Transición a la democracia: avances y déficit - Office of the High ...

CHILE – Transición a la democracia: avances y déficit en la lucha contra la impunidad
sentimiento de humillación”. Como lo explica la Doctora Paz Rojas, presidenta de CODEPU: “los
sobrevivientes a la tortura no hablaron de ellos pero dieron sus testimonios sobre las desapariciones
(...) Frente a la desaparición de un allegado, la tortura personal queda en un segundo plano o se
sienten culpables por haber sobrevivido.” Pero la detención de Pinochet les ha permitido reapropiarse
de su historia y exigir justicia 12.
Estos sobrevivientes presentaron varios recursos a partir de noviembre de 1998 ante los tribunales
penales y civiles. El presidente Lagos y su Ministro del Interior realizaron un llamado a un recurso
“prudente y responsable” a los tribunales, conforme a los “intereses del país”, la práctica de la tortura
constituye el centro de un nuevo debate nacional. Los sobrevivientes rompen con un tabú, se
reapropian de su historia y la defensa de sus derechos de verdad, justicia y reparación.
En enero de 1999 se formó la asociación de antiguos prisioneros políticos, y el 10 de marzo con la
ayuda de ciertas personalidades y otros organismos de defensa de derechos humanos chilenos, se
creó la Comisión ética contra la tortura (CECT), que tiene como objetivo la creación de una comisión
nacional de verdad, justicia y reparación, y la adopción de un programa de reparación integral para
las víctimas de la tortura.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman entre 40 000 y 400 000 personas,
las víctimas de la tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet. 13
El 12 de julio de 2002, el presidente Ricardo Lagos reconoce “la deuda del Estado en materia de
reparación de las víctimas de la tortura”, y se compromete a realizar el estudio de la puesta en
funcionamiento de una comisión no judicial de investigación; la cual es creada un año más tarde.
ii. La propuesta del gobierno al cumplirse 30 años del golpe de Estado
El trigésimo aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet (11 de septiembre de 1973) da
lugar a debates sobre los crímenes perpetrados y sobre las medidas adoptadas o a adoptar, para
obtener verdad, justicia y reparación. Varias propuestas son presentadas en este sentido por los
partidos políticos, y las organizaciones no gubernamentales. El 12 de agosto de 2003, el presidente
Lagos presentó al país su propuesta por los derechos humanos “No hay mañana sin ayer”.
Reconociendo por primera vez los perjuicios causados por la tortura, “Mucho ha sido el sufrimiento de
las víctimas, de quienes estuvieron presos, estuvieron detenidos, muchos de ellos fueron también
torturados. Ellos merecen, de parte de todos los Chilenos, independientemente de las ideas que cada
uno profese, el mayor respeto por las terribles experiencias que ellos vivieron” El presidente anuncia
la creación de una comisión nacional encargada de identificar a las víctimas y de dar
recomendaciones sobre las medidas de reparación “austeras y simbólicas”, agregando: “Su dolor,
bien lo sabemos, no puede ser reparado sino en parte muy pequeña. Con el fin de otorgar esa
mínima reparación, he decidido que se creará una Comisión responsable de establecer
rigurosamente quiénes pueden ser beneficiarios de una indemnización austera y simbólica, que
simbolice el perdón que Chile les pide por lo que en un momento se hizo en sus cuerpos. A todos
ellos, Chile debe honrarlos en toda su dignidad. Es en nombre de todos los chilenos que les hago
llegar mi reconocimiento y mi respeto”.
Por intermedio del decreto presidencial 1.040 del 26 de septiembre de 2003, el presidente Ricardo
Lagos crea la Comisión Nacional sobre Presión Política y Tortura (la Comisión o CNPTT), que “tendrá
por objeto exclusivo determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las
personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del
Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y
el 10 de marzo de 1990”, y proponer al Presidente de la República “las condiciones, características,
formas y modos de las medidas de reparación, austeras y simbólicas que podrán otorgarse a las
personas que, reconocidas como prisioneros políticos o torturados, no hubieren recibido hasta la
fecha otro beneficio de carácter reparatorio derivado de tal calidad”.
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Anuncio Dra Paz Rojas : víctimas se organizan para acciones legales », El Mercurio, 15/02/2001.
Referirse a los informes anuales de CODEPU "Testimonios de Tortura en Chile" www.codepu.cl.
FIDH / PÁGINA 20