Informe completo - Amnistía Internacional España

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
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Ante las evidencias de las investigaciones llevadas a cabo por los organismos intergubernamentales y no
gubernamentales, y periodistas, las autoridades españolas acabaron admitiendo el paso por España de varios
aviones secretos de la CIA pero siempre desde la premisa que en territorio español no se ha cometido ninguna
irregularidad. En el Parlamento Europeo el ministro reconoció la existencia de “vuelos de los que no se dispone
hasta el momento de suficiente información y que pueden originar sospechas...” y “...un grupo de vuelos sobre
los que podría sospecharse que, antes o después de la escala realizada en territorio español, pudieran haber
sido utilizados en actos conectados con operaciones de detención o entrega de presos”.
En el caso de España, aunque las investigaciones judiciales en curso en la Audiencia Nacional son sin duda un
avance importante, no fueron las autoridades sino ciudadanos y abogados quienes, preocupados por las denuncias
en medios de comunicación, impulsaron una querella criminal. El Gobierno español debe colaborar activamente
con las investigaciones con el objetivo de llegar al fondo del asunto. Amnistía Internacional ha expresado
preocupación porque en otros países en los que se han abierto investigaciones judiciales, los Gobiernos han
esgrimido “razones de seguridad nacional” o “secreto de Estado” para bloquear cualquier avance. La organización
espera que en el caso de España, esto no ocurra. 60
A diferencia de otros países, en España no han tenido lugar comisiones de investigación parlamentaria sobre
los vuelos secretos que han hecho escala en territorio español. Las iniciativas planteadas al respecto no contaron
con el consenso necesario de fuerzas políticas parlamentarias. 61
3.3.1 Investigaciones para “cubrir el expediente”
En enero de 2006, en sendas reuniones con Amnistía Internacional, el Ministro y el Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores aseguraron que el Gobierno sería transparente con la cuestión de los vuelos de la CIA y
mencionaron que se estaban llevando a cabo investigaciones. Pero dichas investigaciones distaron mucho de
ser exhaustivas, independientes e imparciales. Las autoridades españolas se han referido a las actuaciones
llevadas a cabo por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para reafirmar que no hay indicios de actos delictivos
en territorio español. Sin embargo, un análisis de las actividades realizadas por este organismo no permite concluir
que se hubieran realizado investigaciones a fondo sobre el paso y actividades de los aviones supuestamente
vinculados a la CIA en España.
De los documentos desclasificados a petición de las autoridades judiciales sólo se desprenden del CNI acciones
para confirmar las matrículas de los aviones a su paso por los aeropuertos de Palma de Mallorca y Tenerife. No
hay constancia de que el CNI profundizara en sus actuaciones para averiguar si los ocupantes de los aviones
pertenecían a la CIA o había sospechas sobre las actividades o el origen de las compañías operadoras o propietarias
de las aeronaves. Aún así, el CNI concluyó que no se había determinado la “finalidad real de los vuelos”.
Aunque las investigaciones del CNI podían haber sido válidas y contribuir posteriormente a las pesquisas judiciales,
no es el organismo más adecuado para llevar a cabo investigaciones conforme a los estándares internacionales.
El CNI es un organismo público con personalidad jurídica propia que depende orgánicamente del Ministerio de
Defensa, con lo que no goza de la independencia necesaria. Además, los resultados de sus actuaciones no son
objeto plenamente del escrutinio público. Precisamente, la confidencialidad es lo que alegó el Gobierno español
para justificar la negativa del director del CNI a comparecer ante el Parlamento Europeo, aunque si lo hizo ante
la Comisión de secretos oficiales del Congreso en julio de 2006. Pero según informes, amparándose en la
legislación española, el responsable del CNI rehusó responder a algunas de las cuestiones planteadas por los
diputados, entre ellas la existencia de cárceles de la CIA en países europeos.
Por otra parte, en respuesta al cuestionario del Secretario General del Consejo de Europa sobre mecanismos de
control de los agentes extranjeros en España, el Gobierno español se refirió a la Ley 11/2002 que en su artículo
4(b) apunta a la función del CNI de “prevenir, detectar, y posibilitar la neutralización de aquellas actividades
de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenace o atente contra el ordenamiento
constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles,…” 62 . Las entregas extraordinarias y
60. Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Junio de 2005. Párrafo 5
61. Solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la utilización de aeropuertos españoles por parte de la CIA directamente
o a través de compañías encubiertas (156/00013). Congreso de los Diputados. 8 de febrero de 2007.
62. Ley 11/2002. artículo 4 (b). Nota Verbal de la Representación Permanente de España al Consejo de Europa al Secretario General el
12 de mayo de 2006. Ante la falta de información proporcionada en primera instancia, el Secretario General pidió a España y a una veintena
de países datos adicionales.