Informe completo - Amnistía Internacional España

3. USO DE ESPACIO AÉREO Y AEROPUERTOS ESPAÑOLES
EN TRASLADOS ILEGALES DE DETENIDOS
Llevar a cabo este tipo de acciones o similares no es una opción. Se trata de una obligación. En virtud de los
estándares internacionales de derechos humanos, España debe implementar medidas efectivas para prevenir
que el territorio español no es usado como objeto o fin de violaciones de derechos humanos como detenciones
arbitrarias e ilegales, tortura y malos tratos y la desaparición forzada.
El hecho de continuar permitiendo que estos vuelos se realicen como si fueran civiles, de no crear sistemas de
inspección efectivos para dar respuesta a las violaciones de derechos humanos, y de negarse a imponer prohibiciones
o restricciones a las agencias, empresas o los Gobiernos implicados en los abusos podría constituir un incumplimiento
de las responsabilidades de España en materia de derechos humanos.
El Gobierno español tampoco ha llevado a cabo acciones coordinadas en el ámbito europeo para garantizar que
el territorio no vuelve a ser usado para entregas extraordinarias y detenciones secretas en el marco de la “guerra
contra el terror”. Ningún Gobierno, tampoco el español, se ha tomado en serio las recomendaciones del Secretario
General del Consejo de Europa, Terry Davis, que propuso la creación de estándares comunes y cláusulas de
derechos humanos en relación al tránsito de aviones operando en el espacio aéreo europeo.
Las conclusiones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no se han tenido en cuenta plenamente.
Si bien en enero de 2008, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa representado por todos los Ministros
de Asuntos Exteriores admitió la necesidad investigar y llevar ante la justicia a los responsables de violaciones
de los derechos humanos, se abstuvo de condenar firmemente las entregas extraordinarias y las detenciones
secretas, obvió cualquier preocupación sobre la responsabilidad europea en estas práctica ilegales y no respondió
a las demandas de medidas concretas para prevenir nuevas irregularidades. Las autoridades españolas también
han colaborado en este silencio.
3.3 Respuesta de las autoridades españolas a la obligación de investigar y rendir cuentas
“La cantidad de información recogida hace prácticamente
imposible que los Estados europeos fueran desconocedores por completo de lo que en el contexto
del combate al terrorismo estaba pasando en varios de sus aeropuertos, en su espacio o en las
bases americanas dentro de su territorio. En cuanto a que no sabían, no querían saber. Es inconcebible
que ciertas operaciones llevadas a cabo por los servicios americanos hubieran tenido lugar sin la
participación activa o como mínimo la connivencia de los servicios nacionales de inteligencia”
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Informe sobre
supuestos centros de detención y entregas ilícitas de detenidos dentro
de los Estados del Consejo de Europa. Junio de 2006. Párrafo 230
Las entregas extraordinarias realizadas en nombre de la “guerra contra el terror” han conllevado múltiples
violaciones de derechos humanos, como detenciones ilegales y arbitrarias, tortura u otros malos tratos y
desapariciones forzadas. La tortura y las desapariciones forzadas no sólo constituyen graves violaciones de las
obligaciones internacionales de los Estados. Son también crímenes de derecho internacional por los que se
puede exigir responsabilidades penales a personas individuales.
Investigaciones de ONG, instituciones intergubernamentales europeas y periodísticas han revelado información
pública más que suficiente para que España, al igual que otros países, no evadan su responsabilidad de promover
investigaciones exhaustivas, efectivas, independientes e imparciales sobre el uso del territorio español por parte
de agentes nacionales o extranjeros para la comisión de violaciones de derechos humanos.
Al igual que en otros países, las autoridades españolas alegaron inicialmente tener desconocimiento de las
actividades de la CIA en Europa. En una comparecencia ante el Congreso de los Diputados el 24 de noviembre
de 2005, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación apuntó que, según la información que manejaba
el Gobierno, todas las escalas en territorio español se habían hecho con pleno respeto a la legalidad española.
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