Informe completo - Amnistía Internacional España

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
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3.3.2 Actuaciones en la Audiencia Nacional
En julio de 2005, varios abogados y particulares artífices de la primera denuncia ante la Fiscalía balear presentaron
una querella criminal en un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca por un presunto delito de torturas y
detención ilegal y se personaron como acusación popular. La querella recogió las investigaciones del Diario de
Mallorca e informaciones de otros medios de comunicación españoles y en el extranjero sobre el asunto.
En octubre de 2005 el juez balear acordó su inhibición a favor de la Audiencia Nacional al tratarse de un delito
en materia de derechos humanos que podía haberse cometido también en el extranjero. El fiscal balear rechazó
el auto pero el juez insistió en su demanda. Según el juez: “…, otra serie de actos impunes si son analizados
aisladamente, como son los aterrizajes en territorio nacional de aviones con sus tripulaciones que se desplazaban
al lugar y momento de los hechos aportando su participación correspondiente, pueden ser tales actos considerados
como incluidos en el artículo 4 de la Convención contra la Tortura, cuando se refiere que debe ser considerado
delito la tentativa y todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.”
Finalmente la Audiencia Provincial de las Islas Baleares dio la razón al juez de instrucción y recomendó el envío
del caso a la Audiencia Nacional. El 9 de junio de 2006 el juez central de instrucción nº 2 de la Audiencia
Nacional se declaró competente para investigar un presunto delito de torturas incluso si el delito se hubiera
cometido fuera de España, cualquiera que sea la nacionalidad de su autor. El anuncio del juez tuvo lugar dos
días después de que el Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hiciera públicas las
conclusiones de la investigación que revelaba más datos de las escalas de aviones de la CIA en España.
El 9 de octubre de 2006 compareció ante la Audiencia Nacional el ciudadano alemán, Khaled El Masri, víctima
de entrega extraordinaria en Macedonia, de donde fue trasladado a Afganistán en un avión Boeing 737 que
previamente había hecho escala en Palma de Mallorca, en enero de 2004. En febrero de 2007, el Gobierno
ordenó la desclasificación de los documentos del CNI en relación con las investigaciones realizadas sobre los
vuelos. El juez también requirió a las autoridades españolas competentes confirmación e información de vuelos
que se conocían podían pertenecer a la CIA y habían hecho escalas en aeropuertos españoles, según las
investigaciones de ONG y organismos intergubernamentales.
A finales de mayo de 2007, tras conocerse que los registros portugueses de aviación apuntaban a varios vuelos
y sobrevuelos de aviones estadounidenses a Guantánamo pasando por territorio español, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA) a petición del juez, remitió a la Audiencia Nacional los datos de alrededor 50 vuelos
que cruzaron el espacio aéreo español con destino u origen en Guantánamo entre 2002 y 2007. En este caso,
la mayoría de los aviones citados eran militares, y una docena de ellos pisaron las bases españolas de Morón
de la Frontera, Rota y Torrejón de Ardoz. En mayo de 2008, el juez requirió al Gobierno español documentación
relacionada con las escalas en bases militares y posteriormente solicitó la identificación y localización de posibles
testigos de dichos vuelos. 65
Amnistía Internacional acoge con agrado el compromiso expresado por varios miembros del Gobierno español
de colaborar con la justicia pero alerta de su obligación de ir hasta el fondo del asunto. Habida cuenta que ya
han pasado más de dos años desde que la Audiencia Nacional asumió la investigación, Amnistía Internacional
insta a las autoridades españolas a proporcionar sin dilaciones toda la documentación y acciones requeridas.
3.3.3 Aceptación de garantías poco fiables de Estados Unidos
Entre las explicaciones esgrimidas por el Gobierno español para asegurar que en España no se cometió ninguna
ilegalidad destaca la excesiva credibilidad a las garantías ofrecidas por el Gobierno de Estados Unidos. En
respuesta escrita a un informe de Amnistía Internacional, el Ministro de Asuntos Exteriores reiteró que “como
no podía ser de otra manera, el Gobierno español realizó gestiones, solicitadas por las fuerzas políticas en sede
parlamentaria, antes las autoridades de EE.UU, que garantizaron que no se habían producido violaciones de la
legalidad española o internacional por su parte en territorio español”. Razones similares alegó el Gobierno en
relación con el uso de las bases militares para vuelos con destino o procedencia la base naval de Guantánamo
y ante las denuncias de que pudieran trasladar detenidos.
65. Ver 3.4.