Revista Pesca octubre 2013

¿RETIRANDO EL PIE DE LOS CALLOS DE LA SNP?
POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE
Han cesado los gritos destemplados de los lacayos mediáticos
de la Sociedad Nacional de Pesquería en contra
de las últimas medidas de PRODUCE, lo mismo que el
millonario desfile de sus lastimeras plañideras por los
programas más sintonizados de radio y televisión nacional,
para dar paso a un preocupante silencio y al freno
en seco de estrategias e iniciativas legales que se han
venido forjando desde la gestión de Kurt Burneo.
Diversos sectores de la población y especialmente pescadores
industriales, observaron con simpatía la enérgica
actitud de Gladys Triveño, empeñada en acabar con
injustos privilegios que anteriores gobiernos cedieron a
la oligarquía pesquera, y fueron saludando una tras otra
las disposiciones dictadas por la ministra, que ponía
equidad en las reglas de juego de esta lucrativa actividad.
A cada denuncia de la SNP, la opinión pública se ha ido
enterando, sin proponérselo, de los beneficios económicos
concentrados en pocas y poderosas manos, y de los
que el Estado no ha tenido voluntad política para reivindicarlos
a favor de cada uno de los peruanos en una
justa distribución. Con una débil defensa de parte del
Estado, la SNP no ha tenido mayores problemas en acabar
con cualquier posibilidad de resistencia a su abusiva
conducta, aliándose con inescrupulosos personajes a los
cuales los improvisó de dirigentes de la Federación de
Pescadores del Perú (FPP), para gozar a su antojo de
una representatividad sindical concebida de manera ilegal
y con la complicidad de malos funcionarios del Ministerio
de Trabajo que se encuentran sometidos a su poder.
La manera tan abrupta en la que se ha desvanecido este
escenario público de conflictos entre la SNP y la ministra
Triveño, y la interrupción injustificada de inminentes
normas dando respuestas a las justas exigencias
del pescador, siembran dudas sobre la existencia de
políticas de Estado concebidas desde Palacio de Gobierno
y de la firme decisión para llevarlas a cabo en la ac-
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tual gestión.
¿Dónde quedó el fin del conflicto de intereses de CER-
PER y SGS (cuyos servicios de supervisión son pagados
por la misma empresa que es fiscalizada) a través de un
Decreto Supremo que iba a entrar en vigencia el 1 de
octubre y que aprobaría el Reglamento del Programa de
Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el
Ámbito Marítimo? ¿No se iba a poner un alto a las altas
discrepancias que existen entre el peso declarado y el
peso descargado, terminando con el robo descarado en
las tolvas? ¿No era imprescindible una norma que prohíba
al armador pesquero el uso de medidas cautelares
en sus millonarias deudas que mantiene con el Estado y
con el fondo de pensiones del pescador, de tal manera
que no se les otorgue zarpe sin que las haya cancelado?
¿Por qué no implantar el código de barras en los sacos
de harina de pescado, que permita al Estado monitorear
su producción y comercialización, y acabar con la ambigüedad
en su información? ¿Hay cifras oficiales en la
producción de aceite de pescado, y el Estado y el pescador
tienen participación en sus beneficios? ¿Hay un real
justiprecio en lo que paga el empresario pesquero por
una actividad que deja playas contaminadas y cero soles
para programas que permitan su recuperación?
COPEINCA acaba de ser vendida a la empresa china
CFG y las empresas pesqueras empiezan a mover sus
fichas en busca de una mejor posición, lógicamente sin
ceder más ventajas ni al Estado ni al pescador industrial.
¿Cuál será la actitud que adopte el gobierno en
defensa de los intereses de la nación y para proteger
laboralmente al pescador? ¿Seguirá la ministra Triveño
en esa titánica lucha que todo el Perú respaldó, o simplemente
retirará el pie de los callos de la poderosa
SNP?