Informe completo - Amnistía Internacional España

5. EXPULSIONES Y EXTRADICIONES - CONTRAVENCIÓN
DEL PRINCIPIO DE “NO DEVOLUCIÓN”
Y DE OTRAS OBLIGACIONES
La prohibición de enviar a una persona a un país donde exista verdadero riesgo de tortura o malos tratos (principio
de no devolución o non refoulement) es un principio clave de la protección internacional, y es aplicable incluso
si la persona a la que se desea expulsar es sospechosa de un delito de terrorismo o ha sido declarada culpable.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que varios gobiernos están violando sus
obligaciones internacionales al facilitar traslados de ciudadanos extranjeros sospechosos de estar implicados
en actividades terroristas a países donde hay un riesgo fundamentado de que serán sometidos a violaciones
graves de derechos humanos. 96 Esta preocupación también se hace extensiva a las autoridades españolas.
En el Informe de España sobre la aplicación de las disposiciones de la Resolución 1624 (2005) del Consejo
de Seguridad sobre medidas adicionales para luchar contra el terrorismo, a la pregunta ¿Qué medidas ha adoptado
España para denegar protección a toda persona respecto de la cual se disponga de información fidedigna y
pertinente por la que haya razones fundadas para considerar que es culpable de incitar a la comisión de un acto
o actos de terrorismo?, las autoridades españolas respondieron 97 :
“El Reglamento (RD 2393/2004) de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social, establece en su artículo 10, respecto de la prohibición de entrada
a extranjeros impidiendo su acceso al territorio español, hace referencia, entre otros aspectos, a cuantos hayan
sido objeto de prohibición expresa de entrada, en virtud de resolución del Ministro del Interior, por sus actividades
contrarias a los intereses españoles o a los derechos humanos o por sus notorias conexiones con organizaciones
delictivas, nacionales o internacionales, u otras razones judiciales o administrativas que justifiquen la adopción
de esta medida, sin perjuicio de su detención, en los casos en que ésta proceda. Por otro lado, respecto de una
posible expulsión del territorio nacional, la Ley Orgánica 4/2000 considera una falta muy grave (artículo 54)
que puede conllevar sanción de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo,
el participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que puedan perjudicar las relaciones
de España con otros países. También es causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente,
el hecho de que un extranjero sea condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya
en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, excepto cuando sus antecedentes
penales hayan sido cancelados.”
La respuesta no hace referencia a las responsabilidades de España en relación con el principio de no devolución
y la prohibición absoluta de la tortura que también deben ser aplicados enaquellos casos en los que la persona
esté presuntamente relacionada con actos terroristas.
En relación con esta normativa, en septiembre de 2004 Amnistía Internacional se dirigió al Ministerio del Interior
sobre los casos de expulsión a Marruecos de Mohamed Berzizoui, de origen argelino con nacionalidad marroquí
y Jousef Mahlili, de nacionalidad marroquí con residencia española que había caducado en marzo de ese año.
En el caso de Jousef Mahlili, un imán de la mezquita de Mourenx (Francia), las autoridades españolas decidieron
no renovarle su permiso y fue deportado desde Francia. Por su parte, Mohamed Berzizoui fue arrestado el 29
de abril de 2004 en conexión con la investigación sobre el atentado de Casablanca (Marruecos) el 16 de mayo
de 2003. Fue puesto en libertad sin cargos el 6 de mayo de 2004 y posteriormente expulsado de España.
Más recientemente, la expulsión de un ciudadano sirio a su país de origen el pasado mes de julio que había sido
absuelto de su participación en los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004 pone en duda la voluntad del
Gobierno español de cumplir con las normas internacionales de derechos humanos.
96. Amnistía Internacional ha documentado extradiciones o expulsiones que violan las obligaciones de los Estados en materia de prohibición
de la tortura en Reino Unido, Francia y Eslovaquia, entre otros países
97. Doc. Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/2007/164, de 22 de marzo de 2007 Español. Original: inglés.
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