Informe completo - Amnistía Internacional España

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
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A pesar de que Hamed Abderrahman es un ciudadano español, no se puede concluir que el viaje de los policías
a Guantánamo respondiera a las obligaciones consulares de las autoridades de asistir a los ciudadanos de
nacionalidad española en el extranjero. No consta en el informe que los policías realizaron detalle alguno de las
condiciones de reclusión de Hamed Abderrahman, de su estado de salud físico y psíquico ni del trato recibido
por parte de las autoridades estadounidenses. El informe sólo refleja una petición del detenido al Gobierno
español para que intercediera por él ante los estadounidenses al objeto de “acabar con su actual situación de
cautiverio en Guantánamo”; una actuación que no estaba prevista en la visita de los policías.
Los familiares y abogado de Hamed Abderrahman también manifestaron a Amnistía Internacional su preocupación
por las respuestas insatisfactorias de las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores con quienes se habían
reunido en distintas ocasiones para abordar su detención en Guantánamo. En su respuesta a Amnistía Internacional,
en diciembre de 2002, la entonces Ministra de Asuntos Exteriores señaló que se habían realizado gestiones ante
las autoridades competentes de Estados Unidos para clarificar el estatuto jurídico del ciudadano español y que
funcionarios españoles habían informado de que Hamed Abderrahman estaba bien tratado. A pesar de que el
Ministerio de Asuntos Exteriores, en cartas posteriores, siguió afirmando que se ocupaba activamente de este
caso, no especificó qué gestiones, con qué expectativas o con qué efecto se estaban realizando.
A mediados de febrero de 2004, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron de nuevo a Guantánamo.
Según fuentes oficiales, el viaje tenía como objetivo proceder al traslado a España de Hamed Abderrahman, al
haber aceptado las autoridades de EEUU su extradición a España para comparecer ante la justicia. Amnistía
Internacional acogió con satisfacción el fin de su reclusión y de la situación de indefensión jurídica en la que
se encontraba desde hacía más de dos años, pero mostró su preocupación por las informaciones que apuntaban
al temor de que el detenido sería interrogado por agentes de la policía en el contexto de su traslado, sin que
estuvieran claras las condiciones y los derechos del recluso.
Con anterioridad a ese viaje, el 11 de febrero de 2004, la organización envió un fax urgente al Gobierno español
instándole a hacer efectivas las garantías y derechos fundamentales que deben asegurarse a toda persona
detenida, tales como su inmediata puesta a disposición judicial, asistencia médica adecuada, acceso a un
abogado de su elección, y acceso directo e inmediato a su familia. Igualmente preocupante resultó la falta de
comunicación del Gobierno español con la familia del detenido español mientras estuvo en Guantánamo. Al
parecer, ningún representante del Gobierno se comunicó con ellos para advertirles del posible traslado a España
de su familiar, conociendo las novedades por la prensa.
Hamed Abderrahman fue entregado a las autoridades españolas el 13 de febrero de 2004, quienes lo trasladaron
a la base de Torrejón de Ardoz, y allí fue puesto a disposición del juez, quien le tomó declaración el 26 de febrero
de ese año acusado de un delito de integración en organización terrorista 86 . Con anterioridad, Hamed fue sometido
a un examen médico en el Hospital General Universitario Gregorio Marañon. Ante el juez, el ciudadano español
dijo que el motivo de su viaje a Afganistán en el 2001 fue debido a su interés en profundizar sobre el
Corán y negó haber estado en ningún campamento ni que le entregaran libros de manejo de armas.
El 4 de octubre de 2005, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Hamed
Abderrahman a seis años de cárcel por el delito de “integración en organización terrorista”. La “entrevista policial”
de los agentes en la base de Guantánamo al detenido en el 2002 y la posterior declaración de los policías en
el juicio le valió a la sala “como apoyo argumental” para dictar sentencia condenatoria.
“Cuando vi a esos policías declarando en el juicio como testigos me quedé sorprendido. Habían
sido testigos de mi tortura y no dijeron ni una palabra de cómo me trataban allí ni de mi lamentable
estado de salud”. 87
86. Causa instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº5, Sumario 25/03
87. El País, 20 de mayo de 2007