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CHILE – Transición a la democracia: avances y déficit en la lucha contra la impunidad
II EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD
1. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
La cuestión de la impunidad en Chile debe situarse en un contexto caracterizado por una
extraordinaria innovación en el derecho internacional en el marco de la lucha contra la impunidad. La
Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que constituyen no
sólo una obligación moral y política de los Estados sino que traen consigo la obligación jurídica de
asegurar el respeto de los Derechos Humanos, articulan una noción jurídica de dignidad intrínseca de
la persona y unas referencias ineludibles en el derecho internacional contemporáneo.
Además, los tratados de protección de los derechos humanos han contribuido a precisar cuáles son
los derechos humanos fundamentales y, por tanto, absolutos y no susceptibles de limitaciones ni
derogaciones, a la vez que se están creando mecanismos internacionales de protección y garantía de
esos derechos. El reconocimiento por el derecho internacional contemporáneo de los derechos
fundamentales de todo ser humano ha dado una nueva dimensión a los principios generales del
derecho en virtud del consenso general existente acerca del “rechazo de la barbarie”.
Se ha pasado del principio tradicional de “no intervención” en los asuntos internos de los estados al
principio opuesto del deber de injerencia de la comunidad internacional respecto de la situaciones de
violaciones graves y masivas de los derechos humanos. Los conceptos de civilización y de paz se
identifican con el respeto de los derechos humanos fundamentales y el rechazo de la barbarie, de
acuerdo con una noción jurídica de la dignidad intrínseca de todo ser humano que hace pasar al
derecho internacional de una concepción estática a una concepción dinámica de los derechos
humanos, con la superación del dogma tradicional de la soberanía absoluta y del pretendido
exclusivismo de la soberanía territorial con la prevalencia del principio de equidad, frente al de estricta
reciprocidad y con afirmación ideológica de los valores de humanidad frente a la pretendida
neutralidad.
Por estos motivos es imprescindible detenerse en estas dinámicas de internacionalización que en
principio deberían favorecer la lucha contra la impunidad
A) La aplicación de tratados internacionales
La doctrina internacional actual de los derechos humanos considera a estos como esenciales y no
susceptibles de derogaciones. Se crea así un núcleo duro de derechos humanos inderogables y
absolutos, con base jurídica en el artículo 3 de las Convenciones de Ginebra de 1949, el artículo 15
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además ha de constatarse que los delitos de violaciones de derechos humanos tienen su fuente de
origen en normas de “Ius Cogens” (derecho necesario) y por tanto son inderogables, imprescriptibles
y no pueden ser objeto de amnistía o indulto.
La sistematización de estos principios en los tratados internacionales genera para los Estados un
conjunto de obligaciones de carácter internacional, entre ellos investigar y sancionar a los
responsables de estos hechos, siendo el sujeto pasivo de estos delitos la comunidad internacional por
encima de la persona física que pueda ser víctima concreta.
El carácter inderogable de estas normas parte de su configuración como normas de derecho
necesario y por tanto normas de obligado cumplimiento para los Estados que asumen las siguientes
obligaciones:
1.- El deber de procesar o extraditar.
2.-La imprescriptibilidad del delito y la exclusión de toda inmunidad.
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