Informe completo - Amnistía Internacional España

Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas
España en la “guerra contra el terror”
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su paradero, ya que en la solicitud de búsqueda y extradición figuraban datos muy precisos sobre su situación
en España como el domicilio exacto de su cliente que se había mudado recientemente.
Tras una primera decisión judicial de la Audiencia Nacional a favor de la extradición, la Sala de lo Penal confirmó
la entrega de Murat Gasayev el 8 de febrero de 2008. Los magistrados tuvieron en cuenta para su decisión las
garantías ofrecidas por la Fiscalía General de la Federación Rusa, encargada de los asuntos de extradición, de
que el detenido no sería condenado a muerte ni a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las
autoridades rusas también ofrecieron garantías de que mientras estuviera privado de libertad, Murat Gasayev
podría recibir las visitas del Comité de la ONU contra la tortura.
Amnistía Internacional ha alertado al Gobierno español de la falta de credibilidad de las garantías diplomáticas
ofrecidas por la Federación Rusa y le ha instado a no proceder a la extradición ya que existe un riesgo real de
que Murat Gasayev será sometido a tortura u otros malos tratos una vez se encuentre bajo custodia rusa. En este
caso, además, se da la circunstancia de que la garantía ofrecida por las autoridades rusas en relación con las
visitas del Comité contra la Tortura de la ONU tiene poco sentido teniendo en cuenta que dicho comité no realiza
visitas periódicas a centros de detención.
A pesar de los riesgos, el Gobierno español se pronunció inicialmente a favor de seguir adelante con la extradición.
En diciembre de 2007, en relación con este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores respondió a Amnistía
Internacional lo siguiente:
...dicha decisión está en fase judicial en la Audiencia Nacional, que ha pedido a la Federación Rusa garantías
del respeto de ciertos derechos considerados fundamentales por nuestro ordenamiento jurídico (no ser condenado
a muerte, o, en caso de que lo fuera a cadena perpetua, que no lo sea indefectiblemente de por vida, entre
otros), y que las acaba de recibir de la Embajada de Rusia, por lo que la DG (Dirección General) de Consulares
considera que no debería haber problemas para proceder a la extradición (…). Se podría indicar que el caso está
actualmente en sede judicial y que la Audiencia Nacional ya ha recibido de la Embajada Rusa garantías sobre
el respeto de los Derechos Humanos en caso de que se decida a proceder a la extradición”.
Posteriormente, el ministro de Justicia en una reunión que mantuvo en junio de 2008 con una delegación de
Amnistía Internacional encabezada por la Secretaria General de la organización, reconoció que el Gobierno
español estaba analizando el caso con mucho cuidado. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
también confirmó a Amnistía Internacional que la extradición no se efectuaría. Sin embargo, no se conoce que
el Gobierno haya tomado una decisión oficial sobre el caso, que en el momento de cierre de este informe seguía
pendiente de ser visto en el Consejo de Ministros.
El Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo en su visita a España en mayo de 2008 también manifestó su
sorpresa por el hecho de que la Audiencia Nacional hubiera combinado las garantías tradicionales sobre pena
de muerte, con la condición de que el Comité contra la Tortura de la ONU pueda enviar a una delegación que
visite a esta persona. El Relator Especial recomendó al Gobierno español que solicite una nueva opinión judicial
si desea proceder a la extradición de dicha persona.
El Gobierno español no debería tener dudas sobre la gravedad de las violaciones de derechos humanos en la
Federación Rusa y la poca fiabilidad de las garantías ofrecidas por sus autoridades. La Federación Rusa ha
incumplido en reiteradas ocasiones sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El Comité
Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa,
ha expresado pública y reiteradamente sus graves motivos de preocupación relativos a la tortura, los malos tratos
y la detención ilegítima a manos de agentes del Estado en Chechenia. Este diagnóstico de la situación de los
derechos humanos fue el que utilizó un tribunal británico en 2003 para rechazar la extradición de Akhmed
Zakaev, un checheno exiliado en ese país, a pesar de las garantías ofrecidas por la Federación Rusa.