Transición a la democracia: avances y déficit - Office of the High ...

CHILE – Transición a la democracia: avances y déficit en la lucha contra la impunidad
afirmó que no existía contradicción entre solicitar la confirmación de las condenas y a la vez la
aplicación de la Ley de Amnistía, argumentando sobre una supuesta institución jurídica que denomina
“amnistía impropia”. Insistió también en que el Consejo que preside a partir del caso Sandoval
Rodríguez instará para que en todas las causas sobre desaparecidos el Juez que investigue elimine
la tipificación de delito como secuestro, por existir evidencias de que la persona desaparecida se
encuentre ya fallecida. En el propio alegato, el representante del Consejo de Defensa del Estado
afirmó que estamos en presencia de “una amnistía de aquellas que la doctrina clasifica como
amnistía impropia, que no borra el delito sino que extingue la pena a los que participan de este” y que
“ la amnistía de DL 2191 no puede calificarse de auto amnistía porque la disposición es de carácter
general, porque está limitada a una época particular de nuestra historia, y porque la aplican los
tribunales de justicia, poder independiente de aquel que la dictó”.
La sentencia del caso Sandoval no acogió estos argumentos del Consejo de Defensa del Estado y
consideró que su desaparición era un delito permanente, que además coincidía con la figura
internacional de la desaparición forzada y mantuvo las condenas a los cinco procesados. Sin
embargo, sí han sido utilizados estos argumentos en la reciente sentencia de la Corte Suprema del 4
de agosto de 2005 en la que se ha considerado la existencia de delito de homicidio y no de secuestro
calificado y se ha aplicado la prescripción del delito.
La misión mantuvo una entrevista con la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Dra
Szczaranski en la que expresó su tesis sobre la continuidad de las causas por violaciones de los
derechos humanos y en la que brevemente ratificó el contenido de los alegatos del Consejo de
Defensa del Estado en el caso Sandoval y la consideración en futuros casos de desaparecidos de la
figura del homicidio y no de la desaparición forzada. Explicó también extensamente las competencias
en otros ámbitos de la institución que dirige. Constatamos en la entrevista la determinación del
Consejo de mantener las tesis de impunidad de los delitos cometidos durante la dictadura a través de
su personación en los procesos.
La misión considera que el establecimiento de plazos perentorios para el cierre de procesos por
violaciones de los derechos humanos, que fue acordado en el mes de enero de 2004 por la Corte
Suprema es contrario al derecho a la justicia y a la verdad, dado la complejidad de las pruebas en
este tipo de procesos por razones obvias y especialmente por el hecho de haber sido delitos cuya
investigación ha sido obstruida durante más de 30 años. El establecer un plazo máximo de 6 meses
para que los jueces especiales determinen las causas por violación de los derechos humanos
supondría en la práctica la consagración de una Ley de Punto Final que ni siquiera en este caso
hubiera tenido el control y debate parlamentario. La Misión pudo constatar que la “dilación de los
procesos” esgrimida por la Corte Suprema para establecer esos plazos tan limitados no ha sido
precisamente a causa de los jueces especiales que están investigando los casos, que se han
caracterizado por su diligencia, ni de las asociaciones de víctimas y familiares ni organizaciones de
derechos humanos, sino precisamente por la de los imputados en esos procesos y la postura de
algunas instituciones del Estado, incluidos sectores de las Fuerzas Armadas (FFAA), que intentan
evitar el normal desarrollo de los procesos judiciales. Finalmente, la Corte Suprema dejó sin efecto
esta decisión en junio de 2005, eliminando la figura de los jueces de dedicación exclusiva,
acumulando todas las causas relativas a violaciones a los Derechos Humanos en manos de Ministros
de Fuero pertenecientes a Cortes de Apelaciones.
C) Otras sentencias preocupantes
Igualmente, en su sentencia del 7 de junio de 2005, la Corte de Apelaciones de Santiago ha afirmado
en el caso de la Operación Cóndor que Pinochet carece de aptitud para ser sujeto de un proceso
penal, invocando razones de salud. Esta postura es contradictoria con la resolución de la Corte
Suprema de Chile del 4 de enero de 2005 que fue confirmada por la resolución del Ministro del Fuero
que había considerado a Pinochet hábil para enfrentar a juicio al acusado. Entonces, el Ministro del
Fuero tendrá que volver a resolver sobre el asunto al haber anunciado a las partes la presentación de
un recurso. Sorprendentemente en la causa que dio lugar a esta sentencia de la Corte Suprema, la
Corte de Apelaciones se había mostrado a favor de la habilidad para enfrentar el proceso. Fuentes
jurídicas justifican este cambio de criterio en la renovación de Ministros que se produjo en la Corte de
Apelaciones en febrero de 2005.
FIDH / PÁGINA 16