Informe completo - Amnistía Internacional España

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
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la lucha para combatir el terrorismo del “único modo que se puede ser eficaz: desde el respeto al Estado de
Derecho y la legalidad internacional” 14 . Por otra parte, Europa y el Mediterráneo pasaron a ser dos regiones
clave para la política exterior española, también en relación con cuestiones vinculadas a la seguridad internacional,
que ha continuado siendo un elemento prioritario de la acción internacional española.
En concreto, el apoyo a la legalidad internacional se ha traducido en algunas acciones importantes como la
ratificación por parte de España del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y el decisivo voto
de España en contra de la renovación de la Resolución 1422 15 en el 2004 con la que Estados Unidos pretendía
seguir garantizando la inmunidad de sus nacionales 16 ante la Corte Penal Internacional. Pero el terrorismo
internacional ha seguido planteando desafíos a los que el Gobierno español no ha respondido adecuadamente,
a pesar de su discurso y de presentarse como ejemplo para combinar medidas antiterroristas con el pleno respeto
de los derechos humanos.
España es uno de los países europeos en los que la CIA hizo uso de su territorio y espacio aéreo lo que hizo
posible la realización de sus actividades ilegales de detenciones secretas y entregas extraordinarias en el marco
de la “guerra contra el terror” liderado por Estados Unidos. Si bien el nivel de implicación de los Estados europeos
varía entre la participación plena o la connivencia con estas prácticas ilegales, en el caso español es claro que
ninguno de sus Gobiernos hizo nada para impedir que la CIA llevara a cabo sus planes, a través de España si
era necesario. La permisividad a la que apuntan las evidencias continuó con el cambio de Gobierno, sin que
hasta la fecha las autoridades hayan implementado medidas eficaces de control y rendición de cuentas y otras
recomendaciones propuestas por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
Además, las autoridades españolas tampoco han aclarado el grado de implicación de España en los acuerdos
que se tomaron en el seno de la OTAN a petición de los Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre
de 2001, que supuso el acceso a puertos y aeropuertos del territorio OTAN para prestar apoyo a operaciones de
lucha contra el terrorismo y la autorización de sobrevuelos sin restricciones para los aviones miliares utilizados
por Estados Unidos y otros aliados en operaciones contra el terrorismo, entre otras medidas. La Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa considera que este acuerdo supuso carta blanca a la CIA para utilizar
libremente el espacio aéreo y las infraestructuras europeas para sus operaciones encubiertas 17 .
El liderazgo que se atribuye el actual Gobierno español en la lucha contra el terrorismo con pleno respeto de
los derechos humanos tampoco se ha traducido en medidas concretas dentro de la Unión Europa. España apoyó
en abril de 2008 la propuesta de la Comisión Europea para revisar el Marco para Combatir el Terrorismo. Amnistía
Internacional ha expresado su preocupación porque dicha propuesta carece de las salvaguardas necesarias para
garantizar el principio de legalidad y no dispone de medidas que aseguren que la implementación de las nuevas
figuras penales por parte de España y otros Estados es acorde a la libertad de expresión, y el derecho a la libertad
de asociación y reunión.
En el ámbito de las relaciones bilaterales, preocupa a Amnistía Internacional que los acuerdos con terceros
países en materia de asistencia judicial, extradición, policiales y de colaboración en la lucha contra el crimen
organizado, incluido el terrorismo, no dispongan de mecanismos de escrutinio ni verificación adecuados que
garanticen que dicha cooperación no contribuirá a la violación de derechos humanos de personas sospechosas.
Aunque el interés por mantener convenios con otros países en este ámbito no es nuevo, si hay una tendencia
a incrementar este tipo de acuerdos específicamente para abordar la cuestión del terrorismo.
14. Conferencia del Presidente del Gobierno “En interés de España: una política exterior comprometida”, 16 de junio de 2008.
15. España y Gran Bretaña fueron los dos únicos países de la Unión Europea que el 12 de junio de 2003 votaron a favor de mantener la
vigencia de la resolución 1422 por otro periodo anual, otorgando su aval a un sistema de impunidad para los ciudadanos de países que
no sean parte del Estatuto de Roma y que participen en operaciones aprobadas por la ONU.
16. En el texto: “ciudadanos de estados que no son parte en el Estatuto de Roma”.
17. Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Doc. 11302 rev. 11/06/2007. La OTAN nunca ha dado a conocer el texto
real del acuerdo.