detención que propician la tortura y los
malos tratos, justificación de la tortura y autorización de tales prácticas y otras que equivalen a tratos crueles
inhumanos o degradantes, en definitiva prácticas que el derecho internacional prohibió hace ya muchos años.
En la llamada “guerra contra el terror”, liderada por los Estados Unidos, sus autoridades han intentado hacer
creer al mundo que este es el camino a seguir para combatir el terrorismo. Tal respuesta a los actos
terroristas a nivel global no se ha traducido ni en mayor justicia ni en mayor seguridad.
En un informe del Pentágono de abril de 2003 sobre interrogatorios, que inicialmente se había clasificado como
secreto, se indicaba que "la finalidad evidente de los interrogatorios a personas detenidas es obtener información
que pueda ser de utilidad a los servicios de inteligencia", pero se añadía que "la información obtenida mediante
interrogatorio se puede usar posteriormente en procesos penales". Se afirmaba, por ejemplo, que el aislamiento
era de "gran" utilidad al permitir obtener información valiosa a los servicios de inteligencia, pero que las
declaraciones obtenidas haciendo uso de esta técnica podían ver afectada su admisión ante un tribunal. Se
agregaba, no obstante, que dicha preocupación "sería una cuestión de índole menor para las Comisiones Militares",
no así para los tribunales federales o las cortes marciales. Dicho de otro modo, las Comisiones Militares fueron
diseñadas a medida para facilitar el uso de la coacción, que era consustancial al sistema de detenciones que
Estados Unidos había organizado para tratar a los "combatientes enemigos" 5 .
5. Amnistía Internacional:”Estados Unidos de América. Doble lenguaje y justicia de segunda. Un juez federal da vía libre a la celebración
del primer juicio ante una comisión militar”, (Índice AI: AMR 51/082/2008). Julio de 2008
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Hace seis decenios, Estados Unidos consideraba crimen de guerra la práctica del “waterboarding” (ahogamiento
por asfixia). Hoy día no sólo ha pasado a formar parte del instrumental de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), sino que el Congreso y el Gobierno de los Estados Unidos han colaborado para facilitar la impunidad de
quienes han autorizado o empleado esta técnica u otras que violan el derecho internacional, ya sea de forma
aislada o en combinación con otras 6 .
Al final de 2007, más de 600 personas permanecían recluidas sin cargos, juicios o revisión judicial de sus
detenciones en la base estadounidense de Bagram (Afganistán) y 25.000 más seguían retenidas por la Fuerza
Multilateral en Irak. Mientras, a mediados de 2008, la base naval de Guantánamo seguía recluyendo alrededor
de 270 personas de distintas nacionalidades, la mayoría sin cargos o sometidos a juicios militares sin garantías.
La erosión de los derechos humanos en el contexto de la “guerra contra el terror” se ha convertido en un asunto
de ámbito global. Aunque el Gobierno de los Estados Unidos ha sido el impulsor y firme defensor de estas
medidas, Gobiernos en todo el mundo como la Federación Rusa, China, Yemen, Egipto y Túnez, entre otros, han
utilizado abiertamente el lenguaje y la retórica de la “guerra contra el terror” y el llamado a la seguridad nacional
para recurrir con más firmeza a prácticas muy arraigadas en estos países contrarias al derecho internacional de
los derechos humanos. Países africanos (como Zambia, Tanzania, Kenia, Etiopía y Sudáfrica), del norte de África
y Oriente Próximo (Jordania, Siria, Marruecos, Egipto y Túnez) y también asiáticos (como Pakistán y Afganistán)
han colaborado en la detención ilegal y traslados secretos de personas en el contexto del programa de entregas
extraordinarias 7 y detenciones secretas de la CIA por el cual cientos de personas han sido detenidas ilegalmente
y trasladadas en secreto a varios de estos países, expuestos a la tortura u otros malos tratos, en régimen de total
incomunicación, sin acceso a abogados, tribunales, familiares y observadores internacionales de derechos
humanos.
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones documentó en el 2007 la cifra de 39 personas que
permanecen “desaparecidas”. Es decir, fueron detenidas en algún momento y trasladadas a algún lugar en
secreto sin que hasta la fecha se conozca su paradero o su situación, bajo peligro real de ser expuestas a la
tortura, u otras violaciones de derechos humanos. Entre los “desaparecidos” hay un hombre de nacionalidad
española, que se cree fue entregado a las autoridades estadounidenses en Pakistán en el 2005.
6. Amnistía Internacional. “Estados Unidos de América. Terreno resbaladizo. La política de la tortura” (AMR 51/117/2007). Noviembre
de 2007.
7. Ver nota explicativa en pie de página 1.

2. VISIÓN DE CONTEXTO Y OBLIGACIONES
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
La “desaparición” del ciudadano español Mustafá Setmariam
Mustafa Setmariam Nasar (Abu Musab Al Suri, Umar Abd Al Hakim),
de origen sirio y nacionalidad española, fue aprehendido por agentes
paquistaníes el 1 de noviembre de 2005 o en torno a esa fecha, en
Quetta, Pakistán. En noviembre de 2004, Setmariam Nasar apareció
en la lista de "terroristas más buscados" del FBI y el 18 de noviembre
de 2004, el Departamento de Estado (Ministerio de Exteriores) estadounidense
ofreció, a través de su "Programa de Recompensas para la
Justicia", cinco millones de dólares por información sobre su paradero.
Se describía a Setmariam Nasar como miembro de Al Qaeda y como
ex entrenador en campos de entrenamiento de Afganistán. Otros
informes describen a Setmariam Nasar como ideólogo y estratega,
más conocido por sus escritos. El juez instructor de la Audiencia
Nacional tiene decretada su orden de búsqueda y captura a raíz del
sumario abierto en julio de 2001 por las investigaciones que dieron
lugar a la desarticulación de la célula española de Al Qaeda.
En abril y mayo de 2006, agentes de inteligencia paquistaníes
confirmaron que Setmariam Nasar era buscado tanto por Estados
Unidos como por Siria, que había sido entregado a la custodia
estadounidense como mínimo dos meses antes, y que no se hallaba
en Pakistán. Por esas mismas fechas, en marzo de 2006, el nombre
de Setmariam Nasar fue suprimido en por lo menos una lista de
sospechosos terroristas del Gobierno estadounidense. El 19 de julio
de 2006 su nombre se incluyó en la lista de "terroristas que ya no
constituyen una amenaza". El Gobierno estadounidense no ha revelado ninguna información adicional sobre el
paradero de Mustafa Setmariam. Se cree que podría estar recluido en un centro secreto de detención en la base
militar estadounidense de Diego García, isla británica en el Océano Índico8 ©EFE
.
La “desaparición” de Mustafa Setmariam Nasar ha sido objeto de múltiples preguntas por parte de Amnistía
Internacional al Gobierno español ya que, al tratarse de un ciudadano español, debe hacer todo lo posible a
través de acciones diplomáticas con Estados Unidos u otros Gobiernos con el objetivo de averiguar su paradero
y poner fin a la desaparición forzada de la que es objeto. Aunque las autoridades españolas aseguran que el caso
ha sido planteado al Gobierno de los Estados Unidos, no le consta a la organización el tipo de gestiones realizadas
al respecto.
Para hacer frente al terrorismo, Europa ya no puede presentarse como garante de los derechos y libertades en
el mundo. Su credibilidad ha quedado en entredicho por la participación y complicidad de países europeos en
todo este entramado global para detener arbitrariamente a personas sospechosas de terrorismo y permitir su
traslado a centros de detención secretos en todo el mundo bajo el programa de entregas extraordinarias y
detenciones secretas. Además, aeronaves militares norteamericanas procedentes o con destino a Guantánamo,
han hecho uso del espacio aéreo y bases militares europeas para el traslado de prisioneros. Se debe tener presente
que cuando se facilita la comisión de una acción ilegítima o se ayuda en ello, los Estados implicados deben
rendir cuentas, especialmente si se produce una violación de derechos humanos. Sin embargo, año tras año y
a pesar de las investigaciones del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, la invariable respuesta de los
Estados europeos ha seguido siendo el silencio, la pasividad o incluso la obstrucción a la hora de rendir cuentas
y poner en marcha medidas preventivas y correctivas.
8. El País, 18 de mayo de 2008
13

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
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Responsabilidad internacional de los Estados europeos implicados en operaciones de entregas
extraordinarias y detenciones secretas
Las entregas realizadas en nombre de la “guerra contra el terror” han conllevado múltiples violaciones de derechos
humanos, como detenciones ilegales y arbitrarias, tortura u otros malos tratos y desapariciones forzadas. La
tortura y las desapariciones forzadas constituyen graves violaciones de las obligaciones internacionales de los
Estados por las cuales deben responder y son, además, crímenes de derecho internacional por los que se pueden
exigir responsabilidades penales a personas individuales.
Los Estados europeos pueden ser responsables de una violación del derecho internacional si prestan ayuda o
asistencia a otro Estado para cometer una violación de derechos humanos conociendo las circunstancias de la
violación, y su ayuda o asistencia influyen de forma considerable a la violación o en la forma en que ésta se
produce 9 .
Los Estados europeos pueden también ser responsables en relación con violaciones de derechos humanos
cometidas por agentes extranjeros cuando la naturaleza de las violaciones es tal que el simple consentimiento
o la tolerancia por parte del Estado a las acciones cometidas en su territorio hacen que deban rendir cuentas.
Entre estas violaciones se incluyen la tortura u otros malos tratos, las desapariciones forzadas o la detención
de una persona contraviniendo el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales.
Por otro lado, los Estados europeos tienen la obligación positiva de tomar medidas para garantizar que en su
territorio se respetan los derechos y las libertades establecidos en el convenio europeo de derechos humanos,
tanto en términos de creación de un marco jurídico general de protección como en cuanto a la adopción de
medidas específicas para proteger a personas concretas de abusos a manos de terceros.
La obligación de no exponer a nadie al riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos, detención arbitraria o
desaparición forzada se puede considerar incumplida si un Estado simplemente permite deliberadamente que
otro Estado utilice su territorio para cometer esa violación de derechos humanos o no tomando medidas efectivas
para impedirla 10 .
Además de la implicación en las entregas extraordinarias, detenciones secretas y traslados de personas al margen
de la legalidad, Europa está permitiendo, a través de cauces como la expulsión o la extradición, la entrega de
personas a países en los que se sabe hay riesgos fundamentados de que serán sometidas a torturas u otros malos
tratos violando el principio internacional de no devolución (non-refoulement) y obligaciones internacionales
contraídas en virtud de tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Internacional contra
la Tortura y el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. El uso de las llamadas
garantías diplomáticas o memorandos de entendimiento imposibles de hacer cumplir y cuyo objetivo es intentar
legitimar estas entregas, han sido defendidas a ultranza por el Gobierno de Reino Unido. Pero no ha sido el único
Gobierno. Otros Gobiernos como Francia, Eslovaquia, Suecia y también España han preferido creer en estas
supuestas garantías para extraditar personas supuestamente vinculadas a delitos de terrorismo.
9. Comisión de Derecho Internacional. Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos. Artículo 16.
(Resolución A/RES/56/83 de la Asamblea General de la ONU, 12 de diciembre de 2001.
10. Consejo de Europa. Comisión Venecia. párr. 4, 127 y Convención de la ONU contra la Tortura.

2. VISIÓN DE CONTEXTO Y OBLIGACIONES
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
2.2 España: Cambios y continuidad en las políticas y legislación contra el terrorismo
2.2.1 Política exterior española en materia de terrorismo
Los ataques del 11 de septiembre de 2001 precipitaron una nueva agenda en torno a la seguridad mundial. El
Gobierno español tomó partido dando prioridad casi absoluta a la “lucha antiterrorista” como aspecto más
destacado de su política exterior, enfatizando la necesidad de fortalecer las relaciones con Estados Unidos.
En el marco de la ONU, el 28 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó
la Resolución 1373 que contempla medidas que deben tomar los Gobiernos para combatir el terrorismo, incluida
la cooperación internacional. En el 2003, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1456 que explícitamente
insta a los Estados a asegurar que cualquier medida para combatir el terrorismo cumpla con sus obligaciones
derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos de los refugiados y el derecho
internacional humanitario. Esta posición fue reafirmada posteriormente en la Resolución 1624 de 2005.
En 2003, Amnistía Internacional alertó de la falta de un verdadero compromiso con los derechos humanos del
entonces Gobierno español en su afán por incrementar la cooperación internacional en los ámbitos de seguridad,
militar y defensa, la “lucha antiterrorista” y fortalecer las relaciones transatlánticas con Estados Unidos. En
particular, la organización lamentó el papel de España durante los primeros meses como miembro no permanente
del Consejo de Seguridad de la ONU (2003-2004). Desde esta responsabilidad el Gobierno español dio muestras
preocupantes de una falta de atención a los peligros que conllevaba poner fin al terrorismo desde un enfoque
centrado exclusivamente en la seguridad, relegando los derechos humanos a un plano marginal.
Por otra parte, el Gobierno apoyó la intervención armada en Irak sin tomar las medidas necesarias para que se
respetaran plenamente las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario y de esta forma
proteger a la población civil en Irak y aliviar su sufrimiento. Por otro lado, España y Gran Bretaña –a instancias
de Estados Unidos- fueron los dos únicos países de la Unión Europea que votaron a favor de mantener la vigencia
de la resolución 1422 que otorga inmunidad frente a la Corte Penal Internacional a los ciudadanos de Estados
que no son parte del Estatuto de Roma y pudieran ser investigados por crímenes contra la humanidad en relación
con cualquier operación autorizada por la ONU 11 .
Tampoco se puede afirmar que España tuviera un papel destacado al frente de la Presidencia del Comité contra
el Terrorismo de la ONU (CCT), desde abril de 2003 a mayo de 2004, en la defensa de los derechos humanos.
Amnistía Internacional denunció que las autoridades españolas no aprovecharon su posición para promover
ninguna iniciativa o medida para asegurar el respeto de las resoluciones aprobadas en el seno de Naciones
Unidas sobre la protección de los derechos humanos ni colaboraron con organismos como la Oficina de la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos para este fin.
En junio de 2003 el vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU recordó al CCT entonces
presidido por España que aplicara las resoluciones 1373 y 1456 del Consejo de Seguridad para garantizar que
los Estados no eluden sus obligaciones en materia de derechos humanos 12 . A nivel europeo, el programa de la
presidencia española de la Unión Europea de 2002 no contenía ninguna referencia específica a la necesidad
de asegurar que cualquier medida que se adoptara en este contexto no pudiera poner en peligro los derechos
humanos, más allá de una referencia a la “lucha contra el terrorismo” en un espacio de libertad, seguridad y
justicia.
La apuesta por el multilateralismo y por el sistema internacional de protección de los derechos humanos caracterizó
el discurso del nuevo Gobierno en España en marzo de 2004, además de la retirada de las tropas españolas en
Irak. En marzo de 2005, el nuevo presidente del Gobierno afirmó que las respuestas al terrorismo global “sólo
puede encontrarse en los valores que han dignificado la vida en común, la libertad, el respeto de los derechos
humanos, las relaciones justas entre los pueblos, el progreso compartido, la cooperación y la solidaridad” 13 .
Más recientemente, en un discurso sobre las prioridades de la política española del nuevo Gobierno, el reelegido
presidente apeló a la coordinación internacional y destacó que España era uno de los países más eficaces en
11. Amnistía Internacional: Informe de Política Exterior y Derechos Humanos del Gobierno español 2002-2003
12. “Security Council Counter-Terrorism Committee”. 19 de junio de 2003. Ver http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/(Symbol)/ctc.2003.
En OpenDocument (visitado por última vez el 27 de julio de 2008)
13. Clausura de la Conferencia Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad. Madrid, 10 de marzo de 2005.
15

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
16
la lucha para combatir el terrorismo del “único modo que se puede ser eficaz: desde el respeto al Estado de
Derecho y la legalidad internacional” 14 . Por otra parte, Europa y el Mediterráneo pasaron a ser dos regiones
clave para la política exterior española, también en relación con cuestiones vinculadas a la seguridad internacional,
que ha continuado siendo un elemento prioritario de la acción internacional española.
En concreto, el apoyo a la legalidad internacional se ha traducido en algunas acciones importantes como la
ratificación por parte de España del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y el decisivo voto
de España en contra de la renovación de la Resolución 1422 15 en el 2004 con la que Estados Unidos pretendía
seguir garantizando la inmunidad de sus nacionales 16 ante la Corte Penal Internacional. Pero el terrorismo
internacional ha seguido planteando desafíos a los que el Gobierno español no ha respondido adecuadamente,
a pesar de su discurso y de presentarse como ejemplo para combinar medidas antiterroristas con el pleno respeto
de los derechos humanos.
España es uno de los países europeos en los que la CIA hizo uso de su territorio y espacio aéreo lo que hizo
posible la realización de sus actividades ilegales de detenciones secretas y entregas extraordinarias en el marco
de la “guerra contra el terror” liderado por Estados Unidos. Si bien el nivel de implicación de los Estados europeos
varía entre la participación plena o la connivencia con estas prácticas ilegales, en el caso español es claro que
ninguno de sus Gobiernos hizo nada para impedir que la CIA llevara a cabo sus planes, a través de España si
era necesario. La permisividad a la que apuntan las evidencias continuó con el cambio de Gobierno, sin que
hasta la fecha las autoridades hayan implementado medidas eficaces de control y rendición de cuentas y otras
recomendaciones propuestas por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
Además, las autoridades españolas tampoco han aclarado el grado de implicación de España en los acuerdos
que se tomaron en el seno de la OTAN a petición de los Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre
de 2001, que supuso el acceso a puertos y aeropuertos del territorio OTAN para prestar apoyo a operaciones de
lucha contra el terrorismo y la autorización de sobrevuelos sin restricciones para los aviones miliares utilizados
por Estados Unidos y otros aliados en operaciones contra el terrorismo, entre otras medidas. La Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa considera que este acuerdo supuso carta blanca a la CIA para utilizar
libremente el espacio aéreo y las infraestructuras europeas para sus operaciones encubiertas 17 .
El liderazgo que se atribuye el actual Gobierno español en la lucha contra el terrorismo con pleno respeto de
los derechos humanos tampoco se ha traducido en medidas concretas dentro de la Unión Europa. España apoyó
en abril de 2008 la propuesta de la Comisión Europea para revisar el Marco para Combatir el Terrorismo. Amnistía
Internacional ha expresado su preocupación porque dicha propuesta carece de las salvaguardas necesarias para
garantizar el principio de legalidad y no dispone de medidas que aseguren que la implementación de las nuevas
figuras penales por parte de España y otros Estados es acorde a la libertad de expresión, y el derecho a la libertad
de asociación y reunión.
En el ámbito de las relaciones bilaterales, preocupa a Amnistía Internacional que los acuerdos con terceros
países en materia de asistencia judicial, extradición, policiales y de colaboración en la lucha contra el crimen
organizado, incluido el terrorismo, no dispongan de mecanismos de escrutinio ni verificación adecuados que
garanticen que dicha cooperación no contribuirá a la violación de derechos humanos de personas sospechosas.
Aunque el interés por mantener convenios con otros países en este ámbito no es nuevo, si hay una tendencia
a incrementar este tipo de acuerdos específicamente para abordar la cuestión del terrorismo.
14. Conferencia del Presidente del Gobierno “En interés de España: una política exterior comprometida”, 16 de junio de 2008.
15. España y Gran Bretaña fueron los dos únicos países de la Unión Europea que el 12 de junio de 2003 votaron a favor de mantener la
vigencia de la resolución 1422 por otro periodo anual, otorgando su aval a un sistema de impunidad para los ciudadanos de países que
no sean parte del Estatuto de Roma y que participen en operaciones aprobadas por la ONU.
16. En el texto: “ciudadanos de estados que no son parte en el Estatuto de Roma”.
17. Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Doc. 11302 rev. 11/06/2007. La OTAN nunca ha dado a conocer el texto
real del acuerdo.

Amnistía Internacional reconoce el deber y la obligación del Gobierno español de proteger a la población frente
a los ataques terroristas y admite que la cooperación internacional puede ayudar a lograr este objetivo. Sin
embargo, el problema radica en el preocupante historial de derechos humanos de varios países con los que
España está buscando la colaboración o aceptando acuerdos. Amnistía Internacional recuerda que países como
Argelia, Marruecos o Egipto, con quien las autoridades españolas han negociado acuerdos 18 en los dos últimos
años, han implementado políticas y medidas antiterroristas que menoscaban severamente los derechos humanos
de las personas detenidas, permitiendo la tortura, los malos tratos o la desaparición forzosa de personas
sospechosas de pertenecer a grupos considerados terroristas.
Activistas de Amnistía Internacional muestran una pancarta con la frase: “Les
garantizamos que Argelia tortura”, frente a la entrada de Downing Street, Londres,
2006.
© AI
2. VISIÓN DE CONTEXTO Y OBLIGACIONES
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
En relación con Argelia, en julio de 2008 los
dos Gobiernos sellaron un nuevo acuerdo
específico centrado en la lucha antiterrorista
y en el intercambio de información, “aseguando
la protección de datos personales” y “la
custodia de la información confidencial en
virtud de las respectivas legislaciones nacionales”
19 . El acuerdo se suma al convenio de
asistencia judicial en materia penal con ese
país firmado en octubre de 2002.
La lucha contra el terrorismo y la necesidad
de acuerdos ha estado presente en la
agenda de los encuentros bilaterales con
Marruecos de los últimos años. En julio de
2008, las fiscalías de los dos países sellaron
un acuerdo bilateral en materia de lucha contra
el terrorismo, con el objetivo de intercambiar
información sobre actividades criminales
relativas a las investigaciones o procedimientos
judiciales y sobre legislación vigente 20 .
El Gobierno también llegó a un acuerdo de “Amistad y Cooperación” con Egipto en febrero de 2008, que aunque
en su apartado de cooperación en la lucha contra el terrorismo hace referencia a la adopción de medidas para
prevenir y reprimir el terrorismo dentro del pleno respeto del Estado de Derecho, y se especifica en el acuerdo
el compromiso de respetar los derechos humanos, el texto carece de mecanismos de seguimiento de esos
compromisos y pone además énfasis en la no intervención en los asuntos internos, uno de los motivos esgrimidos
por las autoridades egipcias hacia aquellos que han denunciado violaciones de derechos humanos en el país 21 .
Además de los acuerdos bilaterales, el Gobierno español ha fomentado la colaboración policial permanente con
comités antiterroristas de distintos países a través del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista con Estados
Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Austria, Indonesia y mantiene formas de “colaboración estable” con
Arabia Saudí y la Federación Rusa, este último a través del Comité Antiterrorista de la Federación Rusa. Además,
la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil han suscrito acuerdos con el Departamento de Inteligencia
de Jordania, y el Consejo de Seguridad Nacional de Israel.
Esta colaboración está reforzada por un incremento del despliegue exterior permanente de las fuerzas y cuerpos
de seguridad españoles a través de las representaciones diplomáticas. En el Balance de la Legislatura 2004-
2008 se ha informado que “se ha reforzado la red de agregados del Ministerio del Interior en África 22 , con vistas
tanto a cuestiones de control migratorio como a la lucha contra el crimen organizado, incluido el terrorismo. A
nivel bilateral con Argelia se acordó cooperación judicial y policial para la lucha conjunta contra el terrorismo,
18. Ver Anexo 3.
19. Consejo de Ministros. 13 de junio de 2008. Ver www.la-moncloa.es
20. Fiscalía General del Estado. Ver www.fiscal.es
21. Parlamento Europeo. Resolución de 17 de enero de 2008 (P6_TA-PROV(2008)0023) La Resolución sobre la situación en Egipto denunciaba
violaciones de derechos humanos en las medidas para luchar contra el terrorismo, entre otras preocupaciones provocó un rechazo público de
las autoridades egipcias que acusaron al Parlamento Europeo de inmiscuirse en asuntos internos.
22. ” Balance de la Legislatura 2004–2008, página 139.
17

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
18
así como facilitar la formación de magistrados y fiscales argelinos en España 23 . Con relación a Marruecos, en
el Balance de la Legislatura 2004 – 2008, las autoridades españolas destacaban, además del “eficaz entendimiento
bilateral ante la presión migratoria”, la cooperación en materia de Justicia e Interior.
Amnistía Internacional mantiene que aunque la colaboración bilateral con otros países puede ser necesaria,
dicha colaboración debe respetar las normas internacionales de derechos humanos. Acuerdos que incluyen
intercambio de información en circunstancias en las que hay un riego de que dicha información puede contribuir
a la detención ilegal, la tortura u otros malos tratos o a la desaparición forzada, deben ser revisados. El Gobierno
español debe garantizar que los acuerdos no sólo incluyen una mención al respeto de los derechos humanos en
la lucha contra el terrorismo sino que están provistos de mecanismos eficaces de control y verificación. Por otra
parte, como se verá más adelante, ningún acuerdo con otros países, sea de extradición o en materia de colaboración
policial, puede ser invocado como justificación para devolver a una persona –aunque esté acusada de delitos
relacionados con el terrorismo- a un país en donde pueda ser víctima de tortura u otros malos tratos. De hacerse
efectiva dicha entrega, se infringe la protección internacional dispuesta para la prevención de la tortura y la
prohibición absoluta de dicha práctica.
2.2.2. Acuerdos con Estados Unidos sobre terrorismo
2.2.2.1. Protocolo operativo (clasificado) de intercambio de información
El Gobierno español sigue sin ofrecer explicaciones sobre el protocolo operativo –de carácter clasificado- suscrito
con las autoridades de Estados Unidos en septiembre de 2007, sobre la detección de terroristas y de sospechosos
de participar en actividades relacionadas. Este acuerdo se enmarca en la colaboración bilateral entre los dos
países en materia de lucha contra el terrorismo y según consta en un comunicado oficial 24 “establece una serie
de procedimientos para el acceso e intercambio de información para la detección de terroristas” incluyendo la
colaboración permanente entre el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y el Terrorist Screening
Center (TSC).
Amnistía Internacional no pretende cuestionar la cooperación bilateral y multilateral para combatir el terrorismo
desde el pleno respeto de los derechos humanos. Pero preocupa un acuerdo de estas características con el
Gobierno de los Estados Unidos, ya que se desconoce de los mecanismos que prevé el intercambio de información
previsto en el protocolo para impedir que la información que pueda proporcionar España sobre sospechosos de
terrorismo no acabe en la detención ilegal de personas que además puedan terminar en centros secretos de
detención u otro tipo de centros bajo custodia de Estados Unidos que son ilegales como Guantánamo. Para
Amnistía Internacional las garantías que pueda ofrecer el Gobierno de los Estados Unidos sobre el trato a detenidos
y sobre respeto del derecho internacional, cuando se trata de asuntos vinculados al terrorismo carecen de mucha
credibilidad.
Amnistía Internacional se opone a todos los acuerdos de asistencia mutua, incluidos aquellos que prevén el
intercambio de información, en circunstancias en las que hay un riesgo importante de que la cooperación
contribuirá a la detención ilegal, tortura u otros malos tratos, desaparición forzada, juicio injusto o pena de
muerte. El Gobierno español no puede alegar cuestiones de seguridad nacional o de otra índole para no ofrecer
más datos sobre los términos del acuerdo firmado en el 2007. En caso de dudas sobre su aplicación en relación
con los derechos humanos, debería prescindir del mismo.
2.2.2.2. Operaciones de agencias de inteligencia de los Estados Unidos en España
En aplicación del artículo 17.6 del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los
Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, revisado por el Protocolo de Enmienda de 10 de abril
de 2002, el Ministerio de Defensa de España y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, acordaron
el 23 de marzo y el 24 de abril de 2007, las “Normas Reguladoras sobre la actuación en España del Servicio
de Investigación Criminal Naval (NCIS) y la Oficina de Investigaciones Especiales (AFOSI), de los Estados Unidos
de América.” Las agencias NCIS y AFOSI pertenecen al Pentágono y hacen labores de inteligencia. Según el
acuerdo alcanzado, estas agencias pueden realizar actividades en España.
23. Información recogida de Balance de la Legislatura abril 2004-marzo 2008 Ministerio de la Presidencia, Secretaría de Estado de
Comunicación, Diciembre de 2007, página 110.
24. Nota de Prensa del Ministerio del Interior del 23 de septiembre de 2007. “España y EEUU suscriben un protocolo para intercambiar
información sobre sospechosos de participar en actividades terroristas”. Texto completo en:
www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ministerio_Interior/2007/np092303.html

2. VISIÓN DE CONTEXTO Y OBLIGACIONES
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
El Acuerdo administrativo 25 de fecha 10 de julio de 2007 en el que se incluyen las nomas reguladoras viene
siendo aplicado desde el 24 de abril de 2007. De su texto publicado no queda claro si los agentes estadounidenses
tienen autorización para actuar en solitario dentro del país. Sólo se desprende que “podrán mantener personal
en España para actuar en conjunción con sus homólogos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y
de los Servicios de Inteligencia españoles en asuntos de interés mutuo y llevar a cabo investigaciones criminales
que afecten a personal o bienes de los Estados Unidos de América” 26 .
Aunque la revisión del Convenio de cooperación para la defensa tuvo lugar en el 2002, este punto no había sido
cerrado. Según la información disponible, las autoridades españolas, a través del Comité Permanente Hispano
Norteamericano – que regula el Convenio de Defensa- deberán conocer el nombre, cargo y unidad a la que
pertenecen los agentes de estas dos agencias y que quieran llevar actividades en España.
Estados Unidos también debe informar de las actividades de investigación previstas y las autoridades españolas
“podrán solicitar a los Estados Unidos que se abstengan de llevar a cabo una actuación concreta”. En caso de
que de las investigaciones criminales realizadas se desprendan indicios de algún delito, las autoridades españolas
pondrán los hechos en conocimiento de la justicia española, aunque España podrá renunciar a su jurisdicción.
Las autoridades estadounidenses deberán remitir trimestralmente, y “en las ocasiones que se solicite”, a las
autoridades españolas un informe detallado de las actividades realizadas, el estado de las investigaciones y la
fecha estimada para su conclusión.
Amnistía Internacional siente preocupación porque de la información disponible sobre este acuerdo no se
desprende cómo garantizarán las autoridades españolas que los agentes de inteligencia de Estados Unidos no
se excederán en sus funciones, sobre todo si se tiene en cuenta que el acuerdo deja cierto margen de discreción
para que los agentes actúen en solitario. No queda claro, por ejemplo, si será el Centro Nacional de Inteligencia
el organismo encargado de hacer este control. Por otro lado, tampoco parece recoger el acuerdo cuáles son las
actividades que no deben ser autorizadas y en la que los servicios de inteligencia españoles y otros organismos
deben rehusar participar. Las dos agencias estadounidenses tienen en sus funciones actividades relacionadas
con el combate al terrorismo 27 . Amnistía Internacional ha denunciado en el pasado la posibilidad de que otras
agencias de Estados Unidos además de la CIA hayan estado involucradas en operaciones de entregas extraordinarias 28 .
El Gobierno español debe asegurar que el acuerdo no permite a estas agencias el uso de territorio español para
actividades de este tipo y que personal español no colabora en las mismas. El simple compromiso de las autoridades
estadounidenses de que no llevarán a cabo actividades relacionadas en materia antiterrorista al margen de la
ley no es suficiente.
2.2.3 Contexto interno: legislación disponible, novedades legislativas y otras medidas
El Estado español ha desarrollado sus políticas y legislación en materia de terrorismo, teniendo a la vista en
particular a Euskadi Ta Askatasuna (ETA) que a lo largo de cuatro décadas ha llevado a cabo atentados y otras
actividades con resultados mortales en territorio español, y ocasionalmente en Francia. Se estima que desde
1968 ETA ha sido la responsable de la muerte de más de 800 personas casi la mitad de las cuales han sido
civiles. Amnistía Internacional condena sin reservas la violencia de ETA como graves abusos contra los derechos
humanos, y rechaza de forma categórica cualquier argumento u objetivo que pretenda justificarlos.
Tras los atentados del 11-S de 2001, debido precisamente a la experiencia española, no fue difícil que a nivel
internacional se considerara a España como uno de los países a tener en cuenta a la hora de hacer frente a los
actos terroristas.
25. “Acuerdo administrativo de desarrollo del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de
América, de 1 de diciembre de 1988, hecho en Madrid el 10 de abril de 2002.”
26. Idem.
27. www.ncis.navy.mil/about.asp y www.osi.andrews.af.mil/
28. Amnistía Internacional. “Estados Unidos. Fuera del Radar. Vuelos secretos a la torura y la desaparición.” (AMR 51/051/2006).
Abril 2006.
19

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
20
2.2.3.1 Ataques terroristas en territorio español y contra objetivos españoles en el extranjero
El 16 de mayo de 2003 murieron 45 personas como consecuencia de una cadena atentados con explosivos en
varias zonas de Casablanca (Marruecos) por parte de los que serían identificados por las autoridades marroquíes
como miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM). Entre los cinco objetivos en los que se
produjeron las explosiones figuraba la Casa de España en cuyo interior murieron 22 personas.
En Madrid, el 11 de marzo de 2004 se llevaron a cabo atentados con explosivos en trenes de pasajeros en los
días previos a la celebración de elecciones generales. Ante este atentado indiscriminado que acabó con la vida
de 191 personas, Amnistía Internacional expresó su condena e indignación en los términos más rotundos, y
al igual que en el caso de los ataques del 11 de septiembre de 2001 señaló que podía ser considerado como
crimen contra la humanidad 29 , y ha estado pendiente de que el Estado español respondiera adecuada y
oportunamente respecto de los derechos de las víctimas.
El Gobierno entonces en el poder culpó inmediatamente y de un modo persistente a ETA. En la reunión del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue aprobada ese mismo día una resolución 30 en la que se condenaba
en los términos más enérgicos los atentados, y a instancias de la representación española, se accedió a atribuir
los atentados al “grupo terrorista ETA” 31 . En noviembre de ese año, las investigaciones descartaban la participación
de ETA y en julio de 2008 el Tribunal Supremo concluyó como hecho probado que varias de las 17 personas
finalmente condenadas eran “miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista” 32 .
La repercusión de los ataques en España, primeros de su tipo en ser llevados adelante en territorio europeo,
tras el 11-S de 2001 en los Estados Unidos, motivaron que el Consejo Europeo, el 25 de marzo de 2004 realizara
una "Declaración sobre la lucha contra el terrorismo” en la que se subrayaba que el apoyo a las víctimas es
primordial y que es imprescindible para una lucha eficaz contra el terrorismo que los Estados Miembros apliquen
en su totalidad las medidas adoptadas por el Consejo. En este marco, fijaba una revisión de los objetivos
estratégicos de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo.
2.2.3.2 Legislación española y otras medidas en materia de terrorismo
Tras los atentados del 11-S en EE UU, muchos países adoptaron legislación específica para hacer frente al
terrorismo. Este no fue el caso de España que ya disponía de legislación al respecto a través de diversos cuerpos
normativos, entre ellos, la propia Constitución de 1978, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Constitución de 1978 33 , en su artículo 55.2, hace referencia a la suspensión de ciertos derechos y libertades
para personas determinadas, en relación con las “investigaciones correspondientes a la actuación de bandas
armadas o elementos terroristas”. Igualmente la Constitución, al excluir en el artículo 13.3 de la extradición
los delitos políticos, no considera como tales los actos de terrorismo.
En materia de represión penal del terrorismo, son de aplicación, de una parte, el llamado delito de asociación
ilícita, en concreto, el Artículo 515.2 34 del Código Penal y, de otra parte, los delitos de terrorismo 35 (o delitos
con fines terroristas) establecidos en los artículos 571 a 580 del Código Penal. Las figuras penales comprendidas
en esta sección tienen en común como elemento del crimen que la comisión de las conductas tenga la finalidad
de “subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”. En esta sección también están
comprendidos como delitos un conjunto de actos o conductas que no requieren pertenencia a banda armada,
29. Amnistía Internacional: “España: Por su magnitud, la matanza podría ser un crimen contra la humanidad”Comunicado de Prensa del
12 de marzo de 2004 en: web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR410042004
30. Resolución 1530 (2004) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4923a sesión, celebrada el 11 de marzo de 2004.
31. “1. [The Security Council], Condemns in the strongest terms the bomb attacks in Madrid, Spain, perpetrated by the terrorist group
ETA on 11 March 2004, in which many lives were claimed and people injured, and regards such act, like any act of terrorism, as a threat
to peace and security;” SC Resolution 1530 (2004), 11/03/2004. Texto completo en www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8022.doc.htm
32. STS 503/2008 de fecha 17/07/2008.Tribunal Supremo, Sala de lo Penal.
33. Capítulo V. De la suspensión de los derechos y libertades
34. Artículo 515. Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
...2. Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.
35. Comprendidos en el Capítulo V. De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y de los delitos de terrorismo,
Sección 2. De los delitos de terrorismo.

2. VISIÓN DE CONTEXTO Y OBLIGACIONES
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
organización o grupo terrorista 36 . También se considera delito 37 el enaltecimiento o la justificación por cualquier
medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 del Código Penal
o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio
o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 23.4.b, la jurisdicción española es competente para
conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse
según la ley penal española como terrorismo. Los delitos considerados de terrorismo son competencia de la
Audiencia Nacional.
En el 2003 se introdujeron modificaciones legislativas al régimen de incomunicación aplicado a los sospechosos
de delitos de terrorismo. Dicha reforma desoyó por completo las recomendaciones de organizaciones de derechos
humanos y de mecanismos de Naciones Unidas que ya se habían pronunciado con preocupación por el régimen
de incomunicación.
Así, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un juez de instrucción tiene facultades para, a petición de la
policía, ordenar el régimen de incomunicación de hasta cinco días bajo custodia policial. La incomunicación
puede prolongarse hasta un total de 13 días 38 , comprendidos los cinco días bajo custodia policial que puede
extenderse a petición del juez investigador otros cinco días más en prisión preventiva, y otros tres días más
igualmente en prisión preventiva. Amnistía Internacional ha denunciado que durante este periodo, los derechos
de la persona detenida se ven sometidos a varias restricciones 39 que no se ajustan a las normas internacionales
de derechos humanos, entre ellas:
Las personas detenidas en régimen de incomunicación no tienen derecho a la asisten jurídica de
un abogado de su elección.
Las personas detenidas en régimen de incomunicación no tienen derecho a consultar a un abogado
en privado en ningún momento mientras estén sometidas al régimen de incomunicación (tanto bajo
custodia policial como en prisión preventiva).
Las personas detenidas en régimen de incomunicación no tienen derecho a comunicar, o a hacer
que se comuniquen, el hecho y el lugar de su detención a un familiar u otra persona de su elección.
Los ciudadanos extranjeros no tienen derecho a que se comunique dicha información al consulado
de su país.
Las personas detenidas en régimen de incomunicación no tienen derecho a someterse a un examen
médico a cargo de un médico de su elección 40 .
Durante más de un decenio, diversos órganos de la ONU, así como el Comité para la Prevención de la Tortura
(CPT) del Consejo de Europa, han expresado su preocupación por el uso del régimen de incomunicación. Estos
órganos internacionales han planteado en repetidas ocasiones sus motivos de preocupación en torno al uso de
la detención en régimen de incomunicación, que, según se ha reconocido, facilita la tortura y otros malos tratos
y, de ser prolongada, puede en sí misma constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante, además
de violar importantes derechos que asisten a las personas detenidas en lo relativo a su defensa, como el derecho
a tener un acceso pronto y efectivo a representación letrada. 41
Pero el uso del régimen de incomunicación sigue siendo justificado por los distintos Gobiernos españoles en
nombre de la seguridad nacional y seguridad pública. El informe que el Gobierno ha presentado ante el Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidos que en el 2008 analiza el cumplimiento de España al Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos sigue sin cuestionar esta medida. Amnistía Internacional ha insistido ante las
36. Así, el artículo 577 (modificado por la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre) sanciona al que sin pertenecer a banda armada
organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de contribuir
a estos fines atemorizando a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivos social, político o profesional, cometieren
diversos actos.
37. Artículo 578 del Código Penal. Redacción según Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal.
38. Ley de Enjuiciamiento Criminal, Artículo 509.2.
39. Ley de Enjuiciamiento Criminal Artículo 527.
40. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 520 (2) (f), todos los detenidos bajo custodia policial tienen derecho a un examen
médico por forense del Estado. Conforme al Art. 510.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueden requerir un segundo examen médico
designado por el Estado.
41. Ver por ejemplo las conclusiones y recomendaciones del Comité Contra la Tortura sobre España, 23 de diciembre de 2002[CAT/C/CR/29/3]
párrafo 10 y el informe del Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura de la ONU (E/CN.4/2004/56/Add.2) de 6 de febrero de 2004,
Addendum, Visita a España (E/CN.4/2004/56/Add.2).
21

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
22
autoridades españolas de su deber de proteger las vidas y la seguridad de aquellos que están en su territorio,
ante los actos criminales, incluidos los de índole terrorista, cerciorándose de que las medidas que adopten
cumplan todas las obligaciones que les incumben con arreglo al derecho internacional. 42
En respuesta a las preocupaciones y observaciones de derechos humanos, se han dispuesto algunas medidas
de manera reciente, aunque resultan muy limitadas. Al respecto, el Relator Especial sobre la promoción y la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo reconoce
pasos positivos en su visita a España de mayo de 2008, como la grabación a través de video cámaras de los
centros de detención policial y salas de interrogatorio, sin embargo hace notar que no se ha aplicado sistemáticamente,
sino solamente mediante decisión judicial para cada caso individual. Sólo unos cuantos jueces de la Audiencia
Nacional lo han dispuesto. El Relator Especial “solicita erradicar por completo la institución del régimen de
incomunicación” 43 . De acuerdo a sus palabras “este paso…fortalecería la credibilidad de las medidas antiterroristas
del conjunto de autoridades que velan por la aplicación de la ley y, al mismo tiempo aseguraría que quienes
sean falsamente acusados de malos tratos para con presuntos sospechosos de terrorismo puedan quedar libres
de cargos”. 44
La legislación disponible para la represión del terrorismo incluida la detención y prisión preventiva en régimen
de incomunicación ha sido aplicada al considerado terrorismo internacional. En noviembre de 2001 se practicaron
varias detenciones en conexión al atentado del 11-S en los Estados Unidos y la actividad de una “célula de Al
Qaeda” en España, dando lugar a un proceso que concluyó en varias condenas 45 . Tras el atentado del 11 de
marzo de 2004 en Madrid, igualmente las detenciones practicadas en aplicación de la legislación española,
resultaron en procesamiento judicial con la condena en octubre de 2007 por parte de la Audiencia Nacional
de 21 personas acusadas por varios delitos relacionados con los ataques. Asociaciones de víctimas, acusaciones
particulares y el fiscal recurrieron la sentencia ante el Tribunal Supremo que en julio de 2008 confirmó la
sentencia aunque también absolvió a cuatro de los condenados.
En relación al juicio del 11-M, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, expresó tomar nota “de que muchos
elementos podrían servir como mejores prácticas en la organización de un juicio penal sobre un gran atentado
de terrorismo internacional”, sin embargo también abordó ciertos aspectos preocupantes que ha incluido en su
informe provisional 46 . A pesar de estas dificultades que deben ser analizadas y corregidas, Amnistía Internacional
considera que ha sido un paso positivo el hecho de que –a diferencia de otros lugares- los responsables de los
terribles atentados en Madrid fueran detenidos, hayan comparecido ante la justicia y los responsables hayan
recibido sanción.
El esclarecimiento de crímenes tan atroces, la determinación de las responsabilidades de los implicados, y que
sus autores hayan recibido las sanciones por sus actos criminales, además de dar un mensaje de afirmación del
imperio de la ley, es una dimensión crucial en materia de los derechos de las víctimas. Amnistía Internacional
ha seguido con atención las actuaciones gubernamentales en relación a las víctimas 47 .
42. Ver por ejemplo, Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1450; 1456 en el párrafo 6 1566, Preámbulo, párrafo.6.
Resoluciones de la Asamblea General 59/46, 49/60, 51/210 y las Directrices del Consejo de Europa sobre la Protección de los Derechos
Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 11 de julio de 2002 H (2002)004,
entre otras iniciativas.
43. Conclusión de la visita a España del Relator Especial sobre los Derechos Humanos y la lucha contra el terrorismo. 14 de mayo de 2008
Texto completo en: www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/9A245C4FA3243A98C125744900528CD8?opendocument (página visitada
por última vez el 22 de julio de 2008)
44. Conclusión de la visita a España del Relator Especial sobre los Derechos Humanos y la lucha contra el terrorismo. 14 de mayo de 2008
Texto completo en: www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/9A245C4FA3243A98C125744900528CD8?opendocument (página visitada
por última vez el 22 de julio de 2008)
45. Las detenciones tuvieron lugar en el marco de la operación “Dátil”. El 26 de septiembre de 2005, la Audiencia Nacional condenó a
Barakat Yarkas, Abu Dahdah , a 27 años de prisión por conspiración en los atentados del 11-S y por liderar la célula española de Al Qaeda.
Otros 17 miembros de Al Qaeda fueron condenados a penas de entre 6 y 12 años El 16 de febrero de 2006, el Tribunal Supremo rebajó
la pena a Abu Dahdah a 12 años porque consideró que su participación en la conspiración no estaba probada.
46. Conclusión de la visita a España del Relator Especial sobre los Derechos Humanos y la lucha contra el terrorismo. 14 de mayo de 2008
“Se celebró tras meses o años de detención provisional, durante la cual los abogados de oficio, en la práctica, no pudieron brindar asistencia
alguna a sus clientes, debido a varios factores: el secreto de la investigación; la dispersión de los detenidos en diferentes partes del país;
la insuficiente indemnización por costos de viaje y el que no se facilitase intérpretes independientes como parte del sistema de ayuda de
oficio en las reuniones entre abogados y clientes”, señala en informe provisional del relator
www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/9A245C4FA3243A98C125744900528CD8?opendocument (página visitada por última vez
el 22 de julio de 2008).
47. En la visita de alto nivel realizada en 2004 por la Secretaria General de Amnistía Internacional, al igual que en otras oportunidades,
la organización ha mantenido reuniones y contactos con familiares, supervivientes y sus organizaciones.

Además de la legislación penal disponible sobre delitos de índole terrorista y la práctica judicial producida en
el marco de la lucha contra el llamado terrorismo internacional, España ha desarrollado en los últimos años otras
normas, en las que se conjugan motivaciones internas con criterios desplegados globalmente, entre ellos los
relativos a las actividades de financiamiento del terrorismo, y derechos de los extranjeros 48 . Asimismo, ha
respondido con un conjunto de medidas en materia de seguridad y del ámbito policial. Tras el atentado en Madrid
del 11 de marzo de 2004 se impulsaron medidas tales como un Plan de Prevención y Protección Antiterrorista,
con la inclusión de más de 65.000 agentes de seguridad, la creación del Comité Ejecutivo Para el Mando
Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la puesta en marcha del Centro Nacional de
Coordinación Antiterrorista (CNCA) con labores de inteligencia, información y coordinación dentro del Ministerio
del Interior.
Legislación relevante disponible y novedades legislativas
Constitución Española (1978), Artículos 55 y 13.
Legislación Penal
48. Ver cuadro sobre legislación relevante disponible y novedades legislativas.
2. VISIÓN DE CONTEXTO Y OBLIGACIONES
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre
Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal.
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con
los delitos de terrorismo.
Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las
penas.
Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia
doméstica e integración social de los extranjeros.
Ley Orgánica 15/2003, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código
Penal.
Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal.
Detención y prisión en régimen de incomunicación
Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión
provisional.
Financiación del terrorismo
Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Ley Orgánica 4/2003, de 21 de mayo, complementaria de la Ley de prevención y bloqueo de la financiación del
terrorismo, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Legislación en relación a las víctimas del terrorismo
Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Ley 2/2003, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las
víctimas del terrorismo.
Real Decreto 2317/2004, de 17 de diciembre, por el que se crea el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo, y Real Decreto 990/2006, de 8 de septiembre, por el que se suprime el Alto Comisionado de
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
Legislación autonómica.
23

3. USO DE ESPACIO AÉREO Y AEROPUERTOS ESPAÑOLES
EN TRASLADOS ILEGALES DE DETENIDOS
La entrega extraordinaria de Khaled El Masri
El 22 de enero de 2004 aterrizó en el aeropuerto de Son
San Joan de Palma de Mallorca un Boeing 737 con
matrícula de Estados Unidos (N313P) procedente de
Argelia. Se cree que la mayoría de los trece ocupantes
que se bajaron de la aeronave y que pasaron la noche
en un hotel de Palma de Mallorca eran agentes o personal
contratado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA)
u otras agencias de inteligencia de los Estados Unidos.
Al día siguiente el avión despegó rumbo a la capital de
Macedonia, Skopje, llegando a su destino a las 8:15pm
de ese mismo día. Fue allí donde oficiales macedonios
“entregaron” a los ocupantes del avión a Khaled El Masri,
un ciudadano alemán que había sido detenido por las
autoridades de ese país 23 días antes, repetidamente
interrogado y sin derecho a un abogado o contacto con
su familia.
Según informes, Khaled El Masri fue subido al avión que
había llegado procedente de Palma de Mallorca, no sin
antes ser torturado en una sala del aeropuerto para que
confesara sus supuestos vínculos con el terrorismo. Según
el testimonio del propio Khaled El Masri, dentro de la
aeronave fue tirado al suelo y atado a algún soporte. Le
aplicaron dos inyecciones y quedó medio inconsciente
debido a una sustancia que le colocaron sobre la nariz.
Aún así, El Masri recuerda que, durante el vuelo, el avión
hizo una parada. Posteriormente se comprobó que había
© AP/PA Photo/Thomas Kienzle
sido en un aeropuerto de Irak, antes de llegar a Kabul
(Afganistán). Khaled El Masri permaneció encerrado en
un centro bajo custodia de los Estados Unidos en territorio afgano varias semanas, donde fue interrogado y según
informes torturado. El 28 de mayo de 2004 fue trasladado al Aeropuerto Internacional Madre Teresa cerca de
Tirana (Albania). Quedó en libertad después de que tres hombres armados le compraran un pasaje a Frankfurt
(Alemania).
A raíz de una denuncia interpuesta por varios ciudadanos ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en
abril de 2005 la Guardia Civil llevó a cabo “diligencias informativas” sobre diez vuelos que hicieron escala en
Palma de Mallorca que según investigaciones del Diario de Mallorca pertenecían a la CIA. Entre los aviones
figuraba el N313P que supuestamente participó en la entrega extraordinaria de Khaled El Masri. La Guardia
civil identificó que la empresa propietaria o explotadora de la aeronave era “Stevens Express Leasing”, una
sociedad ficticia vinculada a la CIA. También obtuvo el nombre y número de pasaporte que los ocupantes de
la aeronave habían facilitado al hotel donde se hospedaron la noche antes de partir hacia Macedonia el 22 de
enero de 2004. Todos traían pasaporte de Estados Unidos. El avión en el que viajaban se identificó como de
carácter civil y privado.
Pero la Guardia Civil concluyó que no había indicios que pudieran conducir a la averiguación de la comisión
de actividades ilícitas en las escalas de los aviones. Tampoco en relación al N313P que el 23 de enero 2004
25

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
26
se dirigió a Macedonia desde Palma de Mallorca. El fiscal balear, tras obtener copia de las indagaciones, decidió
cerrar el caso. Según el Gobierno español, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que supuestamente investigó
éste y otros aviones que hicieron escala en Palma de Mallorca tampoco encontró ninguna irregularidad. De los
documentos desclasificados sólo se desprenden del CNI gestiones para confirmar las escalas. No constan más
investigaciones a fondo promovidas por el Gobierno español. O al menos, sus resultados no han sido públicos.
El 26 de septiembre de 2006, Khaled El Masri compareció como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional
que desde junio de ese año investiga los vuelos sospechosos en territorio español. Por otra parte, el 31 de enero
de 2007 un tribunal de Munich (Alemania) dictó órdenes de detención contra 13 ciudadanos estadounidenses,
de los que al menos 10 son presuntos agentes de la CIA, y que podrían haber participado en la entrega extraordinaria
de Khaled El Masri.
El avión N313P que supuestamente trasladó a Khaled El Masri a Afganistán, previa parada en Palma de Mallorca,
hizo al menos siete escalas en este aeropuerto español y en el de Ibiza, entre enero de 2004 y febrero de 2005.
Pero este no fue el único avión vinculado a la CIA en territorio español que, al menos hasta 2006, se valió de
aeronaves supuestamente privadas con el fin de llevar a cabo sus operaciones por las que numerosos hombres
han sido detenidos ilegalmente y trasladados en vuelos secretos a países donde han sufrido crímenes adicionales,
como tortura y desaparición forzada.
En febrero de 2007 el Parlamento Europeo aprobó un informe destapando la magnitud de la colaboración europea
en las detenciones secretas y las entregas extraordinarias que reveló que 16 aviones operados o alquilados por
la CIA pisaron suelo español realizando un total de 68 escalas en España entre 2001 y finales de 2005, muchas
de las cuales revelaban destinos y/o origenes sospechosos 49 . El número se amplia si se suman los movimientos
de al menos siete aviones que, aunque con origen o destinos menos sospechosos en territorio español, también
se cree que podrían estar vinculados a la CIA 50 . Los registros de vuelos secretos analizados por Amnistía
Internacional y otras organizaciones muestran que hubo escalas en un total de quince aeropuertos españoles:
Alicante, Barcelona, Ibiza, Gran Canaria, Madrid (Barajas y Torrejón de Ardoz 51 ), Málaga, Oviedo, Palma de
Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife (Los Rodeos y Reina Sofía), Valencia, y Vigo.
La cantidad de aeropuertos utilizados y la libertad con la que los aviones supuestamente vinculados a la CIA
despegaron y aterrizaron en España durante más de cuatro años sugiere que las infraestructuras aéreas españolas
han estado plenamente integradas en el funcionamiento del programa de entregas extraordinarias y detenciones
secretas del Gobierno de los Estados Unidos. De hecho, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa señala
a España como uno de los 14 países europeos cuyo territorio ha sido utilizado por Estados Unidos para sus
operaciones ilegales y apunta a Palma de Mallorca como uno de los lugares utilizados por los agentes secretos
para preparar las entregas extraordinarias, entre ellas la del ciudadano alemán Khaled El Masri 52 .
Debido al secretismo que rodea las operaciones de la CIA y el hecho de que los registros oficiales no revelan
obviamente si un vuelo ha llevado a cabo un traslado al margen de la legalidad no se puede establecer que todos
los vuelos estén directamente vinculados con entregas de detenidos o con el programa de la CIA. Sin embargo,
la falta de investigaciones exhaustivas en España al conocerse el uso del territorio español por parte de la agencia
secreta estadounidense para fines supuestamente ilegales y la ausencia de medidas de control preventivas
convierten la mayoría de las escalas en preocupantes.
49. La comisión de investigación temporal del Parlamento Europeo recopiló y cruzó datos de Eurocontrol, analizó las compañías tapadera
de la CIA, recogió el testimonio de las víctimas, periodistas, etc. y preguntó a las autoridades europeas y de los países miembros acerca
de los vuelos secretos, que llegaron a ser más de 1.200 entre 2002 y finales de 2005. En el caso de España, el Diario de Mallorca reveló
en marzo de 2005 el uso del aeropuerto de Palma de Mallorca por parte de varios aviones que se vinculaban a la CIA y que se usaban para
trasladar a detenidos secretos a lugares donde eran objeto de tortura. En abril de 2006 Amnistía Internacional publicó “Fuera del Radar.
Vuelos secretos a la tortura y la desaparición.” (AMR 51/51/06) que daba cuenta de 24 escalas de aviones secretos de la CIA en España
y detallaba la lista de compañías a las que se les vincula con la CIA. Amnistía Internacional siguió recopilando información sobre los
movimientos de los aviones en España a través de los informes oficiales en manos de la Audiencia Nacional, Parlamento Europeo, investigaciones
periodísticas, así como de otras fuentes como la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (Federal Aviation Administration).
50. Las matrículas de los siete aviones son: N260CH, N63MU, N970SJ, N33NJ, N404AC, N129QS y N720CH.
51. Aeropuerto de carácter civil y militar operado por Ejército del Aire de España.
52. Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de junio de 2006.

3.1 Alcance de los vuelos de la CIA en España
3. USO DE ESPACIO AÉREO Y AEROPUERTOS ESPAÑOLES
EN TRASLADOS ILEGALES DE DETENIDOS
El uso del territorio español por parte de vuelos vinculados a la CIA se enmarca en un contexto de amplia
participación activa o pasiva de los Gobiernos europeos en las operaciones de secuestro, detención secreta u
otras violaciones de derechos humanos lideradas por Estados Unidos en el contexto de la “guerra contra el terror”.
Aunque los Gobiernos europeos, prácticamente sin excepción, han negado su participación en estas operaciones
o se han desentendido de ellas, lo cierto es que si la CIA no hubiera tenido acceso a los aeropuertos europeos
- incluidos los españoles- le habría resultado más difícil llevar a cabo los traslados de detenidos. Sin embargo,
en ninguno de los países implicados de una forma u otra, sus Gobiernos han impulsado investigaciones a fondo,
efectivas, independientes e imparciales sobre posibles violaciones de derechos humanos cometidas en su territorio,
mientras que las medidas de control para impedir que se vuelvan a repetir estos abusos han brillado por su
ausencia. Este también ha sido el caso de España.
Las investigaciones de organismos internacionales e intergubernamentales coinciden en señalar Afganistán,
Argelia, Irak, Marruecos, Libia, Jordania, Egipto y la base naval de Guantánamo como los destinos y procedencias
de varios de estos aviones. Todos ellos lugares sospechosos de haber albergado detenciones secretas en el marco
de las actividades de la “guerra contra el terror” lideradas por el Gobierno de los Estados Unidos. También figuran
vuelos que conectan España con Rumania, uno de los países que podría haber albergado un centro de detención
secreto administrado por la CIA.
De hecho, cuatro de las aeronaves más directamente relacionadas con el programa de entregas y detenciones
secretas de Estados Unidos han pisado suelo español en varias ocasiones entre el 2002 y el 2005:
Un avión Gulsftream IV -matrícula N85VM y posteriormente N227SV- aterrizó en el aeropuerto de
Tenerife (Los Rodeos) el 12 de abril de 2004 procedente de Guantánamo y partió ese mismo día
hacia Rumania. Sobre este vuelo, en septiembre de 2006, el Ministro de Asuntos Exteriores español
reconoció ante el Parlamento Europeo que pertenecía a una categoría sobre la que “no se dispone
hasta el momento de suficiente información y que puede originar sospechas, por el escaso tiempo
de permanencia en nuestro país, así como por el origen y el destino de los mismos”. 53 De las
actuaciones de las autoridades españolas en el aeropuerto de Tenerife sólo se desprende que al ser
una “escala técnica” no se requirió ni autorización ni datos de sus ocupantes.
Entre diciembre de 2003 y octubre de 2005 este avión estuvo en los aeropuertos de Palma de
Mallorca, Madrid, Tenerife y Barcelona con procedencia y/o destinos sospechosos en al menos ocho
ocasiones. La aeronave se relaciona con la entrega ilegal de Hassan Osama Mustafa Nasr, conocido
como Abu Omar, de nacionalidad egipcia y residente en Italia, que fue secuestrado en el 2003 en
una calle de Milán y enviado a Egipto, donde de acuerdo a su versión fue sometido a torturas hasta
que fue puesto en libertad en febrero de 2007. Tres días antes el mismo avión había aterrizado
en Palma de Mallorca.
El avión Boeing 737 con matrícula N313P que llevó a Khaled El Masri de Macedonia a Afganistán
en enero de 2004 estuvo en Palma de Mallorca en cinco ocasiones y dos más en Ibiza. La aeronave
también se relaciona con la entrega y detención secreta de Binyam Mohamed. Según informes,
Binyam Mohamed fue detenido en el aeropuerto de Karachi (Pakistán) en abril de 2002 y entregado
a la custodia estadounidense tres meses después. En julio de 2002 fue trasladado a Marruecos.
Allí permaneció recluido unos 18 meses y fue sometido a presuntas torturas como, por ejemplo,
cortarle el pene con una cuchilla de afeitar. En enero de 2004 fue trasladado en el avión N313P
a la “prisión oscura” de Kabul donde al parecer fue sometido a nuevas torturas 54 . El
22 de enero de 2004, ese mismo avión aterrizó en Palma de Mallorca.
53. Intercambio de puntos de vista con Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores español. Comisión Temporal del Parlamento
Europeo. 14 de septiembre de 2006.
54. Al cerrar este informe, Binyam Mohamed se encontraba detenido en Guantánamo. Según los informes, su salud física y mental es
precaria tras años de reclusión indefinida y tras las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes presuntamente sufridos en
Pakistán, Marruecos, Afganistán y Guantánamo.
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Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
28
Sobre los movimientos del avión N313P en Ibiza, se sabe que la aeronave aterrizó en el aeropuerto
español el 12 de marzo de 2005 procedente de Rabat 55 . Al parecer, a su llegada bajaron del avión
ocho personas, aunque sólo ha quedado registrado el nombre del comandante: un supuesto agente
o personal contratado por la CIA que también participó en al menos tres vuelos que aterrizaron en
Palma de Mallorca en el 2004. La aeronave estuvo estacionada tres días hasta que el 15 de febrero
despegó rumbo a la capital marroquí y después al aeropuerto de Mitiga (Libia), regresando ese
mismo día por la tarde a Ibiza. Personal de la empresa que dio asistencia en tierra a la aeronave
mantiene que el avión pudo recoger pasajeros antes de regresar a Ibiza, entre otros indicios porque
la tripulación encargó comida en cantidad superior al número de personas registradas en el avión.
En Ibiza la aeronave realizó una “escala técnica” y partió hacia Washington, una hora después. No
constan datos de la identidad de sus ocupantes.
Otros dos aviones ampliamente relacionados con los casos más documentados sobre entregas
extraordinarias que se conocen hasta el momento y que hicieron escala en aeropuertos españoles
fueron el Gulfstream III N829MG y el Gulfstream V N379P. Esta última aeronave es la más señalada
por su uso intensivo por la CIA en sus operaciones de entregas extraordinarias. El primero se encargó
de trasladar de forma secreta al ciudadano canadiense Maher Arar a Jordania en octubre de 2002.
Ese mismo mes, pero unos días después, el avión aterrizó en Barcelona. El avión también aterrizó
en el aeropuerto de Málaga en mayo de 2005. Por último, el N379P es el avión que trasladó a los
nacionales egipcios Ahmed Agiza and Mohammed al-Zari de Suecia a Egipto en diciembre de 2001,
y a Bisher Al Rawi y Jamil El Banna (de nacionalidades iraquí y jordana respectivamente) de
Gambia a Afganistán en diciembre de 2002. El avión siguió operando en el 2003 y 2004 con
paradas en los aeropuertos de Palma de Mallorca y Tenerife con origen o destino en Libia y Egipto.
Aviones utilizados por la CIA para el transporte secreto de detenidos. De arriba abajo: Gulfstream IV (N85VM / N227SV);
Boeing 737 (N313P), Gulfstream III (N829MG), Gulfstream V (N379P / N44982).
© Wallace; Marimon; Chui; Altherr, respectivamente.
55. En esas fechas la aeronave había cambiado de matrícula y se identificaba como N4476S.

3. USO DE ESPACIO AÉREO Y AEROPUERTOS ESPAÑOLES
EN TRASLADOS ILEGALES DE DETENIDOS
A través de registros de hoteles, la Guardia Civil logró los nombres de alrededor de 50 ocupantes de los aviones
vinculados a la CIA que aterrizaron en el aeropuerto de Palma de Mallorca 56 . La Guardia Civil no fue más allá
en las pesquisas pero investigaciones periodísticas posteriores llegaron a la conclusión de que aproximadamente
la mitad de los nombres correspondía a personas con domicilios en el estado de Virginia, próximos a la sede
central de la CIA 57 . De hecho, dos de las personas identificadas y que participaron en la entrega extraordinaria
de Khaled El Masri forman parte de la lista de 25 supuestos agentes de la CIA, reclamados por la justicia italiana
que investiga la entrega extraordinaria de Abu Omar. Aunque viajaron con nombres o pasaportes distintos en
Italia y en España, se dispone de suficiente información para establecer que se trataba de las mismas dos
personas. Por su parte, la fiscalía de Munich también dictó orden de detención contra 13 supuestos miembros
de la CIA, varios de los cuales habrían pernoctado en Palma de Mallorca antes de embarcarse en la entrega
extraordinaria del ciudadano alemán.
Por otra parte, Amnistía Internacional ya publicó en el 2006 la posibilidad de que los pilotos de los aviones
utilizados para las entregas que hicieron parada en Palma de Mallorca y otros lugares fueran oficiales del ejército
estadounidense. Al comprobar sus nombres en las bases de datos de la Administración Federal de Aviación, se
encontró que no todos ellos estaban registrados en la actualidad como pilotos privados. Este hecho sugiere que,
al menos hasta finales de 2005, en los equipos que llevan a cabo las entregas extraordinarias habrían miembros
de las unidades de las Fuerzas Especiales del ejército estadounidense, así como personal de la CIA. Si se
descubriese que oficiales del ejército estadounidense pilotaban los aviones utilizados en las entregas las
consecuencias legales serían importantes: los miembros de las fuerzas armadas no sólo están sujetos a las normas
del derecho internacional y a la legislación penal estadounidense, sino también al Código Normalizado de Justicia
Militar, que prohíbe expresamente tanto la “detención ilegítima” como la “crueldad y los malos tratos”. 58
Entre los aviones que la CIA utilizó para sus vuelos secretos había aeronaves tipo CASA 135, de fabricación
española. Estos aviones, con matrícula N168D y N219D pertenecientes a Devon Holding and Leasing, sociedad
ficticia de la CIA, también hicieron escala en Palma de Mallorca en el 2005.
3.2 Falta de control e inacción gubernamental ante el uso del espacio aéreo y escalas en
aeropuertos españoles de vuelos que entrañan actividades delictivas
Las autoridades españolas, cuanto menos, miraron hacia otro lado durante más de cuatro años mientras la CIA
hacía uso del espacio aéreo y aeropuertos españoles para entregas extraordinarias, detenciones secretas u otras
prácticas violatorias de los derechos humanos en otros países. El Gobierno español justificó la falta de control
inicial de los aviones presumiblemente vinculados a la CIA a su paso por España al cumplimiento de la Convención
sobre Aviación Civil Internacional (Convención de Chicago), que permite a las aeronaves privadas sobrevolar un
país o hacer escalas técnicas sin previa notificación. 59
De hecho, de las actuaciones practicadas por la Guardia Civil sobre varias escalas en el aeropuerto de Palma
de Mallorca y otros aeropuertos (ver 3.3.1) se desprende que los aviones aterrizaron y despegaron sin que fueran
cuestionados en ningún momento. Al ser vuelos supuestamente privados, no han quedado registrados en los
aeropuertos ni los nombres, ni los pasaportes de la mayoría de los ocupantes de las aeronaves. Tampoco sus
actividades.
En abril de 2006, en respuesta a un informe de Amnistía Internacional, el Ministro de Asuntos Exteriores reiteró
que las escalas “no se investigaron porque nadie podía sospechar que no se tratara de vuelos privados y por eso
el Gobierno no tuvo ninguna capacidad de intervenir, según la Convención de Chicago”.
56. N313P, N85VM, N8068V y N476S
57. The New York Times, 14 de noviembre de 2005. El Diario de Mallorca también siguió el rastro de los ocupantes de los aviones y reveló
información al respecto.
58. Amnistía Internacional: “Estados Unidos: Fuera del Radar. Vuelos Secretos a la tortura y la “desaparición” AMR 51/51/2006. Abril
2006.
59. Comparecencia de Miguel Angel Moratinos en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados. Noviembre de 2005.
29

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
30
El Gobierno español prefirió ignorar el hecho de que la propia Convención de Chicago incluye una cláusula que
permite a los Estados requerir el aterrizaje de aquellos aviones sobrevolando su territorio para ser inspeccionados
si hay motivos razonables para concluir que la aeronave está siendo utilizada para algún propósito inconsistente
con los fines de la convención. En este caso, está claro que las aeronaves de la CIA incumplían la convención
al presentarse falsamente como aviones privados que eran usados para la comisión de violaciones de derechos
humanos.
Si bien la cantidad de información en medios, organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales sobre
matrículas sospechosas y compañías ficticias vinculadas a la CIA daba a España y al resto de países el derecho
de parar e inspeccionar varias de las aeronaves a su paso por el espacio aéreo, no le consta a Amnistía Internacional
que esto haya sucedido ni una sola vez. Es preocupante que no se hiciera entre el 2001 y el 2003, pero todavía
lo es más a partir de 2004 y sobre todo a partir de 2005 cuando el paso de los aviones de la CIA en territorio
español no sólo había dejado de ser un secreto sino que a parte de ser expuesto por la prensa,
empezaba a ser investigado por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
En sus respuestas a Amnistía Internacional, las autoridades españolas expresaron su intención de “extremar la
vigilancia en los aeropuertos para evitar cualquier actividad delictiva”. En mayo de 2006 el Consejo de Ministros
aprobó el “Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil”, la normativa por la que se designaba la
autoridad competente en materia de seguridad de la aviación civil y las funciones del Comité Nacional de
Seguridad de la Aviación Civil, que según el Gobierno deberían servir para evitar actuaciones irregulares en los
aeropuertos. Pero Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan puesto en marcha medidas
significativas ni eficaces que puedan garantizar que no se utilizan los aeropuertos ni el espacio aéreo para apoyar
y facilitar las múltiples violaciones de derechos humanos que abarcan las entregas, que a menudo implican
secuestros, detenciones arbitrarias y traslados ilegales. De hecho, en respuesta a una carta de Amnistía Internacional
con recomendaciones para que aeropuertos y espacio aéreo español no se utilicen para este tipo de actividades
ilegales, la Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento) dijo a la organización que no estaba en
las funciones del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil las cuestiones planteadas por la
organización.
Amnistía Internacional considera que las autoridades españolas deben llevar a cabo sin dilación medidas de
verificación y control en sus aeropuertos y bases militares como las siguientes:
Asegurar que los operadores aéreos que realicen actividades para agencias de inteligencia declaren
que el avión se está utilizando con fines oficiales, aunque ese avión lo haya fletado una empresa
privada.
Exigir que los operadores aéreos que pretendan sobrevolar territorio español o aterrizar en él indiquen
si transportan a personas detenidas, y en caso afirmativo, señalen cuál es su condición, su destino
y la base jurídica par su traslado.
Contar con un sistema efectivo de comprobación de la legalidad de las detenciones y denegar el
tránsito, exigir el aterrizaje y/o realizar inspecciones cuando existan razones para creer que un avión
se está utilizando para entregas extraordinarias u otras violaciones de derechos humanos.
Identificar de antemano los vuelos y operadores que puedan intentar utilizar territorio o instalaciones
del Estado para prestar asistencia en entregas extraordinarias u otras violaciones de derechos
humanos, en vez de depender únicamente de las investigaciones realizadas por ONG, periodistas
y organismos intergubernamentales.

3. USO DE ESPACIO AÉREO Y AEROPUERTOS ESPAÑOLES
EN TRASLADOS ILEGALES DE DETENIDOS
Llevar a cabo este tipo de acciones o similares no es una opción. Se trata de una obligación. En virtud de los
estándares internacionales de derechos humanos, España debe implementar medidas efectivas para prevenir
que el territorio español no es usado como objeto o fin de violaciones de derechos humanos como detenciones
arbitrarias e ilegales, tortura y malos tratos y la desaparición forzada.
El hecho de continuar permitiendo que estos vuelos se realicen como si fueran civiles, de no crear sistemas de
inspección efectivos para dar respuesta a las violaciones de derechos humanos, y de negarse a imponer prohibiciones
o restricciones a las agencias, empresas o los Gobiernos implicados en los abusos podría constituir un incumplimiento
de las responsabilidades de España en materia de derechos humanos.
El Gobierno español tampoco ha llevado a cabo acciones coordinadas en el ámbito europeo para garantizar que
el territorio no vuelve a ser usado para entregas extraordinarias y detenciones secretas en el marco de la “guerra
contra el terror”. Ningún Gobierno, tampoco el español, se ha tomado en serio las recomendaciones del Secretario
General del Consejo de Europa, Terry Davis, que propuso la creación de estándares comunes y cláusulas de
derechos humanos en relación al tránsito de aviones operando en el espacio aéreo europeo.
Las conclusiones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no se han tenido en cuenta plenamente.
Si bien en enero de 2008, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa representado por todos los Ministros
de Asuntos Exteriores admitió la necesidad investigar y llevar ante la justicia a los responsables de violaciones
de los derechos humanos, se abstuvo de condenar firmemente las entregas extraordinarias y las detenciones
secretas, obvió cualquier preocupación sobre la responsabilidad europea en estas práctica ilegales y no respondió
a las demandas de medidas concretas para prevenir nuevas irregularidades. Las autoridades españolas también
han colaborado en este silencio.
3.3 Respuesta de las autoridades españolas a la obligación de investigar y rendir cuentas
“La cantidad de información recogida hace prácticamente
imposible que los Estados europeos fueran desconocedores por completo de lo que en el contexto
del combate al terrorismo estaba pasando en varios de sus aeropuertos, en su espacio o en las
bases americanas dentro de su territorio. En cuanto a que no sabían, no querían saber. Es inconcebible
que ciertas operaciones llevadas a cabo por los servicios americanos hubieran tenido lugar sin la
participación activa o como mínimo la connivencia de los servicios nacionales de inteligencia”
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Informe sobre
supuestos centros de detención y entregas ilícitas de detenidos dentro
de los Estados del Consejo de Europa. Junio de 2006. Párrafo 230
Las entregas extraordinarias realizadas en nombre de la “guerra contra el terror” han conllevado múltiples
violaciones de derechos humanos, como detenciones ilegales y arbitrarias, tortura u otros malos tratos y
desapariciones forzadas. La tortura y las desapariciones forzadas no sólo constituyen graves violaciones de las
obligaciones internacionales de los Estados. Son también crímenes de derecho internacional por los que se
puede exigir responsabilidades penales a personas individuales.
Investigaciones de ONG, instituciones intergubernamentales europeas y periodísticas han revelado información
pública más que suficiente para que España, al igual que otros países, no evadan su responsabilidad de promover
investigaciones exhaustivas, efectivas, independientes e imparciales sobre el uso del territorio español por parte
de agentes nacionales o extranjeros para la comisión de violaciones de derechos humanos.
Al igual que en otros países, las autoridades españolas alegaron inicialmente tener desconocimiento de las
actividades de la CIA en Europa. En una comparecencia ante el Congreso de los Diputados el 24 de noviembre
de 2005, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación apuntó que, según la información que manejaba
el Gobierno, todas las escalas en territorio español se habían hecho con pleno respeto a la legalidad española.
31

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
32
Ante las evidencias de las investigaciones llevadas a cabo por los organismos intergubernamentales y no
gubernamentales, y periodistas, las autoridades españolas acabaron admitiendo el paso por España de varios
aviones secretos de la CIA pero siempre desde la premisa que en territorio español no se ha cometido ninguna
irregularidad. En el Parlamento Europeo el ministro reconoció la existencia de “vuelos de los que no se dispone
hasta el momento de suficiente información y que pueden originar sospechas...” y “...un grupo de vuelos sobre
los que podría sospecharse que, antes o después de la escala realizada en territorio español, pudieran haber
sido utilizados en actos conectados con operaciones de detención o entrega de presos”.
En el caso de España, aunque las investigaciones judiciales en curso en la Audiencia Nacional son sin duda un
avance importante, no fueron las autoridades sino ciudadanos y abogados quienes, preocupados por las denuncias
en medios de comunicación, impulsaron una querella criminal. El Gobierno español debe colaborar activamente
con las investigaciones con el objetivo de llegar al fondo del asunto. Amnistía Internacional ha expresado
preocupación porque en otros países en los que se han abierto investigaciones judiciales, los Gobiernos han
esgrimido “razones de seguridad nacional” o “secreto de Estado” para bloquear cualquier avance. La organización
espera que en el caso de España, esto no ocurra. 60
A diferencia de otros países, en España no han tenido lugar comisiones de investigación parlamentaria sobre
los vuelos secretos que han hecho escala en territorio español. Las iniciativas planteadas al respecto no contaron
con el consenso necesario de fuerzas políticas parlamentarias. 61
3.3.1 Investigaciones para “cubrir el expediente”
En enero de 2006, en sendas reuniones con Amnistía Internacional, el Ministro y el Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores aseguraron que el Gobierno sería transparente con la cuestión de los vuelos de la CIA y
mencionaron que se estaban llevando a cabo investigaciones. Pero dichas investigaciones distaron mucho de
ser exhaustivas, independientes e imparciales. Las autoridades españolas se han referido a las actuaciones
llevadas a cabo por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para reafirmar que no hay indicios de actos delictivos
en territorio español. Sin embargo, un análisis de las actividades realizadas por este organismo no permite concluir
que se hubieran realizado investigaciones a fondo sobre el paso y actividades de los aviones supuestamente
vinculados a la CIA en España.
De los documentos desclasificados a petición de las autoridades judiciales sólo se desprenden del CNI acciones
para confirmar las matrículas de los aviones a su paso por los aeropuertos de Palma de Mallorca y Tenerife. No
hay constancia de que el CNI profundizara en sus actuaciones para averiguar si los ocupantes de los aviones
pertenecían a la CIA o había sospechas sobre las actividades o el origen de las compañías operadoras o propietarias
de las aeronaves. Aún así, el CNI concluyó que no se había determinado la “finalidad real de los vuelos”.
Aunque las investigaciones del CNI podían haber sido válidas y contribuir posteriormente a las pesquisas judiciales,
no es el organismo más adecuado para llevar a cabo investigaciones conforme a los estándares internacionales.
El CNI es un organismo público con personalidad jurídica propia que depende orgánicamente del Ministerio de
Defensa, con lo que no goza de la independencia necesaria. Además, los resultados de sus actuaciones no son
objeto plenamente del escrutinio público. Precisamente, la confidencialidad es lo que alegó el Gobierno español
para justificar la negativa del director del CNI a comparecer ante el Parlamento Europeo, aunque si lo hizo ante
la Comisión de secretos oficiales del Congreso en julio de 2006. Pero según informes, amparándose en la
legislación española, el responsable del CNI rehusó responder a algunas de las cuestiones planteadas por los
diputados, entre ellas la existencia de cárceles de la CIA en países europeos.
Por otra parte, en respuesta al cuestionario del Secretario General del Consejo de Europa sobre mecanismos de
control de los agentes extranjeros en España, el Gobierno español se refirió a la Ley 11/2002 que en su artículo
4(b) apunta a la función del CNI de “prevenir, detectar, y posibilitar la neutralización de aquellas actividades
de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenace o atente contra el ordenamiento
constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles,…” 62 . Las entregas extraordinarias y
60. Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Junio de 2005. Párrafo 5
61. Solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la utilización de aeropuertos españoles por parte de la CIA directamente
o a través de compañías encubiertas (156/00013). Congreso de los Diputados. 8 de febrero de 2007.
62. Ley 11/2002. artículo 4 (b). Nota Verbal de la Representación Permanente de España al Consejo de Europa al Secretario General el
12 de mayo de 2006. Ante la falta de información proporcionada en primera instancia, el Secretario General pidió a España y a una veintena
de países datos adicionales.

3. USO DE ESPACIO AÉREO Y AEROPUERTOS ESPAÑOLES
EN TRASLADOS ILEGALES DE DETENIDOS
detenciones secretas practicadas por agentes de la CIA han conllevado múltiples violaciones de derechos humanos.
No parece que el CNI hubiera actuado en su función de prevenir ni neutralizar sus actuaciones a su paso por
España.
Al respecto, el Gobierno español tampoco ha llevado a cabo ninguna medida para cumplir con las recomendaciones
del Secretario General de Consejo de Europa que en junio de 2006 alertó de la falta generalizada de mecanismos
para controlar las actividades de los servicios de inteligencia extranjeros en los países europeos y exhortó a los
Gobiernos a implementar medidas legislativas y administrativas eficaces para proteger a los individuos de
violaciones de derechos humanos cometidos por agentes de servicios de inteligencia extranjeros operando en
su territorio . 63
El Gobierno también se refirió a los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil sobre
varias escalas de aviones que se vinculaban a la CIA. En todo caso, las actuaciones iniciales de la Guardia Civil
no respondieron a la iniciativa del Gobierno sino a la denuncia de un grupo de ciudadanos mallorquines ante
la Fiscalía de Baleares basándose en las informaciones publicadas por el Diario de Mallorca en marzo de 2005
sobre el supuesto uso del aeropuerto de Palma de Mallorca para escalas de aeronaves sospechosas de trasladar
a personas detenidas de forma secreta a lugares donde serían torturadas 64 .Tras la denuncia, el fiscal balear
instó a la Guardia Civil a la realización de diligencias informativas sobre varias escalas en ese aeropuerto.
Estas actuaciones de la Guardia Civil arrojaron datos que podían ser relevantes como por ejemplo la vinculación
de los vuelos con empresas ficticias o que pertenecían a la CIA como Stevens Express Leasing o Richmor Aviation.
La Guardia Civil tomó declaración a las autoridades del aeropuerto, funcionarios encargados de la seguridad,
representantes de las empresas que se encargaron de atender el avión una vez en tierra así como a los periodistas
de Palma de Mallorca que habían publicado información sobre las escalas. En los registros del aeropuerto sólo
constaban los datos de dos ocupantes de uno de los aviones que hizo escala el 17 de enero de 2004, pero la
Guardia Civil obtuvo los nombres y los pasaportes de los 50 ocupantes de los aviones a través de los registros
de los hoteles en los que se hospedaron. Según la información de los pasaportes recabada, varios de ellos
empezaban por 900, que la Guardia Civil atribuyó al número designado al personal gubernamental o diplomático.
Pero ni el hecho de que se encontraran vínculos con empresas que podían tener relación con la CIA ni el haber
logrado los nombres de los ocupantes de los aviones sirvió para seguir investigando. La Guardia Civil concluyó
que no se pudo aportar ninguna otra prueba que pudiera conducirles a la averiguación de la comisión de alguna
actividad ilícita y decidió dar por terminadas las actuaciones. Por su parte, el fiscal balear optó por cerrar el
caso el 17 de mayo de 2005.
Como se ha señalado anteriormente, investigaciones posteriores de periodistas y organizaciones no gubernamentales
lograron confirmar que aproximadamente la mitad de los nombres correspondían a personas con domicilio en
estado de Virginia, próximos a la sede de la CIA que habrían viajado con su identidad real mientras que otros
lo habrían hecho con identidades falsas. Dos de las personas identificadas por la Guardia Civil forman parte de
la lista de 25 agentes de la CIA contra las que la fiscalía de Milán ha dictado órdenes de detención por su
presunta implicación en el secuestro y traslado ilegal de Abu Omar, desde Italia a Egipto. La fiscalía alemana
también tuvo en cuenta los hallazgos de la Guardia Civil para solicitar la extradición de 13 ciudadanos
estadounidenses que se sospecha participaron en la entrega extraordinaria de Khaled El Masri.
En enero de 2006, la Guardia Civil procedió a la apertura de diligencias informativas en relación a escalas de
la aeronave N4476S en el aeropuerto de Ibiza en el 2005. Su informe también reveló entre otros datos nombres
de los tripulantes, facturas a su nombre, llamadas telefónicas desde el hotel en el que se hospedaron y los
números marcados en el caso de dos de las personas. Pero, la Guardia Civil no dio seguimiento a estos hallazgos
y acordó dar por terminadas las actuaciones.
63. Informe suplementario del Secretario General en virtud del artículo 52 del CEDH sobre la cuestión de la detención secreta y el traslado
de personas detenidas sospechosas de terrorismo por o a instancia de agencias extranjeras. Junio de 2006. SG(Inf)2006
64.Diario de Mallorca: “La CIA utiliza Son Sant Joan como base de su avión cárcel”, 12 de marzo de 2005
33

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
34
3.3.2 Actuaciones en la Audiencia Nacional
En julio de 2005, varios abogados y particulares artífices de la primera denuncia ante la Fiscalía balear presentaron
una querella criminal en un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca por un presunto delito de torturas y
detención ilegal y se personaron como acusación popular. La querella recogió las investigaciones del Diario de
Mallorca e informaciones de otros medios de comunicación españoles y en el extranjero sobre el asunto.
En octubre de 2005 el juez balear acordó su inhibición a favor de la Audiencia Nacional al tratarse de un delito
en materia de derechos humanos que podía haberse cometido también en el extranjero. El fiscal balear rechazó
el auto pero el juez insistió en su demanda. Según el juez: “…, otra serie de actos impunes si son analizados
aisladamente, como son los aterrizajes en territorio nacional de aviones con sus tripulaciones que se desplazaban
al lugar y momento de los hechos aportando su participación correspondiente, pueden ser tales actos considerados
como incluidos en el artículo 4 de la Convención contra la Tortura, cuando se refiere que debe ser considerado
delito la tentativa y todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.”
Finalmente la Audiencia Provincial de las Islas Baleares dio la razón al juez de instrucción y recomendó el envío
del caso a la Audiencia Nacional. El 9 de junio de 2006 el juez central de instrucción nº 2 de la Audiencia
Nacional se declaró competente para investigar un presunto delito de torturas incluso si el delito se hubiera
cometido fuera de España, cualquiera que sea la nacionalidad de su autor. El anuncio del juez tuvo lugar dos
días después de que el Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hiciera públicas las
conclusiones de la investigación que revelaba más datos de las escalas de aviones de la CIA en España.
El 9 de octubre de 2006 compareció ante la Audiencia Nacional el ciudadano alemán, Khaled El Masri, víctima
de entrega extraordinaria en Macedonia, de donde fue trasladado a Afganistán en un avión Boeing 737 que
previamente había hecho escala en Palma de Mallorca, en enero de 2004. En febrero de 2007, el Gobierno
ordenó la desclasificación de los documentos del CNI en relación con las investigaciones realizadas sobre los
vuelos. El juez también requirió a las autoridades españolas competentes confirmación e información de vuelos
que se conocían podían pertenecer a la CIA y habían hecho escalas en aeropuertos españoles, según las
investigaciones de ONG y organismos intergubernamentales.
A finales de mayo de 2007, tras conocerse que los registros portugueses de aviación apuntaban a varios vuelos
y sobrevuelos de aviones estadounidenses a Guantánamo pasando por territorio español, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA) a petición del juez, remitió a la Audiencia Nacional los datos de alrededor 50 vuelos
que cruzaron el espacio aéreo español con destino u origen en Guantánamo entre 2002 y 2007. En este caso,
la mayoría de los aviones citados eran militares, y una docena de ellos pisaron las bases españolas de Morón
de la Frontera, Rota y Torrejón de Ardoz. En mayo de 2008, el juez requirió al Gobierno español documentación
relacionada con las escalas en bases militares y posteriormente solicitó la identificación y localización de posibles
testigos de dichos vuelos. 65
Amnistía Internacional acoge con agrado el compromiso expresado por varios miembros del Gobierno español
de colaborar con la justicia pero alerta de su obligación de ir hasta el fondo del asunto. Habida cuenta que ya
han pasado más de dos años desde que la Audiencia Nacional asumió la investigación, Amnistía Internacional
insta a las autoridades españolas a proporcionar sin dilaciones toda la documentación y acciones requeridas.
3.3.3 Aceptación de garantías poco fiables de Estados Unidos
Entre las explicaciones esgrimidas por el Gobierno español para asegurar que en España no se cometió ninguna
ilegalidad destaca la excesiva credibilidad a las garantías ofrecidas por el Gobierno de Estados Unidos. En
respuesta escrita a un informe de Amnistía Internacional, el Ministro de Asuntos Exteriores reiteró que “como
no podía ser de otra manera, el Gobierno español realizó gestiones, solicitadas por las fuerzas políticas en sede
parlamentaria, antes las autoridades de EE.UU, que garantizaron que no se habían producido violaciones de la
legalidad española o internacional por su parte en territorio español”. Razones similares alegó el Gobierno en
relación con el uso de las bases militares para vuelos con destino o procedencia la base naval de Guantánamo
y ante las denuncias de que pudieran trasladar detenidos.
65. Ver 3.4.

3. USO DE ESPACIO AÉREO Y AEROPUERTOS ESPAÑOLES
EN TRASLADOS ILEGALES DE DETENIDOS
No parece tener en cuenta el Gobierno que dichas garantías son muy poco fiables. En el Reino Unido, el Ministro
de Asuntos Exteriores británico tuvo que admitir en febrero de 2008 que la isla Diego García –territorio británico
en el océano índico- había sido utilizada por Estados Unidos para vuelos relacionados con las entregas en al
menos dos ocasiones, incumpliendo las garantías dadas por el Gobierno estadounidense sobre el uso de esa
base. El Ministro afirmó que “en contra de las garantías expresas ofrecidas anteriormente de que no se utilizaba
Diego García en vuelos para realizar entregas extraordinarias, recientes investigaciones estadounidenses han
revelado ahora que en realidad esto sí ocurrió en dos ocasiones, ambas en el 2002”.
Pero aún sin esta revelación, el Gobierno de los Estados Unidos ha dado muestras suficientes de su falta de
cumplimiento con la legalidad internacional cuando se trata de asuntos relacionados con terrorismo. Por ello,
las autoridades españolas deberían interpretar las garantías ofrecidas por Estados Unidos con extrema cautela
en vez de darlas por buenas a priori. Por otra parte ni las garantías ni las promesas de otros Estados eximen al
Gobierno español de su responsabilidad de llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre el uso
de aeropuertos y otras infraestructuras en España para el programa de entregas y detenciones secretas estadounidense.
3.4. Uso de bases militares y espacio aéreo españoles por aviones estadounidenses con origen
o destino Guantánamo
“Lo que ha ocurrido en Guantánamo es tortura y es ilegal facilitar infraestructura de cualquier
tipo para que la tortura sea posible. En virtud de la ley, los Gobiernos europeos deberían
haber intervenido y no deberían haber permitido que estos vuelos hubieran tenido lugar”
Thomas Hammarberg, Comisionado para los Derechos Humanos del
Consejo de Europa
Registros de vuelos portugueses y españoles revelaron que no sólo los aviones fletados o alquilados por la CIA
hicieron escala en aeropuertos españoles sino que aeronaves militares estadounidenses cruzaron el espacio aéreo
español entre 2002 y 2007 con origen o destino la base naval de Guantánamo unas 50 veces y al menos en
13 ocasiones aterrizaron o despegaron en bases militares españolas de Torrejón de Ardoz (Madrid), Rota (Cádiz)
y Morón de la Frontera (Sevilla). El último vuelo registrado que se conoce tiene fecha 30 de septiembre de 2007.
El Gobierno español no puso en conocimiento ni del Parlamento Europeo ni del Consejo de Europa estos vuelos,
que llevaron a cabo investigaciones para establecer el grado de responsabilidad de los Estados europeos en las
entregas extraordinarias y detenciones secretas lideradas por Estados Unidos. Las autoridades españolas argumentan
que los aviones militares que han hecho escala en España, o han sobrevolado su espacio aéreo, nada tienen que
ver con las actividades ilegales de la CIA 66 . Con este argumento, las autoridades tampoco han dado cuenta de
los mismos ante el Congreso de los Diputados a pesar del mandato que tienen de informar ante esa cámara sobre
el uso de aeropuertos sobre vuelos ilegales en el territorio español argumentando que se trataba de vuelos militares
que nada tenían que ver con las actividades ilegales de la CIA. 67
Es posible que no todos los traslados a Guantánamo estén vinculados al programa de detención secreta, pero
ésto no los hace menos preocupantes 68 . En su informe de junio de 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa expresó su preocupación por los traslados de detenidos a la base naval de Guantánamo, en gran parte
a través de aeronaves militares comandados por el Departamento de Defensa estadounidense 69 . En primer lugar,
varias de las personas en Afganistán bajo custodia de Estados Unidos, y que luego fueron trasladados a Guantánamo,
fueron detenidas previamente en el marco de las operaciones secretas de la CIA. Por otro lado, la mayoría de
presos fueron arrestados de forma arbitraria en primer lugar, y llevados posteriormente a Guantánamo, un centro
66. Respuesta del Gobierno a la pregunta escrita formulada por el diputado Joan Herrera Torres (GERC-IU-IC). 28 mayo de 2008. La
respuesta dice: “Tal como se ha informado en múltiples preguntas parlamentarias y en comparecencias en el Parlamento, los vuelos de los
EEUU que utilizan las Bases de Rota y Morón son los operados por y para las Fuerzas Armadas de ese país; nada tienen que ver con supuestos
vuelos secretos, tampoco son vuelos operados por la CIA...)”
67. Proposición no de Ley del Congreso de los Diputados de 5 de abril de 2006 solicitando al Gobierno la elaboración de un informe detallado
con toda la información en poder del Ejecutivo sobre la utilización ilegal de aeropuertos españoles por parte de la CIA, directamente o a
través de compañías privadas encubiertas.
68. En varios de los traslados a Guantánamo no se produjo un cambio de custodia. Los detenidos estaban bajo custodia del Departamento
de Defensa estadounidense. Aunque no tuviera lugar una entrega extraordinaria, se trata de traslados ilegales que entrañan detenciones
arbitrarias.
69. “Debe señalarse que los vuelos relacionados con entregas de la CIA no son sólo una vía para trasladar detenidos entre distintos sitios
de la red. En particular, en el contexto de los traslados a Guantánamo, los detenidos han sido trasladados en gran parte en aeronaves
militares.” Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Informe de junio de 2006 (traducción Amnistía Internacional).
35

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
36
de detención alejado del escrutinio independiente de los tribunales ordinarios y en donde las autoridades
estadounidenses han aplicado la tortura u otros malos tratos a los presos. Por ello, el uso del territorio español
y del espacio aéreo por parte los aviones militares estadounidenses con destino o procedencia Guantánamo debe
ser investigado a fondo para esclarecer si dichos aviones trasladaban presos detenidos de forma ilegal y hasta
qué punto las autoridades españolas conocían y permitieron estos vuelos.
Vuelos militares registrados 70
Avión- Matrícula Procedencia Fecha salida Destino Fecha llegada Aeronave
RCH7502 71
Morón
11/01/2002
Guantánamo
11/01/2002
C-141
RCH709y Guantánamo 01/05/2002 Morón 02/05/2002 C-141
RCH319Y Rota 28/10/2002 Guantánamo 28/10/2002
RCH950Y Rota 20/04/2005 Guantánamo 21/04/2005
RCH924 Guantánamo 18/07/2005 T. de Ardoz 18/07/2005
RCH923
RCH924
RCH985
RCH913
RCH913
Guantánamo
Guantánamo
Morón
19/08/2005
20/08/2005
08/11/2005
19/08/2005
C-17
C-17
C-17
C-17
C-17
C-17
70. Registros de vuelos portugueses y españoles entre 2002 y 2007. AENA también confirmó el N85VM con procedencia Guantánamo y
destino Tenerife de 12 de abril de 2004. Un avión supuestamente fletado por la CIA.
71. Información sobre este vuelo, como su fecha de llegada a su destino, aparece sólo en los registros portugueses.
Rota
T. de Ardoz
Guantánamo
20/08/2005
08/11/2005
Rota 29/08/2006 Guantánamo 29/08/2006
Rota (podría
provenir de
Guantánamo)
25/08/2006
Bagram
(Afganistán)
DC10
26/08/2006 C-17
RCH919 Rota 14/10/2006 Guantánamo 14/10/2006
RCH476 Rota 22/06/2007 Guantánamo 22/06/2007
RCH502 Rota 30/09/2007 Guantánamo 30/09/2007
C-17
C-17
C-17
Aunque los registros de vuelo portugueses y españoles no permiten conocer si en los aviones militares que
aterrizaron en bases españolas había detenidos, si aportan información precisa sobre el día y hora en que
aterrizaron en Guantánamo que coincide con la llegada de varios de los presos a la isla según la información
que han ido proporcionando las autoridades estadounidenses.
Es especialmente relevante el dato oficial portugués que señala que un avión C-141 con matrícula RCH7502
cruzó el espacio aéreo portugués tras despegar de la base española de Morón el 11 de enero de 2002 para
dirigirse a la base naval de Guantánamo. Esta fecha coincide con la llegada de los primeros 23 presos a este
centro de detención tras los atentados del 11-S en Nueva York y el Pentágono. Los 23 detenidos habrían llegado

3. USO DE ESPACIO AÉREO Y AEROPUERTOS ESPAÑOLES
EN TRASLADOS ILEGALES DE DETENIDOS
a Morón en un avión C-17 Globemaster de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas procedente de la ciudad afgana
de Kandahar 72 . El Pentágono anunció que la aeronave haría una escala intermedia antes de llegar a Guantánamo,
mientras que Associated Press reveló que esa escala había tenido lugar en un “país europeo”. Este país podría
ser España y el aeropuerto Morón, donde supuestamente se procedió al traslado de los detenidos a otro avión
(C141) con destino Guantánamo.
Según los datos de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, ese día sólo llegó un avión a
Guantánamo. En mayo de 2006 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó la lista de los
detenidos en Guantánamo entre enero de 2002 y la propia fecha de publicación, confirmando el nombre de los
23 prisioneros que llegaron al centro de detención el 11 de enero de 2002 73 . Los informes oficiales sobre el
peso y las medidas de las personas detenidas a su llegada a la base naval de Guantánamo, también han sido
utilizados para establecer la identidad de las personas que llegaron ese día a la isla. 74
Por otro lado, fuentes oficiales estadounidenses confirman la llegada de otros 27 detenidos a Guantánamo el
28 de octubre de 2002. Esta fecha coincide con el despegue desde la base de Rota de otra aeronave militar
estadounidense con destino al centro de detención. No se ha podido determinar con seguridad que todos los
detenidos o varios de ellos fueran trasladados en el avión que despegó de la base de Rota ya que ese mismo día
aterrizó en Guantánamo otra aeronave militar estadounidense procedente de Turquía. Pero tampoco hay suficientes
elementos que lo descarten. Entre los detenidos estaba Omar Ahmed Khadr, de nacionalidad canadiense y que
entonces tenía 16 años. En el momento de escribir este informe, Omar Ahmed Khadr permanecía en Guantánamo
y enfrentaba un delito de “crímenes de guerra” en un juicio ante una Comisión Militar cuyos procedimientos
no cumplen con las normas internacionales de derechos humanos sobre juicio justo ni dispone de provisiones
relacionadas con la justicia juvenil. 75
Del resto de los aviones relacionados con Guantánamo que hicieron escala en bases militares españolas hasta
2007 también se dispone información del avión C-17 con matrícula RCH924 que aterrizó en la base de Torrejón
de Ardoz el 18 de julio de 2005 y que supuestamente transportaba al ciudadano marroquí con residencia
española, Lahcen Ikassrien, cuya extradición había sido solicitada por el juez de la Audiencia Nacional por su
presunta colaboración con el terrorismo en un proceso abierto en España. 76
En cualquier caso, más de 200 detenidos que llegaron a Guantánamo entre el 2002 y el 2006 habrían sido
trasladados en aviones militares que cruzaron el espacio aéreo español. Los registros también apuntan a un avión
C-17 que desde Rota se dirigió a Bagram (Afganistán), lugar donde Estados Unidos también mantiene detenidas
cientos de personas supuestamente relacionadas con actividades terroristas.
3.4.1 Falta de control y de mecanismos de verificación: Convenio de Cooperación para la
Defensa entre España y Estados Unidos
Las aeronaves militares o para uso militar de Estados Unidos no pueden sobrevolar ni hacer uso de las base
militares y otras instalaciones españolas sin previa autorización del Comité Permanente Hispano- Norteamericano,
un organismo formado por representantes de los dos países creado dentro del Convenio de Cooperación para la
Defensa entre España y Estados Unidos para regular el funcionamiento de dicho acuerdo. 77
72. El hecho fue anunciado por Donald Rumsfeld, secretario de estado de Defensa de Estados Unidos en 2002. Ver www.defenselink.mil/
73. www.dod.mil/pubs/foi/detainees/detaineesFOIArelease15May2005.pdf
74. www.dod.mil/pubs/foi/detainees/measurements/index.html
75. Amnistía Internacional. USA. In whose best interests? Omar Khadr, child ‘enemy combatant’ facing military commission. AMR 51/29/2008.
Abril 2008
76. Ver Capítulo 4.3
77. Según el Convenio de Cooperación para la Defensa y los Estados Unidos de América de 1988 y su protocolo de enmienda de 2002,
España concede a los Estados Unidos la utilización y mantenimiento de las llamadas instalaciones de apoyo (IDAs) dentro de la base aérea
de Morón de la Frontera y la base naval de Rota. A pesar de que las IDAs están bajo la responsabilidad del Jefe de las Fuerzas de los Estados
Unidos de América, el mando de las bases sigue siendo español y la autoridad española tiene acceso a todas las IDAs. En noviembre de
2007, el Real Decreto 1524/2007 actualizó la regulación y funcionamiento de la Sección Española del Comité Permanente-Hispano
Norteamericano, cuyo presidente es un oficial del Ministerio de Defensa y su vicepresidente un representante adscrito al Ministerio de
Asuntos Exteriores.
37

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
38
Aunque el Convenio de Defensa prohíbe el uso de las bases españolas para aquellas aeronaves que transporten
“pasajeros o carga que pueda ser controvertida para España”, el problema radica en la falta de mecanismos de
control y autorizaciones más precisas para verificar que se cumple con la normativa. Según el actual Convenio
de Defensa, las aeronaves militares estadounidenses en “misiones de apoyo logístico”, que son la mayoría, sólo
requieren de un “permiso trimestral de carácter general” de parte del Comité Permanente para el uso de las
bases de Morón de la Frontera y Rota 78 , sin especificar el tipo y la finalidad de la misión. Con tanta flexibilidad
y falta de control efectivo sobre las bases persisten las dudas sobre la finalidad de los aviones que hicieron escala
en Rota y Morón con destino Guantánamo.
Autorizaciones de las aeronaves militares estadounidenses según el Convenio de Cooperación para la Defensa
entre España y Estados Unidos
Artículo 25
(2). Las aeronaves operadas por o para la Fuerza de los Estados Unidos de América en misiones de apoyo logístico
no incluidas en el párrafo 1 y que no transporten personalidades, mercancías peligrosas, ni pasajeros o carga
que pudieran ser controvertidos para España, pueden sobrevolar, entrar y salir del espacio aéreo español y utilizar
las Bases especificadas en el anejo 2 de acuerdo con una autorización general de carácter trimestral concedida
por el Comité Permanente.
(3). A otras aeronaves operadas por o para la Fuerza de los Estados Unidos de América no contempladas en los
párrafos anteriores se les podrá conceder autorización para sobrevolar el espacio aéreo español y utilizar las
Bases del anejo 2, así como cualquier otra base, aeródromo o aeropuerto español, solicitando dicha autorización
a través del Comité Permanente con una antelación de 48 horas.
Artículo 26
(1). Todos los movimientos en el espacio aéreo español que efectúen las aeronaves de las Fuerzas de los Estados
Unidos de América se llevarán a cabo de acuerdo con planes de vuelo debidamente aprobados y se ajustarán
a la regulación y procedimientos establecidos en la normativa española sobre Circulación Aérea General y
Circulación Aérea Operativa.
Teniendo en cuenta el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos, Amnistía
Internacional se dirigió a los representantes de la Sección española del Comité Permanente Hispano – Norteamericano
con preguntas concretas a cerca del contenido de las autorizaciones y el grado de información requerida a los
Estados Unidos para permitir que sus aeronaves despegaran y aterrizaran en las bases militares españolas hacia
o desde Guantánamo. En una escueta respuesta, los representantes del Ministerio de Defensa de este Comité
rehusaron proporcionar información a Amnistía Internacional y se remitieron a la respuesta que podría ofrecer
el Ministerio de Asuntos Exteriores a quien también se había dirigido la organización.
El Gobierno español sí ha informado sobre el avión C-141 con los primeros 23 prisioneros a la base naval de
Guantánamo, que según sus datos no despegó de ninguna base española el 11 de enero de 2002. En el informe
que AENA entregó al juez de la Audiencia Nacional que investiga los vuelos sólo consta que “no aparecen datos”
sobre los movimientos de este avión, que en cambio si han quedado registrados en los datos oficiales portugueses.
En septiembre de este año, el Ministerio de Defensa confirmó al juez de la Audiencia Nacional la escala del
avión que aterrizó en la base de Rota el 28 de octubre de 2002.
El Gobierno también ha afirmado que los dos aviones que hicieron escala en la base de Rota en junio y en
septiembre de 2007 procedían de Sigonella (Italia) y fueron autorizados “después de que las autoridades de
Estados Unidos confirmaran por escrito que éstos no incumplían lo previsto en el artículo 25 del convenio”.
Según las autoridades españolas, los aviones transportaban personal y material militar de los Estados Unidos.
78. Con anterioridad a la entrada en vigor del Protocolo de 2002, para cada una de esas misiones se solicitaba al Comité Permanente la
autorización de las aeronaves con siete días de antelación.

3. USO DE ESPACIO AÉREO Y AEROPUERTOS ESPAÑOLES
EN TRASLADOS ILEGALES DE DETENIDOS
Sin embargo, el Gobierno español no ha aclarado si tomó medidas adicionales para garantizar que no había
detenidos en las aeronaves o si los datos proporcionados por Estados Unidos provienen de la autorización genérica
de carácter trimestral, que facilita poca información. El mismo día que despegaba de Rota el avión tipo C-17
con matrícula REACH 476 rumbo a Guantánamo, el 22 de junio de 2007, llegaba a esa base militar otro detenido
a este centro de detención 79 . Aunque la aeronave que partió de Rota no fue la única que aterrizó en Guantánamo
ese día, el hecho de que Estados Unidos siguiera usando sus aviones militares para los traslados requiere de
las autoridades españolas controles más efectivos sobre todos los vuelos (vinculados a la CIA y militares) que
pasan a través del territorio español.
Del resto de aviones militares que han aterrizado en bases españolas el Gobierno no ha dado cuenta de la
información que disponía sobre los vuelos y el tipo de datos que Estados Unidos facilitó al Comité Permanente,
como número de tripulantes y pasajeros, propósito, etc. Las autoridades españolas afirman que Estados Unidos
ha confirmado por escrito que todos los vuelos cumplieron el Convenio de Cooperación para la Defensa. Como
se ha señaldo anteriormente, las garantías ofrecidas por las autoridades estadounidenses en el contexto de la
“guerra contra el terror” han resultado no ser siempre fiables con lo cual es imprescindible realizar investigaciones
a fondo sobre el uso de las bases para vuelos a Guantánamo con el fin de esclarecer si transportaban personas
detenidas de forma arbitraria y si esto fue permitido por las autoridades españolas.
El Gobierno español debe cumplir con lo dispuesto por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que
recomienda a sus Estados Miembros llevar a cabo una revisión de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos,
con especial atención al uso de bases militares u otro tipo de infraestructuras, para garantizar que cumplen
plenamente con las normas internacionales de derechos humanos. Sugiere además la inclusión de una serie de
“cláusulas de derechos humanos” en los acuerdos bilaterales y multilaterales con terceros países sobre el uso
de las instalaciones militares en territorio de los Estados miembros del Consejo de Europa. Informe Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa. 80
Además, el Parlamento Europeo instó a los Estados Miembros a permitir al Comité Europeo de Prevención de
la Tortura (CPT) la entrada a cualquier lugar de detención en países europeos y bases militares y proporcionar
a dicho organismo toda información relevante al respecto 81 . En opinión de Amnistía Internacional esto implica
que ningún espacio ya sea civil o militar debe quedar fuera del escrutinio de este organismo. Amnistía Internacional
también considera que el mecanismo independiente que debe crearse derivado de la ratificación del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura tiene que tener autoridad para visitar las bases militares españolas,
expresamente, aquellas que son de uso compartido con los Estados Unidos, según lo establecido por el Convenio
de Defensa.
79. Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Nota de Prensa 779-07. 22 de junio de 2007
80. Informe Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Junio de 2006.
81. Informe del Parlamento Europeo sobre traslados ilegales de prisioneros por parte de la CIA en territorio europeo. Febrero 2007, párrafo.
216.
39

4. MISIÓN EN GUANTÁNAMO DE FUNCIONARIOS
ESPAÑOLES E INTERROGATORIOS POLICIALES ILEGALES
“…había gente que nos llamó la atención que pudieran ser inocentes, pero tampoco tengo
ningún elemento de juicio para ello”
Declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional de uno
de los policías que viajó a Guantánamo en julio de 2002 para interrogar
a varios presos. Septiembre de 2003
La base naval de Guantánamo se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la injusticia y de los
abusos en nombre de la seguridad y la “guerra contra el terror” que ha encabezado Estados Unidos. A mediados
de 2008, alrededor de 260 personas de varias nacionalidades seguían recluidas ilegalmente en el centro, al
margen del derecho internacional. Hasta febrero de 2004 también permaneció detenido en la base un ciudadano
español, Ahmed Abderrahman. En la mayoría de los casos no se han presentado cargos en su contra y, cuando
se ha hecho, los detenidos enfrentan la perspectiva de comparecer en juicios injustos. Algunos pueden ser
condenados a muerte. Amnistía Internacional pide su cierre y que todos los detenidos sean puestos en libertad
a menos que sean acusados de un delito común reconocible y puedan acceder a un juicio justo.
Un operario instala la sirga alrededor del Campo X-Ray, base naval de Guantánamo,
Cuba, 7 de enero de 2002.
© Us DoD
A lo largo de los últimos años se han
multiplicado las declaraciones públicas a
favor de su cierre. También en España.
Durante el sexto aniversario de la llegada
de los primeros detenidos a la base el 11
de enero de 2002, alrededor de 150
parlamentarios y parlamentarias españolas
se sumaron a la Declaración de Amnistía
Internacional para poner fin a Guantánamo.
En enero de 2007, la vicepresidenta primera
y portavoz del Gobierno español, en nombre
del ejecutivo, calificó el centro de
Guantánamo de “anomalía a la que se debe
poner fin cuanto antes”. Con anterioridad,
el Congreso de los Diputados había aprobado
una iniciativa que pedía el cierre del centro
de detención 82 .
Amnistía Internacional da la bienvenida a
las declaraciones públicas de rechazo a las
violaciones de derechos humanos que se
siguen cometiendo en Guantánamo, y
solicita a las autoridades españolas que esta postura sea trasladada con firmeza al Gobierno de los Estados
Unidos. Pero estas declaraciones contrastan con las actividades de la policía española en esta base naval en
los primeros años de su funcionamiento. Resulta inquietante que las autoridades españolas no hayan aclarado
a través de una investigación exhaustiva e independiente los motivos y el alcance de las visitas de policías y
diplomáticos españoles a la base estadounidense en los primeros años de su apertura.
82. Proposición no de ley sobre el cierre de Guantánamo (161/001602). Aprobada el 4 de julio de 2006.
41

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
42
Aunque las visitas de los policías españoles documentadas hasta la fecha tuvieron lugar con el anterior Gobierno,
las autoridades actuales deben esclarecer si hubo más viajes, las fechas en que tuvieron lugar y si los funcionarios
incurrieron en violaciones de derechos humanos a través de una investigación exhaustiva e independiente. Los
resultados que se obtengan deben hacerse públicos. Además, el Gobierno debe implementar medidas que impidan
a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cometer actos que violen los derechos de las personas detenidas
(también en sus actividades extraterritoriales) y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
4.1 Funcionarios españoles en misión en el centro de detención de Guantánamo
Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por el hecho de que agentes de policía españoles se
hubiesen aprovechado del limbo extralegal y las condiciones de reclusión coercitivas en la base naval de
Guantánamo para interrogar a ciudadanos de distintas nacionalidades y obtener información para su uso en
investigaciones y para fines de inteligencia en España. Estos interrogatorios tuvieron lugar sin informar previamente
a los detenidos de sus derechos, sin asistencia letrada.
El viaje más documentado es el que realizaron los funcionarios españoles entre el 22 y el 25 de julio de 2002
relacionado con las investigaciones policiales emprendidas para localizar a posibles colaboradores de Al Qaeda
en España. Participaron en ese viaje dos policías adscritos a la Unidad Central de Información Exterior de la
Policía (UCIE) y un diplomático español. Traían con ellos fotografías de más de 60 personas que supuestamente
tenían vínculos con la célula terrorista e interrogaron a varios detenidos, incluidos Hamed Abderrahaman Ahmed,
de nacionalidad española, y Lahcen Ikassrien, de nacionalidad marroquí con residencia española (ver punto 4.3).
Los policías también obtuvieron declaraciones de presos de origen kurdo, sirio, argelino, tunecino, palestino,
saudí y danés. Los datos obtenidos quedaron plasmados en un informe policial de 39 páginas, en el que se
especificaba el nombre de 13 personas interrogadas.
Uno de los policías españoles que participó en los interrogatorios dio más detalles ante el juez de instrucción
nº 5 de la Audiencia Nacional que investigaba las actividades de la célula de Al Qaeda en España. Según su
relato, las autoridades estadounidenses no pusieron obstáculo alguno a los interrogatorios. El policía también
admitió que los presos declararon carecer de asistencia letrada y encontrarse “sin ningún tipo de derechos”.
Los policías fueron, además, “testigos” de las condiciones de los presos en Guantánamo. Los funcionarios
españoles vieron el reducido tamaño de las celdas; todas ellas separadas por rejas y una especie de malla metálica.
Pudieron, además, comprobar que las camas estaban suspendidas en el aire y que los detenidos podían salir
a un patio interior cada tres días durante un cuarto de hora. Según el testimonio del policía ante el juez, los
interrogatorios a los detenidos tenían lugar en una especie de vagones que, según insinuó el policía al juez, eran
propicios para la tortura u otros malos tratos: 83
“…están habilitados una especie de vagones también donde se llevan a estos hombres a los que se
quiere interrogar, y bueno, el sitio sí es propicio para…”
Pero a pesar de conocer de primera mano la situación de ilegalidad y la falta de derechos de los presos en
Guantánamo, ni los policías que fueron ni los funcionarios españoles que pudieron autorizar el viaje hicieron
nada al respecto.
En febrero de 2007, Amnistía Internacional se dirigió al ministro del Interior para solicitar información sobre
los viajes de los funcionarios españoles a Guantánamo. La oficina del ministro confirmó el viaje del mes de julio
de 2002 en el que los policías se “entrevistaron con varios de los presos allí existentes”. Añadió el ministerio
que la visita tuvo lugar durante la legislatura 2000-2004 y que en relación a posibles responsabilidades legales
83. Declaración del funcionario nº 14620 del Cuerpo Nacional de Policía que compareció ante el juez el 23 de septiembre de 2003 en
relación con el sumario abierto para investigar actividades de la célula de Al Qaeda en España.

Unos guardias escoltan a un detenido en Camp One, base naval
de Guantánamo, Cuba, 30 de septiembre de 2007.
© Us DoD
4. MISIÓN EN GUANTÁNAMO DE FUNCIONARIOS
ESPAÑOLES E INTERROGATORIOS POLICIALES ILEGALES
de la misma e interrogatorios tenía ya conocimiento la autoridad judicial. Quedaron sin respuesta varias de las
preguntas formuladas por Amnistía Internacional, como las siguientes:
¿Recibieron los funcionarios españoles información sobre los malos tratos sufridos por los detenidos?
¿En calidad de qué o bajo qué autoridad los funcionarios españoles interrogaron a personas que
carecían de nacionalidad española? ¿Se informó a los gobiernos de sus países?
¿Comunicaron los funcionarios españoles a las autoridades del campo su rechazo a la retención de
personas sin supervisión judicial y su oposición a que no se respetasen sus derechos?
Por otra parte, de los testimonios de dos ex detenidos en Guantánamo extraditados a España y las declaraciones
que constan en el propio informe que los policías realizaron a su regreso de Guantánamo se desprenden más
viajes. El primero de ellos habría tenido lugar en marzo de 2002, mientras que en el 2003 se habrían realizado
al menos dos visitas más. El último viaje tuvo lugar, supuestamente, poco tiempo después del atentado del 11
de marzo de 2004 en Madrid 84 .
4.2 El caso del ciudadano español Hamed Abderrahman Ahmed
El ciudadano español, residente en Ceuta, Hamed Abderrahman Ahmed fue detenido en Pakistán a finales de
2001, entregado a las autoridades estadounidenses en Afganistán y posteriormente trasladado a la base naval
de Guantánamo sin que mediara trámite de extradición alguno. Hamed Abderrahman permaneció más de dos
años en el centro de detención estadounidense.
Hamed Abderrahman fue una de las personas interrogadas
por los policías españoles durante su reclusión en
Guantánamo. En la visita de los policías en julio de 2002,
los agentes le mostraron varias fotografías y le hicieron
preguntas relacionadas con personas presuntamente
vinculadas a la célula española de Al Qaeda, incluido un
hermano suyo. Hamed Abderrahman fue interrogado sin
presencia de un abogado y en total indefensión. En estas
condiciones, Hamed Abderrahman declaró que en julio de
2001 conoció a un individuo en Ceuta que lo animó a
entrenarse en campos terroristas en Afganistán, país al que
viajó para este fin. Tras el atentando del 11 de septiembre
en Estados Unidos y el posterior ataque estadounidense
contra Afganistán, Hamed huyó a Pakistán, donde fue
detenido y entregado a las autoridades estadounidenses.
Según informes, Hamed Abderrahman fue interrogado dos
veces por personal estadounidense y luego trasladado a la
ciudad afgana de Kandahar donde permaneció un mes antes
de ser enviado a la base naval de Guantánamo.
“Si cambiabas una sola coma de tu declaración,
comenzaban de nuevo las torturas.” 85
84. El País, 19 de noviembre de 2006 y 20 de mayo de 2007.
85. Declaraciones del ciudadano español Hamed Abderraman en relación con los interrogatorios en Guantánamo por parte de personal de
Estados Unidos al diario El País. 20 de mayo de 2007
43

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
44
A pesar de que Hamed Abderrahman es un ciudadano español, no se puede concluir que el viaje de los policías
a Guantánamo respondiera a las obligaciones consulares de las autoridades de asistir a los ciudadanos de
nacionalidad española en el extranjero. No consta en el informe que los policías realizaron detalle alguno de las
condiciones de reclusión de Hamed Abderrahman, de su estado de salud físico y psíquico ni del trato recibido
por parte de las autoridades estadounidenses. El informe sólo refleja una petición del detenido al Gobierno
español para que intercediera por él ante los estadounidenses al objeto de “acabar con su actual situación de
cautiverio en Guantánamo”; una actuación que no estaba prevista en la visita de los policías.
Los familiares y abogado de Hamed Abderrahman también manifestaron a Amnistía Internacional su preocupación
por las respuestas insatisfactorias de las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores con quienes se habían
reunido en distintas ocasiones para abordar su detención en Guantánamo. En su respuesta a Amnistía Internacional,
en diciembre de 2002, la entonces Ministra de Asuntos Exteriores señaló que se habían realizado gestiones ante
las autoridades competentes de Estados Unidos para clarificar el estatuto jurídico del ciudadano español y que
funcionarios españoles habían informado de que Hamed Abderrahman estaba bien tratado. A pesar de que el
Ministerio de Asuntos Exteriores, en cartas posteriores, siguió afirmando que se ocupaba activamente de este
caso, no especificó qué gestiones, con qué expectativas o con qué efecto se estaban realizando.
A mediados de febrero de 2004, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron de nuevo a Guantánamo.
Según fuentes oficiales, el viaje tenía como objetivo proceder al traslado a España de Hamed Abderrahman, al
haber aceptado las autoridades de EEUU su extradición a España para comparecer ante la justicia. Amnistía
Internacional acogió con satisfacción el fin de su reclusión y de la situación de indefensión jurídica en la que
se encontraba desde hacía más de dos años, pero mostró su preocupación por las informaciones que apuntaban
al temor de que el detenido sería interrogado por agentes de la policía en el contexto de su traslado, sin que
estuvieran claras las condiciones y los derechos del recluso.
Con anterioridad a ese viaje, el 11 de febrero de 2004, la organización envió un fax urgente al Gobierno español
instándole a hacer efectivas las garantías y derechos fundamentales que deben asegurarse a toda persona
detenida, tales como su inmediata puesta a disposición judicial, asistencia médica adecuada, acceso a un
abogado de su elección, y acceso directo e inmediato a su familia. Igualmente preocupante resultó la falta de
comunicación del Gobierno español con la familia del detenido español mientras estuvo en Guantánamo. Al
parecer, ningún representante del Gobierno se comunicó con ellos para advertirles del posible traslado a España
de su familiar, conociendo las novedades por la prensa.
Hamed Abderrahman fue entregado a las autoridades españolas el 13 de febrero de 2004, quienes lo trasladaron
a la base de Torrejón de Ardoz, y allí fue puesto a disposición del juez, quien le tomó declaración el 26 de febrero
de ese año acusado de un delito de integración en organización terrorista 86 . Con anterioridad, Hamed fue sometido
a un examen médico en el Hospital General Universitario Gregorio Marañon. Ante el juez, el ciudadano español
dijo que el motivo de su viaje a Afganistán en el 2001 fue debido a su interés en profundizar sobre el
Corán y negó haber estado en ningún campamento ni que le entregaran libros de manejo de armas.
El 4 de octubre de 2005, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Hamed
Abderrahman a seis años de cárcel por el delito de “integración en organización terrorista”. La “entrevista policial”
de los agentes en la base de Guantánamo al detenido en el 2002 y la posterior declaración de los policías en
el juicio le valió a la sala “como apoyo argumental” para dictar sentencia condenatoria.
“Cuando vi a esos policías declarando en el juicio como testigos me quedé sorprendido. Habían
sido testigos de mi tortura y no dijeron ni una palabra de cómo me trataban allí ni de mi lamentable
estado de salud”. 87
86. Causa instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº5, Sumario 25/03
87. El País, 20 de mayo de 2007

El 20 de julio de 2006, tras llegar su caso al Tribunal Supremo, se decretó la libertad de Hamed Abderrahman
basándose en la nulidad de las pruebas y en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. 88 En la
sentencia, el Tribunal Supremo confirmó que los policías se entrevistaron con el preso “sin previa información
de sus derechos, sin asistencia letrada y sin autorización ni mandato de la autoridad judicial española competente”.
El tribunal tampoco consideró válidas las escuchas telefónicas aportadas como prueba que ya habían sido
declaradas nulas en una sentencia anterior.
Las detenciones en Guantánamo: una situación de “difícil explicación”
En la sentencia que absolvió a Hamed Abderrahman, el Tribunal Supremo concluye que:
“toda diligencia o actuación practicada en ese escenario, debe ser declarada totalmente nula y como tal inexistente”
y añade que la denominada “entrevista policial” fue “un interrogatorio porque éste se produce en una situación
de desigualdad: una parte pregunta y la otra responde, y en este caso el que respondía estaba, además, privado
de libertad. (…) Por la misma razón debe ser declarada nula e inexistente la declaración en el Plenario de los
dos miembros de la UCIE que interrogaron al recurrente.”
El Tribunal Supremo hizo una mención expresa a la ilegalidad del centro de detención estadounidense en
Guantánamo señalando que:
“la detención de cientos de personas, entre ellos el recurrente, sin cargos, sin garantías, sin control y sin límites,
custodiados por el ejército de EEUU, constituye una situación de imposible explicación y menos justificación
desde la realidad jurídica y política en la que se encuentra enclavada. Bien podría decirse que Guantánamo es
un verdadero “limbo” en la Comunidad Jurídica…”.
4.3 El interrogatorio de Lahcen Ikassrien
4. MISIÓN EN GUANTÁNAMO DE FUNCIONARIOS
ESPAÑOLES E INTERROGATORIOS POLICIALES ILEGALES
En octubre de 2001, Lahcen Ikassrien, de nacionalidad marroquí, fue detenido cerca de la localidad de Kunduz,
Afganistán. Según su testimonio, estuvo preso unas semanas en una fortaleza cerca de Mazar-i-Sharif. Tras
sobrevivir a un motín en el que hubo centenares de muertos, fue trasladado a otro centro de detención en la
misma zona. Allí supo que supuestamente había sido vendido a los Estados Unidos. Unas semanas después fue
trasladado a Kandahar, Afganistán, en un centro custodiado por EEUU. Lahcen Ikassrien ha denunciado que
durante los dos meses que estuvo allí fue repetidamente torturado durante varios interrogatorios de los soldados
estadounidenses quienes le preguntaban insistentemente por qué estaba en Afganistán y le espetaban que “no
tenía derecho a vivir”. Le colocaron una pulsera que decía “Animal 64”.
A principios de febrero de 2002 los soldados de Estados Unidos fueron a buscarlo a su tienda. Al parecer lo
tiraron al suelo con los perros y le ataron con cuerdas mientras lo grababan en vídeo. Después le cortaron el
pelo, le echaron unos polvos desinfectantes y le vistieron con un mono blanco. Esa noche fue trasladado a la
base naval de Guantánamo en un avión, aunque él no sabía adonde iba. Al igual que los otros detenidos estaba
encapuchado y tirado en el suelo del avión. Cuando llegó a Guantánamo fue llevado a la enfermería de la base
debido a la herida que tenía en el brazo a causa del bombardeo en Afganistán. Unos meses después fue trasladado
al Campamento Delta.
Lahcen Ikassrien también fue interrogado por los policías españoles en julio de 2002. Según consta en el informe
de los policías, el propio Lahcen Ikasrrien les contó sus condiciones de reclusión en el Campamento Delta.
“se quejaba de la comida que le daban, diciendo que, en ocasiones, le daban para beber agua del mar y que
la comida era siempre la misma, una especie de pastel de arroz sin sal. La celda en la que se encontraba recluido
era de dos por dos metros cuadrados aproximadamente, pudiendo hablar con la persona de al lado y con la que
se encontraba enfrente de él, y únicamente salía a pasear durante un cuarto de hora cada tres días, tras lo cual
también se podía duchar”. 89
88. Sentencia del Tribunal Supremo 4527/2006, Sala de lo Penal, sección 1ª
89. Extracto del informe de los policías españoles de la Unidad Central de Información Exterior sobre su visita a Guantánamo en julio de
2002.
45

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
46
Resulta preocupante que los policías aparentemente no se interesaran por sus condiciones de reclusión ni su
estatus legal en Guantánamo. El propósito de contactar con Lahcen Ikassrien fue el de convencerle para que
“colaborase con las autoridades españolas” en la identificación de personas sospechosas de pertenecer a Al
Qaeda en España. Al parecer, sin presencia de ningún abogado, los policías reprodujeron a través de una grabadora
una conversación en la que supuestamente Lahcen Ikassrien hablaba con una persona vinculada a Al Qaeda.
Lahcen Ikassrien negó que esa fuera su voz. Los policías le ofrecieron la posibilidad de abandonar Guantánamo
si primero accedía a facilitarles esta información. Pero según el informe policial, Lahcen Ikassrien insistió en
su petición de ser primero trasladado a España. Los policías no accedieron.
“Ante las reiteradas negativas por parte de Lahcen a colaborar con las autoridades españolas en este asunto, y
a pesar de la insistencia con la que se trató de hacerlo, se optó por decirle a Lahcen que en el caso de que
cambiase de opinión y aceptase la ayuda que se le estaba brindando, se pusiera en contacto con los militares
encargados de la custodia en el campamento para que estos a su vez contactasen con los funcionarios policiales
españoles antes de que abandonasen la Base, y así poder hablar de nuevo con él para llegar a algún tipo de
acuerdo”. 90
Lahcen Ikassrien mantiene que los policías españoles contaron a las autoridades de Estados Unidos que él era
un traficante de drogas y que con el dinero que obtenía financiaba el terrorismo. Por eso, según él, todavía le
torturaban más.
“Una vez los soldados estadounidenses me ofrecieron hablar por teléfono con mi madre a través de un móvil,
delante de los policías españoles. Pero me dijeron que sólo podía decir “hola” y que no podía decir donde estaba.
Me negué para no volver más loca a mi madre. Luego vinieron los americanos y me pegaron” 91
Según el testimonio Lahcen Ikassrien, los policías españoles le interrogaron en al menos cuatro ocasiones.
También participó en alguno de los interrogatorios un diplomático de la embajada española en Estados Unidos.
La primera visita tuvo lugar a los tres o cuatro meses después de su llegada a Guantánamo y la última en el
2004. Lahcen Ikassrien no puede saber el día exacto de las visitas ya que en la base no tuvo acceso a ningún
calendario, pero si recuerda que momentos antes de su último contacto con los policías españoles, una soldado
estadounidense que lo vigilaba le animó a tomar represalias contra los agentes, al parecer, molesta porque las
tropas españolas se habían retirado de Irak o iban a hacerlo en breve. Es por eso que Lahcen Ikassrien cree que
la visita tuvo lugar en marzo de 2004, con el cambio de gobierno y tras el atentado en Madrid. Los policías
marroquíes también lo interrogaron en varias ocasiones en Guantánamo.
“Cuando venía la policía española, los soldados estadounidenses me torturaban todavía más.” 92
Lahcen Ikassrien fue extraditado a España el 18 de julio de 2005 tras pasar tres años y medio en la base naval
de Guantánamo. La justicia española lo reclamó por un presunto delito de pertenencia a banda armada u
organización terrorista. Su traslado se hizo a través de un avión militar estadounidense que aterrizó en la base
española de Torrejón de Ardoz. Este viaje ha quedado registrado en la lista de vuelos que AENA proporcionó al
juez de la Audiencia Nacional que investiga las actividades de varios vuelos de la CIA y militares en España.
Al parecer, en el avión en el que viajó había unos 200 soldados. Iba atado de pies y manos y estaba encapuchado.
90. Idem.
91. Testimonio de Lahcen Ikassrien a Amnistía Internacional
92. Testimonio de Lahcen Ikassrien a Amnistía Internacional

4.4 El caso de Omar Deghayes
4. MISIÓN EN GUANTÁNAMO DE FUNCIONARIOS
ESPAÑOLES E INTERROGATORIOS POLICIALES ILEGALES
En julio de 2006, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó su libertad provisional
ya que la acusación se había basado en pruebas similares a las que fueron anuladas por el Tribunal Supremo
en la sentencia que absolvió a Hamed Abderrahman Ahmed. En octubre de ese año fue absuelto.
Desde entonces no tiene pasaporte ni permiso de residencia en España. Con anterioridad a su llegada a Afganistán,
Lahcen Ikassrien había vivido varios años en España y tenía residencia española.
Amnistía Internacional da la bienvenida a la sentencia del Tribunal Supremo que anula toda prueba obtenida
en el centro de detención de Guantánamo por parte de los policías españoles, al haber sido obtenida en el
contexto de una detención ilegal, con ausencia de garantías legales y dejando a las personas interrogadas en
una posición extremadamente vulnerable.
Pero la organización lamenta que las autoridades españolas no hayan investigado a fondo el hecho de que los
policías españoles se aprovecharan de una situación irregular para obtener información. No ha habido hasta la
fecha ni investigación sobre la actuación de los policías en Guantánamo, ni sanciones ni reparación a las víctimas
por estos interrogatorios sin garantías en un contexto de total ilegalidad.
Por otro lado, Amnistía Internacional considera que las visitas a Guantánamo de los policías y personal diplomático
español no respondieron a las exigencias de la comunidad internacional en relación a la cooperación internacional
para combatir el terrorismo que requieren el pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos
y el derecho humanitario.
La base naval se eligió como un lugar en el que podía mantenerse a los detenidos sin el escrutinio independiente
de los tribunales ordinarios, sometidos a violaciones de la prohibición absoluta de la tortura u otros malos tratos.
Las autoridades españolas al tener conocimiento de esta situación a través de los funcionarios que estuvieron
allí deberían haber realizado todas las gestiones posibles para presionar a las autoridades estadounidenses y
lograr el cierre del centro y garantizar que los presos fueran acusados de un delito reconocido internacionalmente
o de lo contrario puestos en su libertad.
Amnistía Internacional también siente preocupación por los informes que apuntan a que información facilitada
por las autoridades españolas a los servicios de inteligencia de otros países, incluido Estados Unidos, hubiera
contribuido a la permanencia en el centro de detención de Guantánamo de Omar Deghayes durante más de
cinco años.
Omar Deghayes, de origen libio, y su familia consiguieron huir de la persecución en Libia y recibieron asilo
político en el Reino Unido. Según su propio testimonio, en 2001 decidió viajar junto con un amigo y buscar
trabajo. Fue a Malasia, a Pakistán y, finalmente, a Afganistán, donde se casó y tuvo un hijo. Cuando comenzó
el conflicto internacional de Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos,
Omar Deghayes huyó a Pakistán junto con su esposa y su hijo, todavía un bebé. Planeaban regresar al Reino
Unido cuando fueron detenidos en Lahore en abril de 2002, según los informes por una recompensa de 5.000
dólares estadounidenses.
“Soporté palizas sistemáticas todas las noches durante tres días. Cada vez, cuando estaba casi
inconsciente, me arrojaban de vuelta a mi celda a esperar más." 93
93. Amnistía Internacional. “Estados Unidos. ¿Quiénes son los detenidos de Guantánamo?” AMR 51/88/2005
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Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
48
Omar Deghayes fue detenido como "combatiente enemigo" y finalmente trasladado a la bahía de Guantánamo
a través de Afganistán, donde también permaneció detenido en la base aérea de Bagram, gestionada por Estados
Unidos, expuesto a más torturas u otros malos tratos. Le obligaron a permanecer desnudo, le privaron de alimento,
lo encerraron en una caja con muy poco aire durante periodos prolongados y lo encadenaron a la pared. Omar
Deghayes también denunció abusos en Guantánamo como agresiones sexuales durante un registro o sometimiento
en régimen de aislamiento durante más de ocho meses. El 9 y 11 de septiembre de 2004 fue interrogado por
agentes secretos libios que lo amenazaron con someterlo a violencia y con la muerte. Además, según los informes,
agentes de inteligencia británicos lo interrogaron hasta siete veces durante su reclusión en Bagram y Guantánamo.
Según informes publicados en la prensa los policías españoles también lo habrían interrogado. 94
La familia de Omar Deghayes siempre ha mantenido que se trata de un caso de confusión de identidad. El
nombre de Omar Deghayes aparecía en la lista de personas más buscadas del FBI, y la fotografía que lo acompañaba
se había sacado de un vídeo de adiestramiento de un grupo separatista checheno. Según la familia, la persona
del vídeo no se parece en nada a Omar Deghayes, una afirmación respaldada por la opinión de expertos en
reconocimiento facial. 95
Según informes, en el 2000, con anterioridad a la detención de Omar Deghayes, este vídeo llegó a las manos
de la Unidad Central de Información Exterior de la Policía Nacional española procedente de las autoridades
rusas. En él se apreciaban imágenes de guerra en Daguestán (Rusia) y atrocidades contra personas rusas por
parte de grupos armados. En el vídeo, aparecía un hombre que, según autoridades españolas y de otros países,
era Omar Deghayes. El vídeo fue encontrado posteriormente en los domicilios de personas que han sido condenadas
por formar parte de la célula de Al Qaeda en España.
Omar Deghayes permaneció encerrado en Guantánamo hasta el 19 de diciembre de 2007 junto con otro residente
y refugiado británico Jamil Al Banna. Al regresar al Reino Unido fueron nuevamente detenidos en virtud de una
orden europea de detención y entrega cursada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para que
comparecieran ante la justicia española por sus presuntos vínculos con Al Qaeda en España. El 6 de marzo de
2008 la Audiencia Nacional dejó sin efecto la prisión provisional de Al Banna y Deghayes tras recibir de las
autoridades británicas informes sobre el deterioro físico y psíquico que habrían sufrido los dos hombres en
Guantánamo y que les impedía formar parte de un proceso judicial.
94. El País. 29 de junio de 2008
95. Amnistía Internacional. “Estados Unidos. ¿Quiénes son los detenidos de Guantánamo” AMR 51/88/2005

5. EXPULSIONES Y EXTRADICIONES - CONTRAVENCIÓN
DEL PRINCIPIO DE “NO DEVOLUCIÓN”
Y DE OTRAS OBLIGACIONES
La prohibición de enviar a una persona a un país donde exista verdadero riesgo de tortura o malos tratos (principio
de no devolución o non refoulement) es un principio clave de la protección internacional, y es aplicable incluso
si la persona a la que se desea expulsar es sospechosa de un delito de terrorismo o ha sido declarada culpable.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que varios gobiernos están violando sus
obligaciones internacionales al facilitar traslados de ciudadanos extranjeros sospechosos de estar implicados
en actividades terroristas a países donde hay un riesgo fundamentado de que serán sometidos a violaciones
graves de derechos humanos. 96 Esta preocupación también se hace extensiva a las autoridades españolas.
En el Informe de España sobre la aplicación de las disposiciones de la Resolución 1624 (2005) del Consejo
de Seguridad sobre medidas adicionales para luchar contra el terrorismo, a la pregunta ¿Qué medidas ha adoptado
España para denegar protección a toda persona respecto de la cual se disponga de información fidedigna y
pertinente por la que haya razones fundadas para considerar que es culpable de incitar a la comisión de un acto
o actos de terrorismo?, las autoridades españolas respondieron 97 :
“El Reglamento (RD 2393/2004) de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social, establece en su artículo 10, respecto de la prohibición de entrada
a extranjeros impidiendo su acceso al territorio español, hace referencia, entre otros aspectos, a cuantos hayan
sido objeto de prohibición expresa de entrada, en virtud de resolución del Ministro del Interior, por sus actividades
contrarias a los intereses españoles o a los derechos humanos o por sus notorias conexiones con organizaciones
delictivas, nacionales o internacionales, u otras razones judiciales o administrativas que justifiquen la adopción
de esta medida, sin perjuicio de su detención, en los casos en que ésta proceda. Por otro lado, respecto de una
posible expulsión del territorio nacional, la Ley Orgánica 4/2000 considera una falta muy grave (artículo 54)
que puede conllevar sanción de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo,
el participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que puedan perjudicar las relaciones
de España con otros países. También es causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente,
el hecho de que un extranjero sea condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya
en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, excepto cuando sus antecedentes
penales hayan sido cancelados.”
La respuesta no hace referencia a las responsabilidades de España en relación con el principio de no devolución
y la prohibición absoluta de la tortura que también deben ser aplicados enaquellos casos en los que la persona
esté presuntamente relacionada con actos terroristas.
En relación con esta normativa, en septiembre de 2004 Amnistía Internacional se dirigió al Ministerio del Interior
sobre los casos de expulsión a Marruecos de Mohamed Berzizoui, de origen argelino con nacionalidad marroquí
y Jousef Mahlili, de nacionalidad marroquí con residencia española que había caducado en marzo de ese año.
En el caso de Jousef Mahlili, un imán de la mezquita de Mourenx (Francia), las autoridades españolas decidieron
no renovarle su permiso y fue deportado desde Francia. Por su parte, Mohamed Berzizoui fue arrestado el 29
de abril de 2004 en conexión con la investigación sobre el atentado de Casablanca (Marruecos) el 16 de mayo
de 2003. Fue puesto en libertad sin cargos el 6 de mayo de 2004 y posteriormente expulsado de España.
Más recientemente, la expulsión de un ciudadano sirio a su país de origen el pasado mes de julio que había sido
absuelto de su participación en los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004 pone en duda la voluntad del
Gobierno español de cumplir con las normas internacionales de derechos humanos.
96. Amnistía Internacional ha documentado extradiciones o expulsiones que violan las obligaciones de los Estados en materia de prohibición
de la tortura en Reino Unido, Francia y Eslovaquia, entre otros países
97. Doc. Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/2007/164, de 22 de marzo de 2007 Español. Original: inglés.
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Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
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5.1 La expulsión de Basel Ghalyoun a Siria
El 22 de julio de 2008 Basel Ghalyoun fue expulsado a su país de origen, Siria, pese a las advertencias de
Amnistía Internacional a las autoridades españolas de que podría correr peligro de tortura y otros malos tratos.
A Basel Ghalyoun no se le notificó la orden de expulsión hasta el 17 de julio, cuando salió de la cárcel y fue
puesto de inmediato bajo custodia. No se le entregó a su abogado una copia de la orden de expulsión, y ni él
ni Basel Ghalyoun conocieron su existencia hasta que éste fue puesto bajo custodia.
El 20 de julio su abogado presentó el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y pidió, entre otras
cosas, que se dictara una medida cautelar que suspendiera la devolución. Sin embargo, el abogado comunicó
que le habían notificado por teléfono que el Tribunal había rechazado la alegación.
Inmediatamente después de conocerse la orden de expulsión, Amnistía Internacional pidió a las autoridades
españolas que Basel Ghalyoun pudiera ejercer su derecho a recurrir la orden de expulsión a Siria y que paralizaran
los procedimientos de expulsión hasta que se hubiera examinado el recurso. Pero la petición fue desoída. Amnistía
Internacional fue informada de que Basel Ghalyoun había sido detenido en Siria tras su expulsión.
En octubre de 2007, la Audiencia Nacional de España condenó a Basel Ghalyoun por su participación en los
atentados con explosivos cometidos contra varios trenes de cercanías el 11de marzo de 2004 en Madrid, que
causaron la muerte de 192 personas.
El 17 de julio de 2008, sin embargo, el Tribunal Supremo lo absolvió de todos los cargos tras la presentación
de un recurso de casación. El Tribunal resolvió que Basel Ghalyoun tenía convicciones islamistas y había mantenido
contactos con algunas de las personas responsables de los atentados terroristas, pero que no había pruebas de
que hubiera participado en los atentados.
Basel Ghalyoun llegó a España en 2001 con un visado de estudiante. Después obtuvo un permiso de residencia
y trabajo, y cuando fue detenido se encontraba legalmente en el país.
Amnistía Internacional advirtió a las autoridades españolas del hecho que la tortura u otros malos tratos son un
fenómeno generalizado en los centros de detención e interrogatorio de Siria. Corren peligro de sufrirlos sobre
todo las personas que las autoridades sirias consideran que son islamistas o que se encuentran en posesión de
información sobre actos terroristas.
En relación con esta preocupación, Amnistía Internacional puso en conocimiento de las autoridades españolas
el caso del ciudadano sirio Muhammad Zammar que fue torturado tras ser devuelto por Marruecos en diciembre
de 2001. Había comparecido ante un tribunal de la ciudad alemana de Hamburgo –donde vivía– por su presunta
implicación en la “célula de Hamburgo”, grupo al que pertenecían, al parecer, los presuntos cabecillas de los
atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Pero las autoridades alemanas no
consiguieron reunir las pruebas suficientes para mantenerlo recluido. A finales de 2007, el comité parlamentario
que investigaba el papel de Alemania en las violaciones de derechos humanos cometidas a consecuencia de sus
actividades antiterroristas comenzó a investigar el caso del ciudadano alemán Muhammad Zammar. Durante las
sesiones, salió a la luz que la Oficina Federal de Investigación Criminal informó a las autoridades estadounidenses
de las fechas en que Muhammad Zammar tenía previsto viajar a Marruecos en noviembre de 2001, desde donde
lo trasladaron ilegalmente a Siria.
Tras ser devuelto a Siria y antes de ser juzgado, permaneció detenido durante casi cinco años, tiempo cuya mayor
parte pasó recluido en régimen de incomunicación y aislamiento y durante el que fue torturado. En un juicio
manifiestamente injusto fue condenado a 12 años de cárcel por su pertenencia a la Hermandad Musulmana,
una organización ilegal. La organización negó que hubiera tenido ninguna relación con él y en el juicio no se
presentaron pruebas a este respecto.
Amnistía Internacional mantiene que con la devolución de Basel Ghalyoun a Siria, España no ha respetado sus
obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En torno al traslado de personas, España debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos. 98 Sin embargo al parecer en la lucha contra el terrorismo son otras las orientaciones que
vienen pesando en las decisiones de las autoridades españolas.
Amnistía Internacional teme, además, que a través de tratados bilaterales de extradición, cooperación judicial
o de otra índole que España tiene suscritos con otros países, se pretenda agilizar el traslado de personas a lugares
con un historial preocupante de derechos humanos, menoscabando las obligaciones de España sobre la prohibición
de la tortura.
5.2 El proceso de extradición de Murat Gasayev a la Federación Rusa
5. EXPULSIONES Y EXTRADICIONES - CONTRAVENCIÓN DEL
PRINCIPIO DE “NO DEVOLUCIÓN” Y DE OTRAS OBLIGACIONES
Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno español que no autorice la extradición de Murat Ajmedovich
Gasayev, de origen checheno, a la Federación Rusa donde correría el riesgo de ser sometido a un juicio sin las
debidas garantías, así como a la tortura u otros malos tratos. Se da la circunstancia de que Murat Gasayev había
solicitado asilo en España y fue detenido con fines de extradición al poco tiempo de la denegación de la solicitud,
que llevaba un año y medio pendiente. La extradición fue aprobada por la Audiencia Nacional en febrero de
2008. Murat Gasayev permanece detenido en España en régimen de prisión provisional a la espera de la decisión
del Consejo de Ministros.
Murat Gasayev fue detenido en Ingushetia a finales de agosto de 2004, tras el ataque armado que se llevó a
cabo contra dependencias gubernamentales en la República de Ingushetia en junio de ese año. Según su
testimonio, fue trasladado a la sede central del Servicio Federal de Seguridad en la región de Ingushetia donde
lo torturaron e interrogaron durante tres días en relación con el ataque armado. Los oficiales querían que Gasayev
les señalara a personas que pudieran estar implicadas en las actividades de los grupos armados y le enseñaron
fotografías de personas que supuestamente pertenecían a la guerrilla chechena. Al cuarto día, junto con otro
detenido, lo subieron a una furgoneta. Tras decirles que les iban a fusilar, les hicieron bajar en una zona despoblada
y les dejaron en libertad sin que se hubiera presentado ningún cargo contra ellos.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos en Rusia como “Memorial” han investigado
y documentado los casos de varias personas que han sido declaradas culpables de diversos delitos en relación
con el ataque armado de junio de 2004. “Memorial” ha encontrado datos que sugieren que las investigaciones
llevadas a cabo por la unidad de investigación de la Dirección General de la Fiscalía del Estado en el distrito
federal fueron irregulares, que a los sospechosos se les torturó y se les sometió a malos tratos y que se les negó
el acceso a un juicio con las debidas garantías. Amnistía Internacional ha entrevistado a varias personas cuyas
declaraciones coinciden con las conclusiones de “Memorial”.
Una vez en libertad, Murat Gasayev tuvo conocimiento de que otro hombre detenido e interrogado por las fuerzas
de seguridad federales rusas le había implicado en los ataques de junio de 2004. El hombre se retractó de su
declaración posteriormente ante el tribunal, alegando que fue obligado mediante torturas a facilitar nombres
de las personas que supuestamente habían participado en el atentado.
Ante el temor de ser nuevamente detenido y torturado, Murat Gasayev huyó de su país y llegó a España, donde
solicitó asilo inmediatamente el 3 de junio de 2005. Posteriormente tuvo conocimiento por su familia de que
la Federación Rusa había cursado una orden de búsqueda y captura con vistas a su extradición, motivo por el
cual fue detenido. Según la información de la que dispone Amnistía Internacional, la solicitud de asilo, que
llevaba más de un año y medio pendiente, fue denegada al poco tiempo de su detención, en base a un informe
confidencial elaborado por las autoridades españolas al que no tuvo acceso ni él ni su abogado. 99 Además, la
defensa de Murat Gasayev teme que las autoridades españolas pusieran en conocimiento de la Federación Rusa
98. España es Estado Parte en varios tratados internacionales que prohíben de manera expresa la devolución de una persona a un país en
el que corría peligro de sufrir tortura, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
99. La denegación de asilo ha sido recurrida ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Al terminar este informe todavía no se conocía
la decisión.
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Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
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su paradero, ya que en la solicitud de búsqueda y extradición figuraban datos muy precisos sobre su situación
en España como el domicilio exacto de su cliente que se había mudado recientemente.
Tras una primera decisión judicial de la Audiencia Nacional a favor de la extradición, la Sala de lo Penal confirmó
la entrega de Murat Gasayev el 8 de febrero de 2008. Los magistrados tuvieron en cuenta para su decisión las
garantías ofrecidas por la Fiscalía General de la Federación Rusa, encargada de los asuntos de extradición, de
que el detenido no sería condenado a muerte ni a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las
autoridades rusas también ofrecieron garantías de que mientras estuviera privado de libertad, Murat Gasayev
podría recibir las visitas del Comité de la ONU contra la tortura.
Amnistía Internacional ha alertado al Gobierno español de la falta de credibilidad de las garantías diplomáticas
ofrecidas por la Federación Rusa y le ha instado a no proceder a la extradición ya que existe un riesgo real de
que Murat Gasayev será sometido a tortura u otros malos tratos una vez se encuentre bajo custodia rusa. En este
caso, además, se da la circunstancia de que la garantía ofrecida por las autoridades rusas en relación con las
visitas del Comité contra la Tortura de la ONU tiene poco sentido teniendo en cuenta que dicho comité no realiza
visitas periódicas a centros de detención.
A pesar de los riesgos, el Gobierno español se pronunció inicialmente a favor de seguir adelante con la extradición.
En diciembre de 2007, en relación con este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores respondió a Amnistía
Internacional lo siguiente:
...dicha decisión está en fase judicial en la Audiencia Nacional, que ha pedido a la Federación Rusa garantías
del respeto de ciertos derechos considerados fundamentales por nuestro ordenamiento jurídico (no ser condenado
a muerte, o, en caso de que lo fuera a cadena perpetua, que no lo sea indefectiblemente de por vida, entre
otros), y que las acaba de recibir de la Embajada de Rusia, por lo que la DG (Dirección General) de Consulares
considera que no debería haber problemas para proceder a la extradición (…). Se podría indicar que el caso está
actualmente en sede judicial y que la Audiencia Nacional ya ha recibido de la Embajada Rusa garantías sobre
el respeto de los Derechos Humanos en caso de que se decida a proceder a la extradición”.
Posteriormente, el ministro de Justicia en una reunión que mantuvo en junio de 2008 con una delegación de
Amnistía Internacional encabezada por la Secretaria General de la organización, reconoció que el Gobierno
español estaba analizando el caso con mucho cuidado. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
también confirmó a Amnistía Internacional que la extradición no se efectuaría. Sin embargo, no se conoce que
el Gobierno haya tomado una decisión oficial sobre el caso, que en el momento de cierre de este informe seguía
pendiente de ser visto en el Consejo de Ministros.
El Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo en su visita a España en mayo de 2008 también manifestó su
sorpresa por el hecho de que la Audiencia Nacional hubiera combinado las garantías tradicionales sobre pena
de muerte, con la condición de que el Comité contra la Tortura de la ONU pueda enviar a una delegación que
visite a esta persona. El Relator Especial recomendó al Gobierno español que solicite una nueva opinión judicial
si desea proceder a la extradición de dicha persona.
El Gobierno español no debería tener dudas sobre la gravedad de las violaciones de derechos humanos en la
Federación Rusa y la poca fiabilidad de las garantías ofrecidas por sus autoridades. La Federación Rusa ha
incumplido en reiteradas ocasiones sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El Comité
Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa,
ha expresado pública y reiteradamente sus graves motivos de preocupación relativos a la tortura, los malos tratos
y la detención ilegítima a manos de agentes del Estado en Chechenia. Este diagnóstico de la situación de los
derechos humanos fue el que utilizó un tribunal británico en 2003 para rechazar la extradición de Akhmed
Zakaev, un checheno exiliado en ese país, a pesar de las garantías ofrecidas por la Federación Rusa.

Amnistía Internacional también sigue documentando la práctica de la tortura bajo custodia policial en todo el
país. Las autoridades rusas han aprovechado la llamada “guerra contra el terror” para justificar prácticas violatorias
de derechos humanos muy arraigadas en el país. Los funcionarios de policía, en su afán de obtener “confesiones”,
eludieron las salvaguardias contra la tortura, como la obligación de notificar la detención a los familiares o los
derechos a recibir asistencia jurídica y a un reconocimiento médico realizado por un profesional de la elección
del detenido. La fiscalía sigue sin garantizar la investigación eficaz de las denuncias de tortura ni la reparación
de los actos de tortura. Además sigue sin existir en el país un mecanismo eficaz, independiente y de aplicación
en todo el ámbito nacional que pueda realizar visitas sin previo aviso a los lugares de detención.
Amnistía Internacional también alerta a las autoridades españolas de sus obligaciones internacionales en materia
de refugio y asilo. Aunque la Convención sobre los Derechos de los Refugiados (artículo 33.2) permite la expulsión
de una persona refugiada cuando su estancia suponga “un peligro para la seguridad del país donde se encuentra,
o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una
amenaza para la comunidad de tal país”, dicha expulsión está sujeta a las demás obligaciones internacionales
del Estado, como la prohibición absoluta de la tortura.
5.3 La cuestión de las garantías diplomáticas
En un intento de legitimar devoluciones que socavan la prohibición absoluta de la tortura varios Estados -incluido
España- están aceptando garantías diplomáticas de países con una amplia trayectoria de violaciones de derechos
humanos. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación porque estas garantías han demostrado ser muy
poco fiables y prácticamente imposibles de hacerse cumplir. No son más que papel mojado. 100
Varios mecanismos de protección de los derechos humanos internacionales y regionales también se han posicionado
en contra del uso de las garantías diplomáticas. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión
de la Tortura ha manifestado que este tipo de promesas no exime a los Estados de las obligaciones que tienen
contraídas en virtud del derecho internacional. Por su parte, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
de Naciones Unidas declaró en el 2006 que “las garantías diplomáticas no funcionan, ya que no brindan una
protección adecuada contra la tortura y otros malos tratos”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU también
considera que dichas garantías no constituyen una salvaguardia efectiva adecuada mientras que el Comisario
para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha manifestado que es “totalmente erróneo exponer a alguien
al riesgo de ser torturado basándose en dichas garantías”.
Cinco motivos para denegar garantías diplomáticas
5. EXPULSIONES Y EXTRADICIONES - CONTRAVENCIÓN DEL
PRINCIPIO DE “NO DEVOLUCIÓN” Y DE OTRAS OBLIGACIONES
1.- Las garantías diplomáticas crean un doble rasero y socavan el sistema internacional de protección frente
a la tortura u otros malos tratos y menoscaban el principio internacional de no devolución.
2.- Suponen confiar en que el Estado receptor cumplirá su palabra de respetar los derechos humanos del detenido
sin que haya razón alguna para confiar en ello. Los gobiernos que infligen tortura u otros malos tratos siempre
niegan tales abusos. Va contra el sentido común confiar en que un gobierno que incumple habitualmente las
obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional vaya a cumplirlas. Sólo se piden garantías
diplomáticas a países cuyo historial de tortura u otros malos tratos es bien conocido.
3.- Los Estados tienen la obligación de no facilitar la comisión de infracciones de la prohibición de la tortura
u otros malos tratos por parte no sólo de sus propios agentes, sino también de agentes de otro Estado. Trasladar
a una persona a un Estado donde esté expuesta a sufrir tortura u otros malos tratos, sobre la base de garantías
diplomáticas que son, intrínsecamente, poco de fiar supone hacer caso omiso de este principio. Además, pedir
garantías sólo para la persona objeto del traslado equivale a consentir tácitamente la tortura de otras que se
100. En diciembre de 2001, las autoridades suecas aceptaron garantías diplomáticas de Egipto de que no torturarían a Ahmed Aiza y
Mohammed El Zari para proceder a su entrega. Ocurrió todo lo contrario.
53

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
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hallan en las mismas condiciones en el país receptor, lo que cabría considerar como una falta general de asunción
de sus obligaciones por parte del Estado que envía a la persona.
4.- La tortura u otros malos tratos se practican en secreto, y sus autores son, por lo general, expertos en impedir
que se detecten tales abusos. Quienes sufren tortura u otros malos tratos a menudo son reacios a denunciarlo
por temor a las represalias. Los sistemas de seguimiento utilizados después de la devolución carecen a menudo
de gran número de salvaguardias básicas, como las entrevistas en privado con los detenidos sin aviso previo a
las autoridades penitenciarias y los exámenes médicos independientes.
5.- Las garantías diplomáticas no tienen ningún efecto jurídico, por lo que la persona a la que se intenta proteger
con ellas no tiene ningún recurso efectivo en caso de que se incumplan.
Las garantías diplomáticas se piden a países cuyo historial de tortura u otros malos tratos es bien conocido. Foto: simulación de un acto
de tortura extraído del vídeo “Waiting for the Guards” de Amnistía Internacional.
©AI
En febrero de 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa Saadi v Italy en relación con la
devolución a Túnez de un nacional de ese país a quien se le vinculaba con el terrorismo no dio por válidas las
garantías ofrecidas por las autoridades tunecinas de que en su país se respetaban los derechos humanos de los
presos.
Este tribunal alegó que “la existencia de leyes nacionales y que la accesión a tratados que garantizan el respeto
a los derechos fundamentales no son por si mismas suficientes para asegurar una protección adecuada contra
el riesgo de malos tratos”. En una decisión posterior, este tribunal dictaminó en el caso Ismoilov v Rusia que
la extradición de doce uzbecos desde Rusia hasta Uzbekistán violaría el artículo 3 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos a pesar de las garantías ofrecidas por las autoridades uzbecas.

6. RECOMENDACIONES
El Gobierno español ha defendido públicamente en foros nacionales e internacionales su apoyo a la legalidad
internacional para hacer frente al terrorismo. Para que estas afirmaciones sean consistentes, las autoridades
españolas deben emprender acciones decisivas tanto a nivel internacional como nacional.
A partir de noviembre de 2008 España ejercerá la presidencia del Consejo de Ministros del Consejo de Europa
durante seis meses y, en el 2010, ocupará la presidencia de la Unión Europea. Poner fin al terrorismo forma
parte de las prioridades de estas dos instituciones europeas. El Gobierno español debe aprovechar estas presidencias
para llevar a cabo acciones decisivas para promover una condena inequívoca de la participación europea en las
entregas extraordinarias, detenciones secretas, desapariciones forzadas y demás violaciones de derechos humanos
en el contexto del programa liderado por Estados Unidos, con la participación europea. El Gobierno debe, además,
cumplir con las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa y garantizar que nunca más
los aeropuertos, bases militares u otro tipo de infraestructuras españolas son utilizadas para la violación de
derechos humanos. También debe garantizar que se investigue hasta el final su uso cuando es con fines ilegales.
La prohibición de la tortura es absoluta. España no puede socavar este principio y no debe permitir extradiciones
y expulsiones de personas a lugares en los que corren riesgo de ser torturadas o sufrir malos tratos, aceptando
garantías diplomáticas de países con un historial de derechos humanos preocupante. Personas acusadas de
delitos comúnmente reconocibles deben comparecer ante la justicia en España o, en todo caso, ser entregadas
a terceros países para que sean juzgadas de conformidad con la normativa internacional de derechos humanos.
Ningún acuerdo con terceros países para luchar contra el terrorismo, ya sea cooperación policial, judicial o
extradición, debe contribuir a que se cometan abusos contra los derechos humanos.
En el plano nacional, las autoridades españolas deben modificar las disposiciones legislativas en materia de
detención y prisión preventiva en regimen de incomunicación, que compromete derechos como la asistencia
letrada efectiva y expone a las personas detenidas a tortura u otros malos tratos.
Amnistía Internacional reconoce que los actos terroristas han planteado nuevos retos a los Estados. Pero un
mundo más seguro exige de los gobiernos medidas que garanticen la protección de los derechos humanos.
Al Gobierno español:
Entregas, detenciones secretas y traslados ilegales
Condenar públicamente las entregas extraordinarias, detenciones secretas u otras violaciones de
derechos humanos en el contexto de la “guerra contra el terror” y pedir a las autoridades
estadounidenses que pongan fin a tales prácticas y den a conocer toda la información sobre los
centros secretos de detención gestionados por la CIA en Europa.
Investigar y llevar ante la justicia a toda persona sobre la que pesen sospechas razonables de
responsabilidad en violaciones de derechos humanos. Colaborar activamente con la investigación
judicial en la Audiencia Nacional sobre el uso de los aeropuertos españoles y bases militares por
parte de aviones que han participado en entregas extraordinarias, detenciones secretas u otras
violaciones de derechos humanos. Abstenerse de esgrimir razones de “seguridad nacional”, “secreto
de estado” o de otra índole que paralicen la investigación.
Prevenir la detención secreta y las entregas. Garantizar que no se utiliza ninguna parte del territorio
español, incluidos su espacio aéreo, aguas y todos los aeropuertos y bases militares, para mantener
55

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
56
o facilitar detenciones ilegales o secretas. En concreto, en los aeropuertos, llevar a cabo medidas
de verificación y control como las siguientes:
hacer cumplir el requisito de que los operadores aéreos que realicen actividades para
agencias de inteligencia declaren que el avión se está utilizando con fines oficiales,
aunque ese avión lo haya fletado una empresa privada;
exigir que los operadores aéreos que pretendan sobrevolar su territorio o aterrizar en
él indiquen si transportan a personas detenidas y, en caso afirmativo, señalen cuál es
su condición, su destino y la base jurídica para su traslado;
contar con un sistema efectivo de comprobación de la legalidad de las detenciones
y denegar el tránsito, exigir el aterrizaje y/o realizar inspecciones cuando existan razones
para creer que un avión se está utilizando en relación con entregas extraordinarias u
otras violaciones de derechos humanos;
identificar de antemano los vuelos y operadores que puedan intentar utilizar territorio
o instalaciones del Estado para prestar asistencia en rendiciones extraordinarias u otras
violaciones de derechos humanos, en vez de depender únicamente de las investigaciones
realizadas por ONG, periodistas y organismos intergubernamentales;
tal y como prevé la Convención sobre Aviación Civil Internacional (Convención de
Chicago), requerir el aterrizaje de aquellos aviones que sobrevuelen territorio español
para ser inspeccionados si hay motivos razonables para concluir que la aeronave será
utilizada para entregas extraordinarias, detenciones secretas u otras actividades ilegales,
al ser prácticas contrarias a los fines de la convención.
Garantizar que los servicios de inteligencia españoles no facilitan o colaboran con agencias de
inteligencia extranjeras como la CIA si hay un riesgo real de que su participación contribuirá a la
comisión de violaciones de derechos humanos como la detención arbitraria, la desaparición forzada
o la tortura u otros malos tratos.
Impulsar dentro del Comité de Ministros del Consejo de Europa, y en particular durante la presidencia
española entre noviembre de 2008 y mayo de 2009, la condena inequívoca de las entregas
extraordinarias, detenciones secretas y las desapariciones forzosas lideradas por Estados Unidos
en el contexto de la “guerra contra el terror”.
Como Estado Miembro de la OTAN garantizar que todas las actividades llevadas a cabo individual
o colectivamente respetan y la protegen los derechos humanos. Impulsar dentro de la OTAN que
se conozcan todos los detalles de las medidas acordadas en octubre de 2001 y que podrían haber
contribuido a las prácticas ilegales de la CIA en Europa.
Impulsar la pronta ratificación e implementación de la Convención Internacional para la Protección
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Proporcionar información puntual y detallada al Parlamento español de cualquier información sobre
el uso del espacio aéreo, aguas, aeropuertos, bases militares y otras infraestructuras por parte de
agencias de inteligencia extranjeras u otro tipo de instituciones gubernamentales sospechosas de
haber cometido abusos en el contexto de la “guerra contra el terror”. Responder a todas las preguntas
parlamentarias al respeto.

Base naval de Guantánamo
Llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las visitas de policías españoles
a Guantánamo para interrogar a detenidos y crear mecanismos de control de las actividades
extraterritoriales de los agentes y cuerpos de seguridad españoles. En caso de que pueda haber
responsabilidades penales, colaborar con la justicia para este fin.
Insistir ante las autoridades estadounidenses tanto en foros internacionales como a nivel bilateral
en la petición de cierre del centro de detención de Guantánamo y que las personas recluídas en
él sean puestas en libertad a menos que sean acusadas de un delito reconocible.
Extradiciones y expulsiones
Cumplir con la obligación del Estado español en virtud del derecho internacional de los derechos
humanos de no extraditar, devolver y expulsar a personas a otro país que puedan correr verdadero
peligro de tortura u otros malos tratos o de negación flagrante de justicia.
No ejecutar extradiciones en caso de que haya una petición de asilo de por medio. Cuando haya
serios motivos para considerar que la persona solicitante de asilo o refugiada ha cometido crímenes
que están dentro de las exclusiones previstas por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
las autoridades españolas deben llevarla ante la justicia o entregarla a otro país de acuerdo con el
derecho internacional de los derechos humanos.
No proceder al uso de garantías diplomáticas o similares para autorizar extradiciones en los casos
en que en el país receptor se dan las circunstancias siguientes:
hay razones de peso para creer que la tortura u otros malos tratos son práctica sistemática,
generalizada, endémica o persistente y difícil de erradicar en el país receptor.
hay indicios de que el gobierno receptor trasladará posteriormente a la persona a un
tercer Estado donde está expuesta a sufrir tortura u otros malos tratos.
Asegurar que los acuerdos con otros países en materia de extradición, cooperación judicial, de
colaboración para combatir el terrorismo o de otra índole no permiten la entrega de personas a estos
países si hay un riesgo real de que será sometida a tortura u otros malos tratos una vez allí. En vez
de ello, España debe presionar para que en cada uno de estos países se implanten reformas
sistemáticas que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos.
Relaciones bilaterales con Estados Unidos
6.RECOMENDACIONES
Revisar y modificar el actual Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España
y los Estados Unidos de América para garantizar que las bases militares y otras instalaciones
españolas no son utilizadas para facilitar violaciones de derechos humanos tales como entregas
extraordinarias, detenciones secretas o traslados ilegales. La revisión debe incluir mecanismos de
control efectivos sobre las actividades de aeronaves y personal estadounidense en territorio español.
Asegurar que el Protocolo para intercambiar información sobre personas sospechosas de participar
en actividades de terrorismo con Estados Unidos de 2007 u otro tipo de acuerdos similares no
ampara entregas de personas a las autoridades estadounidenses que puedan acabar en centros
secretos de detención en los que puedan sufrir malos tratos o torturas.
En sus contactos bilaterales con las autoridades de Estados Unidos pedir el cierre del centro de
Guantánamo y los demás centros de detención ilegales, incluidos, los centros secretos en varias
partes del mundo.
57

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
58
Al Parlamento español
Al poder judicial:
Emprender todas las acciones posibles ante las autoridades de Estados Unidos para dar con el
paradero del ciudadano español de origen sirio, Mustafa Setmariam Nasar, que según informes, fue
secuestrado en Pakistán y entregado a agentes estadounidenses en 2005.
En su función de control, solicitar al Gobierno español información detallada sobre las medidas
puestas en práctica para evitar el uso ilegal de aeropuertos y otras infraestructuras en España que
puedan facilitar violaciones de derechos humanos en el contexto de la “guerra contra el terror” para
poner fin al terrorismo.
Promover la reforma del Convenio de Defensa con Estados Unidos y presionar para incluir salvaguardas
de control eficaces que impidan el uso ilegítimo de las bases españolas, incluidos traslados ilegales
a Guantánamo u otro centro de detención ilegal.
Cuestionar al gobierno cuando se tenga información sobre extradiciones de personas sospechosas
de terrorismo a países donde corren un riesgo real de ser torturadas o de sufrir otros malos tratos.
Proceder cuanto antes a la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Hacer valer el principio de no devolución y las obligaciones contraídas por España sobre la prohibición
absoluta de la tortura en los procesos de extradición de personas sospechosas de delitos terroristas.
Rechazar garantías diplomáticas de países en los que hay un peligro real de que la persona sufrirá
tortura o malos tratos una vez trasladada.
Promover formación específica para los jueces y juezas, magistrados/as y abogados/as que participan
en procesos de extradición sobre las obligaciones del Estado español en cuanto a la prohibición
absoluta de enviar a una persona a un país donde corra un peligro real de ser sometida a tortura
o malos tratos.

ANEXO 1
DIEZ INDICADORES PARA COMBATIR EL TERROR CON JUSTICIA
El Gobierno español ha colaborado activamente y sin dilación con las investigaciones de la Audiencia
Nacional sobre los vuelos secretos en territorio español relacionados con entregas extraordinarias
y otras prácticas constitutivas de violaciones de derechos humanos en el marco del programa liderado
por Estados Unidos en el contexto de la “guerra contra el terror”.
Los aeropuertos españoles disponen de un registro actualizado de operadores cuyos aviones han
sido implicados en operaciones de entregas extraordinarias y otras violaciones de derechos humanos.
Los aeropuertos han requerido de estos operadores información detallada antes de su aterrizaje o
sobrevuelo por territorio español. Las autoridades españolas actualizan la lista de operadores
periódicamente.
Se ha revisado el Convenio de Colaboración en materia de Defensa con Estados Unidos para incluir
salvaguardas específicas de derechos humanos y mecanismos de control eficaces que impidan el
uso de las bases españolas y territorio español para cometer o facilitar entregas extraordinarias,
detenciones secretas o traslados ilegales.
Las autoridades españolas han impulsado una investigación exhaustiva e independiente sobre los
interrogatorios de los policías españoles en la base naval de Guantánamo y se han creado mecanismos
que regulen la actividad extraterritorial de los policías, agentes de inteligencia y otros agentes de
cuerpos y fuerzas de seguridad para impedir que contribuyan a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, incluido el terrorismo.
Las autoridades españolas han cumplido estrictamente con el principio internacional de no devolución
y se han abstenido de autorizar entregas y llevar a cabo expulsiones de personas a países en los
que pueden sufrir tortura u otros malos tratos.
El Gobierno español se ha pronunciado públicamente contra las garantías diplomáticas de países
con un historial de derechos humanos preocupante y las ha rechazado en todas las circunstancias,
respetando el principio internacional de no devolución.
España se ha abstenido de suscribir acuerdos sobre intercambio de información en materia antiterrorista
con otros países, incluido Estados Unidos, en los que hay riesgo de que la información pueda ser
utilizada para la detención de personas de forma arbitraria que puedan ser víctimas, además, de
violaciones de derechos humanos como la tortura, “desaparición forzada” u otras violaciones de
derechos humanos.
El Gobierno español ha llevado a cabo acciones visibles y contundentes para lograr establecer el
paradero del ciudadano español Mustafá Setmarian, “desaparecido” desde 2005 y que supuestamente
fue entregado a las autoridades estadounidenses.
Se eliminó el régimen de detención incomunicada en España o, en su defecto, se garantizaron los
derechos de las personas detenidas de acuerdo con las recomendaciones del Comité Europeo para
la Prevención de la Tortura.
España ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas y ha implementado sus disposiciones.
59

ANEXO 2
SEIS PASOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL PARA QUE EUROPA DETENGA LAS
ENTREGAS EXTRAORDINARIAS Y LAS DETENCIONES SECRETAS
1.- CONDENAR: Los Estados europeos deben condenar públicamente las entregas y la detención secreta, pues
son ilícitas, y deben pedir a las autoridades estadounidenses que pongan fin a tales prácticas y hagan pública
la verdad sobre ellas.
2.- INVESTIGAR: Los Estados europeos deben emprender investigaciones eficaces, independientes e imparciales
de las denuncias de participación de sus agentes o de uso de su territorio en entregas, detenciones secretas y
desapariciones forzadas. Los órganos de investigación deben:
tener potestad jurídica para recabar todas las pruebas pertinentes;
operar con arreglo a procedimientos transparentes y que permitan el escrutinio público de la
naturaleza de las pruebas recibidas, los resultados y las conclusiones;
llevar a cabo investigaciones penales cuando exista delito en virtud de la legislación nacional o del
derecho internacional.
3.- PROCESAR: Los Estados europeos deben llevar ante la justicia a toda persona sobre la que pesen sospechas
razonables de responsabilidad en violaciones de derechos humanos relacionadas con entregas, detenciones
secretas o desapariciones forzadas. Los Estados deberán solicitar a las autoridades pertinentes las extradiciones
o la asistencia jurídica mutua necesaria para los procesos penales que se entablen.
4.- GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN: Los Estados europeos
deben garantizar la rendición de cuentas de los servicios de información nacionales y extranjeros. Entre otras
medidas, deberán:
elaborar y aplicar un marco regulador y prácticas que proporcionen salvaguardias efectivas contra
las violaciones de derechos humanos;
proteger de represalias a denunciantes de irregularidades y testigos de violaciones de derechos
humanos relacionadas con entregas, detenciones secretas y desapariciones forzadas.
5.-PREVENIR LA DETENCIÓN SECRETA Y LAS ENTREGAS: Los Estados europeos deberán adoptar medidas
que prevean el traslado de personas a la custodia de otro Estado o que faciliten dicho traslado, únicamente si
éste se realiza bajo supervisión judicial. También deberán asegurar que no se devuelve a ninguna persona a un
lugar en el que corra el riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Asimismo, los Estados deben:
Prevenir las detenciones secretas
prohibiendo la reclusión de personas en lugares distintos de los centros de detención oficialmente
reconocidos;
garantizando que toda persona detenida en relación con el terrorismo comparece sin demora ante
una autoridad judicial y puede impugnar de manera efectiva la legalidad de su detención ante un
tribunal;
reconociendo la suerte y el paradero de las personas detenidas;
garantizando el acceso o la comunicación frecuente entre las personas detenidas y sus familias y
asistencia letrada;
revisando y modificando pactos militares u otros acuerdos bilaterales o multilaterales que pudieran
comprometer la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones internacionales de derechos
humanos.
61

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
62
Prevenir las entregas extraordinarias:
garantizando que los operadores de cualquier aeronave empleada por los servicios de información
declaran que está siendo utilizada para fines de Estado;
modificando toda autorización genérica de sobrevuelo o aterrizaje, de modo que se estipule la previa
aceptación de los requisitos de registro y otras medidas de inspección;
solicitando que toda aeronave que solicite autorización para transitar o hacer escala en el territorio
de un país europeo indique si alguno de sus pasajeros está privado de libertad y, en ese caso, cuál
es su condición, destino y el fundamento jurídico de su traslado;
garantizando que las aeronaves y los vehículos que se sabe o sospecha que transportan a alguna
persona privada ilícitamente de libertad son inspeccionados por funcionarios independientes;
asegurándose de que las autoridades del Estado identifiquen de forma sistemática y proactiva a
las empresas y las aeronaves sobre las que existen sospechas razonables de que falsean su condición
o de que están de algún otro modo implicadas en violaciones de derechos humanos, sin depender
exclusivamente de la información que pueda proporcionar la sociedad civil.
6.- PROPORCIONAR REPARACIONES A LAS VÍCTIMAS: Los Estados europeos deben garantizar que todas las
víctimas de entregas, detención secreta o desaparición forzada reciben sin demora una reparación adecuada del
Estado o Estados responsables.

ANEXO 3
TRATADOS BILATERALES SUSCRITOS POR ESPAÑA EN MATERIA DE COOPERACIÓN JUDICIAL
Y EXTRADICIÓN – OTROS INSTRUMENTOS 101
Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 30 de mayo de
1997, de aplicación provisional a partir de julio de 1999.
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argelina
Democrática y Popular, hecho en Madrid el 7 de octubre de 2002.
Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de la India, hecho en
Nueva Delhi el 3 de julio de 2006.
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Islámica de
Mauritania, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006.
Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania relativo a la asistencia de personas
detenidas y al traslado de personas condenadas, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006.
Convenio de extradición entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en Madrid el
12 de septiembre de 2006.
Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto, firmado en febrero
de 2008.
Convenio con Argelia en materia de lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada, aprobado en Consejo
de Ministros el 13 de junio de 2008.
Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Filipinas de 2 de marzo de 2004.
Además, España ha firmado otros acuerdos, entre ellos, con la República Popular China:
Tratado entre el Reino de España y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia penal, hecho
en Pekín el 21 de julio de 2005.
Convenio sobre traslado de personas condenadas entre la República Popular China y el Reino de España, hecho
en Madrid el 14 de noviembre de 2005.
Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Popular China, hecho en Madrid el 14 de
noviembre de 2005.
Otros instrumentos relevantes:
Acuerdo de Asistencia Judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, de 25 de junio de 2003.
Instrumento contemplado por el artículo 3 (2) del Acuerdo de asistencia judicial entre los Estados Unidos de
América y la Unión Europea firmado el 25 de junio de 2003, sobre la aplicación del Tratado de asistencia jurídica
mutua en materia penal entre Estados Unidos de América y el Reino de España firmado el 20 de noviembre de
1990, el 17 de diciembre de 2004.
Instrumento previsto en el artículo 3 (2) del Acuerdo de extradición entre los Estados Unidos de América y la
Unión Europea, firmado el 25 de junio de 2003, para la aplicación del Tratado de extradición entre España y
Estados Unidos de América de 29 de mayo de 1970, y Tratados Suplementarios de Extradición, de 25 de enero
de 1975, 9 de febrero de 1988 y 12 de marzo de 1996, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2004.
101. Selección ilustrativa no exhaustiva de tratados y convenios bilaterales
63

ANEXO 4
LISTADO DE MOVIMIENTOS DE AVIONES SUPUESTAMENTE VINCULADOS A LA CIA EN
AEROPUERTOS ESPAÑOLES 102
N313P- N4476
Argel-Palma de Mallorca- 22/01/2004
Palma de Mallorca-Macedonia- 23/01/2004
Bucarest-Palma de Mallorca- 26/01/2004
Mitiga (Libia)-Palma de Mallorca- 09/03/2004
Palma de Mallorca-Orebro (Irak)- 12/03/2004
Mitiga-Palma de Mallorca- 21/04/2004
Palma de Mallorca-Mitiga- 26/04/2004
Mitiga-Palma de Mallorca- 17/01/2005
Palma de Mallorca-Mitiga- 19/01/2005
Rabat-Ibiza- 12/02/2005
Ibiza-Rabat (luego Washington)- 15/02/2005
N85VM-N227SV
Madrid-Luxor (y luego Kabul)- 16/12/2003
Bucarest-Barcelona- 26/01/2004
Guantánamo-Tenerife (Los Rodeos)- 12/04/2004
Tenerife (Los Rodeos)-Bucarest (y luego Casablanca)- 12/04/2004
Palma de Mallorca (procedente de Washington)-Rabat- 04/05/2004
Djibouti-Palma de Mallorca (luego Washington)- 14/06/2004
El Cairo- Palma de Mallorca (luego Shannon)- 07/09/2004
Tenerife (Reina Sofia)-Rabat- 01/10/2004
Constanta (Rumania)-Barcelona- 27/10/2005
Barcelona-Constanta- 28/10/2005
N379P-N8068V- N44982
Tenerife (Reina Sofia, procedente de Washington)-Luxor (Egipto)- 27/05/2003
Tenerife (Reina Sofia)-Nouakchott (Mauritania)- 24/03/2004
Rabat-Tenerife (Reina Sofia)- 25/03/2004
Palma de Mallorca-Mitiga- 07/09/2004 (de Mitiga voló a Guantánamo)
Mitiga (procedente de Guantánamo)-Palma de Mallorca (luego Washington)- 15/09/2004
N8213G
Valencia (procedente de Ponta Delgada, Portugal)- Luxor- 26/03/2002
Luxor-Valencia (y luego Ponta Delgada)- 28/03/2002
Valencia (procedente de Ponta Delgada)-Luxor- 04/05/2002
Luxor-Valencia (y luego Ponta Delgada) – 06/05/2002
Madrid-Ponta Delgada- 07/02/2003
Ponta Delgada-Valencia (y luego Atenas) – 09/05/2003
Ponta Delgada–Valencia – 07/06/2003
Valencia (procedente de Ponta Delgada)- Hurghada (Egipto)- 07/08/2003
Atenas-Valencia (y luego Ponta Delgada)- 04/04/2004
Ponta Delgada-Valencia- 20/06/2004
N829MG-N259SK
Biggin Hill-Barcelona- 30/10/2002
Barcelona-Santa Maria do Porto- 07/11/2002
Málaga- Stephenville- 17/05/2005
102. La lista incluye aquellos vuelos identificados por el Parlamento Europeo con origen y/o destino sospechosos y sobre los que Amnistía
Internacional también dispone información; rutas de los aviones confirmadas por las autoridades españolas así como movimientosde aviones
que aparecen en las investigaciones realizadas en Portugal en manos del juez de la Audiencia Nacional. Los aviones con matrículas N260CH,
N63MU, N070SJ, N33NJ, N404AC, N129QS y N720CH también se relacionan con la CIA aunque existen menos evidencias de su
participación en actividades ilegales en el marco de la “guerra contra el terror”. Aunque en estos casos los destinos o procedencia son menos
sospechosos, el secretismo que ha rodeado el programa de detenciones de la CIA requiere medidas de control eficaces sobre todos aquellos
aviones sobre los que existe sospecha de que puedan haber estado involucrados en actividades ilegales.
65

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
66
N168D
Tenerife (Reina Sofía)-Conakry- 19/12/2004
Lárnaca (procedente de Bagdad)-Palma de Mallorca- 15/01/2005
Malta (procedente de Jordania)-Palma de Mallorca- 12/08/2005
N50BH
Luton-Barcelona- 30/09/2001
Faro-Barcelona- 16/05/2003
Barcelona-Alicante- 16/05/2003
Alicante-Gander- 17/05/2003
N505LL
Ponta Delgada-Barcelona- 29/09/2005
Barcelona- Sabiha Gocen (Turquía) y luego Azerbaiyán- 31/10/2005
N187D
Sevilla- Edimburgo- 20/06/2004
Palma de Mallorca-Sevilla- 30/09/2005
Sevilla-Grecia (y luego Bagdad)- 11/11/2005
N221SG
Málaga-Brindisi (y luego Luxor)- 03/02/2004
Brindisi (procedente de Amman)-Málaga- 28/03/2004
Brindisi-Málaga- 10/12/2004
Málaga-Brindisi (y luego Amman)- 10/12/2004
N2189M
Bermuda-Tenerife (Reina Sofia)- 11/12/01
Tenerife (Reina Sofia)-Antigua- 07/12/2003
Tenerife (Reina Sofia)-Gander (Canadá)- 29/12/2003
N168BF
Ginebra-Vigo- 31/08/2005
Vigo-Banjul– 01/09/2005
N478GS
El Cairo-Madrid- 08/03/2003
Madrid-Bangor (EEUU)- 09/03/2003
N219D
Sevilla-Lajes (Portugal)- 03/10/2004
Tenerife–Lajes- 17/05/2005
N1HC
Punta Cana-Málaga– 04/05/2005
Málaga-Porto- 05/05/2005
N260CH
Gran Canaria-Miami- 26/09/2002
Oviedo/Avilés-Luton- 07/09/2003
Miami-Tenerife (Reina Sofia)- 13/04/2003
Madrid-Luton (Reino Unido)- 16/09/2003
Miami-Tenerife (Reina Sofia)- 24/09/2003
Tenerife (Reina Sofia)-Miami- 14/10/2003
Gran Canaria-Miami- 24/04/2004
Miami (Reina Sofia)-Tenerife- 19/01/2005
Miami-Tenerife (Reina Sofia)- 08/03/2005

N63MU
Barcelona-Luton- 25/10/2002
Palma de Mallorca-Gander (Canadá)- 23/08/2004
Bedford (EEUU)-Málaga- 02/10/2005
Málaga-Bedford- 07/10/2005
N970SJ
Santiago de Compostela-Bedford (EEUU)- 17/10/2002
Madrid-Luton- 05/02/2004
Washington-Palma de Mallorca- 19/04/2004
Dublín–Málaga- 23/06/2004
Málaga-EEUU- 26/06/2004
Ibiza-Biggin Hill (Reino Unido)- 27/06/2005
Allentown (EEUU)-Madrid- 08/05/2005
N33NJ
Shannon–Madrid (Torrejón A.)- 18/05/2002
N404AC
Bangor (EEUU)-Madrid- 25/01/2006
N129QS
Las Vegas–Málaga- 06/02/2002
N720CH
Miami-Tenerife- 13/09/2004
ANEXO 4
67