Informe completo - Amnistía Internacional España

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
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Aunque las visitas de los policías españoles documentadas hasta la fecha tuvieron lugar con el anterior Gobierno,
las autoridades actuales deben esclarecer si hubo más viajes, las fechas en que tuvieron lugar y si los funcionarios
incurrieron en violaciones de derechos humanos a través de una investigación exhaustiva e independiente. Los
resultados que se obtengan deben hacerse públicos. Además, el Gobierno debe implementar medidas que impidan
a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cometer actos que violen los derechos de las personas detenidas
(también en sus actividades extraterritoriales) y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
4.1 Funcionarios españoles en misión en el centro de detención de Guantánamo
Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por el hecho de que agentes de policía españoles se
hubiesen aprovechado del limbo extralegal y las condiciones de reclusión coercitivas en la base naval de
Guantánamo para interrogar a ciudadanos de distintas nacionalidades y obtener información para su uso en
investigaciones y para fines de inteligencia en España. Estos interrogatorios tuvieron lugar sin informar previamente
a los detenidos de sus derechos, sin asistencia letrada.
El viaje más documentado es el que realizaron los funcionarios españoles entre el 22 y el 25 de julio de 2002
relacionado con las investigaciones policiales emprendidas para localizar a posibles colaboradores de Al Qaeda
en España. Participaron en ese viaje dos policías adscritos a la Unidad Central de Información Exterior de la
Policía (UCIE) y un diplomático español. Traían con ellos fotografías de más de 60 personas que supuestamente
tenían vínculos con la célula terrorista e interrogaron a varios detenidos, incluidos Hamed Abderrahaman Ahmed,
de nacionalidad española, y Lahcen Ikassrien, de nacionalidad marroquí con residencia española (ver punto 4.3).
Los policías también obtuvieron declaraciones de presos de origen kurdo, sirio, argelino, tunecino, palestino,
saudí y danés. Los datos obtenidos quedaron plasmados en un informe policial de 39 páginas, en el que se
especificaba el nombre de 13 personas interrogadas.
Uno de los policías españoles que participó en los interrogatorios dio más detalles ante el juez de instrucción
nº 5 de la Audiencia Nacional que investigaba las actividades de la célula de Al Qaeda en España. Según su
relato, las autoridades estadounidenses no pusieron obstáculo alguno a los interrogatorios. El policía también
admitió que los presos declararon carecer de asistencia letrada y encontrarse “sin ningún tipo de derechos”.
Los policías fueron, además, “testigos” de las condiciones de los presos en Guantánamo. Los funcionarios
españoles vieron el reducido tamaño de las celdas; todas ellas separadas por rejas y una especie de malla metálica.
Pudieron, además, comprobar que las camas estaban suspendidas en el aire y que los detenidos podían salir
a un patio interior cada tres días durante un cuarto de hora. Según el testimonio del policía ante el juez, los
interrogatorios a los detenidos tenían lugar en una especie de vagones que, según insinuó el policía al juez, eran
propicios para la tortura u otros malos tratos: 83
“…están habilitados una especie de vagones también donde se llevan a estos hombres a los que se
quiere interrogar, y bueno, el sitio sí es propicio para…”
Pero a pesar de conocer de primera mano la situación de ilegalidad y la falta de derechos de los presos en
Guantánamo, ni los policías que fueron ni los funcionarios españoles que pudieron autorizar el viaje hicieron
nada al respecto.
En febrero de 2007, Amnistía Internacional se dirigió al ministro del Interior para solicitar información sobre
los viajes de los funcionarios españoles a Guantánamo. La oficina del ministro confirmó el viaje del mes de julio
de 2002 en el que los policías se “entrevistaron con varios de los presos allí existentes”. Añadió el ministerio
que la visita tuvo lugar durante la legislatura 2000-2004 y que en relación a posibles responsabilidades legales
83. Declaración del funcionario nº 14620 del Cuerpo Nacional de Policía que compareció ante el juez el 23 de septiembre de 2003 en
relación con el sumario abierto para investigar actividades de la célula de Al Qaeda en España.