Informe completo - Amnistía Internacional España
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Destinos inconfesables,<br />
obligaciones incumplidas<br />
<strong>España</strong> en la “guerra contra el terror”<br />
1. INTRODUCCIÓN<br />
Reconocida la obligación de los Estados de proteger a la población frente a los actos de terrorismo y que la<br />
cooperación internacional puede ayudar a lograr este objetivo, no todo vale en nombre de la seguridad, ni son<br />
admisibles formas de colaboración entre Estados o actuaciones estatales que conduzcan o hagan posible la<br />
comisión de violaciones de derechos humanos, entre ellas prácticas especialmente abominables como la<br />
desaparición forzada, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, sean acciones deliberadas o<br />
derivadas de no disponer de mecanismos para impedir la realización de dichos abusos.<br />
La desaparición forzada y la tortura son crímenes que reflejan un profundo desprecio por la humanidad de las<br />
personas y constituyen actos que el derecho internacional repudia, busca prevenir, perseguir, sancionar y asegurar<br />
que sus víctimas disponen de recursos efectivos, incluido el derecho a obtener reparación. La máxima corrupción<br />
que tales prácticas representan, así como la condena que motivan, suelen hacerlas inconfesables por los Gobiernos<br />
que las perpetran, toleran, facilitan o simplemente miran hacia otro lado cuando agentes de otros Estados hacen<br />
uso de su territorio, incluido su espacio aéreo, para llevar a cabo traslados ilegales de personas con destinos<br />
inciertos o en los que sufrirán nuevos abusos, tal y como en los últimos seis años de la “guerra contra el terror”<br />
se ha demostrado de modo patente.<br />
Tras investigaciones laboriosas, ha logrado salir parcialmente a la luz lo que los Estados han ocultado a fin de<br />
eludir todo escrutinio y rendición de cuentas. Las propias autoridades de Estados Unidos han acabado finalmente<br />
por confirmar algunos datos sobre los programas de entregas extraordinarias y detenciones secretas de la Agencia<br />
Central de Inteligencia (CIA), poniendo a veces en situación muy embarazosa a sus aliados.<br />
<strong>España</strong> se ha presentado ante la comunidad internacional como uno de los países con más experiencia en la<br />
lucha contra el terrorismo debido al terrible historial de violencia interna por las actividades criminales llevadas<br />
a cabo en su territorio por Euskadi Ta Askatasuna (ETA) entre otras ”bandas armadas, organizaciones y grupos<br />
terroristas”.<br />
El 11 de marzo de 2004 tuvieron lugar los ataques terroristas en Madrid en el que 191 personas perdieron la<br />
vida mientras que el número de heridos superó las 1.700 personas. A diferencia de otros países en los que se<br />
han producido atentados similares, en <strong>España</strong> los presuntos implicados en tales hechos fueron conducidos ante<br />
la justicia en un proceso que concluyó en julio de 2008 con la condena de 17 personas por sentencia del Tribunal<br />
Supremo.<br />
Tras las elecciones de marzo de 2004, las nuevas autoridades expresaron su disposición de hacer frente al terrorismo<br />
dentro de la legalidad internacional y garantizando el respeto y protección de los derechos humanos 4 .<br />
Las declaraciones positivas al respecto, sin embargo, no han tenido un reflejo serio y consistente en la práctica<br />
en el contexto de la “guerra contra el terror”, conforme este informe expone.<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> no menosprecia la amenaza real del terrorismo pero insiste en que todas las medidas<br />
emprendidas para combatirlo deben ser acordes con el pleno respeto y protección de los derechos humanos.<br />
Esto debe cumplirse no sólo desde la retórica sino con acciones concretas, tanto en política exterior como en<br />
su dimensión interior.<br />
4. En marzo de 2005 <strong>España</strong> acogió la Cumbre <strong>Internacional</strong> sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad que tuvo lugar en Madrid, que puso<br />
de relieve la necesidad de luchar contra el terrorismo desde el respeto y la protección de los derechos humanos. Además, el Gobierno ha<br />
apoyado las iniciativas multilaterales como la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo que hace hincapié en que el<br />
“respeto de los derechos humanos para todos y el imperio de la ley” es la “base fundamental de la lucha contra el terrorismo”.<br />
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