Informe completo - Amnistía Internacional España

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
6
para responder al terror no parece sólido. Así, el Estado español ha accedido a extraditar a personas solicitadas
por Gobiernos con un historial inquietante en materia de derechos humanos y aceptar como válidas “garantías”
que no valen ni el papel en el que están escritas. España no sólo incumple obligaciones internacionales al no
observar el “principio de no devolución”, cuando extradita a personas a destinos en los que pueden sufrir graves
abusos, como la tortura, sino también cuando recurre a la expulsión y determina el retorno forzado de personas
a tales destinos. Tales traslados con independencia de las promesas y garantías de los Estados, no eximen a
España de su responsabilidad por la suerte que corran tales personas.
La colaboración entre Estados no puede ignorar imperativos en materia de derechos humanos y España es
responsable por toda forma de colaboración que contribuya a violaciones de estos derechos. Tal es la regla que
debe instruir la conducta de todos sus funcionarios y la manera de demostrar en la práctica, no sólo en la retórica,
respeto por la legalidad internacional en la lucha contra el terrorismo.
En 2003 el Consejo de Seguridad de la ONU recordaba que los Estados están obligados a cerciorarse de que
las medidas que adopten para luchar contra el terrorismo cumplen todas las obligaciones que les incumben con
arreglo al derecho internacional […], en particular las normas relativas a los derechos humanos y a los refugiados
y al derecho humanitario” 2 .
En opinión de Amnistía Internacional, España no ha estado a la altura de sus obligaciones. La organización ha
encontrado importantes motivos de preocupación sobre hechos que corresponden al periodo anterior al 2004,
pero también sobre hechos posteriores a esta fecha, sobre los cuales también deben llevarse a cabo investigaciones
exhaustivas e independientes, cuyos resultados sean públicos.
Este informe pone de relieve lo siguiente:
Al igual que otros países europeos, España permitió durante más de cuatro años que la Agencia
Central de Inteligencia de EEUU (CIA, en inglés) utilizara aeropuertos y el espacio aéreo español
para sus operaciones de detenciones secretas y entregas extraordinarias 3 . Una investigación del
Parlamento Europeo ha documentado 68 escalas de aviones supuestamente vinculados a la CIA
en aeropuertos españoles hasta finales de 2005. Una cifra que aumenta si se le añaden las más
de 20 escalas realizadas por otros aviones que, aunque con destinos menos preocupantes, también
han sido relacionados con la CIA. Al margen de lo que puedan añadir las investigaciones judiciales
que se están llevando a cabo en la Audiencia Nacional en materia de responsabilidades individuales,
hay evidencias suficientes que permiten afirmar que las autoridades españolas no hicieron nada
para impedir el uso del territorio español para facilitar las entregas extraordinarias y detenciones
secretas planeadas por la CIA, con el pretexto de hacer frente al terrorismo. Una vez se conoció el
escándalo de los vuelos secretos, el Gobierno español tampoco impulsó investigaciones exhaustivas,
independientes e imparciales para esclarecer si hubo violaciones de derechos humanos en territorio
español o fuera de él a través del uso de aeropuertos y otras infraestructuras.
Además, informes posteriores revelaron el uso de bases militares españolas para una docena de
vuelos militares estadounidenses con origen o destino la base naval de Guantánamo, entre 2002
y septiembre de 2007. Estos vuelos fueron amparados por el Convenio de Cooperación para la
Defensa con Estados Unidos, que sólo requiere una autorización genérica para el uso de las bases
de Rota y Morón de la Frontera por parte de las aeronaves estadounidenses. Varios de estos aviones
podrían haber trasladado personas detenidas ilegalmente. En cualquier caso, alrededor de 200
personas llegaron a Guantánamo en aviones militares estadounidenses que aunque no siempre
despegaron de bases españolas, si cruzaron el espacio aéreo español, cuyo uso también está sometido
a autorización de las autoridades españolas. Sobre estos vuelos, el Gobierno español no informó
ni al Parlamento Europeo, ni al Consejo de Europa ni al Congreso de los Diputados.
2. S/RES/1456, 20 de enero de 2003.
3. Amnistía Internacional utiliza el término “entrega extraordinaria” para referirse al traslado internacional de personas cuya custodia pasa
así de un Estado a otro sin el debido proceso judicial y administrativo. Las entregas extraordinarias violan el derecho internacional, porque
no respetan el requisito del debido proceso, y a menudo conllevan múltiples violaciones de derechos humanos, como detención ilegal y
arbitraria, tortura u otros malos tratos y desaparición forzada. La mayoría de las víctimas de entrega extraordinaria de las que se tiene noticia
fueron aprehendidas en Pakistán o Afganistán; algunas fueron trasladadas por Estados Unidos a países de Oriente Medio y permanecieron
allí o volvieron a quedar bajo custodia de Estados Unidos y fueron enviadas a Guantánamo o a centros secretos de detención en “lugares
negros” gestionados por la CIA.