Transición a la democracia: avances y déficit - Office of the High ...

CHILE – Transición a la democracia: avances y déficit en la lucha contra la impunidad
Los efectos psicológicos descritos por las personas concurrentes ante esta Comisión hacen
referencia a una variada gama de situaciones, desde cuadros reactivos inmediatos hasta
consecuencias de más largo plazo. La mayoría describió efectos conductuales, emocionales y
psicosociales combinados. Muchos señalaron que se habían sentido -y que aún se sienten- inseguros
y atemorizados; humillados, avergonzados y culpables; deprimidos, angustiados y desesperanzados.
Algunas personas mencionaron alteraciones de la concentración y de la memoria; otras se refirieron
principalmente a los conflictos, crisis y rupturas familiares, así como a problemas de pareja. También
reiteraron las alusiones a la pérdida de grupos de referencia y de redes sociales. La mayoría de las
víctimas mencionó trastornos del sueño e insomnios crónicos, como también sobre inhibiciones
conductuales, fobias y temores.
Estas consecuencias psicológicas y fisiológicas fueron confirmadas por el Instituto Médico legal que
concluyeron, dentro del marco de las denuncias interpuestas por tortura que los denunciantes sufren
de “síndrome de stress post-traumático”.
Finalmente sobre la base de “·a) La obligación del Estado de reparar los actos de prisión política y
tortura b) Las consecuencias en las víctimas reconocidas por la Comisión c) La necesidad de que la
sociedad adopte medidas de prevención que aseguren la no repetición de los hechos y el respeto a
los derechos humanos”, la Comisión recomendó la adopción de mediadas de reparación divididas en
tres categorías: Aquellas individuales, dirigidas a las víctimas, que intentan reparar el daño
ocasionado; las colectivas, de carácter simbólico, que tienen un mayor efecto sobre la percepción
actual y futura de lo sucedido y del juicio social, que buscan garantizar que no se vuelvan a producir
hechos de la gravedad que aquí se han documentado; y aquellas referidas a la institucionalidad, para
asegurar la puesta en práctica de las medidas, así como la vigencia de los derechos humanos en la
convivencia futura de la nación.
En la noche del 28 de noviembre, el Presidente Lagos dio a conocer al país el informe en un mensaje
televisado. Reconociendo oficialmente la práctica institucionalizada de la tortura por parte del Estado,
“El informe nos hace mirar de frente una realidad insoslayable: la prisión política y las torturas
constituyeron una práctica institucional de Estado”, él anuncio los diferentes campos de la política de
reparación y la próxima adopción de leyes específicas. Dijo que las víctimas identificadas por la
Comisión recibirán pensiones mensuales de algo más de 112.000 pesos (190 dólares). Es una
cantidad ligeramente inferior al salario mínimo y bastante menos que la recibida por los familiares de
las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones. Las víctimas también recibirán beneficios en
materia de salud, educación y vivienda.
El informe y sus conclusiones fueron ampliamente discutidas en Chile.
El jefe del Ejército, el General Juan Emilio Cheyre, había anticipado las conclusiones de la Comisión,
y en un artículo del 5 de noviembre en un medio de comunicación escrito, reconoció por primera vez
la responsabilidad institucional del Ejército por las violaciones a los derechos humanos. Señaló que el
contexto de conflicto ideológico y la Guerra Fría podrían explicar, pero no justificar, las violaciones de
los derechos humanos.
Para el CODEPU “El Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y el mensaje de
presentación pública por parte del Presidente de la República, constituyen por sí solo un acto de
reparación a las víctimas sobrevivientes del delito de tortura”.
Con otras organizaciones de defensa de derechos humanos, nacionales e internacionales, el
CODEPU recuerda también que la obligación de hacer justicia hace parte integral de la obligación del
Estado de reparación; ellos piden que los antecedentes reunidos por la Comisión sean puestos a
disposición de los tribunales de justicia. Desafortunadamente, las asociaciones de defensa de los
derechos humanos no serán seguidas y la verdad divulgada deberá ser parcial.
FIDH / PÁGINA 26