Informe completo - Amnistía Internacional España

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
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o facilitar detenciones ilegales o secretas. En concreto, en los aeropuertos, llevar a cabo medidas
de verificación y control como las siguientes:
hacer cumplir el requisito de que los operadores aéreos que realicen actividades para
agencias de inteligencia declaren que el avión se está utilizando con fines oficiales,
aunque ese avión lo haya fletado una empresa privada;
exigir que los operadores aéreos que pretendan sobrevolar su territorio o aterrizar en
él indiquen si transportan a personas detenidas y, en caso afirmativo, señalen cuál es
su condición, su destino y la base jurídica para su traslado;
contar con un sistema efectivo de comprobación de la legalidad de las detenciones
y denegar el tránsito, exigir el aterrizaje y/o realizar inspecciones cuando existan razones
para creer que un avión se está utilizando en relación con entregas extraordinarias u
otras violaciones de derechos humanos;
identificar de antemano los vuelos y operadores que puedan intentar utilizar territorio
o instalaciones del Estado para prestar asistencia en rendiciones extraordinarias u otras
violaciones de derechos humanos, en vez de depender únicamente de las investigaciones
realizadas por ONG, periodistas y organismos intergubernamentales;
tal y como prevé la Convención sobre Aviación Civil Internacional (Convención de
Chicago), requerir el aterrizaje de aquellos aviones que sobrevuelen territorio español
para ser inspeccionados si hay motivos razonables para concluir que la aeronave será
utilizada para entregas extraordinarias, detenciones secretas u otras actividades ilegales,
al ser prácticas contrarias a los fines de la convención.
Garantizar que los servicios de inteligencia españoles no facilitan o colaboran con agencias de
inteligencia extranjeras como la CIA si hay un riesgo real de que su participación contribuirá a la
comisión de violaciones de derechos humanos como la detención arbitraria, la desaparición forzada
o la tortura u otros malos tratos.
Impulsar dentro del Comité de Ministros del Consejo de Europa, y en particular durante la presidencia
española entre noviembre de 2008 y mayo de 2009, la condena inequívoca de las entregas
extraordinarias, detenciones secretas y las desapariciones forzosas lideradas por Estados Unidos
en el contexto de la “guerra contra el terror”.
Como Estado Miembro de la OTAN garantizar que todas las actividades llevadas a cabo individual
o colectivamente respetan y la protegen los derechos humanos. Impulsar dentro de la OTAN que
se conozcan todos los detalles de las medidas acordadas en octubre de 2001 y que podrían haber
contribuido a las prácticas ilegales de la CIA en Europa.
Impulsar la pronta ratificación e implementación de la Convención Internacional para la Protección
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Proporcionar información puntual y detallada al Parlamento español de cualquier información sobre
el uso del espacio aéreo, aguas, aeropuertos, bases militares y otras infraestructuras por parte de
agencias de inteligencia extranjeras u otro tipo de instituciones gubernamentales sospechosas de
haber cometido abusos en el contexto de la “guerra contra el terror”. Responder a todas las preguntas
parlamentarias al respeto.