Informe completo - Amnistía Internacional España
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Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas<br />
<strong>España</strong> en la “guerra contra el terror”<br />
58<br />
Al Parlamento español<br />
Al poder judicial:<br />
Emprender todas las acciones posibles ante las autoridades de Estados Unidos para dar con el<br />
paradero del ciudadano español de origen sirio, Mustafa Setmariam Nasar, que según informes, fue<br />
secuestrado en Pakistán y entregado a agentes estadounidenses en 2005.<br />
En su función de control, solicitar al Gobierno español información detallada sobre las medidas<br />
puestas en práctica para evitar el uso ilegal de aeropuertos y otras infraestructuras en <strong>España</strong> que<br />
puedan facilitar violaciones de derechos humanos en el contexto de la “guerra contra el terror” para<br />
poner fin al terrorismo.<br />
Promover la reforma del Convenio de Defensa con Estados Unidos y presionar para incluir salvaguardas<br />
de control eficaces que impidan el uso ilegítimo de las bases españolas, incluidos traslados ilegales<br />
a Guantánamo u otro centro de detención ilegal.<br />
Cuestionar al gobierno cuando se tenga información sobre extradiciones de personas sospechosas<br />
de terrorismo a países donde corren un riesgo real de ser torturadas o de sufrir otros malos tratos.<br />
Proceder cuanto antes a la ratificación de la Convención <strong>Internacional</strong> para la Protección de Todas<br />
las Personas contra las Desapariciones Forzadas.<br />
Hacer valer el principio de no devolución y las obligaciones contraídas por <strong>España</strong> sobre la prohibición<br />
absoluta de la tortura en los procesos de extradición de personas sospechosas de delitos terroristas.<br />
Rechazar garantías diplomáticas de países en los que hay un peligro real de que la persona sufrirá<br />
tortura o malos tratos una vez trasladada.<br />
Promover formación específica para los jueces y juezas, magistrados/as y abogados/as que participan<br />
en procesos de extradición sobre las obligaciones del Estado español en cuanto a la prohibición<br />
absoluta de enviar a una persona a un país donde corra un peligro real de ser sometida a tortura<br />
o malos tratos.