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CHILE – Transición a la democracia: avances y déficit en la lucha contra la impunidad
C) La configuración del delito de lesa humanidad
El artículo 6 del Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg (año 1945) define lo que
consideraba delitos de Lesa Humanidad. La Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1946
reconoció esos crímenes como delitos internacionales, susceptibles de ser investigados y
eventualmente sancionados por instancias jurisdiccionales de carácter internacional entendiendo que
los bienes jurídicos amparados y protegidos exceden el ámbito de conocimiento interno por constituir
una afrenta a la comunidad de naciones. Una definición más completa es la contenida en el Estatuto
de Roma constitutivo de la Corte Penal Internacional en el que se sistematiza la definición de delito
de Lesa Humanidad, incluyendo a los efectos que aquí pueden ser de aplicación: el homicidio
intencionado, el exterminio de los miembros de un grupo, la tortura, la persecución de un grupo por
imperativos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de genero y la desaparición
forzada de personas.
En el presente momento la justicia chilena está resolviendo sobre diferentes causas de la época de la
dictadura, cuyos hechos son constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluidos casos de
desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales y delito de tortura, (casos Sandoval
Rodríguez, con sentencia ejecutoriada, Caravana de la Muerte, operación Colombo, Villa Grimaldi,
entre otros). En este sentido la Misión ha podido constatar una jurisprudencia mayoritaria que tiende a
evitar la aplicación de instituciones excluyentes de responsabilidad penal, respecto a la investigación
de causas relativas a graves violaciones a los derechos humanos, en concreto, la incorporación de un
razonamiento jurídico que se hace cargo del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos
Humanos, particularmente de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(años 1996 y 1998 ) que concluían que el Decreto – Ley de Amnistía de 1978 violaba la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y que la aplicación de la amnistía a los casos de desaparición
forzada constituía una violación de las obligaciones asumidas por Chile.
Con todo, es posible observar que esta jurisprudencia no es uniforme, toda vez que persiste una
legislación interna restrictiva que redunda en que la solución en derecho de la pretensión penal queda
en manos de la interpretación y criterio de los jueces llamados a conocer de estas causas.
Precisamente del criterio que apliquen los jueces chilenos va a depender la próxima evolución de los
derechos humanos en el país.
2. LA RECEPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
LAS DECISIONES INTERNAS. EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL
A) Los procesos seguidos ante la jurisdicción española por las violaciones de los Derechos
Humanos cometidas por los miembros de las juntas militares argentina y chilena
i. Jurisdicción universal
En marzo de 1996 se interpuso por la Unión Progresista de Fiscales ante la Audiencia Nacional de
Madrid, una denuncia contra los integrantes de las juntas militares Argentina y Chilena por múltiples
violaciones de derechos humanos y en concreto por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Se
fundamentaba la competencia para conocer de los hechos por parte de la Jurisdicción española en el
artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que proclama el principio de jurisdicción universal
para el conocimiento de determinados delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del
territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los delitos
que enumera (entre otros, genocidio, terrorismo y tortura).
A partir de aquí se desarrolló toda una doctrina sobre la jurisdicción universal en materia de derechos
humanos que se ha plasmado en distintos pronunciamientos jurisdiccionales en España. En estas
resoluciones, se concluye que los órganos judiciales españoles están investidos de jurisdicción para
el conocimiento de hechos delictivos constitutivos de los delitos citados. La sistematización de esta
jurisprudencia se hace en los autos del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de
Madrid, de 4 y 5 de noviembre de 1998, que confirman la atribución de la jurisdicción de España para
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