Informe completo - Amnistía Internacional España

ANEXO 1
DIEZ INDICADORES PARA COMBATIR EL TERROR CON JUSTICIA
El Gobierno español ha colaborado activamente y sin dilación con las investigaciones de la Audiencia
Nacional sobre los vuelos secretos en territorio español relacionados con entregas extraordinarias
y otras prácticas constitutivas de violaciones de derechos humanos en el marco del programa liderado
por Estados Unidos en el contexto de la “guerra contra el terror”.
Los aeropuertos españoles disponen de un registro actualizado de operadores cuyos aviones han
sido implicados en operaciones de entregas extraordinarias y otras violaciones de derechos humanos.
Los aeropuertos han requerido de estos operadores información detallada antes de su aterrizaje o
sobrevuelo por territorio español. Las autoridades españolas actualizan la lista de operadores
periódicamente.
Se ha revisado el Convenio de Colaboración en materia de Defensa con Estados Unidos para incluir
salvaguardas específicas de derechos humanos y mecanismos de control eficaces que impidan el
uso de las bases españolas y territorio español para cometer o facilitar entregas extraordinarias,
detenciones secretas o traslados ilegales.
Las autoridades españolas han impulsado una investigación exhaustiva e independiente sobre los
interrogatorios de los policías españoles en la base naval de Guantánamo y se han creado mecanismos
que regulen la actividad extraterritorial de los policías, agentes de inteligencia y otros agentes de
cuerpos y fuerzas de seguridad para impedir que contribuyan a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, incluido el terrorismo.
Las autoridades españolas han cumplido estrictamente con el principio internacional de no devolución
y se han abstenido de autorizar entregas y llevar a cabo expulsiones de personas a países en los
que pueden sufrir tortura u otros malos tratos.
El Gobierno español se ha pronunciado públicamente contra las garantías diplomáticas de países
con un historial de derechos humanos preocupante y las ha rechazado en todas las circunstancias,
respetando el principio internacional de no devolución.
España se ha abstenido de suscribir acuerdos sobre intercambio de información en materia antiterrorista
con otros países, incluido Estados Unidos, en los que hay riesgo de que la información pueda ser
utilizada para la detención de personas de forma arbitraria que puedan ser víctimas, además, de
violaciones de derechos humanos como la tortura, “desaparición forzada” u otras violaciones de
derechos humanos.
El Gobierno español ha llevado a cabo acciones visibles y contundentes para lograr establecer el
paradero del ciudadano español Mustafá Setmarian, “desaparecido” desde 2005 y que supuestamente
fue entregado a las autoridades estadounidenses.
Se eliminó el régimen de detención incomunicada en España o, en su defecto, se garantizaron los
derechos de las personas detenidas de acuerdo con las recomendaciones del Comité Europeo para
la Prevención de la Tortura.
España ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas y ha implementado sus disposiciones.
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