Informe completo - Amnistía Internacional España
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2. VISIÓN DE CONTEXTO Y OBLIGACIONES<br />
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS<br />
2.2 <strong>España</strong>: Cambios y continuidad en las políticas y legislación contra el terrorismo<br />
2.2.1 Política exterior española en materia de terrorismo<br />
Los ataques del 11 de septiembre de 2001 precipitaron una nueva agenda en torno a la seguridad mundial. El<br />
Gobierno español tomó partido dando prioridad casi absoluta a la “lucha antiterrorista” como aspecto más<br />
destacado de su política exterior, enfatizando la necesidad de fortalecer las relaciones con Estados Unidos.<br />
En el marco de la ONU, el 28 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó<br />
la Resolución 1373 que contempla medidas que deben tomar los Gobiernos para combatir el terrorismo, incluida<br />
la cooperación internacional. En el 2003, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1456 que explícitamente<br />
insta a los Estados a asegurar que cualquier medida para combatir el terrorismo cumpla con sus obligaciones<br />
derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos de los refugiados y el derecho<br />
internacional humanitario. Esta posición fue reafirmada posteriormente en la Resolución 1624 de 2005.<br />
En 2003, <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> alertó de la falta de un verdadero compromiso con los derechos humanos del<br />
entonces Gobierno español en su afán por incrementar la cooperación internacional en los ámbitos de seguridad,<br />
militar y defensa, la “lucha antiterrorista” y fortalecer las relaciones transatlánticas con Estados Unidos. En<br />
particular, la organización lamentó el papel de <strong>España</strong> durante los primeros meses como miembro no permanente<br />
del Consejo de Seguridad de la ONU (2003-2004). Desde esta responsabilidad el Gobierno español dio muestras<br />
preocupantes de una falta de atención a los peligros que conllevaba poner fin al terrorismo desde un enfoque<br />
centrado exclusivamente en la seguridad, relegando los derechos humanos a un plano marginal.<br />
Por otra parte, el Gobierno apoyó la intervención armada en Irak sin tomar las medidas necesarias para que se<br />
respetaran plenamente las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario y de esta forma<br />
proteger a la población civil en Irak y aliviar su sufrimiento. Por otro lado, <strong>España</strong> y Gran Bretaña –a instancias<br />
de Estados Unidos- fueron los dos únicos países de la Unión Europea que votaron a favor de mantener la vigencia<br />
de la resolución 1422 que otorga inmunidad frente a la Corte Penal <strong>Internacional</strong> a los ciudadanos de Estados<br />
que no son parte del Estatuto de Roma y pudieran ser investigados por crímenes contra la humanidad en relación<br />
con cualquier operación autorizada por la ONU 11 .<br />
Tampoco se puede afirmar que <strong>España</strong> tuviera un papel destacado al frente de la Presidencia del Comité contra<br />
el Terrorismo de la ONU (CCT), desde abril de 2003 a mayo de 2004, en la defensa de los derechos humanos.<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> denunció que las autoridades españolas no aprovecharon su posición para promover<br />
ninguna iniciativa o medida para asegurar el respeto de las resoluciones aprobadas en el seno de Naciones<br />
Unidas sobre la protección de los derechos humanos ni colaboraron con organismos como la Oficina de la Alta<br />
Comisionada para los Derechos Humanos para este fin.<br />
En junio de 2003 el vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU recordó al CCT entonces<br />
presidido por <strong>España</strong> que aplicara las resoluciones 1373 y 1456 del Consejo de Seguridad para garantizar que<br />
los Estados no eluden sus obligaciones en materia de derechos humanos 12 . A nivel europeo, el programa de la<br />
presidencia española de la Unión Europea de 2002 no contenía ninguna referencia específica a la necesidad<br />
de asegurar que cualquier medida que se adoptara en este contexto no pudiera poner en peligro los derechos<br />
humanos, más allá de una referencia a la “lucha contra el terrorismo” en un espacio de libertad, seguridad y<br />
justicia.<br />
La apuesta por el multilateralismo y por el sistema internacional de protección de los derechos humanos caracterizó<br />
el discurso del nuevo Gobierno en <strong>España</strong> en marzo de 2004, además de la retirada de las tropas españolas en<br />
Irak. En marzo de 2005, el nuevo presidente del Gobierno afirmó que las respuestas al terrorismo global “sólo<br />
puede encontrarse en los valores que han dignificado la vida en común, la libertad, el respeto de los derechos<br />
humanos, las relaciones justas entre los pueblos, el progreso compartido, la cooperación y la solidaridad” 13 .<br />
Más recientemente, en un discurso sobre las prioridades de la política española del nuevo Gobierno, el reelegido<br />
presidente apeló a la coordinación internacional y destacó que <strong>España</strong> era uno de los países más eficaces en<br />
11. <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>: <strong>Informe</strong> de Política Exterior y Derechos Humanos del Gobierno español 2002-2003<br />
12. “Security Council Counter-Terrorism Committee”. 19 de junio de 2003. Ver http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/(Symbol)/ctc.2003.<br />
En OpenDocument (visitado por última vez el 27 de julio de 2008)<br />
13. Clausura de la Conferencia <strong>Internacional</strong> sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad. Madrid, 10 de marzo de 2005.<br />
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