Informe completo - Amnistía Internacional España

2. VISIÓN DE CONTEXTO Y OBLIGACIONES
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
organización o grupo terrorista 36 . También se considera delito 37 el enaltecimiento o la justificación por cualquier
medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 del Código Penal
o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio
o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 23.4.b, la jurisdicción española es competente para
conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse
según la ley penal española como terrorismo. Los delitos considerados de terrorismo son competencia de la
Audiencia Nacional.
En el 2003 se introdujeron modificaciones legislativas al régimen de incomunicación aplicado a los sospechosos
de delitos de terrorismo. Dicha reforma desoyó por completo las recomendaciones de organizaciones de derechos
humanos y de mecanismos de Naciones Unidas que ya se habían pronunciado con preocupación por el régimen
de incomunicación.
Así, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un juez de instrucción tiene facultades para, a petición de la
policía, ordenar el régimen de incomunicación de hasta cinco días bajo custodia policial. La incomunicación
puede prolongarse hasta un total de 13 días 38 , comprendidos los cinco días bajo custodia policial que puede
extenderse a petición del juez investigador otros cinco días más en prisión preventiva, y otros tres días más
igualmente en prisión preventiva. Amnistía Internacional ha denunciado que durante este periodo, los derechos
de la persona detenida se ven sometidos a varias restricciones 39 que no se ajustan a las normas internacionales
de derechos humanos, entre ellas:
Las personas detenidas en régimen de incomunicación no tienen derecho a la asisten jurídica de
un abogado de su elección.
Las personas detenidas en régimen de incomunicación no tienen derecho a consultar a un abogado
en privado en ningún momento mientras estén sometidas al régimen de incomunicación (tanto bajo
custodia policial como en prisión preventiva).
Las personas detenidas en régimen de incomunicación no tienen derecho a comunicar, o a hacer
que se comuniquen, el hecho y el lugar de su detención a un familiar u otra persona de su elección.
Los ciudadanos extranjeros no tienen derecho a que se comunique dicha información al consulado
de su país.
Las personas detenidas en régimen de incomunicación no tienen derecho a someterse a un examen
médico a cargo de un médico de su elección 40 .
Durante más de un decenio, diversos órganos de la ONU, así como el Comité para la Prevención de la Tortura
(CPT) del Consejo de Europa, han expresado su preocupación por el uso del régimen de incomunicación. Estos
órganos internacionales han planteado en repetidas ocasiones sus motivos de preocupación en torno al uso de
la detención en régimen de incomunicación, que, según se ha reconocido, facilita la tortura y otros malos tratos
y, de ser prolongada, puede en sí misma constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante, además
de violar importantes derechos que asisten a las personas detenidas en lo relativo a su defensa, como el derecho
a tener un acceso pronto y efectivo a representación letrada. 41
Pero el uso del régimen de incomunicación sigue siendo justificado por los distintos Gobiernos españoles en
nombre de la seguridad nacional y seguridad pública. El informe que el Gobierno ha presentado ante el Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidos que en el 2008 analiza el cumplimiento de España al Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos sigue sin cuestionar esta medida. Amnistía Internacional ha insistido ante las
36. Así, el artículo 577 (modificado por la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre) sanciona al que sin pertenecer a banda armada
organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de contribuir
a estos fines atemorizando a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivos social, político o profesional, cometieren
diversos actos.
37. Artículo 578 del Código Penal. Redacción según Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal.
38. Ley de Enjuiciamiento Criminal, Artículo 509.2.
39. Ley de Enjuiciamiento Criminal Artículo 527.
40. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 520 (2) (f), todos los detenidos bajo custodia policial tienen derecho a un examen
médico por forense del Estado. Conforme al Art. 510.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueden requerir un segundo examen médico
designado por el Estado.
41. Ver por ejemplo las conclusiones y recomendaciones del Comité Contra la Tortura sobre España, 23 de diciembre de 2002[CAT/C/CR/29/3]
párrafo 10 y el informe del Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura de la ONU (E/CN.4/2004/56/Add.2) de 6 de febrero de 2004,
Addendum, Visita a España (E/CN.4/2004/56/Add.2).
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