Transición a la democracia: avances y déficit - Office of the High ...

CHILE – Transición a la democracia: avances y déficit en la lucha contra la impunidad
desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos. » y estipula en relación con la amnistía
en su artículo 18 que « 1. Los autores o presuntos autores de actos previstos en el párrafo 1 del
artículo 4 supra no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que
tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal. 2. En el ejercicio del
derecho de gracia deberá tenerse en cuenta la extrema gravedad de los actos de desaparición
forzada. »
Al igual que en conformidad con el artículo 8 del Proyecto de Convención internacional para la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que estipula: “Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 5, 1. Todo Estado Parte que aplique un régimen de prescripción en lo que
respecta al delito de desaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazo de
prescripción de la acción penal: a) Sea prolongado y proporcionado a la extrema gravedad de este
delito;
b) Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter
continuo o permanente de este delito. 2. El Estado Parte garantizará a las víctimas de desaparición
forzada el derecho a un recurso eficaz durante el plazo de prescripción. » (itálicas añadidas)
Además el Tribunal da un paso importante y considera que el tipo penal del artículo 141 del Código
Penal Chileno (que sanciona y tipifica el delito de Secuestro) se corresponde con el tipo penal
descrito en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, de 9
de junio de 1994. La consecuencia jurídica es que en los delitos permanentes (y el secuestro
calificado lo es) la prescripción de la acción penal empieza a correr una vez que ha concluido la
duración de su estado consumativo. Si Sandoval Rodríguez hubiese fallecido habría que determinar
la fecha de fallecimiento para ver si se encontraba amparado en el periodo del Decreto Ley de
amnistía y, en caso contrario, computar la prescripción.
Basándose en el argumento jurídico contenido en la ley interna, el Alto Tribunal confirma la sentencia
de primera instancia del Ministro Alejandro Solís y de la Corte de Apelaciones de Santiago y no aplica
ni la institución de la prescripción, ni el Decreto Ley 2.191 de 1978 de amnistía. En el fundamento
número 32 se afirma que el secuestro calificado es el tipo de la desaparición forzada de personas
descrito en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, aún
cuando a la conclusión de condena llega por aplicación del derecho interno Chileno.
Estamos ante un paso muy importante para la aplicación en un futuro de las normas del derecho
internacional de los derechos humanos, y es un avance en la lucha contra las estructuras de
impunidad heredadas de la dictadura.
B) La resolución del 4 de enero de 2005 de la Corte Suprema de Chile
Esta sentencia resuelve la impugnación de Augusto Pinochet de la resolución que acuerda someterle
a proceso como autor de los delitos de secuestro calificado de nueve personas y de un homicidio
calificado dictada por el Ministro del Fuero Don Juan Guzmán Tapia en el proceso que instruye por la
denominada “Operación Cóndor”.
El Ministro del Fuero Don Juan Guzmán Tapia había declarado previamente que el acusado es hábil
mentalmente para enfrentar un juicio y acordó someterlo a proceso por nueve secuestros
permanentes y un homicidio calificado perpetrados en el marco de la denomina “Operación Cóndor”.
En la resolución el Magistrado declara que a la luz de los exámenes médicos efectuados, el acusado,
está en condiciones físicas y mentales de enfrentar un juicio y acuerda imponerle la medida cautelar
de arresto domiciliario. Previamente a esto, el 27 de agosto de 2004 la Corte Suprema había
confirmado el desafuero de Pinochet por su responsabilidad en los crímenes de la Operación Cóndor
y desde entonces los exámenes médicos se habían convertido en la única opción para eludir la
justicia, pues tanto en el fallo del Juez Guzmán que privó de inmunidad al acusado, así como en la
resolución de la Corte de Apelaciones se confirmó esa decisión. Se estimaba que el sometido al
proceso tenía conocimiento de la coordinación de los Gobiernos del Cono Sur en la década de los 70
conocida como Operación Cóndor y además el Tribunal de Apelación afirmó que era imposible que se
hubiera celebrado una reunión de representantes de organismos de información de varios países sin
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