Informe completo - Amnistía Internacional España

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
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así como facilitar la formación de magistrados y fiscales argelinos en España 23 . Con relación a Marruecos, en
el Balance de la Legislatura 2004 – 2008, las autoridades españolas destacaban, además del “eficaz entendimiento
bilateral ante la presión migratoria”, la cooperación en materia de Justicia e Interior.
Amnistía Internacional mantiene que aunque la colaboración bilateral con otros países puede ser necesaria,
dicha colaboración debe respetar las normas internacionales de derechos humanos. Acuerdos que incluyen
intercambio de información en circunstancias en las que hay un riego de que dicha información puede contribuir
a la detención ilegal, la tortura u otros malos tratos o a la desaparición forzada, deben ser revisados. El Gobierno
español debe garantizar que los acuerdos no sólo incluyen una mención al respeto de los derechos humanos en
la lucha contra el terrorismo sino que están provistos de mecanismos eficaces de control y verificación. Por otra
parte, como se verá más adelante, ningún acuerdo con otros países, sea de extradición o en materia de colaboración
policial, puede ser invocado como justificación para devolver a una persona –aunque esté acusada de delitos
relacionados con el terrorismo- a un país en donde pueda ser víctima de tortura u otros malos tratos. De hacerse
efectiva dicha entrega, se infringe la protección internacional dispuesta para la prevención de la tortura y la
prohibición absoluta de dicha práctica.
2.2.2. Acuerdos con Estados Unidos sobre terrorismo
2.2.2.1. Protocolo operativo (clasificado) de intercambio de información
El Gobierno español sigue sin ofrecer explicaciones sobre el protocolo operativo –de carácter clasificado- suscrito
con las autoridades de Estados Unidos en septiembre de 2007, sobre la detección de terroristas y de sospechosos
de participar en actividades relacionadas. Este acuerdo se enmarca en la colaboración bilateral entre los dos
países en materia de lucha contra el terrorismo y según consta en un comunicado oficial 24 “establece una serie
de procedimientos para el acceso e intercambio de información para la detección de terroristas” incluyendo la
colaboración permanente entre el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y el Terrorist Screening
Center (TSC).
Amnistía Internacional no pretende cuestionar la cooperación bilateral y multilateral para combatir el terrorismo
desde el pleno respeto de los derechos humanos. Pero preocupa un acuerdo de estas características con el
Gobierno de los Estados Unidos, ya que se desconoce de los mecanismos que prevé el intercambio de información
previsto en el protocolo para impedir que la información que pueda proporcionar España sobre sospechosos de
terrorismo no acabe en la detención ilegal de personas que además puedan terminar en centros secretos de
detención u otro tipo de centros bajo custodia de Estados Unidos que son ilegales como Guantánamo. Para
Amnistía Internacional las garantías que pueda ofrecer el Gobierno de los Estados Unidos sobre el trato a detenidos
y sobre respeto del derecho internacional, cuando se trata de asuntos vinculados al terrorismo carecen de mucha
credibilidad.
Amnistía Internacional se opone a todos los acuerdos de asistencia mutua, incluidos aquellos que prevén el
intercambio de información, en circunstancias en las que hay un riesgo importante de que la cooperación
contribuirá a la detención ilegal, tortura u otros malos tratos, desaparición forzada, juicio injusto o pena de
muerte. El Gobierno español no puede alegar cuestiones de seguridad nacional o de otra índole para no ofrecer
más datos sobre los términos del acuerdo firmado en el 2007. En caso de dudas sobre su aplicación en relación
con los derechos humanos, debería prescindir del mismo.
2.2.2.2. Operaciones de agencias de inteligencia de los Estados Unidos en España
En aplicación del artículo 17.6 del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los
Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, revisado por el Protocolo de Enmienda de 10 de abril
de 2002, el Ministerio de Defensa de España y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, acordaron
el 23 de marzo y el 24 de abril de 2007, las “Normas Reguladoras sobre la actuación en España del Servicio
de Investigación Criminal Naval (NCIS) y la Oficina de Investigaciones Especiales (AFOSI), de los Estados Unidos
de América.” Las agencias NCIS y AFOSI pertenecen al Pentágono y hacen labores de inteligencia. Según el
acuerdo alcanzado, estas agencias pueden realizar actividades en España.
23. Información recogida de Balance de la Legislatura abril 2004-marzo 2008 Ministerio de la Presidencia, Secretaría de Estado de
Comunicación, Diciembre de 2007, página 110.
24. Nota de Prensa del Ministerio del Interior del 23 de septiembre de 2007. “España y EEUU suscriben un protocolo para intercambiar
información sobre sospechosos de participar en actividades terroristas”. Texto completo en:
www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ministerio_Interior/2007/np092303.html